Salud y Desplazamiento (English)

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Boletín especial RUT informa sobre desplazamiento forzado en Colombia

Diciembre 2004

CAQUETÁ:

“UTOPÍA DE PAZ Y DESAFÍO DE RECONCILIACIÓN”


ESTUDIO DE CASO SOBRE POBLACIÓN DESPLAZADA ASENTADA EN FLORENCIA Y MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, TOMANDO COMO MUESTRA LA POBLACIÓN REGISTRADA DURANTE LA JORNADA SOLIDARIA DEL 7 AL 11 DE JUNIO DE 2004

CREDITOS

CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA
Secretariado Nal. de Pastoral Social

Director
Mons. Héctor Fabio Henao Gaviria

Sección de Movilidad Humana

Coordinador
P. Maurizio Pontín c.s.

Obispos Asesores
Mons. Nel H. Beltrán Santamaría
Mons. Francisco Javier Múnera Correa

Editor
Secretariado Nal. de Pastoral Social

Director
P. Maurizio Pontin, c.s.

Comité de Investigación y Redacción
P. Maurizio Pontin, c.s.
Rosa María Martín
Fanny Uribe Idárraga

Estudio de Caso
P. Jorge Iván Marín
Rosa Inés Floriano
Lorena Yulieth Proaños
Leonardo Guerrero
Equipo interdisciplinario de la Diócesis de Florencia y la SNPS

Procesamiento de Datos, Gráficas y Tablas
Juanita Benavides Delgado
Rodrigo García Tellez

Fotos
Lorena Yulieth Proaños

Diseño y Diagramación
Villamira Castro L.

Diseño y Diagramación
Villamira Castro L.

Impresión
Editorial Kimpres

Informes
Cra. 47 No. 84-85, A.A. 59206
Tels: 57-1 - 437 71 50
Fax: 57-1 - 311 50 58
e-mail: snpscol@cable.net.co
http://www.pastoralsocialcolombia.org
Bogotá - Colombia

 

PRESENTACIÓN

En este Boletín especial presentamos el estudio de caso sobre Población Desplazada asentada en Florencia y otros Municipios del Sur del Departamento de Caquetá, que pertenecen a la Diócesis de Florencia, tomando como muestra la población registrada durante la “Jornada solidaria” del 7 al 11 de junio de 2004.

Dicha jornada tenía como objetivos:

  • Caracterizar y cuantificar la población en situación de desplazamiento en Florencia.
  • Visibilizar la crisis humanitaria de dicha población con la finalidad de promover la restitución de sus derechos por parte de las entidades Estatales, Gubernamentales y Municipales.
  • Convocar la solidaridad de Iglesia, Agencias Internacionales y Organizaciones Sociales hacia las familias desplazadas.
  • Generar procesos de atención integral, que garanticen condiciones de vida digna a la población desplazada.

En la fase de preparación y de ejecución participaron agentes de Pastoral Social en el nivel nacional (Movilidad Humana), regional (Tolima Grande, Nororiente y Valle) y diocesano, con el apoyo de la sección de Vida, Justicia y Paz, del Clero local, seminaristas, religiosas y laicos/as de las parroquias y movimientos apostólicos y voluntarios, para un total de 160 personas directamente involucradas.

1. GENERALIDADES

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    MAPA: UBICACIÓN DEL CAQUETÁ EN COLOMBIA [1]

El Caquetá es uno de los departamentos amazónicos más jóvenes de Colombia. El 15 de diciembre de 1981 conforme a la ley 78   se eleva a la categoría de departamento [2] .

El Caquetá está situado al sur del país, en la región amazónica. Tiene una extensión de 88.965 km2 equivalente al 7.8% de la superficie del país [3] , siendo el departamento más grande de Colombia. El departamento se encuentra entre las coordenadas 0° 40´ de latitud y 2° 58´ de latitud norte y los; y 71° 30´ y 76° 15´ de longitud, al oeste de Greenwich. Limita por el norte con los departamentos del Meta y Guaviare; por el sur con el Amazonas y el Putumayo; por el occidente con Cauca y Huila; y por el  oriente con Vaupés y Amazonas.

Cuenta con 16 municipios que son, en su orden de creación, Florencia  (1912), San Vicente del Caguán (1950), Belén de los Andaquíes (1950), La Montañita (1955), El Paují (1967), El Doncello (1967), Puerto Rico (1967), y los municipios de Albania, Cartagena del Chairá, Curillo, Milán, Morelia, San José del Fragua, Solano y Valparaíso creados en 1985. Finalmente Solita en 1997 [4] .

Clima y aspectos geomorfológicos.  La Amazonía se caracteriza por ser una de las regiones más lluviosas de Colombia, de allí que en el Caquetá las lluvias sean altas y relativamente constantes, la precipitación promedio anual es de 3.112 aproximadamente [5] .

La temperatura media anual es de 25ºC, con una tendencia monomodal a lo largo del año [6] , con un periodo de mayor temperatura entre diciembre y febrero, y de menor temperatura entre junio y agosto. Según estudios realizados por el Proyecto INPA [7] el relieve al occidente del Caquetá está conformado por cuatro unidades de paisaje: montaña, piedemonte, lomerío (altiplanicie ondulada) y valles.

Topografía. Por su topografía el Caquetá cuenta con una diversidad de pisos térmicos, su altitud varía entre 200 y 900 metros en las planicies amazónicas y 3.000 metros en la cordillera.

Según su relieve, el departamento del Caquetá se divide en cuatro regiones: zona andina o de cordillera, el piedemonte amazónico, el lomerío y la Llanura Caqueteña.

Suelos. En términos generales los suelos del Caquetá son pobres en aportes minerales. La mayor parte de los suelos son ácidos. En ellos es frecuente encontrar hidróxidos de hierro y aluminio, tóxicos para la mayoría de los cultivos. La formación vegetal del Caquetá posee un régimen de nutrición mineral que depende principalmente de la base orgánica y no de los perfiles mineralizados de los suelos. Bajo la cubierta vegetal, la roca original, sometida al clima cálido y muy lluvioso, se trasforma en un material de soporte muy lavado, en que quedan principalmente óxidos de hierro y de aluminio, formando suelos lateríticos que no tiene los componentes nutritivos necesarios.

Estas características hacen difícil una producción agrícola intensiva en las zonas que estuvieron ocupadas por la selva. Por otra parte, si el bosque se tumba o quema –como ha ocurrido en extensas zonas del departamento- y existen vías de desagüe, los materiales que hacían de soporte del suelo se desmoronan rápidamente y se presenta una erosión que puede evolucionar hacia un paisaje desolado y se agrava por cuenta de la deforestación que se acrecienta cada día pues tiene una tasa de deforestación promedio del 11% [8]

Hidrografía. Entre los recursos naturales más importantes del Caquetá se destaca el agua. Las aguas superficiales del departamento pertenecen a la vertiente del Amazonas, ubicada en la región suroriental del país [9] , constituida por numerosas corrientes hídricas como el río Caquetá, Putumayo, Vaupés, Guainía, Apaporis, Caguán, Orteguaza, Yarí, entre otros.

Fauna y flora. El departamento tiene gran diversidad en recursos de fauna y flora, de  los cuales se tienen datos 2100 especies de vertebrados, 150 especies de anfibios, 1028 especies de peces, 260 especies de mamíferos, además de reptiles y aves [10] .     

El Instituto SINCHI en sus investigaciones, tiene un total de 1646 registros de muestras vegetales dentro de los que se encuentran 1179 muestras botánicas colectadas, 131 familias, 454 géneros y 932 morfoespecies. De esta manera se arrojan datos de 932 árboles,  226 arbustos, 58 lianas, 123 palmas, 35 helechos y 265 hierbas.

Áreas Protegidas. Dentro de las áreas protegidas del departamento del Caquetá se destacan: El Parque Natural Nacional Los Picachos, Pico de La Fragua, Cerro de Paramillo, Serranía de La Peña, Serranía de Chiribiquete, Mesa de Iguaje, Mesa de Araracuara, Laguna del Chairá y la Laguna Bekochiará (Guecochará)

Economía. La economía del Caquetá se sustenta en la producción agropecuaria lícita e ilícita, el extractivismo forestal y pesquero, las actividades comerciales y la prestación de servicios. La actividad agropecuaria está conformada por el sector agrícola y por la producción pecuaria. Dentro de la producción agrícola cabe destacar la agricultura lícita o tradicional por un lado y la siembra de cultivos de uso ilícito, como la hoja de coca, por otro.

Vías de acceso. Cuenta con una red vial de 2740,20 Km. de los cuales 1756 Km. que corresponden a caminos municipales y veredales de los cuales el 11.4% esta pavimentado y registra en la actualidad un evidente deterioro; y el restante 88,6% se encuentra sin pavimento y en pésimas condiciones.

1.1 Antecedentes Históricos de Caquetá y Florencia

El primer ingreso de los conquistadores españoles fue realizado por Hernán Pérez de Quezada procedente de Granada España, quien por primera vez piso tierras Caqueteñas en 1541 de donde se vio obligado a salir muy pronto. Durante su recorrido solo dejó construidos algunos campamentos.

El descubrimiento del Caquetá fue un hecho más de colonización, motivado por el ambicioso deseo de hallar El Dorado. Las manifestaciones de interés puramente económicas del estado español frente a esta nueva región, quedó ampliamente demostrado con estos sucesos y las posteriores expediciones en busca de los preciados recursos naturales.

A mediados del siglo XIX, todos los territorios localizados en el suroriente colombiano se encontraban cubiertos por grandes selvas tropicales: el gran territorio del Caquetá —surcado por grandes ríos que descienden desde los Andes hasta verter sus aguas en el río Amazonas—estaba en su mayoría habitado por comunidades indígenas de las que se conserva todavía algunos nombres de regiones, ríos y los procedimientos para aprovechar plantas y frutos nativos.

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Se calcula que en el Caquetá había cerca de cien mil indígenas antes de la llegada de los colonos, de los cuales hoy apenas quedan unos seis mil. Las principales comunidades indígenas del Caquetá son: Los Andakí (Belén entre los ríos Pescado y Fragua), los Koreguajes (alrededor de Solano y después por los ríos Orteguaza, Yarí y Caguán), los Macaguajes (alrededor de la desembocadura del río Orteguaza), los Tamas o Puyngajes (en el río Caguán), los Karijonas (en la zona de los ríos Yarí y Mesaya) y los Huitotos (esta tribu llegó al Caquetá en el siglo XIX, proveniente del Amazonas, de donde son originarios), se compone de dos pueblos: los murui y los muina [11] .

Un censo del año 1849 estimaba la población de "racionales" —como se designaba a los funcionarios, comerciantes y colonos— de esta región en 242 personas; los indios "civilizados", es decir aquellos en alguna forma influidos por las misiones católicas, localizados sobre todo en el alto Putumayo, se estimaban en 16.549; la mayor parte del territorio estaba habitado por gentes que los censos describían de forma etnocéntrica como "salvajes", "antropófagos" e "irracionales", grupos que vagaban por el bosque y cuyo número se desconocía.

Esta situación era palpable en la zona más oriental del territorio, cuyas sociedades indígenas se encontraban en realidad casi al margen de todo proyecto estatal y "civilizador". La Comarca de Araracuara (definida como la región comprendida entre el salto de Araracuara y los chorros de Cupatí, en las cercanías de la actual población de La Pedrera, en la frontera con el Brasil) era un verdadero territorio de refugio, visitado esporádicamente por comerciantes brasileros que ascendían el río Yapurá (Caquetá) desde Tefé, en el Amazonas, en precarias embarcaciones para capturar esclavos indígenas o rescatarlos, a cambio de hachas y otros instrumentos de trabajo.

La fiebre de la Quina. La relativa "tranquilidad" de la región se vio afectada por la "fiebre de la quina", que desde 1850 a 1882 se apoderó de diversas regiones de Colombia. En 1878, la Casa Elías Reyes y Hermanos, inició operaciones en el piedemonte colombiano, en una vasta región que abarcaba parte de la bota caucana y los ríos Caquetá y Putumayo. Con la ayuda de indígenas de la región y de trabajadores migrantes del Tolima, Nariño y Boyacá, derribaban los árboles de quina y extraían su corteza. Mocoa era el epicentro de su actividad; allí se concentraba la quina, antes de transportarla a "lomo de indio" hasta Puerto Sofía, con el fin de enviarla en barcos de vapor con destino al Amazonas.

La caída del precio internacional de la quina en 1884 fue una verdadera calamidad para la empresa: se vio forzada a abandonar sus campamentos, trochas, puertos y existencia de quina a la voracidad de la selva. Muchos de sus antiguos empleados migraron, pero de esta verdadera hojarasca algunos permanecerían enmaniguados o atentos a la posibilidad de otra aventura, esta vez alrededor de la explotación del caucho negro o Castilloa, que prometía ser de veras un próspero negocio.

El boom del Caucho. En el Amazonas, en realidad, la fiebre del caucho había empezado algunas décadas atrás, cuando en el Brasil se inició de forma sistemática la explotación del látex o siringa, para suplir la creciente demanda de caucho natural por parte de grandes industrias de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y otros países europeos. La masificación del neumático para bicicletas y luego su aplicación a gran escala en la industria automotriz, telecomunicaciones (cables submarinos), medicina y hasta en los zepelines, dispararon, hasta enloquecer, su demanda.

Al Caquetá llegaron varias compañías y mercaderes. Los portugueses que entraron por el Yarí, los pastusos por el sur; y los habitantes del sur del Huila y Tolima por el río Pescado. Este proceso de poblamiento originado por el desplazamiento de grupos humanos en busca del caucho y la quina, agenciados por la Casa Arana, durante los últimos 30 años del siglo XIX trajo consigo el desalojamiento violento de la población nativa, perteneciente a diversas familias: Los Tamas, Karijonas, Andaquíes, Macaguajes y los Huitotos, grupos en su mayoría nómadas. [12]

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La Agencia de la Perdiz. Los hermanos Gutiérrez, Antonio Pizarro y Antonio Angel empresarios caucheros, dominaron el escenario caqueteño al finalizar el siglo XIX e inicios del XX. En ese tiempo el negocio del caucho en sus diversas variedades se constituyó en el único objetivo de entrada a ese territorio, donde su gran número de ríos y quebradas se constituían en las principales vías de comunicación, además del viejo y deteriorado camino o trocha pública que partía de la región del Pescado (Belén de los Andaquíes) a la Concepción (Acevedo - Huila), la vía más antigua para entrar al Caquetá, por el lado del Huila, utilizada por los frailes Franciscanos en el siglo pasado.

En 1889 se funda en el Caquetá la sociedad cauchera más importante con el nombre de La Perdiz por los señores Antonio Pizarro y Francisco Gutiérrez, quienes decidieron fusionar sus pequeñas agencias esparcidas por toda la región. Al año siguiente fundaron "Puerto Pizarro en el desmonte de Pedro A. Pizarro" lugar en donde se fundara luego la ciudad de Florencia en 1902. Por eso, a partir de los años 20 y hasta los años 50, el espacio civil más importante de Florencia llevó el nombre de la Plaza Pizarro, donde es ahora el parque Santander.

Por otra parte, en este tiempo histórico los caucheros estaban atrapados por la manigua humana que era la naturaleza hostil, la agresividad humana engendrada por el afán de lucro, unida a la ausencia de gobierno y por ende, a la inexistencia de políticas que aseguraran de manera efectiva la soberanía de Colombia en esta región de frontera. Los caucheros eran hijos de la aventura, el afán de riqueza, el azar, la necesidad, la anarquía moral, que correspondía a su vez, a una economía marginal y extractiva, dependiente de los vaivenes del precio del caucho, que dialécticamente alimentaba un poblamiento fantasma y la axiología del aventurero. La economía extractiva - cauchera retardó la iniciación del proceso colonizador, aunque, de manera marginal y por un período de tiempo breve, vinculó al Caquetá a la economía nacional e internacional, generando un crecimiento para afuera y produciendo internamente la explotación y exterminio del indígena.

El ecocidio provocado por la explotación irracional de los árboles de caucho y los inesperados efectos de la guerra de los Mil Días paralizaron de forma definitiva el negocio al aumentar los costos de las mercancías traídas de Neiva y los riesgos de transporte de la goma. Así que a finales del siglo XIX, los caucheros no tenían otras opciones que migrar hacia el interior, quedarse como colonos del Caquetá, o emprender una nueva ola de extracción de caucho en las regiones más apartadas del oriente colombiano. [13]

Territorios Indígenas. En la Amazonía la presencia estatal ha tenido un carácter coyuntural. Su representación nacional ha sido delegada en otros agentes, tales como los misioneros, los caucheros, las ONG’s, etc., quienes han tenido papel protagónico en la construcción de los actuales espacios regionales.  Con la expedición de la ley 45 de 1870, se impulsó la colonización de estos territorios por parte de campesinos sin tierra y empresarios nacionales y extranjeros. La zonificación del país en diversos territorios de misiones se proyectó legalmente en 1953, a través de la convención sobre misiones entre la Santa Sede y el Estado colombiano, en la cual se estableció, por ejemplo, el vicariato de Florencia.

Florencia y el orden sociocultural capuchino (1902-1951). Según el testimonio de Fray Doroteo de Pupiales, cofundador y bautizador de Florencia: El 3 de diciembre de 1902 desembarcó en La Perdiz, agencia de la compañía Pizarro. Allí consideró un lugar propicio para fundar un pueblo. “El señor Pedro Pizarro y sus socios se empeñan mucho en fundar allí un templo; di todo lo necesario para ese objeto, y hay mucha gente resuelta para edificar allí su casa con la condición de que los misioneros pongan allí una residencia”.

Fray Doroteo de Puiales fundó a Florencia el 25 de diciembre de 1902. El 8 de diciembre se celebró con solemnidad la fiesta de la Inmaculada Concepción.

Florencia giraba alrededor de la Estación Misional o Viceparroquia, que era la entidad administrativa eclesiástica encargada de administrar el culto, orientar las organizaciones religiosas, organizar los eventos o fiestas religiosas y velar por el desarrollo de "las buenas costumbres".  El Prefecto Apostólico cumplió la promesa de poner misioneros en Florencia, por cuanto los fieles ya habían levantado capilla; fue así como el 13 de febrero de 1911 llegaron a este incipiente caserío los frailes Benito de Guatemala, Anselmo de Olot y Fray Uladislao del Contadero.

La mayoría de migrantes procedían del Huila, donde las tradiciones católicas tenían arraigo popular. Se podría decir, que los colonos desarraigados volvían en el Caquetá a reconstruir las instituciones y costumbres religiosas, en este caso liderados por los frailes. Las Iglesias y sus templos, después de la época de las caucherías, eran el lugar de la convocatoria social, espacios de identidad y encuentro de la comunidad. Las migraciones opitas continuaron su marcha durante los años 20 cuando en 1932-33 se presenta un hecho social que sacude la rutina de la colonización: El conflicto colombo - peruano. Este acontecimiento significó que una colonización teocrática recibiera una atención efectiva por parte del Estado; en este aspecto se construyó la actual trocha - carretera Guadalupe - Florencia.

La colonización andina y la influencia cultural italiana (1952-1976). Después del Bogotazo (1948) la colonización predominantemente “opita”, orientada ideológicamente por los frailes capuchinos hasta 1951, sufre una transformación radical desde el punto de vista poblacional: apareció una migración de origen andina, dado el conflicto partidista liberal - conservador presentado en el país. Estas nuevas olas migrantes llegaron al Caquetá, imaginado entonces como territorio de paz. Por otra parte, desde 1952 los padres de la Consolata, de origen italiano, comenzaron a dirigir religiosa y culturalmente la colonización.

En este periodo el poblamiento de Florencia creció de una manera irregular, dando origen a nuevos barrios de invasión tal como ha sido tradición en la ampliación del perímetro urbano. Sea de anotar que la historia urbana de Florencia y la construcción de sus barrios, está por realizar. Florencia y la colonización en general, en el periodo en mención, estuvo signada por el conflicto de las migraciones y la construcción de nuevos asentamientos.

Desde el punto de vista económico más allá del surgimiento de una economía ganadera industrial como la Hacienda Larandia, la mayoría de los colonos, seguían internándose en la selva para abrir la frontera agrícola del territorio, su situación era tan crítica, que este hecho dio origen al paro campesino de 1976, que reivindicó necesidades de tipo agrario y la profundización de las políticas del INCORA en su momento.

En lo cultural, también se puede mencionar la promoción de las Semanas Culturales, las que reflejaban la diversidad étnica y cultural de los pobladores del territorio. En lo referente a sitios lúdicos o de encuentro en la ciudad, se creó el parque de la Consolata y surgieron nuevos barrios como el Torasso, liderados por la Iglesia. Hubo otros barrios y espacios urbanos que implicaron un ordenamiento urbano dirigido que se expresó con la creación del barrio Juan XXIII (1962), con el liderazgo de Monseñor Ángel Cuniberti a quien el Papa Juan XXIII apoyó económicamente para la construcción de dicho barrio que hoy lleva su nombre; lo que a su vez era respuesta a problemas o desastres naturales como las inundaciones, causadas por la quebrada el río Hacha. Paralelamente a este movimiento poblacional se crean nuevas parroquias y escuelas como centros de socialización. [14]

1.2 Índice de desarrollo Humano en Caquetá

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, estima anualmente el índice de desarrollo humano para 174 países, clasificándolos como países con un desarrollo humano alto medio o bajo, luego del análisis de las variables relacionadas con la esperanza de vida al nacer, los  logros educativos y el nivel de ingresos básicamente.

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El primer Informe de Desarrollo Humano  (IDH) para Colombia se publicó en 1998, señalando al país como un de los que menor tasa de alfabetización de adultos tiene y una baja esperanza de vida al nacer. Se identificaron como causas del bajo desarrollo humano en Colombia la violencia, que afecta en especial a la población masculina  y la desigualdad en la distribución de los ingresos en Colombia.

Para el año de 1998, los departamentos que señalan el más bajo IDH fueron Chocó, Nariño y Caquetá, que, comparados internacionalmente, ocuparían un lugar inferior al puesto 100 sobre 174. En el caso del Caquetá, el valor del índice GINI fue de 0.454, menor al del nivel nacional que era de 0.56. (DNP.2004)

Hoy en día, seis años después de publicado este primer informe de IDH para Colombia, la situación ha empeorado en algunos aspectos, especialmente en lo relacionado con la pobreza y la violencia. Específicamente para el departamento del Caquetá, se ha logrado establecer que el nivel de cobertura bruto de la educación es de 126% para la educación básica primaria, del 51% para la básica secundaria y del 30% para la media.

La educación en el Caquetá es brindada por 1.463 establecimientos oficiales y 40 privados, de estos 211 están en la zona urbana y 1.292 en la zona rural, lo que demuestra la vocación agropecuaria del departamento. Para el año 2002 se tenían matriculados 1.828 estudiantes a nivel de jardín infantil, 4.975 en preescolar, 67.606 a nivel de la educación básica primaria y 19.662 en el nivel de la Básica Secundaria mientras que en la media vocacional estaban matriculados 5.409 estudiantes. (Ministerio de Educación Nacional, 2003). La tasa de analfabetismo en adultos es del 9%; se estima que la cobertura neta de educación es del 14% y en la capital Florencia del 27%.

1.3 Aspectos Demográficos

De acuerdo con las cifras del DANE del censo en 1993, el Departamento registró una población censada de 311.464 habitantes [15] , distribuidos así: por sexos, el 51,5% hombres y 48.5% mujeres; por ubicación, el 46% en las cabeceras municipales y 54% restantes en el área rural. En la capital se registró el 31% del total de la población del departamento y el 69% restantes en los Municipios de: Albania (3,1%), Belén de los Andaquíes (2,9%), Cartagena del Chairá (7%), Curillo (3,3%), El Doncello (5,6%), El Paujil (3,9%), La Montañita (5,8%), Milán (4,6%), Morelia (1,26%), Puerto Rico (8,5%), San José del Fragua (3,6%), San Vicente del Caguán (9,88%), Solano (2,7%) y Valparaíso (6,7%).

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Para el año 2002, el DANE proyecta una población total departamental de 436.860 habitantes [16] , con un 36,7% de población masculina y 63,3% de población femenina; ahora ya distribuidos en 16 municipios, puesto que ya para este año se había dado el reconocimiento como nuevo ente territorial del departamento al Municipio de Solita. Para el año 2004 el Instituto Departamental de Salud, sobre la base del SISBEN proyecta una población de 455.508 habitantes [17] , de los cuales el 48,2% está en las zonas urbanas y el 51,8% restantes en las zonas rurales de los municipios del departamento.

Aunque la proporción de habitantes rurales aún es mayor que la urbana, se ha dado un proceso importante de modificación de proporciones. En 1973 se definía como predominantemente rural, con el 69,1% de la población en el campo, en 1993 la población rural desciende al 54% y la urbana asciende al 46% y lo proyectado en el 2004, la población rural continúa registrando una descendencia al 51,8% y la población urbana continúa en ascenso con un 48,2%.

La tendencia que la comparación de las anteriores cifras pone en evidencia, está asociada al fenómeno migratorio que la región ha sufrido a lo largo de su historia por los diferentes procesos socioeconómicos ligados al conflicto armado y violencia, que dichos procesos han alimentado, introduciendo una configuración demográfica diferente en la región; algo que no ha podido ser todavía establecido con claridad, por lo que se reconoce una enorme dificultad administrativa para planificar el desarrollo territorial y su consecuente riesgo de incoherencia entre las respuestas generadas frente una realidad creciente a ritmo acelerado.

La mayor concentración de la población se encuentra en los municipios de Curillo, San José del Fragua, Albania, Belén de los Andaquíes, Valparaíso, Milán, Morelia, Florencia, Montañita, El Paujil, El Doncello, Puerto Rico, San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, Solano y Solita.

Los núcleos de población más importantes están en el Piedemonte Cordillerano: Florencia, San Vicente del Caguán, El Doncello y Puerto Rico, que son los centros urbanos de mayor tamaño. Estos centros sirven de base a las actividades socioeconómicas que adelanta la población ubicada en el sector rural, constituyen centros de prestación de servicios básicos a la población de su área de influencia y tienen potencial para promover esquemas urbanos orientados a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

2. CONTEXTO DE VIOLENCIA, CONFLICTO ARMADO Y CRISIS HUMANITARIA EN EL DEPARTAMENTO

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2.1 Antecedentes: Desde la colonización asociada al cultivo y producción de la coca, a finales del Siglo XX

“A mediados de los años 70 la colonización experimenta una transformación significativa. En el plano económico se comienza a pasar de una economía productiva de subsistencia a una economía de orden predominantemente extractiva de pequeña y gran escala en la producción de cultivos de uso ilícito, quedando la ganadería y otros cultivos en un segundo plano. Concomitante con esta situación se van gestando los antivalores en la sociedad: se pierde el espíritu campesino y solidario que reinaba en la colonización y se introducen nuevos e imaginarios valores. Si antes la colonización estaba regulada por "Dios - trabajo - patria y familia", de ahora en adelante estas concepciones entraron en crisis, pues ahora domina el interés del dinero y se incrementa la competencia por la exacerbación del individualismo y la vida misma entra en el mundo de lo desechable.

En este mismo contexto de economía ilícita se manifiesta de manera crítica el enfrentamiento entre las fuerzas insurgentes del M-19 y el Ejército Nacional dentro de lo que algunos han llegado a llamar "la Guerra del Caquetá"; lo que origina una serie de migraciones internas en el Departamento, que hacen crecer irregularmente la población urbana en Florencia, generando invasiones de gran magnitud como la de "Las Malvinas".

Paralelamente al desplazamiento urbano, por razones de la guerra interna y dada la asociación de la coca en el proceso de colonización, se configuran nuevos sujetos sociales tales como el colonizador-coquero [18] , los raspachines [19] , los traquetos [20] . Desde el punto de vista cultural, si antes la Iglesia y la escuela eran el centro aglutinante de la comunidad, a partir de la influencia del mundo de la coca, la cantina y el prostíbulo aparecen en muchos lugares como los centros aglutinantes de la nueva sociedad, para no decir “comunidad” pues el sentido comunitario se ha perdido.

En síntesis, tal como se ha señalado anteriormente, el ordenamiento territorial de Florencia y del Caquetá y la construcción simbólica de la ciudad ha experimentado diversas etapas y rupturas en el desarrollo urbano y territorial. Podría decirse que el 90% de la ciudad ha surgido de manera irregular, dados los diversos momentos migratorios y los conflictos socio-políticos del país y la región. Florencia y el Caquetá han vivido de sobresalto en sobresalto. No han tenido tiempo de pensarse a sí mismos, han sido avasallados por las circunstancias. Solamente hasta ahora, con una población que ha nacido en la región, podría intentarse una intervención fuerte del Municipio, para reordenar urbanamente la ciudad, asumiendo su historia y proyectándola hacia el futuro.” [21]

2.2 Conflicto armado y violencia en el Departamento hasta inicios del Siglo XXI

La precaria presencia histórica del Estado en la región ha permitido que empresarios nacionales y extranjeros, congregaciones religiosas, colonos y, recientemente, narcotraficantes y grupos armados, ocupen los espacios. Tal como lo refieren los datos del contexto histórico y cultural del departamento, los procesos activos de colonización se presentaron entre 1946 y 1962 y fueron generados, entre otros factores, por la “violencia partidista” y las bonanzas económicas legales e ilegales. Sin embargo, es notorio que el incremento de cultivos de uso ilícito a partir de 1978 aceleró la colonización mucho más que en los 30 años anteriores.

La agudización del conflicto en esta área data de finales de los años ‘70, período en que las FARC registraron un notable crecimiento en sus acciones en Caquetá y Guaviare. Por otra parte, a principios de los ‘80, el M-19 hace sus primeros ensayos como guerrilla rural en esta área.

En la década de los ‘90 la guerrilla y los narcotraficantes mantuvieron por algún tiempo acuerdos de conveniencia, que se rompieron posteriormente. El choque de intereses y el consecuente antagonismo entre estos grupos disparó el crecimiento de las acciones violentas, los enfrentamientos armados, las masacres, las amenazas e intimidación, los asesinatos selectivos, etc. dirigidos en contra de cualquier persona que pudiera ser percibida por cada bando con cierto ascendiente sobre sus comunidades (dirigentes políticos y sociales) y/o “simpatizantes del enemigo”.

Esta situación sustentó la política de erradicación de cultivos de uso ilícito promovida desde 1994 por el Gobierno del Presidente Ernesto Samper Pizano, en la que se ordenó erradicar, mediante la fumigación aérea, las hectáreas cultivadas con coca, amapola y marihuana en el país. A su vez las fumigaciones desencadenaros las “marchas campesinas” o “marchas cocaleras”, que se dieron entre el 31 de julio y 15 de septiembre de 1996 en diversos departamentos de Colombia y que para el Caquetá representaron un éxodo masivo de población hacia Florencia.

Las marchas fueron la reacción de los campesinos a la implementación de la segunda fase de la “Operación Conquista”, con la cual, desde el 1º de Junio de 1996, el ejército inició en las selvas del Caquetá las fumigaciones, con las que pretendía “romper el cordón umbilical” que une a la guerrilla colombiana con el negocio de la cocaína [22] . Por tal razón la guerrilla promovió en los campesinos las marchas para protestar por la política de erradicación de cultivos, ya que la economía, tanto de los unos como de los otros, estaba basada en la siembra y comercio de la planta de coca. Estas marchas propiciaron la posibilidad de trascender a otras reivindicaciones como educación, salud, vías carreteables, servicios públicos, dada la palpable ausencia del Estado en esta zona.  A ellas acudieron alrededor de 75.000 campesinos [23] , que se tomaron los ocho principales municipios del departamento del Caquetá para presionar al Gobierno a establecer una mesa de negociaciones sobre su pliego de peticiones, con lo que se logró un compromiso gubernamental de suspender las fumigaciones, la respuesta a las demandas en salud, educación, vías y créditos y la erradicación voluntaria de los cultivos de uso ilícito por parte de la población campesina.

Al año siguiente, en 1997, la guerrilla escaló su actividad armada y paralelamente presionó la renuncia de un conjunto importante de candidatos a los Concejos y Alcaldía locales en los meses previos a la realización de los comicios electorales del 26 de octubre, durante  los cuales realizaron fuertes sabotajes como demostración de su poderío en aquellas zonas de presencia histórica.

De igual manera las FARC-EP cambiaron su táctica de reclutamiento pasando del discurso ideológico cautivante al reclutamiento forzado de jóvenes campesinos; práctica que se ha mantenido desde entonces por los distintos grupos armados al margen de la ley y aún hoy sigue siendo una de las causas importantes de expulsión de familias campesinas de la región.

Frente a la situación tan dramática de conflicto que el país experimentaba, los colombianos expresaban de todas las formas posibles sus anhelos de paz y deseos de intentar otra salida distinta a la armada; expresiones que se consideraron bien interpretadas y representadas en la propuesta de gobierno de Andrés Pastrana Arango para las elecciones presidenciales de 1998, quien por su experiencia personal como víctima del secuestro podría encarnar a toda la población en su máxima y válida aspiración de alcanzar la paz para Colombia.

La propuesta del gobierno de Pastrana se comprometía a negociar de forma inmediata con la guerrilla, a poner fin a la violencia y llevar a cabo una profunda reforma de las instituciones del Estado; con lo que se determinaba un cambio radical de política frente al manejo del conflicto armado en Colombia y que le representó la victoria en segunda vuelta frente al Dr. Horacio Serpa Uribe su más fuerte contendor.

Se afirmó en los diferentes medios noticiosos del país que la guerrilla compartía tales expectativas y por ello ejerció presiones en sus zonas de influencia, como en el Caquetá, para que los campesinos salieran a votar; a ello se adjudica el elevado índice de participación electoral que ese año alcanzó el país, con un 59% del total potencial electoral nacional. En efecto, el 7 de noviembre de 1998 se dio inicio a las conversaciones del recién posesionado Gobierno Nacional del presidente Andrés Pastrana Arango y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), el principal grupo subversivo en toda la historia nacional.

Si bien el Proceso de Paz inició con un ambiente de esperanza entre ambos actores (Gobierno y FARC-EP), con el paso de los meses empezó a generarse cierto desagrado e inconformidad porque la "Zona de Distensión" (un área que comprende 42 mil kilómetros cuadrados y que abarcó los municipios de La Macarena, Mesetas, La Uribe y Vista Hermosa en el departamento del Meta y San Vicente del Caguán en Caquetá, que el Gobierno le concedió a esa organización subversiva como garantía para llevar a cabo los diálogos) pasó a convertirse en una región sin ley y abandono total del Estado colombiano. [24]

La duración de la zona de distensión fue prorrogada dos veces: la primera el 5 de febrero de 2001, cuando se amplió por un lapso de 90 días, y la segunda el siguiente 7 de mayo, por 30 días, con la finalidad de que cada una de las partes del proceso, Gobierno y FARC, nombraran sus respectivos negociadores, al igual que se designara una Comisión Internacional de Acompañamiento "que serviría de verificadora", que debería reunirse como mínimo una vez cada tres meses para dar al Gobierno y a las FARC su concepto sobre el funcionamiento de la zona de distensión.

Sin embargo, con frecuencia se conocían noticias que daban la vuelta al mundo, que la zona de distensión pasó a convertirse en un verdadero "Imperio de la Ley de las FARC-EP", donde reinaba el poder absoluto de la subversión. Hubo quienes sostuvieron que allí la justicia consagrada en la Constitución Nacional de Colombia desapareció por completo. Los más importantes personajes del país como el Fiscal General de la Nación Alfonso Gómez Méndez, el Procurador General de la Nación Jaime Bernal Cuellar, las Fuerzas Militares encabezadas por el Comandante General Fernando Tapias, el Comandante del Ejército Nacional Enrique Mora Rangel y el ministro de la Defensa Nacional Luis Fernando Ramírez Acuña, expresaron en reiteradas oportunidades ante los medios masivos de comunicación nacionales e internacionales, que la Zona de Distensión era un área de bandidos, secuestradores y que allí reinaba el poder de la guerrilla.

Entre los principales hechos que fueron minando el proceso de diálogos entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, hasta acabar con él, se destacan:

  • la certeza que este grupo ilegal mantenía secuestrados a niños menores de edad plagiados y llevados a dicha zona con el fin de pedir millonarios rescates a sus padres y familiares;
  • el caso del aeropirata Arnobio Ramos, quien secuestró un avión comercial de la empresa AIRES y que desvió al aeropuerto de San Vicente del Caguán, en Caquetá y la posterior negativa de la guerrilla a entregar al aeropirata;
  • los cobros de vacunas a los hacendados y ganaderos de la región;
  • el escándalo por la emisión de las normas por parte del comando guerrillero, en materia de medidas económica para financiar la guerra y otras normas de orden comunitario (Leyes 002 y 003 marzo/00);
  • las tomas guerrilleras a los pueblos, viaductos y carreteras, robo de ambulancias;
  • los trabajos forzados impuestos por la guerrilla a las comunidades, que les posibilitaron grandes construcciones viales en las que la comunidad a través de las Juntas de Acción Comunal debía comprar hasta la maquinaria;
  • la continuación de su campaña de secuestros a políticos, especialmente en los departamentos aledaños a la zona de distensión: en el Huila, en Nariño, en el Meta, en Tolima lograron secuestrar a dirigentes políticos destacados hasta llegar al secuestro de la candidata presidencial Ingrid Betancourt y al Senador Jorge Eduardo Géchem Turbay.

Es entonces a partir de este momento cuando se empieza a consolidar el ingreso de otro actor armado en el escenario de conflicto en la región.

Anunciado por los medios de comunicación, el mismo jefe máximo de las Autodefensas, Carlos Castaño, afirmaba que en ese momento contaban con 20 frentes, cada uno de entre 100 y 150 hombres, y su meta era disputarle a las FARC el sur de Colombia, especialmente los departamentos de Meta, Guaviare, Putumayo y Caquetá.

Por otra parte, algunos analistas estimaron por aquel entonces, “que la ofensiva del ejército sobre los Llanos del Yarí, santuario histórico de las FARC, más que el desalojo de éstas tendría, buscado o no, un doble efecto: desarticular la fuente de ingresos de la guerrilla, la coca, en esa zona crítica del negocio, la confluencia del Guaviare, Caquetá y Putumayo, y facilitar su ocupación por las fuerzas paramilitares, lo que colocaría al ejército en condición de simple fuerza subsidiaria de los nuevos señores de la guerra. Lo que se libraría allí, según estos mismos observadores, sería una batalla territorial por el control de las rutas de la coca. Un solo dato nos revela la importancia del asunto: en 1994, según cifras de la Consejería Presidencial de Seguridad, las drogas (coca, amapola y gramaje) representaban más del 50% de los ingresos de las FARC (el segundo renglón era el secuestro), para el ELN eran el tercer renglón de ingresos, 20% aproximadamente (su ingreso principal era la extorsión, seguida del secuestro) [25] .

Desde el punto de vista militar, las autodefensas han sostenido que, a diferencia del ejército que libra una guerra regular contra la guerrilla, la de ellas es una guerra irregular, ya que, según sus manuales de historia militar, "no hay antecedentes en la historia en que un ejército regular haya derrotado a uno irregular. Un ejército irregular sólo se detiene con uno de las mismas características". [26] Como era apenas imaginable, el impacto de esta nueva modalidad de confrontación sobre la población civil sería abrumador.

Los paramilitares encuentran en el Departamento del Caquetá un potencial de financiamiento para su organización y un corredor estratégico para la guerra. En un principio los grandes propietarios empiezan a aportar económicamente a los paramilitares pero posteriormente se convierten, conjuntamente con el resto de población, en víctimas de la extorsión de los paramilitares.

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Ante este nuevo escenario de conflicto, a finales del año 2001 la zona de distensión se convierte en el refugio seguro y estratégico para la guerrilla y en las zonas aledañas a ésta la confrontación por la disputa territorial entre guerrillas y autodefensas. Por otra parte, las fuerzas armadas tuvieron un importante repunte y demostración de efectividad en operaciones sobre concentraciones de fuerzas de las FARC-EP, por lo que éstas desencadenan una respuesta en el plano ofensivo denominada “Operación Avispa” con la que causaron bajas significativas al ejército y produjeron grandes ataques a la infraestructura económica que se extendieron hasta enero de 2002, dejando incluso a oscuras poblaciones de cuatro departamentos, volando puentes y carreteras, dejando aislado al Caquetá del resto del país.

Se desencadenaron entonces asesinatos selectivos de alcaldes por parte de las FARC-EP; quienes asesinaron al alcalde de Solano, dos alcaldes en Montañita, Solita, Cartagena del Chairá y en Puerto Rico tanto al alcalde electo como a los dos que le sucedieron. Pero también se registraron asesinatos selectivos en población de todos los gremios por parte de ambos bandos (paramilitares y guerrilla), ataques contra posibles objetivos militares de los dos bandos; noticias que día tras día fueron ocupando los titulares de los principales medios de comunicación nacional e internacional y que poco a poco fueron acostumbrando al país a escuchar ese tipo de noticias sin mayor capacidad de reacción pero guardando el sabor amargo de la esperanza frustrada.

La población civil de la región presume que durante la época de la zona de distensión, cuando hubo presencia de toda clase de medios de comunicación, fue un periodo aprovechado por parte de las fuerzas militares y paramilitares para hacer inteligencia a partir de los videos y grabaciones de las reuniones y eventos realizados y que, terminada la zona de distensión, iniciaron las persecuciones, amenazas, desplazamientos y ajusticiamientos de la gente que aparecía en dichos videos y registros.

A raíz de la terminación de la zona de distensión el Ejército implementó una estrategia militar para recuperar el control territorial por parte del Estado en esta zona y su área de influencia (Cartagena del Chairá y Puerto Rico en Caquetá, Calamar y San José del Guaviare en Guaviare y Cubarral, El Castillo, Fuente de Oro y Granada en el Meta); mientras que por su parte, los grupos de Autodefensas que habían logrado ingresar a la región, reforzaron su avanzada paramilitar en aras de intervenir los corredores estratégicos para la guerrilla, lo cual trajo consigo el recrudecimiento de la guerra, la confrontación armada, las muertes selectivas, masacres y el desplazamiento de gran número de población pero bajo la modalidad de “gota a gota”, lo cual influyó en la poca visibilización que este fenómeno ha tenido en la región.

Con la agudización del conflicto como producto de la terminación del proceso de diálogos con las FARC-EP, los hechos violentos en el departamento tuvieron un acelerado incremento y fueron publicados en los diferentes medios de comunicación locales y nacionales y registrados también por el SEPAS [27] de Florencia en su archivo para análisis de la realidad por el periodo de febrero a abril de 2002:

  • Voladura de puentes: La Carbona, el Caraño, el puente del Kilómetro 21 sobre la vía en construcción a Suaza y el puente sobre el río Guayas en Puerto Rico. La voladura de estos cuatro puentes incomunicó por vía terrestre a la población del Caquetá generando angustia y desesperación por escasez de alimentos y combustible.
  • Voladura de las torres de comunicación de TELECOM ubicada en el Cerro las Margaritas del municipio de Montañita, que sostiene el sistema de comunicación de Discado Directo Nacional e Internacional, generando bloqueo en las comunicaciones telefónicas en el ámbito interno, entre los municipios del Caquetá.
  • Explosión de carro-bomba entre los municipios de Montañita y Paujil con un saldo de dos militares muertos.
  • Asesinato de dos escoltas del alcalde del municipio de Puerto Rico, cuando terminaban de prestar su servicio.
  • Atentado contra tramo de la carretera, sector del Caraño, afectando un tubo madre del acueducto que surte de agua a la población de Florencia, causando la suspensión del servicio por espacio de dos días, creando desabastecimiento de agua, angustia y desconcierto en la comunidad en general.
  • Frecuentes enfrentamientos y hostigamientos entre la fuerza pública y los grupos armados.
  • Retención a 5 sacerdotes que viajaban a Florencia de regreso de sus retiros espirituales en la ciudad de Ibagué y posterior incineración del vehículo de la parroquia de la catedral.
  • Suspensión temporal del tránsito de vehículos hacia los municipios del sur del departamento, del norte y carreteables veredales, impidiendo salida y entrada de campesinos, con el consecuente perjuicio de no poder comercializar sus productos, algunos perecederos como la leche. A los conductores que no acataron las órdenes les fueron incinerados los vehículos en la vía. [28]

2.3 Dinámica actual del conflicto desde la implementación de la Política de Seguridad Democrática del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez

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La consecuente frustración de los colombianos por el fracasado proceso de diálogos, posicionó y logró validar la propuesta de una salida al conflicto colombiano por la vía armada que, reforzada por el contexto mundial con los ataques del 11 de septiembre de 2001 a Estados Unidos [29] , dio la victoria al Dr. Álvaro Uribe Vélez y su propuesta de declarar la “guerra al narcoterrorismo” y que una vez asumida la presidencia empezó a implementar la denominada “Política de Seguridad Democrática” que busca fortalecer el componente militar del Plan Colombia, ya no solo para atacar los cultivos de uso ilícito, sino para atacar a los grupos armados por su vinculación al narcotráfico y al terrorismo.

Según el Gobierno, desde el mismo instante de la posesión del Dr. Álvaro Uribe Vélez, se dio inicio a la Política de Seguridad Democrática, pero lo único que el país conoció al respecto era que dicha política sería el cerebro del actual gobierno; en el que se incluiría “el ejercicio de una autoridad efectiva en aras de disuadir a los violentos” a través de una mayor presencia de la Fuerza Pública en los municipios y en las carreteras de Colombia, para presionar a los grupos ilegales señalados por el gobierno como “narcoterroristas” (FARC, ELN y AUC. También se conoció que con esta estrategia se buscaba generar un mejor ambiente propicio para los negocios y la inversión en el país [30] . Pero sólo hasta el 29 de junio del año 2003 el Gobierno entregó al país desde su visita a Orito en el departamento del Putumayo, el documento en el que se consagran los lineamientos de su “Política de Defensa y Seguridad Democrática”.

Tras más de dos años de gobierno del Dr. Álvaro Uribe Vélez, la opinión del país y de la comunidad internacional se muestra realmente dividida e incluso polarizada en sus posturas frente al balance arrojado por el desarrollo de la Política de Seguridad Democrática.

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De un lado, el Gobierno Colombiano entrega un balance alentador y positivo reflejado en cifras que sustentan la retoma del control territorial por parte de la Fuerza Pública, disminución de los índices de delitos asociados al narcotráfico, terrorismo y subversión; como golpes contundentes a las fuentes económicas de los grupos al margen de la Ley y a sus filas de combatientes, ya sea por bajas en combate, capturas o entregas para la reinserción; resultados que han sido elogiados por países como Estados Unidos, uno de los principales aliados de este gobierno, por los empresarios colombianos e inversionistas extranjeros.

De otro lado, están los fuertes cuestionamientos realizados por  parte de organismos como: la Organización de Naciones Unidas (ONU), analistas políticos, organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales, sustentados en una evidente legislación represiva, militarización de la sociedad, agudización de la violencia sociopolítica que a su vez agudiza la crisis humanitaria, trato desigual frente a los actores armados, el empobrecimiento de la población, la deslegitimación de la defensa de los Derechos Humanos y la incoherencia entre la inversión para la guerra y la inversión social, quienes han elevado voces de protesta contra dicha política y sus resultados, afirmando que, “la comunidad internacional está siendo engañada con un Plan de Guerra, con lenguaje social” [31] .

En la práctica, lo que el departamento del Caquetá ha experimentado en la implementación de la Política de Seguridad Democrática es lo siguiente:

2.3.1 Estricto control sobre cultivos de uso ilícito y precursores químicos.

Bajo la convicción de que los dineros producidos por el narcotráfico son el “combustible de la guerra” y el principal soporte de los grupos ilegales al margen de la ley, el gobierno nacional propone intensificar las fumigaciones y el control total sobre la cadena de producción de droga.

Iniciando el año 2004, se fumigaron extensas áreas en el sur del Caquetá (Curillo, Valparaíso, Morelia y Belén de los Andaquíes) y parte del parque natural de los Picachos, en la zona norte de San Vicente del Caguán, destruyendo ecosistemas estratégicos en los límites entre los departamentos de Caquetá y Huila (región de Balsillas), durante el segundo semestre continuaron las fumigaciones aéreas en el sur del departamento (San José del Fragua, Belén de los Andaquíes,  y en la zona del bajo y medio Caguán), donde la comunidad denuncia que no se ha diferenciado entre los cultivos lícitos y los de uso ilícito; que se están contaminando las fuentes hídricas de donde se proveen varios acueductos de la región y que se ha puesto en grave riesgo de desaparecer a la reserva natural “Altofragua” con su flora y fauna.

Así mismo, las comunidades campesinas manifiestan el quiebre de su economía, colocando en serio riesgo la seguridad alimentaria de las familias, porque con las fumigaciones se han afectado pastos, cultivos de pancoger, huertas caseras y sembrados de corto, mediano y largo plazo y las especies menores (ovejas, cerdos, aves) que se enferman y/o mueren. Además la Fuerza Pública, en cumplimiento de las Resoluciones 002-003 y 004 de la Dirección General de Estupefacientes, adelantan estrictos controles sobre el ingreso de medicinas, alimentos, combustibles y precursores químicos, gracias a los cuales reporta grandes logros en todo el país [32] ; logros que, aunque efectivos, también han puesto en grave riesgo la seguridad alimentaria del resto de la población.

Esta estrategia se ha convertido en uno de los principales motivos para la salida de la gente de las veredas hacia las cabeceras municipales, hacia Florencia u otras ciudades del interior del país, situación que no es reconocida por el Estado como desplazamiento forzado y por tanto no aparece en el Registro SUR de la Red de Solidaridad Social. Además se ha notado que la gente prefiere no declarar su situación de desplazamiento porque sabe que el Estado le va a negar su condición de desplazado, porque teme la estigmatización y amenazas o simplemente porque no cree en el Estado y las posibilidades de acceder a algún tipo de ayudas.

2.3.2 Búsqueda de otorgar mayores facultades a la Fuerza Pública partiendo del supuesto que “la violencia política y el terrorismo son idénticos”.

El gobierno ha tratado por todos los medios de poner en uso un conjunto de disposiciones que garanticen el ejercicio de la autoridad en medio de la continuidad de estados jurídicos de excepción, restringiendo normas constitucionales y de paso tratados de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó al Estado colombiano “a no introducir en el ordenamiento jurídico colombiano normas que faculten a los miembros de las fuerzas militares para ejercer funciones de policía judicial, ni otras que sean incompatibles con la independencia de la justicia” [33] .

El 30 de agosto de 2004, mediante la Sentencia C-816 de 2004, la Corte declaró la inconstitucionalidad total del acto legislativo por haber sido aprobado en medio de profundas irregularidades. Como consecuencia de la sentencia la ley estatutaria, que desarrolló la reforma, quedó también sin vigencia.

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Sin embargo, pese a no tener piso jurídico tales disposiciones, en el departamento del Caquetá son comunes las detenciones arbitrarias, allanamientos de residencias sin los requisitos legales, trato indigno a los retenidos, intimidaciones a la población civil, empadronamientos, restricciones a la libre movilización y control absoluto de las Fuerzas Militares sobre extensas áreas. Situación que está directamente asociada a la fuerte estigmatización de que es víctima la población civil de la región; especialmente al norte del departamento, en San Vicente del Caguán, donde el estigma de “guerrillero” o “auxiliador de la guerrilla” pesa sobre la población como producto de la obvia relación de convivencia entre la población y un actor armado que ha ostentado el dominio histórico de la zona, incluso que, por amplio tiempo han sido la única autoridad presente; y los diversos intentos de negociación que han surgido en la zona.

Como estrategia complementaria, el gobierno nacional viene alentando una campaña masiva orientada a vincular a la población civil desarmada a través de la colaboración ciudadana, conformando las redes de cooperantes en los campos y las ciudades y con la creación de los Batallones de Soldados Campesinos, esperando con ello vincular a más de un millón de personas. Estrategia que, aunque ha sido sustentada con “significativos logros en materia de reducción de cifras en delitos como el secuestro (42%), el robo de vehículos(25%), masacres (44%), asesinatos colectivos (42%) y recolección de información clave que ha permitido evitar atentados terroristas” [34] , también ha provocado la ruptura de las ya débiles estructuras de confianza entre las comunidades, lo cual ha contribuido también a incrementar los niveles de vulnerabilidad de la población.

2.3.3 El Plan Patriota, que busca cambiar el equilibrio de la guerra contra las FARC-EP.

Desde el año 2003 las Fuerzas Militares con el Comando Sur y los Departamentos de Estado y Defensa de los Estados Unidos diseñaron y están implementando un plan operativo y táctico, cuya estrategia central es fortalecer la presencia militar en zonas de conflicto a donde no ha llegado la Fuerza Pública.

Con la idea de llegar a las selvas y poblados del sur de Colombia, donde las FARC-EP tienen presencia histórica y mantienen intacta su retaguardia estratégica, el gobierno se ha propuesto movilizar entre 14.000 y 17.000 hombres para retomar el control territorial a través del fortalecimiento de la presencia militar en dichas zonas. Bajo este supuesto, las comunidades campesinas e indígenas de esta parte del país son percibidas de manera indistinta como “base social de la guerrilla” y a los cultivos de uso ilícito como “la causa del conflicto” y no como una de sus manifestaciones.

Hasta el momento se tiene conocimiento de 5 fases que apuntalan el Plan:

  • Primera: romper las estructuras de apoyo de las FARC en las grandes ciudades (Bogotá, Medellín, Cali, Neiva, Villavicencio y Florencia) con el fin de debilitar el abastecimiento logístico (comunicaciones, alimentos, armas y municipios, medicamentos, dinero, etc.) de las FARC hacia las ciudades intermedias y las zonas rurales.
  • Segunda: operaciones de “ablandamiento” en los departamentos de Caquetá, Putumayo, Meta y Guaviare que permitan la entrada en acción de la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur. Esta fase se adelanta con Brigadas Móviles que en compañía de integrantes de la Fiscalía y el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, realizando allanamientos, detenciones masivas, así mismo con la instalación de puesto de Policía antinarcóticos y contra-guerrillas en poblados estratégicos.
  • Tercera: consolidar la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur, unificando el mando de las tropas (Ejército, Fuerza Aérea y Armada) en un solo lugar: la Base Militar de Tres Esquinas, en el municipio de Solano (Caquetá); coordinando operaciones e infraestructura con las bases militares y batallones de Puerto Leguízamo (Putumayo), San José (Guaviare), Villavicencio (Meta), así como en Florencia, Araracuara y San Vicente del Caguán (Caquetá).
  • Cuarto: copar gradualmente territorios al interior de la selva concentrándose en “blancos de alto valor” en donde se toquen los corredores estratégicos de las FARC (poblados, ríos, carreteras y centros de abastecimiento). Se estima que esta fase tiene un horizonte de tiempo de al menos 2 años de presencia continua en zonas rurales apartadas en la región. Desde este posicionamiento territorial, se tiene estimado avanzar en el combate directo a grupos de las FARC con el fin de quebrar el equilibrio del conflicto.

Los costos iniciales del “Plan Patriota” superan los 140 millones de dólares por año y el aumento significativo de asesores, contratistas y soldados norteamericanos, pasando de 400 soldados a 800 y de 400 a 600 contratistas. En el mismo sentido, el gobierno de los Estados Unidos anunció oficialmente un incremento en “equipos de planeación” y ayuda logística en “planeación de combates terrestres, comunicaciones e inteligencia”.

Dado que la financiación global del Plan depende en su mayoría del apoyo del Gobierno de los Estados Unidos, se advierte una reorientación de los recursos destinados inicialmente para el “Plan Colombia” hacia el “Plan Patriota”. Algo que ha sido catalogado con frecuencia por los opositores de la política de Seguridad Democrática como el pronóstico de una fuerte intervención durante los próximos años de los EE.UU. en el conflicto colombiano.

Durante la implementación de la primera fase del Plan Patriota se dio un completo hermetismo oficial, que consistía en establecer “la seguridad y control territorial en los cascos urbanos”; hermetismo que ha sido roto a la culminación de la primera fase con las palabras del mismo ministro de Defensa Dr. Jorge Alberto Uribe, quien en compañía de la cúpula militar entregó el balance del desarrollo de la primera fase (durante los primeros días del mes de septiembre 2004), dándosele un gran despliegue publicitario a los logros (hallazgos y destrucción de 220 campamentos de la guerrilla y complejos cocaleros de este grupo ilegal en los departamentos del Meta, Caquetá y Guaviare) por parte de los hombres de la Fuerza de Despliegue Rápido y las Brigadas Móviles 9, 10 y 22 bajo el mando del general Reinaldo Castellanos, quien es el responsable de comandar las tropas del Plan Patriota en el sur del País. Pero los detalles sobre las circunstancias en las que combaten y avanzan los soldados sigan siendo un completo misterio y los medios de comunicación del país sigan omitiendo dicha información.

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El periódico EL TIEMPO, en la publicación del sábado 18 de septiembre 2004 informó que, terminada la primera fase del Plan Patriota, se empezó la segunda fase en la que proponen con una fuerza de 17.000 hombres, barrer 160.600 kilómetros cuadrados de selva para dar con los guerrilleros que ante la presión dejaron los cascos urbanos de pequeños poblados y se internaron en la espesura del Caquetá y el Guaviare.

Se conoce que hasta el pasado mes de septiembre, aún se sostenían combates en La Tunia, antigua zona de distensión, Peñas Coloradas, El Billar y Las Ánimas en Cartagena del Chairá (Caquetá) y en los Llanos del Yarí, límites de Meta y Caquetá y también en Lagos de El Dorado en Miraflores (Guaviare) [35] .

Tanto integrantes de las comunidades como algunos funcionarios y autoridades manifiestan que, aunque la presencia de la Fuerza Publica ha permitido que las autoridades locales despachen en algunos de sus municipios,  las amenazas continuas a dichas autoridades no les permiten el completo ejercicio de sus labores y su desplazamiento hacia las zonas rurales es restringido en algunos casos y prohibido en otros.

La gobernabilidad local (alcaldes, concejales, presidentes de las juntas de acción comunal y otros funcionarios del Estado), sigue siendo afectada por las amenazas de los grupos armados ilegales. En San Vicente del Caguán no hay ningún representante del Concejo Municipal y todos los funcionarios públicos están amenazados. En junio de 2004 el secretario de gobierno fue asesinado junto con su esposa. La semana posterior se asesinó un ex concejal. En la misma semana hubo un ataque con granada contra un grupo de policías en el parque central. En Belén de los Andaquíes, se conoció los asesinatos de dos maestros y en San José de Fragua, de dos presidentes de Juntas de Acción Comunal.

Se tiene información sobre la entrada de paramilitares en el municipio de San Vicente del Caguán, unido al incremento de la Fuerza Pública al casco urbano. En Doncello, también informaron de la presencia de paramilitares en el casco urbano. En el sur del departamento se conoce que hay una presencia consolidada por parte de grupos paramilitares en las partes planas de los municipios Morelia, Albania, San José de Fraguas, Valparaíso, Curillo y Milán.

Al parecer, la dinámica del conflicto ha generado una ubicación distinta de los actores en la región: En las cabeceras municipales, hacen presencia las instituciones del Estado junto con la Fuerza Pública, en la zona rural plana se encuentran los grupos paramilitares y en la zona rural de cordillera hacia la selva, es donde se encuentra la guerrilla.

Con el incremento de la Fuerza Publica en el sur de departamento parece que los grupos paramilitares ya no son tan visibles en los cascos urbanos y que han aumentado su presencia en la zona rural. Después de la arremetida violenta en 2002 y 2003, parece ser que ha habido un cambio del actuar por parte de los paramilitares, de masacres a asesinatos selectivos, limpieza social y mayor control social.

Al respecto, en el último informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se pronunció diciendo: “No obstante, los legítimos propósitos de dicha política no han podido lograrse en la dimensión que se esperaba. Las regiones con mayor presencia de la Fuerza Pública, continuaron con serios problemas de gobernabilidad y de orden público, incluyendo el aumento de la criminalidad en algunos de sus municipios. Asimismo, además de las irregularidades denunciadas en la actuación de la Fuerza Pública y las debilidades en materia de control judicial, persistió la presencia paramilitar, quedó pendiente la inversión social, y se registró una escasa presencia estatal, por fuera de la Fuerza Pública, en ocasiones con la Defensoría del Pueblo como única institución civil. Así lo señalaron los respectivos informes de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría General de la Nación” [36] .

Personas de los diferentes municipios coinciden en manifestar que hasta el momento lo que evidencian como presencia Estatal en el departamento es una fuerte presencia militar y una focalización del gasto y esfuerzos hacia las Fuerzas Militares y poco o nada se ven en términos de inversión social para las zonas de conflicto, incrementando de esta manera las asimetrías históricas del desarrollo en el Departamento, ni siquiera se ve el empeño por mitigar el impacto de la guerra y estabilización de la población civil.

2.3.4 Seguridad Democrática sin estrategias para la protección de Derechos Humanos y DESC. [37]

Haga click para ampliar La aplicación en el sur del país y en la región Amazónica de la política de Seguridad Democrática ha empezado a evidenciar la ausencia de estrategias significativas de parte del Estado para cumplir con sus obligaciones en cuanto a la protección de los Derechos Humanos, los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la observancia del Derechos Internacional Humanitario; lo mismo que a los grupos ilegales en su obligación de observancia del DIH.

Desde el año 2003 las Fuerzas Militares han realizado detenciones masivas en los municipios de Cartagena del Chairá (casco urbano y Río Negro), Puerto Rico, La Montañita, San Vicente del Caguán (Aguililla, Puerto Betania, Santa Rosa, Buenos Aires y Puerto Amor). Los pobladores han protestado sobre la manera como la Fuerza Pública llega a las poblaciones, reúne a sus pobladores en un sitio público para que luego pasen personas uniformadas y con el rostro encapuchado (supuestos informantes) señalen a quienes acusan de “guerrilleros”.

A partir de la detención, los afectados manifiestan haber tenido que soportar toda clase de abusos: presentación ante los medios de comunicación como guerrilleros, cabecillas o milicianos sin tener pruebas, judicialización y traslados a otras ciudades del país lejos de sus familias; desconocimiento de los derechos básicos al debido proceso, etc. Que si logran probar su inocencia al cabo de unos cuantos meses, no existe tipo alguno de reparación por el daño causado al buen nombre tanto para el acusado como para sus familias que deben seguir padeciendo el drama del estigma una vez regresan a sus lugares de origen, pues siguen siendo objeto de persecución.

 Hacia el sur del Caquetá, los grupos paramilitares siguen asesinando de manera selectiva a la población civil que consideran potenciales auxiliadores de la guerrilla en zonas protegidas por el Ejército como en La Rastra y La Novia pertenecientes a los municipios de Milán y Curillo respectivamente.

 En toda la región existen campos minados, especialmente en la zona del piedemonte, pasando el departamento del Caquetá en el último año, del sexto al tercer lugar en las estadísticas de identificación de minas antipersonales en zonas rurales, con la consecuente estela de muertes y heridos. Durante los primeros 15 días del mes de Octubre, se reportaron 59 nuevas víctimas de las minas antipersonales de las cuales, 19 eran víctimas civiles. [38]

 Como respuesta militar al “Plan Patriota”, las FARC-EP vienen endureciendo sus sistemas de control social hacia la población civil; reúnen a las comunidades rurales de la región y las presionan para que tomen partido a su favor bajo la amenaza de destierro y/o muerte para los que no asuman sus orientaciones:

  • Reúnen a las comunidades rurales de la región y las presionan para que tomen partido a su favor bajo la amenaza del destierro y/o muerte para los que no asuman sus orientaciones: las madres y los padres de familia realizan esfuerzos para sacar a sus hijos e hijas de la zona, pues la guerrilla continúa realizando reclutamiento forzado de los infantes y jóvenes
  • Prohíbe a la comunidad acceder a beneficios de los programas estatales como Familias en Acción, Jóvenes rurales y población dispersa, etc.
  • Prohíbe a las comunidades recibir a las pocas ayudas que ofrece el Estado, obligando a los pobladores, cuya economía está en crisis, a asumir el costo laboral de los docentes de su propio bolsillo.
  • Han prohibido el ingreso de funcionarios que pertenezcan a las entidades públicas y a algunas organizaciones privadas.
  • Existe una verdadera persecución en la región a los creyentes y cultos evangélicos, inhibiéndoles la movilización y el ejercicio de visitas familiares y vigilias.
  • En algunas zonas, los sacerdotes, hermanas, religiosos, laicos y laicas católicos son objeto de presiones y restricciones obstaculizando sus acciones pastorales. En algunas veredas, la guerrilla prohibió las clases de religión y las reuniones en donde se prepara a la población para los sacramentos. Los vehículos de la Iglesia no son respetados y se intenta colocarlos al servicio de personal armado.
  • Cada vez más, las FARC-EP obliga a los habitantes de esta región a plegarse por vía de la fuerza a sus intereses militares y de control, cometiendo graves excesos como la desaparición forzada de personas, el pago de cuotas para trabajos de infraestructura, el pago de multas por contravenciones cotidianas, el destierro, la expropiación y los asesinatos.

 Otro comportamiento que se está haciendo común, y que infringe el D.I.H. es impedir el levantamiento de cadáveres de quienes ellos, además de haber asesinado, perciben como informante o agentes de los organismos de inteligencia, como una medida de advertencia y escarnio público. De esta manera algunos cadáveres han permanecido expuestos en caminos y carreteras por varias semanas; también en el cementerio de San Vicente del Caguán, se reporta que desbordó su capacidad por la cantidad de cadáveres que les arrojan.

 Como es apenas lógico, la población civil ya no está en medio de la guerra, sino más bien como objetivo del conflicto y la violación a sus derechos fundamentales se ha convertido en el pan de cada día; por lo que se ven forzados a abandonar sus pertenencias y salir en busca de protección a sus vidas en los centros urbanos o ciudades.

 Ya no se puede hablar de un solo actor como responsable de los desplazamientos forzados de la población puesto que al interactuar dos o más de los actores que tienen presencia activa en la zona, la población civil queda en medio y se ve presionada a salir. Un contundente ejemplo de este hecho es el desplazamiento masivo del pasado 6 de enero de 2004 en el que, ante la inminente entrada del ejército a La Unión Peneya, inspección del municipio de Montañita, donde las FARC han ejercido dominio histórico, la gente estaba advertida y a la llegada de los helicópteros del ejército, sin amenaza directa empezaron a salir hasta dejar completamente desocupado el caserío. Según fuentes testimoniales, no hubo una amenaza directa contra la vida de los pobladores por parte de las FARC, se trató de una advertencia previa de que si el ejército llegaba, ellos debían abandonar la zona porque quedarían en medio de los combates.

 Caso similar se experimentó el 25 de abril en la inspección de Peñas Coloradas, jurisdicción de Cartagena del Chairá, en el curso medio del río Caguán, cuando por efecto de la llegada del ejército, fueron desplazadas cerca de 1.500 personas que habitaban el casco urbano y sus alrededores. Todo indica, que las FARC, con el ánimo de bloquear las acciones del ejército, instan a la población civil a desplazarse masivamente hacia otros lugares. Para el caso de Peñas Coloradas, la semana previa a la llegada del ejército, la guerrilla asesinó a 10 civiles sindicados de ser posibles informantes.

 Las comunidades no sólo tienen miedo por los inminentes enfrentamientos y las acciones represivas tanto del ejército como de la guerrilla, temen además por una posible entrada a la zona de grupos paramilitares, quienes en acciones desarrolladas durante años pasados han sembrado a su paso la muerte y el terror.

 Por efecto del “Plan Patriota” y la escalada de guerra que éste desata se estima un crecimiento significativo del desplazamiento en la región, lo que complicará la ya delicada crisis humanitaria en esta zona del país, sin que se avizore salida alguna.

2.4 Crisis Humanitaria que registra el Departamento del Caquetá

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La intensificación del conflicto en la región sur del país, ha agudizado la crisis humanitaria en el Departamento del Caquetá, donde la población civil es la principal víctima no solo por los ataques directos e indirectos, sino por las situaciones indignas a que se ven sometidos por cuenta del abandono estatal, la presión de grupos ilegales, abusos de la Fuerza Pública, la estigmatización social y las pocas oportunidades de acceso a servicios públicos que les permitan mejorar su calidad de vida.

Por lo anterior resulta de vital importancia reconocer en las expresiones de la crisis humanitaria actual, además de la complejidad que representa esta problemática, los diferentes escenarios de intervención que exige tal realidad como desafíos a la acción tanto del Estado para poder garantizar una verdadera Seguridad Democrática, como de todas las instituciones y fuerzas vivas de la sociedad caqueteña o foráneas que hacen presencia en la región.

2.4.1 Educación:

Con respecto a la prestación del servicio de educación, donde se evidencia un abandono estatal más severo es en la zona rural, dado que tanto en la planta física e infraestructura, como en materiales pedagógicos y dotación,  se estima que en promedio un 65% de las escuelas se encuentran en pésimas condiciones. Las Administraciones municipales argumentan que sus recursos son insuficientes para dar cobertura a tantas necesidades. El aspecto más relevante está en la problemática de saneamiento básico en los centros rurales, puesto que no cuentan con la posibilidad de garantizar a los estudiantes unidades sanitarias adecuadas, agua potable y red de alcantarillado.

Se reconoce el esfuerzo gubernamental por dar cobertura total en cuanto a planta docente, mediante convenio celebrado con la Iglesia, gracias a lo cual en un 96% está garantizado la planta docente para la educación básica primaria y secundaria del departamento para el año 2004, salvo en algunos lugares donde hay problemas para la presencia del docente por orden público.

La demanda por cupos educativos se ha incrementado en los centros de alta recepción de población desplazada como Florencia, San Vicente y las cabeceras municipales, la cual ha logrado desbordar la capacidad institucional instalada; mientras que en algunas escuelas del área rural se encuentran a la fecha sin alumnos o sin maestros debido al desplazamiento forzado de las familias.

Particularmente en los casos de familias desplazadas, si bien las escuelas reciben a los niños, éstos deben estar registrados y reconocidos por la Red de Solidaridad Social mediante el SUR.; con lo cual no se puede garantizar que todos los niños y niñas de familias desplazadas están accediendo a la educación. Las autoridades perciben como causas de deserción escolar las condiciones económicas de las familias, las distancias entre las escuelas y su recorrido, la falta de documentos, entre otras.

La oferta para educación secundaria y media no es alcanzable para familias vulnerables. Así mismo, debido a que la mayoría de personas desplazadas provienen del campo, las cabezas de familia no cuentan con la capacitación que les permita desarrollar actividades típicamente urbanas.

La deserción escolar oscila entre el 20 y 22% en el departamento; lo cual se atribuye a la carencia de recursos por parte de las familias para cubrir los gastos de uniformes y útiles escolares, el peligro inminente de reclutamiento de estudiantes por parte de actores armados ilegales en las zonas rurales del departamento, la incapacidad para cumplir con los requisitos exigidos para acceder a beneficios del ICBF, especialmente en refuerzo alimenticio para estudiantes.

2.4.2 Salud.

En todo el Departamento hay un solo hospital de II nivel ubicado en el municipio de Florencia y tres hospitales de I nivel: en Florencia, San Vicente del Caguán y Belén de los Andaquíes. Debido a que estos municipios son receptores de población desplazada, existe un gran número de casos remitidos a las ciudades de Neiva y Bogotá. El resto de los municipios solo cuentan con centros de salud mal dotados y con escaso personal médico. Las grandes distancias, el estado de las vías y el bloqueo realizado por parte de los actores armados a las medicinas, dificultan la atención a la población vulnerable. Adicionalmente, la RSS reconoce que no se está brindando atención ambulatoria en los hospitales de Florencia a la población desplazada que está registrada en el SUR por problemas económicos.

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Las autoridades locales manifiestan que la población civil sufre de enfermedades diarreicas, respiratorias, leshmaniasis, dengue, malaria, sífilis hepatitis entre otras. Algunas de estas ocasionadas por el mal estado del sistema de saneamiento básico y agua potable (acueducto y alcantarillado).

También se reporta con preocupación el alto índice de desnutrición crónica y aguda en la población del departamento (35% según cifras reveladas por la Cruz Roja Holandesa), asociada al desplazamiento forzado, desempleo y la crítica condición económica generalizada en la región. Por ejemplo se cuentan casos de jóvenes que han sido despedidos con frecuencia de sus trabajos porque cuando deben asumir funciones que exigen esfuerzo físico se desmayan como producto de la desnutrición, otros casos como el reporte de jóvenes de 17 años de edad con un peso de 35 kilogramos.

Adicionalmente, se reporta la existencia de otro tipo de enfermedades cutáneas e infecciones respiratorias por motivo de las fumigaciones. Uno de los ejemplos más graves que se conoce es la existencia de 55 casos  leshmianasis en la zona rural de San Vicente de Caguán, que no están siendo atendidas por el bloqueo a medicinas impuesto por la Fuerza Publica.

La población en condición de desplazamiento manifiesta graves dificultades cuando se enferman puesto que no cuentan con el dinero para poder comprar las medicinas que les formulan, las cuales generalmente son muy costosas, o peor aún, no tienen nada que ver con el diagnóstico médico. Adicionalmente, tienen que someterse exámenes que, en vista de su situación económica, son sumamente costosos. Actualmente no hay claridad  sobre el porcentaje de la población desplazada que está registrada en el SISBEN.

La situación en los hospitales es crítica porque a Septiembre de 2004, les adeudaban 1.200 millones de pesos por concepto de atención en salud ambulatoria a población desplazada y vulnerable en Florencia.

El Instituto Departamental de Salud registra entre los años 2000 y 2004 un total de 123 casos de VIH, pero los diferentes centros médicos reconocen que existe un alto número de casos no reportados. Es preocupante la relación de los casos reportados en la población desplazada y otros casos que podrían estar asociados al conflicto armado y el desplazamiento. En Cartagena del Chairá, se reporta un elevado número de casos de VIH asociados a la proliferación de oferta y demanda de prostitución sin ningún tipo de control sanitario, especialmente en niñas menores de edad que por ser desplazadas se ven obligadas a prostituirse para subsistir. En el Municipio de Puerto Rico se reportan 2.580 casos de gardenella.

En los diversos municipios del sur del Departamento, las comunidades reportan un acelerado incremento en los casos de suicidio en la población joven, aducen como principal causa el ambiente de desesperanza y las presiones a las que se ve sometida por parte de los actores armados en conflicto.

También, aunque no se tienen cifras exactas, miembros de la comunidad en los diversos municipios expresan preocupación por el incremento de los casos de enfermedades mentales, maniaco-depresivas y psicológicas como producto de los traumas y secuelas legadas por la grave situación de violencia, pérdidas de familiares, situación de desplazamiento forzado, amenazas, persecuciones, etc. Que ponen en evidencia el poco impacto logrado por organismos que brindan atención psicosocial a la población desplazada y víctima de la violencia.

2.4.3 Seguridad alimentaria.

  En términos de disponibilidad de alimentos, el impacto de la economía del narcotráfico sobre la estructura agrícola conformó dos grupos predominantes en la región: los pequeños y medianos cultivadores de hoja de coca y los hacendados tenedores de ganadería. Esta situación hizo que la disponibilidad de alimentos del área rural y cabeceras municipales disminuyera.

  De por sí la misma concepción cultural de la seguridad alimentaria ha estado basada en la economía asociada a los cultivos de uso ilícito, lo cual provocó el que muchos campesinos dejaran de sembrar sus cultivos de pancoger para cultivar la coca, pues se supone que un cultivo tan rentable era suficiente para garantizar la compra de alimentos; el problema es que cuando se agudiza el conflicto, se restringe el ingreso de alimentos a la zona y la gente no tiene cultivos de dónde subsistir.

  Por otra parte, las fumigaciones masivas de los últimos meses, han afectado fuertemente la oferta de alimentos en las zonas rurales, puesto que dichas fumigaciones no distinguen los cultivos de uso ilícito con los cultivos de pancoger y exterminan todos los cultivos exponiendo a la población rural a una eventual situación de hambre que puede provocar la reacción agresiva de los campesinos que ya se manifiestan cansados de sentirse perseguidos por los actores armados ilegales y perseguidos por el Estado a través de la Fuerza Pública bajo el estigma de “auxiliadores” de uno y otro bando.

  Debido a lo anterior y al bloqueo de alimentos por parte de los actores armados, la posibilidad de acceso a los alimentos que tienen las comunidades es reducida y está caracterizada por precios altos, que se refleja en la disminución de la calidad de la dieta. No existen estudios de seguridad alimentaria sobre la población rural.

  Para la población desplazada que ha recibido atención alimentaria de la RSS y del CICR como parte de la ayuda humanitaria por tres meses, aunque en municipios como Puerto Rico se afirma que las ayudas no son entregadas completas ni a tiempo; dicha ayuda es insuficiente puesto que una vez se deja de recibir, las familias quedan en un estado igual o peor que al momento de llegada. La mayoría de las familias sólo tienen acceso a una comida diaria, lo que no permite realizar plenamente sus actividades.

La ley de participación general no le permite a las escuelas, con suficientes recursos para incluir a los niños de familias desplazadas dentro de planes de alimentación escolar. En algunos municipios los incluyen dentro de los programas regulares de ICBF. Según el ICBF en Florencia el 30% de los niños y las niñas menores de 12 años sufre de malnutrición crónica.

También asociado al problema de desplazamiento está el “conflicto” por alimentos que se presenta entre la población desplazada y la población receptora; pues siendo en la mayoría de los casos población muy vulnerable, las familias receptoras encuentran en el hacerse pasar por desplazado, una posibilidad para entrar a “competir” por alimentos y ayudas tanto del Estado como de los organismos de ayuda humanitaria.

En Florencia se encontraron algunos casos presentados en los grandes asentamientos, a donde normalmente llegan las familias desplazadas,  en los cuales las familias receptoras se ofrecen a albergar en sus casas a familias desplazadas recién llegadas y les orientan todos los trámites necesarios para acceder a los mercados en la Red de Solidaridad o el CICR; ayudas que deben ser compartidas con la familia receptora en contraprestación por la posada que les brindan; una vez pasan los meses de recepción de ayudas, los sacan a la calle para recibir una nueva familia. [39]

Las Administraciones municipales han tenido que echar mano de sus escasos recursos para complementar los programas regulares del ICBF y garantizar así al menos el almuerzo y refrigerio a la población escolar. Sin embargo reconocen las autoridades que se quedan cortos en su deber de garantizar alimentación a todas las familias de la región.

2.4.4 Saneamiento básico.

El tema de saneamiento básico es uno de los más precarios del Departamento, pues la totalidad de los caseríos y centros poblados del sector rural no cuentan con las mínimas condiciones para la prestación del servicio de alcantarillado y acueducto; mientras que en las cabeceras municipales tan solo en el 30% de los municipios cuenta con el Servicio de Agua potable con cobertura deficiente y la calidad de las aguas no es la más apta para el consumo humano.

En Municipios fuertemente receptores de población desplazada como Florencia, San Vicente y Cartagena del Chairá, la situación sanitaria es mucho más crítica por la llegada de grandes cantidades de población desplazada la cual llega a ubicarse, por lo general, en asentamientos subnormales y deben vivir en zonas de alto riesgo, sin cobertura de servicios, generando y padeciendo graves problemas de salubridad.

2.4.5 Vías de acceso.

Tal como se expuso en las generalidades del presente documento, el Caquetá tiene una red vial de 2.740 Km, de los cuales el 11.4% está pavimentado y registra en la actualidad un estado de deterioro y total abandono, mientras que el 88,6% restante se encuentra sin pavimento y en pésimas condiciones.

Los mandatarios locales expresan los grandes esfuerzos que deben hacer por tratar de mantener en mínimas condiciones de tránsito las vías terciarias, es decir las que conducen a las veredas y que son vías sin pavimento ni obras de arte y protección; con los pocos  recursos  que  tienen  para enfrentar  esta necesidad, a duras penas logran atender una raspada al inicio del año y le echan balastro para que puedan transitar los vehículos. Pero ese presupuesto se agota antes de la mitad de año y no se ve lo que se hace. Otro factor que complica la situación de las vías de acceso es el de las pésimas condiciones climatológicas de la región, especialmente este año que con tanto invierno el trabajo realizado a las vías ha sido prácticamente perdido.

Con respecto a las vías secundarias, tanto miembros de la comunidad como administraciones locales se quejan por la inoperancia del Departamento en este tema puesto que desde que asumió la actual administración no se le ha puesto mano a las vías que ya están en tan pésimas condiciones con lo que se ha disparado el índice de accidentalidad en las vías pavimentadas.

Lo anterior influye determinantemente en la situación humanitaria puesto que las vías de acceso son uno de los principales factores que hace improductiva cualquier actividad agrícola y pecuaria en la región. El precario estado de las vías obliga en muchas ocasiones a utilizar transporte fluvial que se caracteriza por sus altos costos y encarece el transporte terrestre pues tanto la inseguridad en las vías como el acabose de los vehículos se carga al usuario y con ello se encarece el costo de transporte de insumos y productos, dejando al campesino inmerso en una difícil situación, muy bien ilustrada por uno de ellos, quién ejemplificó:

“Un racimo de plátano no  lo  están  pagando a más de $7.000 cuando los costos de la producción pasa de los $5.000 y el transporte lo eleva en otro tanto, entonces ¿para qué sembrar plátano si en cada racimo se pierde alrededor de $3.000? En cambio, en el comercio de la hoja de coca ellos se las ingenian para transportarla y uno solamente la entrega y tiene su paga; entonces ¿cómo esperan que los campesinos dejemos de cultivar la coca si no tenemos condiciones propicias para sembrar cultivos de uso lícito? El gobierno, antes de perseguirnos, debe pensar si él ha cumplido su parte primero. [40]

Las autoridades municipales se muestran pesimistas frente al tema de gestión de recursos con el Gobierno Nacional, pues se sienten golpeando una puerta sellada en Planeación Nacional; literalmente manifiestan sentirse huérfanos con respecto al Gobierno Nacional.

3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO SOBRE LAS ENCUESTAS APLICADAS A POBLACIÓN DESPLAZADA EN FLORENCIA Y LOS MUNICIPIOS DE LA VICARÍA DEL SUR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ (Junio 7 al 11 de 2004).

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La información que aparece a continuación ha sido obtenida mediante la aplicación del instrumento elaborado para tal fin y aplicado en la ciudad de Florencia (Caquetá) en Junio de 2004 por 157 agentes de la Pastoral Social de la Diócesis de Florencia, con el apoyo solidario de las 8 jurisdicciones de la Regional Tolima Grande y bajo la asesoría, asistencia técnica y financiera de la Sección de Movilidad Humana del Secretariado Nacional de Pastoral Social.

INFORMACION BASICA SOBRE LA ENCUESTA
Número de Familias desplazadas: 2.930
Número de personas desplazadas: 14.170
Promedio de personas por familia: 4,84
Rango de edad de las personas desplazadas: de 1 mes a 99 años
Etnia: 100% de la población desplazada es mestiza.

3.1 Ruta del desplazamiento

3.1.1 Ubicación actual de las familias desplazadas

En la tabla siguiente es posible observar la ubicación actual de las personas y familias desplazadas que llegaron al Caquetá: (Tabla 1)

Tabla 1

Municipio Receptor en el Departamento del Caquetá

Número de familias desplazadas

Número de personas desplazadas

Florencia

2.525

12.189

Albania

29

135

Belén de los Andaquíes

72

342

Curillo

77

419

Morelia

10

51

San José de Fragua

111

536

Solita

23

125

Valparaíso

83

373

Total

2.930

14.170

Fuente: Sistema de Información RUT. Reporte Municipios Receptores No. 1 – Julio de  2004.

Del análisis de la tabla anterior se desprende que el 89% de las personas se encuentran actualmente ubicadas en la ciudad capital del departamento, lo que agudiza los problemas de servicios públicos en la ciudad al aumentar en más de doce mil personas la población allí ubicada.

Con relación al año en el cual llegaron las familias al Caquetá ha sido posible determinar que a partir del año 2002 el aumento de personas desplazadas ha sido significativo, sobre todo si se considera que para el 2004 la encuesta cubre únicamente los primeros 5 meses del año, según se desprende del análisis de la información siguiente:

Tabla 2

FECHA DE LLEGADA

de las familias y personas desplazadas

Caquetá - Julio de 2004

Año  de llegada al Caquetá

Familias desplazadas

Personas  desplazadas

1997 y antes

121

500

1998

80

414

1999

161

792

2000

282

1.434

2001

319

1.640

2002

635

3.152

2003

698

3.378

2004 [41]

634

2.860

Total

2.930

14.170

Fuente: Sistema de Información RUT. Reporte Municipios Receptores No. 10 - Julio de 2004.

Gráfica 1

Con la información de la tabla anterior se ha planteado un modelo de regresión lineal, el cual permite proyectar el número de personas desplazadas que se puede esperar en los años venideros, si la situación  social, política y económica actual no varía.

Gráfica 2

El modelo planteado es el siguiente:

De la tabla y gráficas anteriores se puede observar que la gran mayoría de familias (97.13%) comenzaron a ubicarse en Florencia a partir del año 1999, cuando se inicia la zona de distensión en San Vicente del Caguán, durante el gobierno del Dr. Andrés Pastrana Arango. Se observa el incremento notorio para el primer semestre del  2004 que  iguala el  número de familias  que  llegó a la capital del Caquetá durante todo el año anterior.

Ahora bien, si se consideran las cifras de manera diferenciada por municipios, se puede ver cómo Florencia ha sido el municipio constante con mayor porcentaje de recepción de población desplazada durante todos los años, con un promedio del 86% con respecto al resto de municipios que conforman la muestra.

En segundo lugar, el municipio que se nota con mayor población desplazada durante todos los años de estudio, es el Municipio de San José del Fragua, con una constante promedio del 3,8% con respecto al resto de municipios.

Sin embargo, es a partir del año 2002, con la terminación del proceso de negociaciones del gobierno con las FARC-EP, cuando se evidencia un incremento sorpresivo en el municipio de Curillo (3,0%), Belén de los Andaquíes (2,4%) y Valparíso (2,6%), lo cual es atribuible a la avanzada paramilitar (referenciada en el aparte del contexto de violencia y conflicto armado en la región), donde se presentaron hechos notorios de muertes selectivas, desapariciones forzadas, masacres y enfrentamientos entre células paramilitares y guerrilla. Gráfica 3.

Gráfica 3

En el primer semestre de 2004 la población desplazada del municipio de Albania supera la población desplazada recibida por el municipio de Curillo y se aproxima sustancialmente a Belén de los Andaquíes; lo cual es un fenómeno que llama la atención en un municipio que en años anteriores no reportaba cifras representativas y ahora pasa al quinto lugar entre los municipios receptores objeto del presente estudio.

Con respecto al deseo de ubicación de las familias asentadas en los municipios en estudio, se nota que éstas prefieren en su mayoría (66.3%) permanecer en el municipio donde se encuentran asentados actualmente, mientras que el 22,9% prefiere reubicarse. Pero esta cifra no significa que la reubicación implique cambio de municipio; más bien tiene relación directa con las condiciones de marginalidad en las que se encuentran actualmente las familias, ya que los grandes asentamientos, especialmente en Florencia y municipios ribereños, se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo. Con base en las entrevistas personales se puede afirmar que el deseo de reubicación, en realidad, tiene que ver con el deseo de un cambio de zona dentro del mismo municipio donde se encuentran asentados actualmente. Tan solo un 3,6% desea retornar a su lugar de origen. Gráficas 4 y 5.

Gráfica 4

Fuente: Sistema de Información RUT. Julio de 2004-

Discriminando esta cifra por municipios, se puede evidenciar que solamente en municipios como Curillo la cifra de deseo de reubicación (213 personas) supera la de permanecer (160 personas); en el resto de municipios la constante es la misma con respecto a Florencia.

Con respecto al deseo de retorno, en los municipios del sur esta posibilidad es prácticamente nula; solamente en Florencia un 2,9% de la población allí asentada quisiera retornar a sus lugares de origen.

Si se tiene en cuenta que para el año 2002 el DANE estimó una población de 436.860 personas en el departamento del Caquetá, se debe considerar que esta situación varía sustancialmente la estructura demográfica del departamento, tal vez agudizando la dinámica reflejada en el aparte de las generalidades de la región.  Resulta entonces de suma importancia para quienes tienen la responsabilidad de planear el desarrollo de la región, que existe una población de 2.930 familias desplazadas que llegaron a los distintos municipios del Caquetá, han incrementado la población en 14.170 personas, lo que trae como consecuencia presión sobre los servicios públicos, la vivienda, la salud, el empleo y la educación, afectando los índices de pobreza y desempleo existentes en Florencia  y demás municipios, sobre todo a partir del año 1999.


Gráfica 5

3.2 Municipio de procedencia de las personas desplazadas y la extensión de tierra abandonada.

Las personas desplazadas  provienen de diversos sitios de la geografía nacional, especialmente Putumayo, Cauca y Huila, de los cuales fueron expulsados antes de llegar al actual municipio receptor; sin embargo se ha podido establecer que el 85.8% de las personas provienen del mismo Caquetá, según se puede observar en la tabla siguiente: Tabla 3

Tabla 3

DEPARTAMENTO EXPULSOR

MUNICIPIOS

Familias desplazadas

Hectáreas abandonadas

Total

%

Total

%

Antioquia

Medellín, Sonsón, Valparaíso

3

0,1%

                       10

0,01%

Bogotá

Bogotá D.C.

2

0,1%

                        3

0,00%

Bolívar

Magangué, San Pablo

2

0,1%

                        5

0,00%

Boyacá

Puerto Boyacá

1

0,0%

                       -  

0,00%

Caldas

Risaralda, Villamaría

2

0,1%

                        2

0,00%

Caquetá

Florencia, Albania, Belén, Cartagena del Cahirá, Curillo, Doncello, Paujil, Montañita, Milán, Morelia, Puerto Rico, San José, San Vicente del Caguán, Solano y Valparaíso.

2.515

85,8%

                82.620

79,50%

Cauca

Popayán, Buenos Aires, Corinto, Piendamó, Puerto Tejada, Rosas, Santander de Quilichao, Timbio

48

1,6%

                  1.054

1,01%

Cundinamarca

Guaduas, Pacho, Puerto Salgar, Soacha.

4

0,1%

                     163

0,16%

Huila

Neiva, Acevedo, Algeciras, Altamira, Baraya, Campoalegre, Garzón, Guadalupe, Hobo, La Plata, Oporapa, Palermo, Pitalito, San Agustín, Timaná.

32

1,1%

                     557

0,54%

Meta

Villavicencio, La Macarena, Lejanías, San Carlos de Guaroa

7

0,2%

                     611

0,59%

Nariño

Policarpo, Tumaco

2

0,1%

                       12

0,01%

Norte de Santander

Cúcuta

1

0,0%

                       -  

0,00%

Quindío

Calarcá

2

0,1%

                       -  

0,00%

Tolima

Ibagué, Anzoátegui, Ataco, Chaparral, Líbano, Ortega, Planadas, Rioblanco, Rovira

13

0,4%

                       53

0,05%

Valle del Cauca

Cali, Buga, El Cerrito, Vijes, Yumbo.

                       5

0,2%

                     207

0,20%

Arauca

TAME

                       1

0,0%

                       10

0,01%

Casanare

Yopal, Villanueva

                       2

0,1%

                       -  

0,00%

Putumayo

Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo, Sibundoy, Villagarzón.

                   284

9,7%

                18.533

17,83%

Amazonas

Puerto Santander

                       1

0,0%

                        1

0,00%

Guaviare

San José del Guaviare

                       3

0,1%

                       88

0,08%

TOTALES

 2.930           

100%

103.929            

100%

Fuente: Sistema de Información RUT. Julio de 2004

De la tabla anterior se desprende que los departamentos que, después del mismo Caquetá, más le aportan población desplazada a los municipios en estudio son Putumayo con el 9,7%, Cauca con el 1,6%, Huila con el 1,1%, Tolima con el 0,4%, Meta y Valle del Cauca con el 0.2% cada uno.

También se puede establecer que los desplazados que se encuentran actualmente ubicados en el Caquetá, dejaron aproximadamente 103.929 hectáreas. Los departamentos donde quedó una mayor cantidad de tierra abandonada fueron: Caquetá (79.5%), Putumayo (17.83%), Meta (0,59%) y  Huila (0.54%).

La mayoría de personas son propietarios pero de pequeños terrenos, lo que los hace ser catalogados como minifundistas, entendiendo por minifundio extensiones de tierra inferiores a las siete hectáreas, que el Instituto Colombiano de  Desarrollo Rural (INCODER) recomienda como unidad de explotación familiar.

Teniendo en cuenta que los departamentos como Caquetá y Putumayo tienen una dinámica de tenencia de tierras muy diferente al resto de departamentos, no es factible hacer promedios; pero sí se puede observar que en el departamento del Putumayo, específicamente en Orito, se encuentran propietarios de grandes extensiones de tierra, 143.50 hectáreas por persona en promedio, dejando abandonadas en promedio  669,67 hectáreas/familia.

La Tierra abandonada por las 14.170 personas desplazadas que se encuentran ubicadas en Florencia y municipios del sur de Caquetá suma aproximadamente 103.929 Hectáreas, de las cuales el 57% son propietarios, 7% arrendatarios, 2% colono, 6% posesión, 3% otro tipo de propiedad, 20% no dejaron ningún terreno, 3% son propietarios colectivos.

Las personas desplazadas lo hicieron en su gran mayoría por amenazas de distintos grupos al margen de la ley, entre los cuales sobresale la guerrilla.

Entre de las familias desplazadas se encuentran algunas que han sufrido más de un desplazamiento. Con base en la información registrada en el Sistema de Información RUT fue posible determinar que 269 familias (9.22%), que ahora se encuentran ubicadas en el Caquetá, debieron abandonar al menos en dos ocasiones otros municipios, bien fuera de origen o que los habían acogido luego de un desplazamiento anterior.

Gráfica 6

3.3 Ruta del desplazamiento de las familias que salen del Caquetá

En sentido contrario y analizando la información consagrada en el Sistema de Información RUT a nivel nacional (2004) se puede observar que hay diversas familias que prefieren ubicarse fuera del departamento, eligiendo como  destino la Capital del país, el Chocó, Huila, Risaralda y  Tolima, según se puede observar en la tabla siguiente donde aparecen los municipios preferidos por las familias que abandonan el departamento.Tabla 4.

Tabla4

DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS RECEPTORES Y EXPULSORES

 DE FAMILIAS EN NUMERO CONSIDERABLE

MARZO DE 2004

Receptores

Expulsores

Departamento

Municipio

Departamento

Municipio

Bogotá

 

Caquetá

Florencia, Cartagena Chairá, Curillo, San Vicente del Caguán.

Caquetá

Florencia

Caquetá

Florencia, San José de Fragua, Valparaíso

Chocó

Quibdó

Caquetá

Florencia, San Vicente del Caguán

Huila

Garzón

Caquetá

Florencia, Puerto Rico

Risaralda

Pereira

Caquetá

Florencia

Tolima

Ibagué

Caquetá

Florencia, El Doncello, El Paujil, Puerto Rico, San Vicente del Caguán, Valparaíso

 Fuente: Sistema de información RUT. Julio de 2004

3.4 Actores causantes del desplazamiento

Las familias desplazadas, que se encuentran actualmente ubicadas en los distintos municipios del Caquetá, identifican una variedad de actores armados como causantes de su desplazamiento, entre los cuales sobresalen: Las autodefensas o paramilitares como causantes del 10% del total de desplazamientos acumulados durante el periodo de estudio; las guerrillas (FARC, ELN, EPL) como causantes del 77% de los desplazamientos acumulados; la fuerza pública como causante del 5% de los desplazamientos acumulados; la delincuencia común del 2% y actor armado desconocido del 6%. Sin embargo, durante el trabajo de campo se presentaron situaciones en las que no fue difícil constatar que, en muchos de los casos reportados como “actor armado desconocido”, la gente declara con temor a represalias de los mismos actores, que rondan todavía por los barrios de asentamiento de los desplazados. Por esta razón un 6% se queda en el entredicho.

También nos parece importante precisar el análisis de esta cifra, teniendo en cuenta algunos aspectos como: los años de desplazamiento, pues los actores han ejercido distintos tipos de acciones que han provocado, en momentos distintos, la salida de población desplazada y en algunas poblaciones con mayor fuerza; los lugares expulsores y acontecimientos generadores de la expulsión.

Gráfica 7

Tal como lo muestra la gráfica 7, aunque la guerrilla es siempre el actor causante del mayor porcentaje de desplazamientos, llama la atención que, mientras la guerrilla desciende en el año 2004 en 594 casos de desplazamientos con respecto al año 2003, la fuerza pública incrementa de 77 a 217 casos entre los mismos años de comparación. También se puede destacar que las autodefensas presentan un fuerte incremento en el periodo 2002 - 2003, lo cual coincide con lo expresado en el capítulo anterior sobre la dinámica cronológica del conflicto en el departamento. En efecto, en los últimos años (2002-2004), el conflicto se ha intensificado y con ello se ha involucrado cada vez más a la población civil como escudo o instrumento de presión sobre el adversario. Por este motivo no es tan fácil argumentar que la salida de la población desplazada se debe solamente a un actor armado, sino que muy posiblemente ésta se debe a la interacción directa o indirecta de dos o más actores armados en conflicto.

Tal como se evidenció en el desplazamiento masivo de las familias del corregimiento de la Unión Peneya en el municipio de La Montañita, en el que la gente, al momento de suministrar la información, manifiesta abiertamente: “La orden había sido dada por anticipado de parte de la guerrilla, pero a la llegada del Ejército, no pudimos quedarnos a esperar que se prendiera la guerra total como pensábamos que sería”.

Igualmente sucede con la salida masiva de familias de Peñas Coloradas en el medio Caguán, como producto de los bombardeos y los enfrentamientos entre el ejército y las FARC, por lo que se puede deducir que el motivo de la salida no se puede desligar de los actores generadores del desplazamiento.

Otro aspecto de especial relevancia al momento de analizar la delicada cifra de los actores causantes del desplazamiento es la presión que cada actor ha hecho sobre los municipios en estudio:

Gráfica 8

A partir de la gráfica 8, se puede constatar que en Belén, Curillo y San José el actor armado con principal influencia es la guerrilla, mientras que en Valparaíso el actor de mayor influencia son los paramilitares o autodefensas. Causa curiosidad evidenciar cómo en Florencia es donde se presentan la mayor parte de casos que reportan como actor causante del desplazamiento a un actor desconocido. Algo que sí se reconoce en el contexto de la ciudad es que la población desplazada manifiesta con frecuencia seguir recibiendo presiones de los actores armados aún en su actual lugar de ubicación. Se conoce incluso de casos en los cuales, durante el desarrollo de la jornada solidaria, actores armados hicieron presencia para sabotear la recolección de información, acosando a los desplazados para que declararan al actor “contrario” como causante del desplazamiento. Esta información se recogió durante las evaluaciones diarias de la jornada con el equipo coordinador; razón por la que este dato ha representado para este estudio una gran preocupación y por ello mismo hemos sentido la exigencia de ir más allá de las cifras aparentes para no seguir el juego malintencionado de los actores en conflicto.

3.5 Motivo del desplazamiento

Ahora bien, con respecto al motivo del desplazamiento, las personas desplazadas lo hicieron en su gran mayoría por amenazas (59%) de los distintos actores armados, seguido por el miedo (9%), asesinato (7%), combates (7%), amenaza de reclutamiento tanto de adultos como de menores de edad (4%), violencia (3%), por tener familiar en grupo armado (2%), reclutamiento de adultos y de menores (2% cada uno).

Al relacionar los móviles utilizados por los grupos armados causantes de los hechos violentos, se observa que todos utilizan la amenaza como el móvil para amedrentar a la población civil; sin embargo los grupos guerrilleros, causantes de la mayoría de desplazamientos, son los que más utilizan la amenaza de reclutamiento,  como mecanismo para forzar el desplazamiento, así como los asesinatos y los hechos violentos generados por los combates con el ejercito.

Por otra parte, se pudo determinar que el 50% de las personas desplazadas llegaron a Florencia por amenazas que incluyeron las relacionadas con el reclutamiento de personas. Quienes llegaron provenientes de Valparaíso y Cartagena del Chairá señalaron que las causas de su desplazamiento se originaron en los combates registrados.

Gráfica 9

En cuanto a las fechas, en las cuales se produjo el desplazamiento hacia Florencia, se puede señalar como fechas de especial relevancia: Enero de 1999,  cuando llegan a Florencia 48 personas acosadas por las acciones de las FARC; el 13 de Agosto de 2002, cuando llegaron 125 personas; el 17 de Marzo de 2004, cuando llegan 51 personas, todas ellas debido a acciones de este grupo guerrillero.

Las personas desplazadas provenientes de municipios del mismo Caquetá lo han hecho básicamente a partir del año 2003 como en el caso de San José de Fragua, Valparaíso y Curillo. En abril del 2004 han llegado a Florencia desde Cartagena del Chairá el 20% de las familias provenientes de este Municipio.

Tal como se expresó en el aparte de fechas de llegada de la población desplazada, dependiendo del año y acontecimiento, los actores armados han ido cambiando la dinámica de la confrontación por lo que la dinámica misma del desplazamiento ha ido variando y con ello los motivos y los actores que lo generan. A continuación se van a presentar algunos apartes de testimonios que apoyan estos argumentos y que encuentran estrecha relación con los acontecimientos y dinámica del conflicto del momento.

Por ejemplo, durante los últimos cinco años de la década de los 90, el principal actor causante de desplazamiento fue la guerrilla por el dominio que tenía sobre la región; pero aún así, se pueden diferenciar los motivos de expulsión:

  • El periodo 1998-2001, que correspondió a la zona de distensión, los desplazamientos desde dicha zona tienen que ver especialmente con juicios aplicados a personas o familias por denuncias de la comunidad, ajusticiamientos e incumplimiento de cuotas o trabajos comunitarios obligados por la guerrilla. Mientras que en los municipios aledaños a la zona de distensión, las expulsiones tienen más relación con los combates y tomas guerrilleras a poblaciones.

“El 4 de junio de 2001 entró la guerrilla a Belén de los Andaquíes y acabó con todo, nos saquearon, las paredes donde teníamos la droguería fueron derribadas con los cilindros y por ahí mismo donde estaba la droguería entraron unos 400 o 500 guerrilleros, quemaron, saquearon,  ya último nosotros recibiendo plomo las 24 horas día y noche encerrados en un baño con nuestra hija, mi esposa y yo, salimos como pudimos cuando ya regresamos a los dos días no había ya nada que hacer”. [42]

  • En el año 2002, después de terminada la zona de distensión, el ingreso del Ejército para recuperar la zona generó salida de personas por temor a los enfrentamientos, por haberse involucrado con los actores armados en conflicto, por ser estigmatizados. También las AUC, en su avanzada por los corredores estratégicos de la guerrilla, fueron sembrando a su paso terror y muerte, que ocasionaron diversos desplazamientos en las zonas estratégicas y aledañas a la ex zona de distensión. Esto ocasionó también una polarización tal de los actores armados que empezaron a obligar a la población a tomar partido o aportar hijos para la guerra, con lo que se generó una salida importante de población desplazada.

“Vivíamos en un caserío del Putumayo.  Vivimos ahí 8 años y nos fuimos a una vereda en el Caquetá en el año 2002, compramos un finquita de 5 millones, llegamos a trabajar ahí y duramos un mes porque ahí mismo llegan a averiguar quienes son, de dónde vienen, ella tenía un hijo de 19 años, y ellos comenzaron a tratar con él, a averiguar cosas y le dijeron si quería ir con el grupo de ellos y él les dijo que no, que no nos iba a dejar solos. El 15 de abril de este año  llegaron y le dijeron a él que qué había pensado, y él les dijo que no, que no se iba con ellos, ellos dijeron ni para nosotros ni para ninguno y le pegaron dos tiros; él cayó, ella empezó a gritar y a cogerlo y no la dejaron, nos dijeron tienen 30 minutos para que desocupen, no dan tiempo de empacar nada, ella cogió los niños y salimos para Solano, nos dijeron que había una señora que nos podía colaborar y desde el 15 de abril hasta el 3 de mayo nos dio la comida y dormida. [43]

  • En el año 2003 las fumigaciones en el bajo y medio Caguán también fueron motivo de expulsión de un buen número de familias. También durante el 2004 se implementaron por parte de los actores en conflicto controles de salida y entrada de personas a las zonas en disputa. Se efectuaron también  censos, que ocasionaron la salida de familias enteras por el hecho de tener uno o más familiares en las filas de los actores contrarios.

“Hace aproximadamente cuatro años mi esposo falleció. Quedé sola con mis niños pero de lo que nos daba la finca de eso subsistíamos y contraté un muchacho, un trabajador y en el poco tiempo que él nos trabajó no puedo decir que el muchacho tuviera malas costumbres. El muchacho nunca me demostró ser una mala persona, al contrario me colaboró demasiado y se portó como si fuera parte de la familia. Llevaba trabajando un año y medio con nosotros cuando apareció un hermano y según las malas lenguas, a mi no me consta, el muchacho andaba en malos pasos y fue a la casa y preguntó por el trabajador; nosotros le dijimos que no estaba y el muchacho se fue. Después a los 3 días llegaron 3 hombres armados y le dijeron al muchacho que trabajaba con nosotros que tenía que acompañarlos. Nosotros preguntamos ¿qué pasaba? que él no hacía nada malo y dijeron que no, que lo iban a llevar para una investigación; que él tenía que declarar dónde estaba el hermano. Pero, mentiras! Lo llevaron y lo mataron.  A los dos días llegaron a la casa de nosotros y nos dijeron que si no nos íbamos nos mataban, que se nos iban a llevar a los dos niños. Afortunadamente esa noche los niños no se habían quedado en la casa porque estaban donde un vecino que le estaban ayudando”. [44]

  • En el primer semestre del año 2004 el desplazamiento recrudeció  año por la presión del ejército en desarrollo del Plan Patriota, en las zonas de dominio histórico de las FARC y donde tienen concentración de fuentes de financiación, superando las cifras de años anteriores en el primer semestre del año. Para responder a estas medidas del gobierno la guerrilla ha ordenado a la población desalojar masivamente los centros poblados en caso de la llegada del Ejército; posiblemente como una estrategia para generar presión sobre el gobierno. Por lo tanto, una vez llegado el Ejército a las cabeceras municipales, la gente no esperó nueva orden sino que empezaron a salir.

“Vengo de La Unión Peneya, del caserío. Salí el 5 de enero de este año. Por la noche del 4 de enero, estábamos en Misa cuando la gente oyó los helicópteros que venían, pero no cayeron a la Unión sino que pasaron y la gente muy asustada salió corriendo de una vez. Los que quedamos ahí pues no nos animamos a salir corriendo: decidimos terminar la Santa Misa. Cuando salimos de Misa, la gente corría unos pa’ rriba otros pa’ bajo, era horrible porque todos corriendo a esas horas: eran más o menos las 8 de la noche. Nos fuimos pa’ la casa y nos encontramos con los vecinos que también estaban indecisos si salían o no. Finalmente nos quedamos, pero al día siguiente nos tocó salir de todas formas. Como esa había sido orden más antes, nos habían hecho una reunión masiva a toda la comunidad para informarnos que cuando vieran helicópteros y entrara el ejército teníamos que salir corriendo y no esperar. Entonces con una razón de esas ¡qué íbamos a esperar! En total, salimos como unas 300 familias. Allá no quedó sino una señora que salió por el periódico, otra señora y un viejito que no tienen a dónde salir y están ya muy enfermos, entonces dicen que ellos no se salen de allá. Dicen que lo único que tienen es la casita y que a la edad que tienen ya no están en disposición de irse a arrimar a otra parte donde nadie los conoce”. [45]

Como se puede notar, no se puede afirmar que un solo actor armado es el responsable del desplazamiento, pues en la mayoría de los casos es el intercambio de ataques entre dos actores o la presión de uno sobre otro, de tal forma que han terminado no solo dejando en medio a la población civil sino involucrándola de manera forzada a tomar partido o salir huyendo de la región.

3.6 Atención a las familias desplazadas

Con relación al tipo de ayuda recibida por las familias y personas desplazadas que se encuentran ubicadas en el Caquetá, se puede observar que ésta se relaciona básicamente con las necesidades básicas.

La siguiente gráfica refleja el número de personas y familias que han recibido el tipo de ayuda determinada al menos una vez desde ocurrido su desplazamiento, destacándose que el 75.6% de las familias ha recibido al menos una vez alimentos desde que se encuentran desplazadas, mientras que la menor ayuda recibida por las familias está representada en transporte, asesoría jurídica, camas y apoyo psicosocial.

Al plantear como hipótesis que el tipo de ayuda recibida por las familias es diferente, se procedió a  aplicar  una prueba Chi-cuadrado, concluyendo que existe diferencia significativa en cuanto al tipo de ayuda recibida por las familias desplazadas ubicadas en el Caquetá.

Aunque es apenas lógico que si el 89% de la población del departamento se encuentra asentada en Florencia, la mayor parte de ayudas se concentren en esta ciudad; sin embargo la gráfica permite notar que hay municipios donde la presencia de ayudas ha sido mínima, aún cuando el número de población desplazada sea relativamente alto. Por ejemplo: San José del Fragua y Valparaíso son dos municipios receptores de importancia y no es coherente el tipo de ayudas recibidas con cantidad de población recibida.

Una vez ubicadas en Florencia y los demás municipios del Caquetá, las personas desplazadas han recibido ayuda material, representada básicamente en alimentos, vestuario, utensilios de cocina, elementos de aseo, colchonetas y el alojamiento improvisado. Sin embargo, ésta solo la han tenido parcialmente y al inicio de su nueva ubicación, encontrándose todavía la gran mayoría de personas en situación crítica en cuanto a alimentos se refiere e inclusive pasando hambre.

Adicional a la ayuda recibida se pudo determinar que algunas personas desplazadas en el Caquetá recibieron otro tipo de elementos como son materiales de construcción, sábanas y toallas. Se destaca el hecho que 7 personas se vieron beneficiadas por vivienda a través de INURBE.

Entre las necesidades más sentidas de las personas desplazadas se destaca la relativa al trabajo, seguida de la necesidad de alimentación, alojamiento, educación, medicamentos y vestuario.

Otras de las necesidades manifestadas por las personas desplazadas se relacionas con los requerimiento de vivienda, incluyendo lotes para su construcción y, en varios casos, el arreglo de la actual.

Para el caso específico de los niños y jóvenes las personas desplazadas requieren uniformes y útiles escolares.

Al relacionar las necesidades de los desplazados frente a la ayuda recibida se puede observar que las ayudas han estado centradas alrededor de alimentos, colchonetas y atención en salud. Sin embargo se pudo determinar que las necesidades más grandes están en lo relativo al trabajo, la educación, la consecución de documentos y lo relativo al alojamiento (vivienda), dinero, vestuario y apoyo psicosocial. Gráfica 10.

Gráfica 10

Fuente: Sistema de Información RUT. Julio de 2004-

Al analizar las necesidades de las familias por municipio receptor se observa lo siguiente: Gráfica 11


Gráfica 11

Fuente: Sistema de Información RUT. Julio de 2004.

(Al plantear como hipótesis la existencia de independencia entre el tipo de necesidad y el municipio receptor se concluye que  no existe relación entre las necesidades y el municipio. Sin embargo existe diferencia entre el tipo de necesidades. Chi cuadrado: P<0.0001).

Las entidades que más han colaborado con las personas desplazadas en Florencia son en su orden el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Iglesia, la Cruz Roja Colombiana, familiares, las Secretarías de Salud  y de Educación. Gráfica 12

Gráfica 12

Fuente: Sistema de Información RUT. Julio de 2004.

Entre otras entidades que han brindado ayuda a las personas desplazadas, diferentes a las religiosas y que han sido identificadas como benefactoras están: Agua Viva, Diakonia, Picachos, entre otras. De manera similar las personas desplazadas señalan que han recibido ayuda, en una menor proporción, de la Alcaldía, la Gobernación, los Hospitales regionales, SENA, SISBEN, INURBE, el Banco Agrario y la Defensoría del Pueblo.

Con respecto a las entidades que han hecho presencia en los municipios, además de las obvias razones por las que en su gran mayoría se concentran en la ciudad de Florencia, se puede observar que en Municipios como Valparaíso y Curillo, sobresale el CICR; en Valparaíso también se nota el apoyo de la Cruz Roja Colombiana; sin embargo llama mucho la atención que aquellas instituciones, que por Ley tienen a cargo la atención a la población desplazada por hacer parte del Sistema de Atención Integral a dicha población, no son mínimamente representativos en las ayudas.

Con lo anterior no se quieren desconocer los esfuerzos que cada institución hace para cubrir, desde sus programas y presupuestos, las obligaciones que la ley les otorga, pues reconocemos ante todo que la situación es igualmente desbordante para todos. Sin embargo, vale la pena resaltar que tan poco impacto demanda mayor compromiso estatal para remediar, o por lo menos mitigarla, una situación de la que también es responsable. Por lo tanto es importante que el Estado asuma mayor conciencia y responsabilidad de sus actos, designe los recursos suficientes para que su presencia y recuperación de “soberanía” vaya mucho más allá de la exclusiva presencia militar.

3.7 Distribución de la población por rango de edad y género

De las 14.170 personas desplazadas, que fueron censadas y que se encuentran radicadas en el Caquetá, se observa que el 2.73% corresponde a bebés de menos de un año de edad.

La mayor población desplazada que se concentra entre 1 y 15 años, con un 48.36% del total, razón por la cual muchas políticas gubernamentales deben dirigirse hacia el segmento de la población que cobija niños y jóvenes.

La población correspondiente a la tercera edad (mayores de 60 años) representa el  4.08 % del total.

Por su parte la población económicamente activa (PEA) corresponde a los hombres y mujeres con edades entre los 12 y 65 años de edad. Dentro de la población desplazada que se encuentra ubicada en Florencia (Caquetá)  este rango de edad cobija a 8.195 personas, de las cuales 4.370 son mujeres y 3.825 hombres, lo que corresponde al   30.84%, del total de la población.

Con relación al género se observa una relativa homogeneidad en su distribución aunque se resalta un mayor  número de mujeres  entre los 16  y los 55 años de edad. Lo anterior se puede observar en la siguiente tabla y la respectiva gráfica, donde se resumen la distribución de la población por rango de edad y género registrado por la población desplazada que se encuentra radicada en Florencia (Caquetá).

Tabla 5

distribución de la población desplazada

POR RANGO DE EDAD Y GENERO

Florencia y sur del Caquetá - julio de 2004

Rango de edad

Femenino

Masculino

Total

Porcentaje

< de un año

186

201

387

2,73

1 a 5 años

1.100

1.202

2.302

16,25

6 a 10 años

1.232

1.275

2.507

17,69

11 a 15 años

952

1.091

2.043

14,42

16 a 20 años

734

654

1.388

9,80

21 a 25 años

572

439

1.011

7,13

26 a 30 años

507

337

844

5,96

31 a 35 años

494

348

842

5,94

36 a 40 años

406

326

732

5,17

41 a 45 años

283

272

555

3,92

46 a 50 años

247

196

443

3,13

51 a 55 años

175

144

319

2,25

56 a 60 años

100

120

220

1,55

61 a 65 años

101

113

214

1,51

66 a 70 años

78

81

159

1,12

71 a 75 años

31

62

93

0,66

76 a 80 años

28

45

73

0,52

Más de 80 años

20

18

38

0,27

Total

7.246

6.924

14.170

100,00

Fuente: Sistema de Información RUT. Julio de 2004.

Al plantear como hipótesis la existencia de diferencia entre el rango de edad por género a través de una prueba X2 se concluye que no existe diferencia significativa, p>0.05)

Gráfica 13

Fuente: Sistema de Información RUT. Julio de 2004.

3.8 Relaciones Familiares

El 14% de las mujeres que se encuentran desplazadas en Florencia (Caquetá) se desempeñan como mujeres cabeza de hogar, pero del total de las 2.930 familias desplazadas, el 34.37% cuenta con una mujer como cabeza de hogar.

De las 1.007 mujeres que se desempeñan como mujeres cabeza de familia se observa que el 68% corresponde a mujeres solas, esto es mujeres viudas, separadas o solteras. Dentro de esta categoría vale la pena resaltar que se ha registrado una niña con diez (10) años y otra con doce (12) años como cabezas de familia. Adicionalmente se destaca el hecho que se reportan viudas desde los 16 años. Al mismo tiempo se destaca el hecho que existen dos niñas de 13 años y 4 niños de 14, que figuran como cónyuges.

En el caso de Florencia fue posible determinar que el 9% de los niños y jóvenes con edades inferiores a los 20 años, viven con sus abuelos, mientras que el 4% vive con otros parientes.

La tabla 6 resume la relación que se presenta entre las distintas personas desplazadas.

Tabla 6

Tipo de relación

Femenino

Masculino

Total

Jefe de Hogar

1.007

1.923

2.930

Cónyuge o compañero (a)

1.686

188

1.874

Hijo (a)

3.747

3.997

7.744

Yerno / Nuera

39

18

57

Nieto (a)

361

428

789

Padres o suegros

134

54

188

Hermanos (as)

37

49

86

Otros parientes

157

177

334

Otros no parientes

78

90

168

Total

7.246

6.924

14.170

Fuente: Sistema de Información RUT. Julio de 2004

3.9 Aspectos laborales

Al analizar la ocupación de la población en general es posible determinar que la gran mayoría de hombres se ocupaban de las actividades del campo (51.46%), mientras que la mayoría de mujeres trabajaban en el hogar (28.33%) o en el sector rural (5.84%), oficios varios (7.25%) u otros oficios (6.06%).

Luego del desplazamiento la actividad laboral de las personas se vio afectada y solamente el 10% de los hombres que se dedicaban a la actividad agropecuaria permanecen en ella, algunos se dedican a oficios varios, pero la gran mayoría se encuentra desempleada; el desempleo de los hombres se duplicó.

La situación descrita se puede apreciar en la tabla 7 y gráfica 14:

Tabla 7

Tipo de Ocupación

 Antes del desplazamiento

 Después del desplazamiento

 Variación

 Femenino

 Masculino

Total

 Femenino

 Masculino

 Total

 %

Desempleado

            743  

            779  

    1.522  

         1.549  

         1.853  

    3.402  

223,52%

Agricultor

            387  

         1.844  

    2.231  

              16   

            224  

       240  

10,76%

Comerciante

              56  

              77  

       133  

              31  

              38  

         69  

51,88%

Docente

              44  

              14  

         58  

              31  

              10  

         41  

70,69%

Empleado / Obrero

              47  

            107  

       154  

              54  

            140  

       194  

125,97%

Empleado Doméstico

            201  

              19  

       220  

            262  

              18  

       280  

127,27%

Funcionario Público

              13  

              10  

         23  

                8  

              10  

         18  

78,26%

Ganadero

                3  

              28  

         31  

                4  

                6  

         10  

32,26%

Minero

                2  

                2  

           4  

              12  

                8  

         20  

500,00%

Oficios Varios

            473  

            286  

       759  

            468  

            729  

    1.197  

157,71%

Pescador

                4  

              15  

         19  

              -    

                4  

           4  

21,05%

Profesional

                2  

                3  

           5  

                1  

              12  

         13  

260,00%

Servicios técnicos

                7  

              31  

         38  

                6  

              43  

         49  

128,95%

Trabajo en el hogar

         1.895  

              72  

    1.967  

         1.457  

              37  

    1.494  

75,95%

Vendedor ambulante

              48  

              36  

         84  

              42  

            144  

       186  

221,43%

Otros

            316  

            359  

       675  

            295  

            402  

       697  

103,26%

NS/NR

                6  

                4  

         10  

              11  

                8  

         19  

190,00%

TOTALES

         4.247  

         3.686  

    7.933  

         4.247  

         3.686  

    7.933  

100,00%

    Fuente: Sistema de Información RUT. Julio de 2004.

(Al plantear como hipótesis que existe diferencia entre el empleo antes y después del desplazamiento tanto para hombres como para mujeres se obtiene que no existe diferencia significativa. Sin embargo al analizar solo el caso del empleo relacionado con agricultura y trabajo en el hogar por género, se observa una diferencia significativa  Chi cuadrado: 792.13 p<0.0001)

Gráfica 14

En cuanto a la población económicamente activa, considerada entre los 12 y los 65 años de edad, se puede observar que el 60.55% de las mujeres y el 55.53% de los hombres están dentro de  este rango de edad.

En el caso de los hombres se observa un drástica disminución en el empleo relacionado con el sector agropecuario y un aumento significativo en el desempleo y en las ventas ambulantes, lo cual se puede observar en la gráfica siguiente.

La situación en el caso de las mujeres permite concluir que ellas debieron abandonar sus labores en el hogar y en el campo para dedicarse a oficios varios y en la actualidad el desempleo ha aumentado.

Lo anterior se puede observar en la gráfica siguiente:

De la población económicamente activa se puede observar el incremento en el desempleo, así como la disminución en las actividades relacionadas con el sector agropecuario y el trabajo en el hogar, de lo cual se puede concluir que las mujeres debieron salir a trabajar en oficios varios, otros servicios y como vendedoras ambulantes.

La situación laboral de las personas que hoy en día se encuentran radicadas en Florencia como desplazadas permite evidenciar un deterioro de la calidad de vida de las personas, por cuanto existe un gran incremento en el desempleo tanto en hombres como en mujeres en edad productiva. La actividad económica está reducida prácticamente a actividades relacionadas con la economía informal.

Aunque la mayoría de familias que se encuentran desplazadas en Florencia  (Caquetá) no se encuentran organizadas de ninguna forma, se observa que el 22% pertenece a organizaciones comunitarias, el 9.42% a comunidades campesinas; las organizaciones de mujeres responde al 0.61% del total.

Lo anterior se puede observar en la siguiente tabla:


Tabla 7

TIPO DE ORGANIZACIÓN

TOTAL FAMILIAS

Ninguna

32

Campesinas

276

Comunidades

646

Sindicales

9

De mujeres

18

Otras

123

NS/NR

1.826

Total

2.930

Fuente: Sistema de Información RUT. Julio de 2004.

3.10 Aspectos de Salud

3.10.1 Discapacidades

Con relación a las principales discapacidades de la población desplazada en Florencia (Caquetá) se puede concluir que entre las personas desplazadas el 5.89% de las mujeres y niñas presentan algún tipo de discapacidad especialmente relacionadas con ceguera, sordera, parálisis de los miembros inferiores  y algún tipo de  retraso mental. Entre la población masculina se observa que el 7.25% sufre algún tipo de discapacidad. Se destaca el número de personas que manifiestan otro tipo de discapacidad que no se logró identificar.

La siguiente tabla resume el número de personas que reportan algún tipo de discapacidad dentro de la población desplazada. Del total de la población el 6.89% presenta algún tipo de discapacidad, destacándose la ceguera, tanto de hombres como mujeres y el retraso mental.

Tabla 8

DISCAPACIDAD

Fem.

Mas.

Ceguera

103

108

Sordera

37

34

Mudez

10

12

Retraso

52

46

Parálisis Superior

13

47

Parálisis Inferior

33

44

Otra

179

211

Total con discapacidad

475

502

Ninguna

6.794

6.394

NS/NR

25

28

Total

7.246

6.924

 Fuente: Sistema de Información RUT. Florencia. Julio de 2004.

En cuanto a los adultos mayores, con edades superiores a los 65 años, se observa que el 28.66% de las mujeres y el 33.50% de los hombres presentan algún tipo de discapacidad;  la mayor patología se relaciona con la ceguera, según se desprende de la siguiente tabla:

Tabla 9

ADULTOS MAYORES DE 65 AÑOS

CON DISCAPACIDAD

Población desplazada

Florencia y sur de Caquetá - Julio 2004

Discapacidad

Fem.

Mas.

Ceguera

16

23

Sordera

6

11

Mudez

1

0

Retraso

2

1

Parálisis Superior

2

7

Parálisis Inferior

5

5

Otra

13

22

Total con discapacidad

45

69

Población con más de 65 años

157

206

Fuente: Sistema de Información RUT. Florencia. Julio de 2004.

Al plantear como hipótesis la existencia de relaciones entre el género y la discapacidad no se obtuvo diferencia significativa.

3.10.2 Morbilidad

Con relación a las enfermedades que reportan las personas desplazadas en Florencia (Caquetá) se pudo concluir que las patologías más prevalecientes son las relacionadas con el dolor generalizado, las enfermedades respiratorias  y digestivas. Se destacan las enfermedades relacionadas con problemas psicológicos, derivados, en gran parte, de la tensión a la cual han debido estar expuestas estas personas como resultado de los hechos que desencadenaron el desplazamiento de manera forzada.

Lo anterior se puede observar en la tabla siguiente donde se destacan las enfermedades relacionadas con los adultos con edades superiores a los 65 años de edad:


Tabla 11

MORBILIDAD

Adultos mayores de 65 años

Población Total desplazada

Femenino

Masculino

Total

Femenino

Masculino

Total

Respiratoria

9

15

24

380

381

761

Digestiva

6

3

9

243

229

472

Dermatológica

3

8

11

145

133

278

Dolor general

33

34

67

660

431

1.091

Cardiovasculares

11

18

29

170

104

274

Psicosomáticas

4

9

13

228

171

399

Ninguna

71

94

165

5.028

5.040

10.068

Otras

20

25

45

449

434

883

NS/NR

0

0

0

6

1

7

Total

157

206

363

7.246

6.924

14.170

Fuente: Sistema de Información RUT. Florencia. Julio de 2004.

No se pudo evidenciar diferencia significativa entre el género y las discapacidades y la morbilidad presentada p>0.05

Del análisis realizado en el mes de Julio de 2004 fue posible determinar que había 249 mujeres embarazadas, figurando entre ellas una niña de doce (12) años. El resto de mujeres embarazadas presenta edades superiores a los 15 años.

3.11 Escolaridad

Del total de la población desplazada fue posible determinar que el 53.39% alcanzó algún nivel de primaria, mientras que solo el 15.22% alcanzó algún nivel de la secundaria; lo anterior se puede observar en la tabla siguiente.

Con relación a la educación superior se observa que solo el 0.3% ha alcanzado algún grado en este nivel de educación, destacándose un mayor número de mujeres (63.2%) frente a los hombres (36.8%).

Tabla 12

ESCOLARIDAD

Fem.

Mas.

Total

Hogar infantil

11

11

22

Transición

109

118

227

Primaria

3.902

3.663

7.565

Secundaria

1.183

974

2.157

Universitaria

24

14

38

Otros

23

16

39

Ninguna

1.725

1.872

3.597

NS/NR

269

256

525

Total general

7.246

6.924

14.170

Se planteó como hipótesis que existe una diferencia entre el género y el nivel de formación alcanzado. Para probar se aplicó una prueba de Chi cuadrado, a través de la cual se observó que sí existe una relación entre el género y el grado de escolaridad.

3.11.1 Tasa de analfabetismo

 Con relación a la información del Sistema de Información RUT fue posible determinar que 1.057 personas mayores de 15 años no han tenido acceso a ningún nivel educativo, lo que significa que la tasa de analfabetismo bruta entre la población desplazada que se encuentra ubicada en el Caquetá es del 14.60%,  muy superior al 9 % en el que se ha estimado la tasa de analfabetismo en el departamento. (Ver numeral 1.1 de este documento).

 En cuanto a la tasa de analfabetismo bruta por género se pudo determinar que la tasa para mujeres mayores de 15 años es de 15.76%, mientras que para los hombres en el mismo rango de edad es de 13.53%.

3.12 Población infantil desplazada en Florencia y Municipios del Sur de Caquetá

Tabla 13

POBLACION DESPLAZADA

MENOR DE 18 AÑOS

QUE ASISTIA A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

Florencia y sur de Caquetá

EDAD (Años)

Fem.

Mas.

TOTAL

< de 1

3

2

5

1

1

6

7

2

11

5

16

3

13

14

27

4

21

17

38

5

27

34

61

< 6 años

76

78

154

6

55

55

110

7

92

89

181

8

127

126

253

9

133

135

268

10

179

148

327

11

147

136

283

12

126

171

297

13

148

173

321

14

128

146

274

15

120

102

222

16

81

99

180

17

77

100

177

18

58

58

116

De 6 a 18

1.471

1.538

3.009

Total

1.547

1.616

3.163

Fuente: Sistema de información RUT- Florencia- Julio de 2004

 La población infantil y juvenil con edades inferiores a los 18 años constituye el 55.69% del total de la población desplazada. De este grupo de población el 47.88% son mujeres. La población infantil con menos de seis años alcanza las 2.689 personas.

Tabla 14

POBLACION DESPLAZADA

MENOR DE EDAD POR GENERO

EDAD  (Años)

Fem.

Mas.

Total

< de 1

186

201

387

1

182

210

392

2

216

203

419

3

233

237

470

4

253

294

547

5

216

258

474

6

201

251

452

7

266

250

516

8

269

269

538

9

239

269

508

10

257

236

493

11

201

215

416

12

183

254

437

13

200

242

442

14

182

223

405

15

186

157

343

16

153

172

325

17

155

172

327

TOTAL

3.778

4.113

7.891

         Fuente: Sistema de Información RUT. Julio de 2004.

3.12.1 Servicios educativos:

Del total de la población con edad inferior a los 18 años, se pudo concluir que solamente el 40% en esta edad asistía a los servicios educativos. Excluyendo los 2.689 niños y niñas de menos de seis años, quedaría una población de 5.202 personas entre los 6 y 18 años de edad en posibilidad de estudiar. De este número de niños, niñas y jóvenes, el 42%, equivalente a 2.193 personas, ha sido excluidos del sistema educativo o nunca han pertenecido a él.

La situación de escolaridad luego del desplazamiento permite observar una leve mejoría en cuanto a la cobertura de servicios educativos, ya que 124 niños que antes no estudiaban ahora lo hacen. Esto equivale a un incremento del 4.12% entre  niños y jóvenes con edades entre los 6 y 18 años.

Tabla 15

POBLACION DESPLAZADA

QUE ASISTE A SERVICIOS EDUCATIVOS

Florencia y sur de Caquetá - Julio de 2004

EDAD (Años)

Fem.

Mas.

TOTAL

< 1

2

1

3

1

4

2

6

2

7

6

13

3

25

21

46

4

42

45

87

5

83

85

168

Total <  6 años

163

160

323

6

114

111

225

7

165

143

308

8

181

170

351

9

180

171

351

10

195

168

363

11

165

143

308

12

131

176

307

13

135

156

291

14

102

120

222

15

70

66

136

16

58

68

126

17

39

53

92

18

27

26

53

Total entre
 6 y 18 años

1.562

1.571

3.133

Total entre

0 y 18 años

1.725

1.731

3.456

En el aspecto educativo, se observa un mejor indicador, aunque no satisfactorio, en lo que respecta a la cobertura en educación para quienes se encuentran radicadas en Florencia luego del desplazamiento.

3.12.2 Salud:

En lo relativo a aspectos de salud se observa la presencia de niños con discapacidades en edades inferiores a los 10 años, se destaca la presencia de niños con retraso mental. La población con menos de 10 años que presenta algún tipo de discapacidad alcanza el 4.64% del total de la población en este rango de edad. Las incapacidades reportadas se relacionan a continuación:

Tabla 16

POBLACION INFANTIL DESPLAZADA

CON ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD

Florencia y sur de Caquetá – Julio 2004

Discapacidades

Fem.

Mas.

Total

Ceguera

3

4

7

Sordera

3

1

4

Mudez

1

4

5

Retraso

20

20

40

Parálisis Superior

 0

0

0

Parálisis Inferior

4

0

4

Otra

0

0

0

< de 10 años con discapacidad

31

29

60

 FUENTE: Sistema de Información RUT – Florencia – Julio de 2004

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En el caso de los niños y niñas de menos de 10 años, las principales enfermedades se relacionan con problemas digestivos y respiratorios, según se desprende del análisis de la tabla siguiente: Tabla 17

Tabla 17

MORBILIDAD

Niños menores de 10 años

   
 

Fem.

Mas.

Total

Respiratoria

188

192

380

Digestiva

97

100

197

Dermatológica

64

70

134

Dolor general

94

80

174

Cardiovasculares

4

12

16

Psicosomáticas

34

42

76

Ninguna

1.921

2.074

3.995

Otras

113

108

221

NS/NR

3

 

3

Total

2.518

2.678

5.196

En términos generales se puede afirmar que, en el momento de la aplicación de la encuesta, la situación de salud de la población infantil desplazada y ubicada en Florencia y los municipios del sur del Departamento del Caquetá, no refleja elevadas cifras de enfermedades y discapacidad. Sin embargo, el problema radica en aquellas dificultades que tienen los padres de familias para dar el alimento adecuado a los menores; esto tiene que ver con el alto porcentaje de desnutrición que ha sido reportado por el Instituto Departamental de Salud. También se encuentra la gran dificultad que por motivos presupuestales, las instituciones prestadoras del servicio de salud para los desplazados no están atendiendo más que las urgencias, puesto que el gobierno les adeuda grandes cantidades de dinero, que no les ha sido girado. Esto ha llevado a que la prestación del servicio esté tan en pésimas condiciones, que un desplazado prefiere irse a pedir la consulta en la Cruz Roja y luego con la fórmula sigue de casa en casa o va a la Pastoral Social para que le colaboren con los medicamentos, pues argumenta que es tiempo perdido ir a que le den la fórmula y luego no le cubren ni con exámenes ni con medicamentos de cierta clase. Por esto,  en repetidas ocasiones, se encuentran personas curándose con calmantes para problemas de salud mucho más serios.

3.12.3 Trabajo infantil:

Uno de los principales aspectos a resaltar se relaciona con el trabajo infantil, el cual se presenta en niños desde los 10 años de edad. Se observa que antes del desplazamiento se encontraban 3 niñas y 5 niños en labores agropecuarias; 3 niñas y 4 niños en trabajos relacionados con el comercio; 2 niñas desempeñaban labores como empleadas domésticas; 4 niñas y 6 niños trabajaban en el hogar y 70 niñas y 47 niños se desempeñaban en otras labores. Esto nos permite concluir que el 33% de las niñas y el 31% de los niños de 10 años,  se encontraban desempeñando algún tipo de trabajo antes de ocurrir el desplazamiento.

Luego del desplazamiento el 31% de las niñas de 10 años desempeñan algún tipo de trabajo (2 en el sector comercio, 7 en oficios varios, 2 en trabajo en el hogar y 69 en otro tipo de trabajos) y el 27% de los niños con la misma edad (3 en el sector agropecuario, 1 en comercio, 7 en oficios varios, 3 en trabajo en el hogar y 49 en otro tipo de labores). Lo anterior permite concluir que el número de niños de 10 años que trabaja en la actualidad disminuyó, lo cual puede explicarse por el ingreso o reingreso al estudio.

3.13 La mujer desplazada en Florencia y municipios del Sur de Caquetá

De las 7.246 mujeres, que conforman el 51,14% de las personas en situación de desplazamiento encuestadas, se puede relevar que el 3.57% corresponde a niñas con menos de un año de edad, mientras que el 32.18% corresponde a niñas con edad entre un año y los 10 años. Las mujeres con edades superiores a los 65 años representan el 2.17% de la población femenina desplazada encuestada.

Con relación a la población económicamente activa, considerada entre los 12 y 65 años, y que representa a las mujeres en edad productiva laboralmente, se ha podido determinar que ésta corresponde al 60.31% de la población femenina desplazada.

Tabla 18

POBLACION FEMENINA DESPLAZADA ubicada en Florencia

y municipios al sur del Caquetá

Rango  de edad

Mujeres

%

Menores de un año

186

2.57

De 1 a 5 años

1.100

15.18

De 6 a 10 años

1.232

17.00

De 11 a 15 años

952

13.14

De 16 a 20 años

734

10.13

De 21 a 25 años

572

7.89

De 26 a 30 años

507

7.00

De 31 a 35 años

494

6.82

De 36 a 40 años

406

5.60

De 41 a 45 años

283

3.91

De 46 a 50 años

247

3.40

De 51 a 55 años

175

2.41

De 56 a 60 años

100

1.38

De 61 a 65 años

101

1.40

De 66 a más años

78

2.17

Total

7.246

100.00

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3.13.1 Mujeres jefe de hogar:

Las 14.170 personas desplazadas se encuentran organizadas en 2.930 familias, de las cuales el 34.37% cuentan con una mujer como jefe cabeza de familia. Dentro de estas mujeres se destaca que el 68% son mujeres solas, bien sea separadas, viudas o solteras. Se alcanza a evidenciar adolescentes que desde los 16 años ya se reportan como viudas. Con relación a la edad de las mujeres cabeza de familia se observa que aparece una niña de 10 años y otra de 12 años que a pesar de su corta edad han debido asumir esta gran responsabilidad.

Respecto al tipo de relación que deben desempeñar las mujeres dentro de esta población desplazada, se observa que debido a la edad la gran mayoría son hijos.

En cuanto a las discapacidades reportadas por las mujeres desplazadas que se encuentran en Caquetá fue posible determinar que el 12.79% de la población femenina sufre algún tipo de discapacidad, incluyendo algunas no identificadas.

Tabla 19

POBLACIÓN FEMENINA DESPLAZADA CON DISCAPACIDADES

Florencia y Sur de Caquetá - Julio 2004

Discapacidad

Niñas < de 10 años

Adultas > de 65 años

Total con discapacidad

Ceguera

3

16

103

Sordera

3

6

37

Mudez

1

1

10

Retraso

20

2

52

Parálisis superior

0

2

13

Parálisis inferior

4

5

33

Otra

0

13

179

Ninguna

0

0

475

NS/NR

0

0

25

Total

31

157

927

Con relación a las enfermedades que padecen las mujeres desplazadas, que son objeto de este estudio de caso, se destacan las enfermedades relacionadas con problemas respiratorios, digestivos y dermatológicos en la población infantil con edades inferiores a los 10 años, mientras que en el caso de las mujeres mayores de 65 años, las principales dolencias se relacionan con dolor generalizado y problemas cardiovasculares. El resto de la población femenina reconoce tener problemas relacionados con el dolor generalizado, problemas respiratorios y enfermedades psicosociales.

Los problemas psicosomáticos están relacionados con la presión a la cual se ve enfrentada la mujer en situaciones adversas como son las relacionadas con hechos violentos, a pesar de los cuales debe buscar el sustento para su familia, en muchos casos como mujer cabeza de familia y sin un empleo productivo estable.


4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A partir del Ejercicio Pedagógico de la Jornada Solidaria, los integrantes de los equipos que participaron en ella manifiestan:

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4.1 Conclusiones

“Lo que constatamos para nosotros”

4.1.1 Llama mucho la atención la gran confianza y credibilidad que la gente mostró al momento de recibir a los encuestadores, incluso por parte de desplazados que manifestaron pertenecer a otros credos religiosos; apenas se presentaba como una acción de Iglesia, depositaban toda su confianza en nosotros. Esto a su vez lo entendemos como una gran responsabilidad para nosotros, pues, además de ser un voto de confianza, nos constituye en la luz de esperanza para muchos de ellos, que ni siquiera han querido denunciar a otras instituciones su situación.

4.1.2 La red social con que contamos en los diferentes niveles, desde las parroquias hasta lo regional y nacional, permitió hacer un trabajo estratégico, veraz y productivo. Por ejemplo; un garante de la transparencia en la información recibida lo constituye la gente de los COPPAS, entre los cuales muchos no saben ni leer ni escribir, pero asumieron el papel de acompañantes para los encuestadores porque son conocedores del terreno y llevaban al encuestador a los sitios donde se tiene certeza de presencia de población desplazada, incluso de muchos casos que ninguna otra institución conoce por razones de seguridad.

4.1.3 El gran reto para la Iglesia está en la labor de acogida a la población desplazada, no solo por la confianza que nos demostraron, sino por los casos significativos encontrados, donde algunos desplazados fueron en sus parroquias laicos comprometidos y ahora ni siquiera pueden dar razón de a qué parroquia pertenece el lugar donde se han ubicado; también por la carencia de sacramentos en una población que se manifiesta mayoritariamente católica: abundan las uniones libres, niños y niñas sin bautizar, sin recibir la primera Comunión y la Confirmación, etc.  Lo anterior nos lleva a discernir un papel pastoral muy importante nuestro: acogida y acompañamiento para la construcción futura de comunidades.

¿Qué aspectos de la realidad encontrada nos interpela?

4.1.4 El principal drama que ninguna cifra logra reflejar está en el tema de lo psicosocial: la gente,  por miedo y amenazas latentes, no ha podido expresar sus traumas, buscar ayuda. Incluso hay casos de más de cuatro años donde la gente tiene vivo o empeorado el asunto por no haber recibido ninguna clase de ayuda en este aspecto. Hay mucho resentimiento en la gente, mucho dolor acumulado, en especial en los casos donde una misma familia ha sido desplazada en varias ocasiones.

4.1.5 Llama mucho la atención la ingenuidad, la pasividad y resignación de la población desplazada frente a la negligencia y omisiones de las instituciones que tienen bajo su responsabilidad el atenderles. Esto ha sido aprovechado por las instituciones (en esto la Red de Solidaridad se lleva la delantera) para evadir su responsabilidad e incluso por parte de algunos líderes comunitarios que han vuelto la intermediación por diligencias para los desplazados su medio de sustento o una empresa. Se encuentran casos donde líderes viven de los desplazados y sustentan su autoridad argumentando ser respaldados por uno u otro actor armado.

4.1.6 Nos quedamos mudos ante gran cantidad de casos aberrantes de violaciones a los Derechos Humanos que no han sido denunciados por el riesgo que esto implica y por tanto no están siendo atendidos por nadie. ¿Qué hacer? ¿A quién acudir? El tema de la asesoría jurídica y el acompañamiento a estos casos tan graves amerita un espacio en la intervención pastoral y social.

4.1.7 Hay casos (por lo menos un 40% de los encuestados) que ameritan atención inmediata en materia de salud, salida a zonas más seguras, alimentación, reubicación y vivienda.

4.1.8 Llama la atención que, de todos los casos encuestados, el 89% manifiestan no querer regresar, no poder hacerlo, no solo por su seguridad, sino porque argumentan que las fincas están minadas, les robaron todo o la guerrilla entregó las tierras a otras familias que hasta presentan documentos sin saber de dónde sacan las firmas, lo cual constituye un desafío en términos de protección de bienes patrimoniales.

4.1.9 Dentro de las principales necesidades expresadas por la gente están la de vivienda y trabajo, la gente está cansada del arrendamiento por tres meses y el desempleo que les impide poder seguir por su propia cuenta. Incluso dicen que los mercados no son una solución para ellos.

4.1.10 La población encontrada es mayoritariamente formada por mujeres. La jefatura familia está en manos de mujeres, en su gran mayoría viudas o de muy avanzada edad, porque sus  esposos, hijos o hijas les fueron asesinados, reclutados, desaparecidos. Frecuente es también el caso de los hombres que lograron salir con su familia, pero que no soportan la situación y optan por abandonar el hogar. También se trata de una población mayoritariamente menor de edad, que están en las calles prostituyéndose o siendo víctima de abusados por lparte de los mayores, sin ir a la escuela porque, si les dan la matrícula no tienen con qué comprar los útiles escolares, etc.

4.1.11 La situación de desplazamiento, además de todas las consecuencias negativas para la institución familiar, termina por invertir los roles hombre-mujer, porque el hombre campesino en una ciudad tiene muy pocas o ninguna posibilidad de encontrar trabajo, mientras que la mujer campesina es buscada para trabajos en las casas. Esto invierte el papel tradicional:  quien lleva el dinero a casa es la nueva autoridad; situación que el hombre no soporta y prefiere huir, dejando abandonadas mujer, hijos e hijas.

4.2 Recomendaciones para la Iglesia local, organizaciones y personas de buena voluntad:

4.2.1 Educar en los valores de la participación, la solidaridad y el bien común, hacia la perspectiva de formar hombres y mujeres nuevos para una sociedad más fraterna donde se viva el destino universal de los bienes en el contexto del desarrollo integral. Es un espacio estratégico que hoy  la Iglesia Católica del Departamento debe asumir desde la educación.

4.2.2 Fortalecer las zonas de reserva campesina para proteger los derechos territoriales del campesinado en aquellos sectores críticos de la región Caqueteña donde el conflicto armado amenaza su vigencia, en virtud de la Ley 387 de 1997.

4.2.3 Identificar todas las áreas de las cuales ha sido expulsada la población campesina y realizar en ellas, con carácter prioritario, un registro detallado de predios abandonados o usurpados por otros tenedores, para clarificar el dominio de las tierras en conflicto. El inventario puede ser la base legal para adoptar una política de compensación de predios abandonados por violencia con adjudicaciones en áreas de reforma agraria.

4.2.4 Impulsar la protección de los desplazados, sus bienes y propiedades, durante la confrontación armada. Mediante la creación de campamentos y refugios de emergencia, atención alimentaria, médica y psicológica, protección materno-infantil, educación y empleo, vivienda y organización comunitaria.

4.2.5 Promover relaciones económicas y comerciales nacionales e internacionales que faciliten la transferencia de la tecnología en un ambiente de reciprocidad social.

4.2.6 Impulsar la búsqueda de una cultura propia en el Departamento del Caquetá que tenga como fundamento, el descubrimiento de los valores necesarios para construir una cultura de la vida, cultura ciudadana y de paz.

4.2.7 Impulsar desde la Diócesis de Florencia, los Comités Parroquiales de Pastoral Social, que animen el trabajo de una pastoral para la paz y la reconciliación Departamental, fundada en el diálogo y el respeto por lo diferente.

4.2.8 Desde la ética cristiana, iluminar el conflicto armado y potenciar por todos los medios posibles la estabilidad del proceso de paz, frente a aquellos que prefieren la violencia y la guerra para solucionar los conflictos.

4.2.9 Convocamos a todo el Pueblo de Dios y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, a unirnos en un Frente común por la Vida, la Justicia y la Paz. Solo así podremos lograr la vigencia de una verdadera democracia que “asegure la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y les garantice la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica [46] .

4.2.10 Invitamos a todos los católicos, hombres y mujeres, de buena voluntad a unirnos en jornadas de oración, desde los hogares y parroquias de la Diócesis de Florencia, para pedir por la Paz y la Reconciliación de esta Región.

4.3 VISITA EXPLORATORIA DE LAS AGENCIAS DE NACIONES UNIDAS

Durante la Jornada de Solidaridad se hizo presente una delegación del Sistema de Naciones Unidas con el fin de Participantes: FAO, UNICEF, OCHA, PNUD, OIM, UNODC.

Entre las actividades desarrolladas por estos representantes señalamos:

  • Reunión con Obispos de Florencia y San Vicente del Caguán y con el Clero de la  Diócesis de Florencia;
  • Reunión con representantes de Población Desplazada;
  • Visita al Barrio Nueva Colombia y diálogo con Desplazados;
  • Reunión con ONGs y Organizaciones Sociales

Algunas de las Recomendaciones  presentadas per los responsables de la visita:

  • Evaluar la capacidad de intervención de Agencias ONU para intervenir en Caquetá y averiguar los recursos disponibles.
  • El acercamiento del Sistema de Naciones Unidas (SNU) al departamento de Caquetá se realice en colaboración y coordinación con la Iglesia Católica.
  • El SNU, en cabeza del ACNUR, solicite a la RSS identificar los programas y recursos disponibles relacionados con la crisis humanitaria para el Caquetá, durante el año en curso. Lo anterior dentro del marco de la Sentencia de Corte Constitucional T-025/2004.
  • Identificar y proponer a agencias especializadas del SNU que convoquen misiones técnicas interinstitucionales para evaluar los temas de educación, salud, vivienda y generación de ingresos y empleo
  • Se recomienda implementar urgentemente acciones a favor de la seguridad alimentaría de los afectados por el conflicto en el departamento de Caquetá

RUT EN LA WEB
Desde estas páginas queremos expresar nuestro agradecimiento a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por el espacio que brinda a nuestras publicaciones en su web. Los últimos boletines de “RUT Informa” se pueden encontrar en la página “Salud y Desplazamiento” en la dirección http://www.disaster-info.net/desplazados



[1] Artunduaga Bermeo, Félix. MI BELLO CAQUETÁ. Cartilla de Ciencias Sociales para Básica Primaria en convenio con la Diócesis de Florencia y Gobernación del Caquetá. Año 2004

[2] Comparar SINCHI, Caquetá: Dinámica de un proceso, p. 15-17. 

[3] Comparar  “Plan de Desarrollo Departamental del Caquetá: Gestión para el Desarrollo 1998-2000”.

[4] Comparar SINCHI, Caquetá: Dinámica de un proceso, p. 17.

[5] Comparar SINCHI, Caracterización y tipificación de sistemas productivos y su impacto ambiental en el Caquetá, p. 10

[6] Ibidem

[7] Proyecto creado en 1987 por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

[8] Comparar SINCHI, “Agenda 21 Amazonia colombiana: La Amazonia de hoy”, P. 24.

[9] Comparar SINCHI, Caracterización y tipificación de sistemas productivos y su impacto ambiental en el Caquetá, p. 16.

[10] Comparar Pedraza, Diagnostico agropecuario y de recursos naturales del departamento del Caquetá, p. 7.

[11] Artunduaga Bermeo Félix. Mi Bello Caquetá. P. 65-70.

[12] Historia General del Caquetá. Artunduaga B. Félix. Florencia: Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes del Caquetá. Editorial El Abuelo Bogotá 1.997

[13] Biblioteca Virtual Luis Angel Arango – Banco de la República. LA CASA ARANA EN EL PUTUMAYO- El Caucho y el proceso Esclavista. Revista Credencial Historia – Bogotá Colombia. Edición 160. Abril de 2003.

[14] Godoy Gutiérrez, Rubén Darío. 1995. Proceso de Ocupación y variación de la población en el Caquetá y Putumayo 1850 – 1994. Bogotá. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia e Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

[15] Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE. XVI Censo Nacional de Población y V de Vivienda, realizado por el DANE 1993.

[16] Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE. Proyección de población para el Dpto. del Caquetá en el año 2002. Bogotá 2002.

[17] Instituto Departamental de Salud. Reporte del Consolidado de Población por NBI para el año 2004 según el SISBEN.

[18] Colonizador-coquero: Expresión utilizada para identificar al colono que siembra cultivo de coca en sus tierras.

[19] Raspachines: Expresión que denota a la población flotante que llega a los cultivos de coca en busca de trabajo y es empleado en el proceso de raspado de la hoja de coca. Son personas generalmente jóvenes que vienen de otros lugares del país deslumbrados por las promesas de la economía ilícita.

[20] Traquetos: Expresión utilizada para identificar a las personas dedicadas al negocio del tráfico de drogas y tienen características particulares, que los hacen fácilmente reconocibles por los exuberantes lujos, vehículos finos, joyas, etc.

[21] ARTUNDUAGA BERMEO, Félix. “Historia General del Caquetá”. Florencia: Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes del Caquetá. Consulta página google de internet sobre Historia del Caquetá, Septiembre de 2004.

[22] ELTIEMPO.COM – Archivo electrónico. “Golpe al corazón financiero de las FARC”. Bogotá, Julio 15 de 1996

[23] ELTIEMPO.COM – Archivo Electrónico. “75.000 campesinos se toman a Caquetá”. Por María Luisa Murillo, corresponsal de El Tiempo. Bogotá, 15 de Agosto de 1996.

[24] Boletín sobre el proceso de diálogos con las FARC-EP, página web: www.colombia.com – Orden Público.

[25] Ibid.

[26] Ibid.

[27] SEPAS: Secretariado (Diocesano) de Pastoral Social

[28] Plan de Contingencia Diocesano para la Atención a población desplazada. SEPAS Florencia. Abril de 2002.

[29] La declaratoria de la guerra contra el terrorismo por parte de Estados Unidos abrió una posibilidad de acceso a los recursos de cooperación de este país, lo que sustenta el inmediato cambio de lenguaje. Ej. narcoguerrilleros por narcoterroristas.

[30] Seguridad Democrática, la prioridad número uno del Gobierno de Álvaro Uribe. Por Johann Guevara Olier. – Artículo sobre el foro “¿Se está ganando la guerra?” Organizado por la revista Semana, periódico El Tiempo, Caracol Radio y Noticias y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD.

[31] Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –CODHES www.reliefweb.int  - Octubre de 2004.

[32] Seguridad Democrática arroja positivo Balance – Artículo de El País, Cali, Octubre 13 de 2.004 según informe presentado por el Ministro de Defensa Dr. Jorge Alberto Uribe en Bogotá, según el cual, entre enero y septiembre de 2004, la incautación de 123 toneladas de cocaína, lo que representa un incremento del 57% en relación con los decomisos registrados en el igual período de 2003; en cuanto a heroína y morfina: las incautaciones ascendieron a 602 kilogramos, insumos líquidos 997.000 galones e insumos sólidos 1.795 toneladas. También el ministro Uribe reveló que hasta el momento han sido destruidos 1.581 laboratorios para el procesamiento de cocaína y cinco pistas ilegales, lo mismo que el Ejército y la Policía han decomisado 952 vehículos que estaban al servicio del narcotráfico, la Armada inmovilizó 226 embarcaciones y la Fuerza Aérea inmovilizó e inutilizó 33 aeronaves.

[33] Informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Colombia, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, www.hchr.org.co, doc.E/CN.4/2003/13, Bogotá, 24 de febrero de 2003, párrafo 169.

[34] Seguridad Democrática arroja positivo Balance – Artículo de El País, Cali, Octubre 13 de 2.004 según informe presentado por el Ministro de Defensa Dr. Jorge Alberto Uribe en Bogotá.

[35] EL TIEMPO. Sección Nación página 1-4 Sábado 18 de Septiembre de 2.004

[36] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. Informe sobre Derechos Humanos en Colombia. Referencia E/CN. 4/2004/13 del 17 de Febrero de 2004. Párrafo 19.

[37] DESC: Derechos Económicos, Sociales y Culturales).

[38] Seguridad Democrática arroja positivo Balance – Artículo de El País, Cali, Octubre 13 de 2004 según informe presentado por el Ministro de Defensa Dr. Jorge Alberto Uribe en Bogotá.

[39] Testimonio recogido con población desplazada por parte de los Agentes de Pastoral que realizaron el CENSO Solidario en Florencia del 7 al 11 de Junio de 2004.

[40] Fuente testimonial de un campesino miembro de las comunidades rurales del medio Caguán, tomada durante la Misión exploratoria conjunta Iglesia – Naciones Unidas del 4 al 7 de Octubre de 2004

[41] Hasta el 11 de junio de 2004

[42] Testimonio de una pareja recogido durante la Jornada Solidaria en Florencia, el 9 de Junio de 2004

[43] Testimonio recogido a una pareja proveniente del Putumayo el 11 de Junio de 2004, durante la Jornada Solidaria en Florencia.

[44] Testimonio recogido a una señora de 33 años, el 8 de Junio de 2004, durante la Jornada Solidaria en Florencia.

[45] Testimonio recogido a una señora de 61 años el 15 de Septiembre de 2004

[46] Juan Pablo II. Centesimus Annus. No. 46

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