| Salud y Desplazamiento (English) |
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RUT Informa. Boletín Especial. Estudio Caso 8. Diciembre de 2004. Conferencia Episcopal de Colombia. Secretario Nacional de Pastoral Social Indice >> [ Anterior | Siguiente ] 2. CONTEXTO DE VIOLENCIA, CONFLICTO ARMADO Y CRISIS HUMANITARIA EN EL DEPARTAMENTO
2.1 Antecedentes: Desde la colonización asociada al cultivo y producción de la coca, a finales del Siglo XX“A mediados de los años 70 la colonización experimenta una transformación significativa. En el plano económico se comienza a pasar de una economía productiva de subsistencia a una economía de orden predominantemente extractiva de pequeña y gran escala en la producción de cultivos de uso ilícito, quedando la ganadería y otros cultivos en un segundo plano. Concomitante con esta situación se van gestando los antivalores en la sociedad: se pierde el espíritu campesino y solidario que reinaba en la colonización y se introducen nuevos e imaginarios valores. Si antes la colonización estaba regulada por "Dios - trabajo - patria y familia", de ahora en adelante estas concepciones entraron en crisis, pues ahora domina el interés del dinero y se incrementa la competencia por la exacerbación del individualismo y la vida misma entra en el mundo de lo desechable. En este mismo contexto de economía ilícita se manifiesta de manera crítica el enfrentamiento entre las fuerzas insurgentes del M-19 y el Ejército Nacional dentro de lo que algunos han llegado a llamar "la Guerra del Caquetá"; lo que origina una serie de migraciones internas en el Departamento, que hacen crecer irregularmente la población urbana en Florencia, generando invasiones de gran magnitud como la de "Las Malvinas". Paralelamente al desplazamiento urbano, por razones de la guerra interna y dada la asociación de la coca en el proceso de colonización, se configuran nuevos sujetos sociales tales como el colonizador-coquero [18] , los raspachines [19] , los traquetos [20] . Desde el punto de vista cultural, si antes la Iglesia y la escuela eran el centro aglutinante de la comunidad, a partir de la influencia del mundo de la coca, la cantina y el prostíbulo aparecen en muchos lugares como los centros aglutinantes de la nueva sociedad, para no decir “comunidad” pues el sentido comunitario se ha perdido. En síntesis, tal como se ha señalado anteriormente, el ordenamiento territorial de Florencia y del Caquetá y la construcción simbólica de la ciudad ha experimentado diversas etapas y rupturas en el desarrollo urbano y territorial. Podría decirse que el 90% de la ciudad ha surgido de manera irregular, dados los diversos momentos migratorios y los conflictos socio-políticos del país y la región. Florencia y el Caquetá han vivido de sobresalto en sobresalto. No han tenido tiempo de pensarse a sí mismos, han sido avasallados por las circunstancias. Solamente hasta ahora, con una población que ha nacido en la región, podría intentarse una intervención fuerte del Municipio, para reordenar urbanamente la ciudad, asumiendo su historia y proyectándola hacia el futuro.” [21] 2.2 Conflicto armado y violencia en el Departamento hasta inicios del Siglo XXI La precaria presencia histórica del Estado en la región ha permitido que empresarios nacionales y extranjeros, congregaciones religiosas, colonos y, recientemente, narcotraficantes y grupos armados, ocupen los espacios. Tal como lo refieren los datos del contexto histórico y cultural del departamento, los procesos activos de colonización se presentaron entre 1946 y 1962 y fueron generados, entre otros factores, por la “violencia partidista” y las bonanzas económicas legales e ilegales. Sin embargo, es notorio que el incremento de cultivos de uso ilícito a partir de 1978 aceleró la colonización mucho más que en los 30 años anteriores. La agudización del conflicto en esta área data de finales de los años ‘70, período en que las FARC registraron un notable crecimiento en sus acciones en Caquetá y Guaviare. Por otra parte, a principios de los ‘80, el M-19 hace sus primeros ensayos como guerrilla rural en esta área. En la década de los ‘90 la guerrilla y los narcotraficantes mantuvieron por algún tiempo acuerdos de conveniencia, que se rompieron posteriormente. El choque de intereses y el consecuente antagonismo entre estos grupos disparó el crecimiento de las acciones violentas, los enfrentamientos armados, las masacres, las amenazas e intimidación, los asesinatos selectivos, etc. dirigidos en contra de cualquier persona que pudiera ser percibida por cada bando con cierto ascendiente sobre sus comunidades (dirigentes políticos y sociales) y/o “simpatizantes del enemigo”. Esta situación sustentó la política de erradicación de cultivos de uso ilícito promovida desde 1994 por el Gobierno del Presidente Ernesto Samper Pizano, en la que se ordenó erradicar, mediante la fumigación aérea, las hectáreas cultivadas con coca, amapola y marihuana en el país. A su vez las fumigaciones desencadenaros las “marchas campesinas” o “marchas cocaleras”, que se dieron entre el 31 de julio y 15 de septiembre de 1996 en diversos departamentos de Colombia y que para el Caquetá representaron un éxodo masivo de población hacia Florencia. Las marchas fueron la reacción de los campesinos a la implementación de la segunda fase de la “Operación Conquista”, con la cual, desde el 1º de Junio de 1996, el ejército inició en las selvas del Caquetá las fumigaciones, con las que pretendía “romper el cordón umbilical” que une a la guerrilla colombiana con el negocio de la cocaína [22] . Por tal razón la guerrilla promovió en los campesinos las marchas para protestar por la política de erradicación de cultivos, ya que la economía, tanto de los unos como de los otros, estaba basada en la siembra y comercio de la planta de coca. Estas marchas propiciaron la posibilidad de trascender a otras reivindicaciones como educación, salud, vías carreteables, servicios públicos, dada la palpable ausencia del Estado en esta zona. A ellas acudieron alrededor de 75.000 campesinos [23] , que se tomaron los ocho principales municipios del departamento del Caquetá para presionar al Gobierno a establecer una mesa de negociaciones sobre su pliego de peticiones, con lo que se logró un compromiso gubernamental de suspender las fumigaciones, la respuesta a las demandas en salud, educación, vías y créditos y la erradicación voluntaria de los cultivos de uso ilícito por parte de la población campesina. Al año siguiente, en 1997, la guerrilla escaló su actividad armada y paralelamente presionó la renuncia de un conjunto importante de candidatos a los Concejos y Alcaldía locales en los meses previos a la realización de los comicios electorales del 26 de octubre, durante los cuales realizaron fuertes sabotajes como demostración de su poderío en aquellas zonas de presencia histórica. De igual manera las FARC-EP cambiaron su táctica de reclutamiento pasando del discurso ideológico cautivante al reclutamiento forzado de jóvenes campesinos; práctica que se ha mantenido desde entonces por los distintos grupos armados al margen de la ley y aún hoy sigue siendo una de las causas importantes de expulsión de familias campesinas de la región. Frente a la situación tan dramática de conflicto que el país experimentaba, los colombianos expresaban de todas las formas posibles sus anhelos de paz y deseos de intentar otra salida distinta a la armada; expresiones que se consideraron bien interpretadas y representadas en la propuesta de gobierno de Andrés Pastrana Arango para las elecciones presidenciales de 1998, quien por su experiencia personal como víctima del secuestro podría encarnar a toda la población en su máxima y válida aspiración de alcanzar la paz para Colombia. La propuesta del gobierno de Pastrana se comprometía a negociar de forma inmediata con la guerrilla, a poner fin a la violencia y llevar a cabo una profunda reforma de las instituciones del Estado; con lo que se determinaba un cambio radical de política frente al manejo del conflicto armado en Colombia y que le representó la victoria en segunda vuelta frente al Dr. Horacio Serpa Uribe su más fuerte contendor. Se afirmó en los diferentes medios noticiosos del país que la guerrilla compartía tales expectativas y por ello ejerció presiones en sus zonas de influencia, como en el Caquetá, para que los campesinos salieran a votar; a ello se adjudica el elevado índice de participación electoral que ese año alcanzó el país, con un 59% del total potencial electoral nacional. En efecto, el 7 de noviembre de 1998 se dio inicio a las conversaciones del recién posesionado Gobierno Nacional del presidente Andrés Pastrana Arango y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), el principal grupo subversivo en toda la historia nacional. 
Si bien el Proceso de Paz inició con un ambiente de esperanza entre ambos actores (Gobierno y FARC-EP), con el paso de los meses empezó a generarse cierto desagrado e inconformidad porque la "Zona de Distensión" (un área que comprende 42 mil kilómetros cuadrados y que abarcó los municipios de La Macarena, Mesetas, La Uribe y Vista Hermosa en el departamento del Meta y San Vicente del Caguán en Caquetá, que el Gobierno le concedió a esa organización subversiva como garantía para llevar a cabo los diálogos) pasó a convertirse en una región sin ley y abandono total del Estado colombiano. [24] La duración de la zona de distensión fue prorrogada dos veces: la primera el 5 de febrero de 2001, cuando se amplió por un lapso de 90 días, y la segunda el siguiente 7 de mayo, por 30 días, con la finalidad de que cada una de las partes del proceso, Gobierno y FARC, nombraran sus respectivos negociadores, al igual que se designara una Comisión Internacional de Acompañamiento "que serviría de verificadora", que debería reunirse como mínimo una vez cada tres meses para dar al Gobierno y a las FARC su concepto sobre el funcionamiento de la zona de distensión. Sin embargo, con frecuencia se conocían noticias que daban la vuelta al mundo, que la zona de distensión pasó a convertirse en un verdadero "Imperio de la Ley de las FARC-EP", donde reinaba el poder absoluto de la subversión. Hubo quienes sostuvieron que allí la justicia consagrada en la Constitución Nacional de Colombia desapareció por completo. Los más importantes personajes del país como el Fiscal General de la Nación Alfonso Gómez Méndez, el Procurador General de la Nación Jaime Bernal Cuellar, las Fuerzas Militares encabezadas por el Comandante General Fernando Tapias, el Comandante del Ejército Nacional Enrique Mora Rangel y el ministro de la Defensa Nacional Luis Fernando Ramírez Acuña, expresaron en reiteradas oportunidades ante los medios masivos de comunicación nacionales e internacionales, que la Zona de Distensión era un área de bandidos, secuestradores y que allí reinaba el poder de la guerrilla. Entre los principales hechos que fueron minando el proceso de diálogos entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, hasta acabar con él, se destacan:
Es entonces a partir de este momento cuando se empieza a consolidar el ingreso de otro actor armado en el escenario de conflicto en la región. Anunciado por los medios de comunicación, el mismo jefe máximo de las Autodefensas, Carlos Castaño, afirmaba que en ese momento contaban con 20 frentes, cada uno de entre 100 y 150 hombres, y su meta era disputarle a las FARC el sur de Colombia, especialmente los departamentos de Meta, Guaviare, Putumayo y Caquetá. Por otra parte, algunos analistas estimaron por aquel entonces, “que la ofensiva del ejército sobre los Llanos del Yarí, santuario histórico de las FARC, más que el desalojo de éstas tendría, buscado o no, un doble efecto: desarticular la fuente de ingresos de la guerrilla, la coca, en esa zona crítica del negocio, la confluencia del Guaviare, Caquetá y Putumayo, y facilitar su ocupación por las fuerzas paramilitares, lo que colocaría al ejército en condición de simple fuerza subsidiaria de los nuevos señores de la guerra. Lo que se libraría allí, según estos mismos observadores, sería una batalla territorial por el control de las rutas de la coca. Un solo dato nos revela la importancia del asunto: en 1994, según cifras de la Consejería Presidencial de Seguridad, las drogas (coca, amapola y gramaje) representaban más del 50% de los ingresos de las FARC (el segundo renglón era el secuestro), para el ELN eran el tercer renglón de ingresos, 20% aproximadamente (su ingreso principal era la extorsión, seguida del secuestro) [25] . Desde el punto de vista militar, las autodefensas han sostenido que, a diferencia del ejército que libra una guerra regular contra la guerrilla, la de ellas es una guerra irregular, ya que, según sus manuales de historia militar, "no hay antecedentes en la historia en que un ejército regular haya derrotado a uno irregular. Un ejército irregular sólo se detiene con uno de las mismas características". [26] Como era apenas imaginable, el impacto de esta nueva modalidad de confrontación sobre la población civil sería abrumador. Los paramilitares encuentran en el Departamento del Caquetá un potencial de financiamiento para su organización y un corredor estratégico para la guerra. En un principio los grandes propietarios empiezan a aportar económicamente a los paramilitares pero posteriormente se convierten, conjuntamente con el resto de población, en víctimas de la extorsión de los paramilitares. 
Ante este nuevo escenario de conflicto, a finales del año 2001 la zona de distensión se convierte en el refugio seguro y estratégico para la guerrilla y en las zonas aledañas a ésta la confrontación por la disputa territorial entre guerrillas y autodefensas. Por otra parte, las fuerzas armadas tuvieron un importante repunte y demostración de efectividad en operaciones sobre concentraciones de fuerzas de las FARC-EP, por lo que éstas desencadenan una respuesta en el plano ofensivo denominada “Operación Avispa” con la que causaron bajas significativas al ejército y produjeron grandes ataques a la infraestructura económica que se extendieron hasta enero de 2002, dejando incluso a oscuras poblaciones de cuatro departamentos, volando puentes y carreteras, dejando aislado al Caquetá del resto del país. Se desencadenaron entonces asesinatos selectivos de alcaldes por parte de las FARC-EP; quienes asesinaron al alcalde de Solano, dos alcaldes en Montañita, Solita, Cartagena del Chairá y en Puerto Rico tanto al alcalde electo como a los dos que le sucedieron. Pero también se registraron asesinatos selectivos en población de todos los gremios por parte de ambos bandos (paramilitares y guerrilla), ataques contra posibles objetivos militares de los dos bandos; noticias que día tras día fueron ocupando los titulares de los principales medios de comunicación nacional e internacional y que poco a poco fueron acostumbrando al país a escuchar ese tipo de noticias sin mayor capacidad de reacción pero guardando el sabor amargo de la esperanza frustrada. La población civil de la región presume que durante la época de la zona de distensión, cuando hubo presencia de toda clase de medios de comunicación, fue un periodo aprovechado por parte de las fuerzas militares y paramilitares para hacer inteligencia a partir de los videos y grabaciones de las reuniones y eventos realizados y que, terminada la zona de distensión, iniciaron las persecuciones, amenazas, desplazamientos y ajusticiamientos de la gente que aparecía en dichos videos y registros. A raíz de la terminación de la zona de distensión el Ejército implementó una estrategia militar para recuperar el control territorial por parte del Estado en esta zona y su área de influencia (Cartagena del Chairá y Puerto Rico en Caquetá, Calamar y San José del Guaviare en Guaviare y Cubarral, El Castillo, Fuente de Oro y Granada en el Meta); mientras que por su parte, los grupos de Autodefensas que habían logrado ingresar a la región, reforzaron su avanzada paramilitar en aras de intervenir los corredores estratégicos para la guerrilla, lo cual trajo consigo el recrudecimiento de la guerra, la confrontación armada, las muertes selectivas, masacres y el desplazamiento de gran número de población pero bajo la modalidad de “gota a gota”, lo cual influyó en la poca visibilización que este fenómeno ha tenido en la región. Con la agudización del conflicto como producto de la terminación del proceso de diálogos con las FARC-EP, los hechos violentos en el departamento tuvieron un acelerado incremento y fueron publicados en los diferentes medios de comunicación locales y nacionales y registrados también por el SEPAS [27] de Florencia en su archivo para análisis de la realidad por el periodo de febrero a abril de 2002:
2.3 Dinámica actual del conflicto desde la implementación de la Política de Seguridad Democrática del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez
La consecuente frustración de los colombianos por el fracasado proceso de diálogos, posicionó y logró validar la propuesta de una salida al conflicto colombiano por la vía armada que, reforzada por el contexto mundial con los ataques del 11 de septiembre de 2001 a Estados Unidos [29] , dio la victoria al Dr. Álvaro Uribe Vélez y su propuesta de declarar la “guerra al narcoterrorismo” y que una vez asumida la presidencia empezó a implementar la denominada “Política de Seguridad Democrática” que busca fortalecer el componente militar del Plan Colombia, ya no solo para atacar los cultivos de uso ilícito, sino para atacar a los grupos armados por su vinculación al narcotráfico y al terrorismo. Según el Gobierno, desde el mismo instante de la posesión del Dr. Álvaro Uribe Vélez, se dio inicio a la Política de Seguridad Democrática, pero lo único que el país conoció al respecto era que dicha política sería el cerebro del actual gobierno; en el que se incluiría “el ejercicio de una autoridad efectiva en aras de disuadir a los violentos” a través de una mayor presencia de la Fuerza Pública en los municipios y en las carreteras de Colombia, para presionar a los grupos ilegales señalados por el gobierno como “narcoterroristas” (FARC, ELN y AUC. También se conoció que con esta estrategia se buscaba generar un mejor ambiente propicio para los negocios y la inversión en el país [30] . Pero sólo hasta el 29 de junio del año 2003 el Gobierno entregó al país desde su visita a Orito en el departamento del Putumayo, el documento en el que se consagran los lineamientos de su “Política de Defensa y Seguridad Democrática”. Tras más de dos años de gobierno del Dr. Álvaro Uribe Vélez, la opinión del país y de la comunidad internacional se muestra realmente dividida e incluso polarizada en sus posturas frente al balance arrojado por el desarrollo de la Política de Seguridad Democrática. 
De un lado, el Gobierno Colombiano entrega un balance alentador y positivo reflejado en cifras que sustentan la retoma del control territorial por parte de la Fuerza Pública, disminución de los índices de delitos asociados al narcotráfico, terrorismo y subversión; como golpes contundentes a las fuentes económicas de los grupos al margen de la Ley y a sus filas de combatientes, ya sea por bajas en combate, capturas o entregas para la reinserción; resultados que han sido elogiados por países como Estados Unidos, uno de los principales aliados de este gobierno, por los empresarios colombianos e inversionistas extranjeros. De otro lado, están los fuertes cuestionamientos realizados por parte de organismos como: la Organización de Naciones Unidas (ONU), analistas políticos, organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales, sustentados en una evidente legislación represiva, militarización de la sociedad, agudización de la violencia sociopolítica que a su vez agudiza la crisis humanitaria, trato desigual frente a los actores armados, el empobrecimiento de la población, la deslegitimación de la defensa de los Derechos Humanos y la incoherencia entre la inversión para la guerra y la inversión social, quienes han elevado voces de protesta contra dicha política y sus resultados, afirmando que, “la comunidad internacional está siendo engañada con un Plan de Guerra, con lenguaje social” [31] . En la práctica, lo que el departamento del Caquetá ha experimentado en la implementación de la Política de Seguridad Democrática es lo siguiente: 2.3.1 Estricto control sobre cultivos de uso ilícito y precursores químicos.Bajo la convicción de que los dineros producidos por el narcotráfico son el “combustible de la guerra” y el principal soporte de los grupos ilegales al margen de la ley, el gobierno nacional propone intensificar las fumigaciones y el control total sobre la cadena de producción de droga. Iniciando el año 2004, se fumigaron extensas áreas en el sur del Caquetá (Curillo, Valparaíso, Morelia y Belén de los Andaquíes) y parte del parque natural de los Picachos, en la zona norte de San Vicente del Caguán, destruyendo ecosistemas estratégicos en los límites entre los departamentos de Caquetá y Huila (región de Balsillas), durante el segundo semestre continuaron las fumigaciones aéreas en el sur del departamento (San José del Fragua, Belén de los Andaquíes, y en la zona del bajo y medio Caguán), donde la comunidad denuncia que no se ha diferenciado entre los cultivos lícitos y los de uso ilícito; que se están contaminando las fuentes hídricas de donde se proveen varios acueductos de la región y que se ha puesto en grave riesgo de desaparecer a la reserva natural “Altofragua” con su flora y fauna. Así mismo, las comunidades campesinas manifiestan el quiebre de su economía, colocando en serio riesgo la seguridad alimentaria de las familias, porque con las fumigaciones se han afectado pastos, cultivos de pancoger, huertas caseras y sembrados de corto, mediano y largo plazo y las especies menores (ovejas, cerdos, aves) que se enferman y/o mueren. Además la Fuerza Pública, en cumplimiento de las Resoluciones 002-003 y 004 de la Dirección General de Estupefacientes, adelantan estrictos controles sobre el ingreso de medicinas, alimentos, combustibles y precursores químicos, gracias a los cuales reporta grandes logros en todo el país [32] ; logros que, aunque efectivos, también han puesto en grave riesgo la seguridad alimentaria del resto de la población. Esta estrategia se ha convertido en uno de los principales motivos para la salida de la gente de las veredas hacia las cabeceras municipales, hacia Florencia u otras ciudades del interior del país, situación que no es reconocida por el Estado como desplazamiento forzado y por tanto no aparece en el Registro SUR de la Red de Solidaridad Social. Además se ha notado que la gente prefiere no declarar su situación de desplazamiento porque sabe que el Estado le va a negar su condición de desplazado, porque teme la estigmatización y amenazas o simplemente porque no cree en el Estado y las posibilidades de acceder a algún tipo de ayudas. 2.3.2 Búsqueda de otorgar mayores facultades a la Fuerza Pública partiendo del supuesto que “la violencia política y el terrorismo son idénticos”.El gobierno ha tratado por todos los medios de poner en uso un conjunto de disposiciones que garanticen el ejercicio de la autoridad en medio de la continuidad de estados jurídicos de excepción, restringiendo normas constitucionales y de paso tratados de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó al Estado colombiano “a no introducir en el ordenamiento jurídico colombiano normas que faculten a los miembros de las fuerzas militares para ejercer funciones de policía judicial, ni otras que sean incompatibles con la independencia de la justicia” [33] . El 30 de agosto de 2004, mediante la Sentencia C-816 de 2004, la Corte declaró la inconstitucionalidad total del acto legislativo por haber sido aprobado en medio de profundas irregularidades. Como consecuencia de la sentencia la ley estatutaria, que desarrolló la reforma, quedó también sin vigencia. 
Sin embargo, pese a no tener piso jurídico tales disposiciones, en el departamento del Caquetá son comunes las detenciones arbitrarias, allanamientos de residencias sin los requisitos legales, trato indigno a los retenidos, intimidaciones a la población civil, empadronamientos, restricciones a la libre movilización y control absoluto de las Fuerzas Militares sobre extensas áreas. Situación que está directamente asociada a la fuerte estigmatización de que es víctima la población civil de la región; especialmente al norte del departamento, en San Vicente del Caguán, donde el estigma de “guerrillero” o “auxiliador de la guerrilla” pesa sobre la población como producto de la obvia relación de convivencia entre la población y un actor armado que ha ostentado el dominio histórico de la zona, incluso que, por amplio tiempo han sido la única autoridad presente; y los diversos intentos de negociación que han surgido en la zona. Como estrategia complementaria, el gobierno nacional viene alentando una campaña masiva orientada a vincular a la población civil desarmada a través de la colaboración ciudadana, conformando las redes de cooperantes en los campos y las ciudades y con la creación de los Batallones de Soldados Campesinos, esperando con ello vincular a más de un millón de personas. Estrategia que, aunque ha sido sustentada con “significativos logros en materia de reducción de cifras en delitos como el secuestro (42%), el robo de vehículos(25%), masacres (44%), asesinatos colectivos (42%) y recolección de información clave que ha permitido evitar atentados terroristas” [34] , también ha provocado la ruptura de las ya débiles estructuras de confianza entre las comunidades, lo cual ha contribuido también a incrementar los niveles de vulnerabilidad de la población. 2.3.3 El Plan Patriota, que busca cambiar el equilibrio de la guerra contra las FARC-EP.Desde el año 2003 las Fuerzas Militares con el Comando Sur y los Departamentos de Estado y Defensa de los Estados Unidos diseñaron y están implementando un plan operativo y táctico, cuya estrategia central es fortalecer la presencia militar en zonas de conflicto a donde no ha llegado la Fuerza Pública. Con la idea de llegar a las selvas y poblados del sur de Colombia, donde las FARC-EP tienen presencia histórica y mantienen intacta su retaguardia estratégica, el gobierno se ha propuesto movilizar entre 14.000 y 17.000 hombres para retomar el control territorial a través del fortalecimiento de la presencia militar en dichas zonas. Bajo este supuesto, las comunidades campesinas e indígenas de esta parte del país son percibidas de manera indistinta como “base social de la guerrilla” y a los cultivos de uso ilícito como “la causa del conflicto” y no como una de sus manifestaciones. Hasta el momento se tiene conocimiento de 5 fases que apuntalan el Plan:
Los costos iniciales del “Plan Patriota” superan los 140 millones de dólares por año y el aumento significativo de asesores, contratistas y soldados norteamericanos, pasando de 400 soldados a 800 y de 400 a 600 contratistas. En el mismo sentido, el gobierno de los Estados Unidos anunció oficialmente un incremento en “equipos de planeación” y ayuda logística en “planeación de combates terrestres, comunicaciones e inteligencia”. Dado que la financiación global del Plan depende en su mayoría del apoyo del Gobierno de los Estados Unidos, se advierte una reorientación de los recursos destinados inicialmente para el “Plan Colombia” hacia el “Plan Patriota”. Algo que ha sido catalogado con frecuencia por los opositores de la política de Seguridad Democrática como el pronóstico de una fuerte intervención durante los próximos años de los EE.UU. en el conflicto colombiano. Durante la implementación de la primera fase del Plan Patriota se dio un completo hermetismo oficial, que consistía en establecer “la seguridad y control territorial en los cascos urbanos”; hermetismo que ha sido roto a la culminación de la primera fase con las palabras del mismo ministro de Defensa Dr. Jorge Alberto Uribe, quien en compañía de la cúpula militar entregó el balance del desarrollo de la primera fase (durante los primeros días del mes de septiembre 2004), dándosele un gran despliegue publicitario a los logros (hallazgos y destrucción de 220 campamentos de la guerrilla y complejos cocaleros de este grupo ilegal en los departamentos del Meta, Caquetá y Guaviare) por parte de los hombres de la Fuerza de Despliegue Rápido y las Brigadas Móviles 9, 10 y 22 bajo el mando del general Reinaldo Castellanos, quien es el responsable de comandar las tropas del Plan Patriota en el sur del País. Pero los detalles sobre las circunstancias en las que combaten y avanzan los soldados sigan siendo un completo misterio y los medios de comunicación del país sigan omitiendo dicha información. 
El periódico EL TIEMPO, en la publicación del sábado 18 de septiembre 2004 informó que, terminada la primera fase del Plan Patriota, se empezó la segunda fase en la que proponen con una fuerza de 17.000 hombres, barrer 160.600 kilómetros cuadrados de selva para dar con los guerrilleros que ante la presión dejaron los cascos urbanos de pequeños poblados y se internaron en la espesura del Caquetá y el Guaviare. Se conoce que hasta el pasado mes de septiembre, aún se sostenían combates en La Tunia, antigua zona de distensión, Peñas Coloradas, El Billar y Las Ánimas en Cartagena del Chairá (Caquetá) y en los Llanos del Yarí, límites de Meta y Caquetá y también en Lagos de El Dorado en Miraflores (Guaviare) [35] . Tanto integrantes de las comunidades como algunos funcionarios y autoridades manifiestan que, aunque la presencia de la Fuerza Publica ha permitido que las autoridades locales despachen en algunos de sus municipios, las amenazas continuas a dichas autoridades no les permiten el completo ejercicio de sus labores y su desplazamiento hacia las zonas rurales es restringido en algunos casos y prohibido en otros. La gobernabilidad local (alcaldes, concejales, presidentes de las juntas de acción comunal y otros funcionarios del Estado), sigue siendo afectada por las amenazas de los grupos armados ilegales. En San Vicente del Caguán no hay ningún representante del Concejo Municipal y todos los funcionarios públicos están amenazados. En junio de 2004 el secretario de gobierno fue asesinado junto con su esposa. La semana posterior se asesinó un ex concejal. En la misma semana hubo un ataque con granada contra un grupo de policías en el parque central. En Belén de los Andaquíes, se conoció los asesinatos de dos maestros y en San José de Fragua, de dos presidentes de Juntas de Acción Comunal. Se tiene información sobre la entrada de paramilitares en el municipio de San Vicente del Caguán, unido al incremento de la Fuerza Pública al casco urbano. En Doncello, también informaron de la presencia de paramilitares en el casco urbano. En el sur del departamento se conoce que hay una presencia consolidada por parte de grupos paramilitares en las partes planas de los municipios Morelia, Albania, San José de Fraguas, Valparaíso, Curillo y Milán. Al parecer, la dinámica del conflicto ha generado una ubicación distinta de los actores en la región: En las cabeceras municipales, hacen presencia las instituciones del Estado junto con la Fuerza Pública, en la zona rural plana se encuentran los grupos paramilitares y en la zona rural de cordillera hacia la selva, es donde se encuentra la guerrilla. Con el incremento de la Fuerza Publica en el sur de departamento parece que los grupos paramilitares ya no son tan visibles en los cascos urbanos y que han aumentado su presencia en la zona rural. Después de la arremetida violenta en 2002 y 2003, parece ser que ha habido un cambio del actuar por parte de los paramilitares, de masacres a asesinatos selectivos, limpieza social y mayor control social. Al respecto, en el último informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se pronunció diciendo: “No obstante, los legítimos propósitos de dicha política no han podido lograrse en la dimensión que se esperaba. Las regiones con mayor presencia de la Fuerza Pública, continuaron con serios problemas de gobernabilidad y de orden público, incluyendo el aumento de la criminalidad en algunos de sus municipios. Asimismo, además de las irregularidades denunciadas en la actuación de la Fuerza Pública y las debilidades en materia de control judicial, persistió la presencia paramilitar, quedó pendiente la inversión social, y se registró una escasa presencia estatal, por fuera de la Fuerza Pública, en ocasiones con la Defensoría del Pueblo como única institución civil. Así lo señalaron los respectivos informes de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría General de la Nación” [36] . Personas de los diferentes municipios coinciden en manifestar que hasta el momento lo que evidencian como presencia Estatal en el departamento es una fuerte presencia militar y una focalización del gasto y esfuerzos hacia las Fuerzas Militares y poco o nada se ven en términos de inversión social para las zonas de conflicto, incrementando de esta manera las asimetrías históricas del desarrollo en el Departamento, ni siquiera se ve el empeño por mitigar el impacto de la guerra y estabilización de la población civil. 2.3.4 Seguridad Democrática sin estrategias para la protección de Derechos Humanos y DESC. [37] Desde el año 2003 las Fuerzas Militares han realizado detenciones masivas en los municipios de Cartagena del Chairá (casco urbano y Río Negro), Puerto Rico, La Montañita, San Vicente del Caguán (Aguililla, Puerto Betania, Santa Rosa, Buenos Aires y Puerto Amor). Los pobladores han protestado sobre la manera como la Fuerza Pública llega a las poblaciones, reúne a sus pobladores en un sitio público para que luego pasen personas uniformadas y con el rostro encapuchado (supuestos informantes) señalen a quienes acusan de “guerrilleros”. A partir de la detención, los afectados manifiestan haber tenido que soportar toda clase de abusos: presentación ante los medios de comunicación como guerrilleros, cabecillas o milicianos sin tener pruebas, judicialización y traslados a otras ciudades del país lejos de sus familias; desconocimiento de los derechos básicos al debido proceso, etc. Que si logran probar su inocencia al cabo de unos cuantos meses, no existe tipo alguno de reparación por el daño causado al buen nombre tanto para el acusado como para sus familias que deben seguir padeciendo el drama del estigma una vez regresan a sus lugares de origen, pues siguen siendo objeto de persecución. Hacia el sur del Caquetá, los grupos paramilitares siguen asesinando de manera selectiva a la población civil que consideran potenciales auxiliadores de la guerrilla en zonas protegidas por el Ejército como en La Rastra y La Novia pertenecientes a los municipios de Milán y Curillo respectivamente. En toda la región existen campos minados, especialmente en la zona del piedemonte, pasando el departamento del Caquetá en el último año, del sexto al tercer lugar en las estadísticas de identificación de minas antipersonales en zonas rurales, con la consecuente estela de muertes y heridos. Durante los primeros 15 días del mes de Octubre, se reportaron 59 nuevas víctimas de las minas antipersonales de las cuales, 19 eran víctimas civiles. [38] Como respuesta militar al “Plan Patriota”, las FARC-EP vienen endureciendo sus sistemas de control social hacia la población civil; reúnen a las comunidades rurales de la región y las presionan para que tomen partido a su favor bajo la amenaza de destierro y/o muerte para los que no asuman sus orientaciones:
Otro comportamiento que se está haciendo común, y que infringe el D.I.H. es impedir el levantamiento de cadáveres de quienes ellos, además de haber asesinado, perciben como informante o agentes de los organismos de inteligencia, como una medida de advertencia y escarnio público. De esta manera algunos cadáveres han permanecido expuestos en caminos y carreteras por varias semanas; también en el cementerio de San Vicente del Caguán, se reporta que desbordó su capacidad por la cantidad de cadáveres que les arrojan. Como es apenas lógico, la población civil ya no está en medio de la guerra, sino más bien como objetivo del conflicto y la violación a sus derechos fundamentales se ha convertido en el pan de cada día; por lo que se ven forzados a abandonar sus pertenencias y salir en busca de protección a sus vidas en los centros urbanos o ciudades. Ya no se puede hablar de un solo actor como responsable de los desplazamientos forzados de la población puesto que al interactuar dos o más de los actores que tienen presencia activa en la zona, la población civil queda en medio y se ve presionada a salir. Un contundente ejemplo de este hecho es el desplazamiento masivo del pasado 6 de enero de 2004 en el que, ante la inminente entrada del ejército a La Unión Peneya, inspección del municipio de Montañita, donde las FARC han ejercido dominio histórico, la gente estaba advertida y a la llegada de los helicópteros del ejército, sin amenaza directa empezaron a salir hasta dejar completamente desocupado el caserío. Según fuentes testimoniales, no hubo una amenaza directa contra la vida de los pobladores por parte de las FARC, se trató de una advertencia previa de que si el ejército llegaba, ellos debían abandonar la zona porque quedarían en medio de los combates. Caso similar se experimentó el 25 de abril en la inspección de Peñas Coloradas, jurisdicción de Cartagena del Chairá, en el curso medio del río Caguán, cuando por efecto de la llegada del ejército, fueron desplazadas cerca de 1.500 personas que habitaban el casco urbano y sus alrededores. Todo indica, que las FARC, con el ánimo de bloquear las acciones del ejército, instan a la población civil a desplazarse masivamente hacia otros lugares. Para el caso de Peñas Coloradas, la semana previa a la llegada del ejército, la guerrilla asesinó a 10 civiles sindicados de ser posibles informantes. Las comunidades no sólo tienen miedo por los inminentes enfrentamientos y las acciones represivas tanto del ejército como de la guerrilla, temen además por una posible entrada a la zona de grupos paramilitares, quienes en acciones desarrolladas durante años pasados han sembrado a su paso la muerte y el terror. Por efecto del “Plan Patriota” y la escalada de guerra que éste desata se estima un crecimiento significativo del desplazamiento en la región, lo que complicará la ya delicada crisis humanitaria en esta zona del país, sin que se avizore salida alguna. 2.4 Crisis Humanitaria que registra el Departamento del Caquetá
La intensificación del conflicto en la región sur del país, ha agudizado la crisis humanitaria en el Departamento del Caquetá, donde la población civil es la principal víctima no solo por los ataques directos e indirectos, sino por las situaciones indignas a que se ven sometidos por cuenta del abandono estatal, la presión de grupos ilegales, abusos de la Fuerza Pública, la estigmatización social y las pocas oportunidades de acceso a servicios públicos que les permitan mejorar su calidad de vida. Por lo anterior resulta de vital importancia reconocer en las expresiones de la crisis humanitaria actual, además de la complejidad que representa esta problemática, los diferentes escenarios de intervención que exige tal realidad como desafíos a la acción tanto del Estado para poder garantizar una verdadera Seguridad Democrática, como de todas las instituciones y fuerzas vivas de la sociedad caqueteña o foráneas que hacen presencia en la región. 2.4.1 Educación:Con respecto a la prestación del servicio de educación, donde se evidencia un abandono estatal más severo es en la zona rural, dado que tanto en la planta física e infraestructura, como en materiales pedagógicos y dotación, se estima que en promedio un 65% de las escuelas se encuentran en pésimas condiciones. Las Administraciones municipales argumentan que sus recursos son insuficientes para dar cobertura a tantas necesidades. El aspecto más relevante está en la problemática de saneamiento básico en los centros rurales, puesto que no cuentan con la posibilidad de garantizar a los estudiantes unidades sanitarias adecuadas, agua potable y red de alcantarillado. Se reconoce el esfuerzo gubernamental por dar cobertura total en cuanto a planta docente, mediante convenio celebrado con la Iglesia, gracias a lo cual en un 96% está garantizado la planta docente para la educación básica primaria y secundaria del departamento para el año 2004, salvo en algunos lugares donde hay problemas para la presencia del docente por orden público. La demanda por cupos educativos se ha incrementado en los centros de alta recepción de población desplazada como Florencia, San Vicente y las cabeceras municipales, la cual ha logrado desbordar la capacidad institucional instalada; mientras que en algunas escuelas del área rural se encuentran a la fecha sin alumnos o sin maestros debido al desplazamiento forzado de las familias. Particularmente en los casos de familias desplazadas, si bien las escuelas reciben a los niños, éstos deben estar registrados y reconocidos por la Red de Solidaridad Social mediante el SUR.; con lo cual no se puede garantizar que todos los niños y niñas de familias desplazadas están accediendo a la educación. Las autoridades perciben como causas de deserción escolar las condiciones económicas de las familias, las distancias entre las escuelas y su recorrido, la falta de documentos, entre otras. La oferta para educación secundaria y media no es alcanzable para familias vulnerables. Así mismo, debido a que la mayoría de personas desplazadas provienen del campo, las cabezas de familia no cuentan con la capacitación que les permita desarrollar actividades típicamente urbanas. La deserción escolar oscila entre el 20 y 22% en el departamento; lo cual se atribuye a la carencia de recursos por parte de las familias para cubrir los gastos de uniformes y útiles escolares, el peligro inminente de reclutamiento de estudiantes por parte de actores armados ilegales en las zonas rurales del departamento, la incapacidad para cumplir con los requisitos exigidos para acceder a beneficios del ICBF, especialmente en refuerzo alimenticio para estudiantes. 2.4.2 Salud.En todo el Departamento hay un solo hospital de II nivel ubicado en el municipio de Florencia y tres hospitales de I nivel: en Florencia, San Vicente del Caguán y Belén de los Andaquíes. Debido a que estos municipios son receptores de población desplazada, existe un gran número de casos remitidos a las ciudades de Neiva y Bogotá. El resto de los municipios solo cuentan con centros de salud mal dotados y con escaso personal médico. Las grandes distancias, el estado de las vías y el bloqueo realizado por parte de los actores armados a las medicinas, dificultan la atención a la población vulnerable. Adicionalmente, la RSS reconoce que no se está brindando atención ambulatoria en los hospitales de Florencia a la población desplazada que está registrada en el SUR por problemas económicos. 
Las autoridades locales manifiestan que la población civil sufre de enfermedades diarreicas, respiratorias, leshmaniasis, dengue, malaria, sífilis hepatitis entre otras. Algunas de estas ocasionadas por el mal estado del sistema de saneamiento básico y agua potable (acueducto y alcantarillado). También se reporta con preocupación el alto índice de desnutrición crónica y aguda en la población del departamento (35% según cifras reveladas por la Cruz Roja Holandesa), asociada al desplazamiento forzado, desempleo y la crítica condición económica generalizada en la región. Por ejemplo se cuentan casos de jóvenes que han sido despedidos con frecuencia de sus trabajos porque cuando deben asumir funciones que exigen esfuerzo físico se desmayan como producto de la desnutrición, otros casos como el reporte de jóvenes de 17 años de edad con un peso de 35 kilogramos. Adicionalmente, se reporta la existencia de otro tipo de enfermedades cutáneas e infecciones respiratorias por motivo de las fumigaciones. Uno de los ejemplos más graves que se conoce es la existencia de 55 casos leshmianasis en la zona rural de San Vicente de Caguán, que no están siendo atendidas por el bloqueo a medicinas impuesto por la Fuerza Publica. La población en condición de desplazamiento manifiesta graves dificultades cuando se enferman puesto que no cuentan con el dinero para poder comprar las medicinas que les formulan, las cuales generalmente son muy costosas, o peor aún, no tienen nada que ver con el diagnóstico médico. Adicionalmente, tienen que someterse exámenes que, en vista de su situación económica, son sumamente costosos. Actualmente no hay claridad sobre el porcentaje de la población desplazada que está registrada en el SISBEN. La situación en los hospitales es crítica porque a Septiembre de 2004, les adeudaban 1.200 millones de pesos por concepto de atención en salud ambulatoria a población desplazada y vulnerable en Florencia. El Instituto Departamental de Salud registra entre los años 2000 y 2004 un total de 123 casos de VIH, pero los diferentes centros médicos reconocen que existe un alto número de casos no reportados. Es preocupante la relación de los casos reportados en la población desplazada y otros casos que podrían estar asociados al conflicto armado y el desplazamiento. En Cartagena del Chairá, se reporta un elevado número de casos de VIH asociados a la proliferación de oferta y demanda de prostitución sin ningún tipo de control sanitario, especialmente en niñas menores de edad que por ser desplazadas se ven obligadas a prostituirse para subsistir. En el Municipio de Puerto Rico se reportan 2.580 casos de gardenella. En los diversos municipios del sur del Departamento, las comunidades reportan un acelerado incremento en los casos de suicidio en la población joven, aducen como principal causa el ambiente de desesperanza y las presiones a las que se ve sometida por parte de los actores armados en conflicto. También, aunque no se tienen cifras exactas, miembros de la comunidad en los diversos municipios expresan preocupación por el incremento de los casos de enfermedades mentales, maniaco-depresivas y psicológicas como producto de los traumas y secuelas legadas por la grave situación de violencia, pérdidas de familiares, situación de desplazamiento forzado, amenazas, persecuciones, etc. Que ponen en evidencia el poco impacto logrado por organismos que brindan atención psicosocial a la población desplazada y víctima de la violencia. 2.4.3 Seguridad alimentaria.En términos de disponibilidad de alimentos, el impacto de la economía del narcotráfico sobre la estructura agrícola conformó dos grupos predominantes en la región: los pequeños y medianos cultivadores de hoja de coca y los hacendados tenedores de ganadería. Esta situación hizo que la disponibilidad de alimentos del área rural y cabeceras municipales disminuyera. De por sí la misma concepción cultural de la seguridad alimentaria ha estado basada en la economía asociada a los cultivos de uso ilícito, lo cual provocó el que muchos campesinos dejaran de sembrar sus cultivos de pancoger para cultivar la coca, pues se supone que un cultivo tan rentable era suficiente para garantizar la compra de alimentos; el problema es que cuando se agudiza el conflicto, se restringe el ingreso de alimentos a la zona y la gente no tiene cultivos de dónde subsistir. Por otra parte, las fumigaciones masivas de los últimos meses, han afectado fuertemente la oferta de alimentos en las zonas rurales, puesto que dichas fumigaciones no distinguen los cultivos de uso ilícito con los cultivos de pancoger y exterminan todos los cultivos exponiendo a la población rural a una eventual situación de hambre que puede provocar la reacción agresiva de los campesinos que ya se manifiestan cansados de sentirse perseguidos por los actores armados ilegales y perseguidos por el Estado a través de la Fuerza Pública bajo el estigma de “auxiliadores” de uno y otro bando. Debido a lo anterior y al bloqueo de alimentos por parte de los actores armados, la posibilidad de acceso a los alimentos que tienen las comunidades es reducida y está caracterizada por precios altos, que se refleja en la disminución de la calidad de la dieta. No existen estudios de seguridad alimentaria sobre la población rural. Para la población desplazada que ha recibido atención alimentaria de la RSS y del CICR como parte de la ayuda humanitaria por tres meses, aunque en municipios como Puerto Rico se afirma que las ayudas no son entregadas completas ni a tiempo; dicha ayuda es insuficiente puesto que una vez se deja de recibir, las familias quedan en un estado igual o peor que al momento de llegada. La mayoría de las familias sólo tienen acceso a una comida diaria, lo que no permite realizar plenamente sus actividades. La ley de participación general no le permite a las escuelas, con suficientes recursos para incluir a los niños de familias desplazadas dentro de planes de alimentación escolar. En algunos municipios los incluyen dentro de los programas regulares de ICBF. Según el ICBF en Florencia el 30% de los niños y las niñas menores de 12 años sufre de malnutrición crónica. También asociado al problema de desplazamiento está el “conflicto” por alimentos que se presenta entre la población desplazada y la población receptora; pues siendo en la mayoría de los casos población muy vulnerable, las familias receptoras encuentran en el hacerse pasar por desplazado, una posibilidad para entrar a “competir” por alimentos y ayudas tanto del Estado como de los organismos de ayuda humanitaria. En Florencia se encontraron algunos casos presentados en los grandes asentamientos, a donde normalmente llegan las familias desplazadas, en los cuales las familias receptoras se ofrecen a albergar en sus casas a familias desplazadas recién llegadas y les orientan todos los trámites necesarios para acceder a los mercados en la Red de Solidaridad o el CICR; ayudas que deben ser compartidas con la familia receptora en contraprestación por la posada que les brindan; una vez pasan los meses de recepción de ayudas, los sacan a la calle para recibir una nueva familia. [39] Las Administraciones municipales han tenido que echar mano de sus escasos recursos para complementar los programas regulares del ICBF y garantizar así al menos el almuerzo y refrigerio a la población escolar. Sin embargo reconocen las autoridades que se quedan cortos en su deber de garantizar alimentación a todas las familias de la región. 2.4.4 Saneamiento básico.El tema de saneamiento básico es uno de los más precarios del Departamento, pues la totalidad de los caseríos y centros poblados del sector rural no cuentan con las mínimas condiciones para la prestación del servicio de alcantarillado y acueducto; mientras que en las cabeceras municipales tan solo en el 30% de los municipios cuenta con el Servicio de Agua potable con cobertura deficiente y la calidad de las aguas no es la más apta para el consumo humano. En Municipios fuertemente receptores de población desplazada como Florencia, San Vicente y Cartagena del Chairá, la situación sanitaria es mucho más crítica por la llegada de grandes cantidades de población desplazada la cual llega a ubicarse, por lo general, en asentamientos subnormales y deben vivir en zonas de alto riesgo, sin cobertura de servicios, generando y padeciendo graves problemas de salubridad. 2.4.5 Vías de acceso.Tal como se expuso en las generalidades del presente documento, el Caquetá tiene una red vial de 2.740 Km, de los cuales el 11.4% está pavimentado y registra en la actualidad un estado de deterioro y total abandono, mientras que el 88,6% restante se encuentra sin pavimento y en pésimas condiciones. Los mandatarios locales expresan los grandes esfuerzos que deben hacer por tratar de mantener en mínimas condiciones de tránsito las vías terciarias, es decir las que conducen a las veredas y que son vías sin pavimento ni obras de arte y protección; con los pocos recursos que tienen para enfrentar esta necesidad, a duras penas logran atender una raspada al inicio del año y le echan balastro para que puedan transitar los vehículos. Pero ese presupuesto se agota antes de la mitad de año y no se ve lo que se hace. Otro factor que complica la situación de las vías de acceso es el de las pésimas condiciones climatológicas de la región, especialmente este año que con tanto invierno el trabajo realizado a las vías ha sido prácticamente perdido. Con respecto a las vías secundarias, tanto miembros de la comunidad como administraciones locales se quejan por la inoperancia del Departamento en este tema puesto que desde que asumió la actual administración no se le ha puesto mano a las vías que ya están en tan pésimas condiciones con lo que se ha disparado el índice de accidentalidad en las vías pavimentadas. Lo anterior influye determinantemente en la situación humanitaria puesto que las vías de acceso son uno de los principales factores que hace improductiva cualquier actividad agrícola y pecuaria en la región. El precario estado de las vías obliga en muchas ocasiones a utilizar transporte fluvial que se caracteriza por sus altos costos y encarece el transporte terrestre pues tanto la inseguridad en las vías como el acabose de los vehículos se carga al usuario y con ello se encarece el costo de transporte de insumos y productos, dejando al campesino inmerso en una difícil situación, muy bien ilustrada por uno de ellos, quién ejemplificó: “Un racimo de plátano no lo están pagando a más de $7.000 cuando los costos de la producción pasa de los $5.000 y el transporte lo eleva en otro tanto, entonces ¿para qué sembrar plátano si en cada racimo se pierde alrededor de $3.000? En cambio, en el comercio de la hoja de coca ellos se las ingenian para transportarla y uno solamente la entrega y tiene su paga; entonces ¿cómo esperan que los campesinos dejemos de cultivar la coca si no tenemos condiciones propicias para sembrar cultivos de uso lícito? El gobierno, antes de perseguirnos, debe pensar si él ha cumplido su parte primero. [40] Las autoridades municipales se muestran pesimistas frente al tema de gestión de recursos con el Gobierno Nacional, pues se sienten golpeando una puerta sellada en Planeación Nacional; literalmente manifiestan sentirse huérfanos con respecto al Gobierno Nacional. [18] Colonizador-coquero: Expresión utilizada para identificar al colono que siembra cultivo de coca en sus tierras. [19] Raspachines: Expresión que denota a la población flotante que llega a los cultivos de coca en busca de trabajo y es empleado en el proceso de raspado de la hoja de coca. Son personas generalmente jóvenes que vienen de otros lugares del país deslumbrados por las promesas de la economía ilícita. [20] Traquetos: Expresión utilizada para identificar a las personas dedicadas al negocio del tráfico de drogas y tienen características particulares, que los hacen fácilmente reconocibles por los exuberantes lujos, vehículos finos, joyas, etc. [21] ARTUNDUAGA BERMEO, Félix. “Historia General del Caquetá”. Florencia: Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes del Caquetá. Consulta página google de internet sobre Historia del Caquetá, Septiembre de 2004. [22] ELTIEMPO.COM – Archivo electrónico. “Golpe al corazón financiero de las FARC”. Bogotá, Julio 15 de 1996 [23] ELTIEMPO.COM – Archivo Electrónico. “75.000 campesinos se toman a Caquetá”. Por María Luisa Murillo, corresponsal de El Tiempo. Bogotá, 15 de Agosto de 1996. [24] Boletín sobre el proceso de diálogos con las FARC-EP, página web: www.colombia.com – Orden Público. [25] Ibid. [26] Ibid. [27] SEPAS: Secretariado (Diocesano) de Pastoral Social [28] Plan de Contingencia Diocesano para la Atención a población desplazada. SEPAS Florencia. Abril de 2002. [29] La declaratoria de la guerra contra el terrorismo por parte de Estados Unidos abrió una posibilidad de acceso a los recursos de cooperación de este país, lo que sustenta el inmediato cambio de lenguaje. Ej. narcoguerrilleros por narcoterroristas. [30] Seguridad Democrática, la prioridad número uno del Gobierno de Álvaro Uribe. Por Johann Guevara Olier. – Artículo sobre el foro “¿Se está ganando la guerra?” Organizado por la revista Semana, periódico El Tiempo, Caracol Radio y Noticias y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. [31] Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –CODHES www.reliefweb.int - Octubre de 2004. [32] Seguridad Democrática arroja positivo Balance – Artículo de El País, Cali, Octubre 13 de 2.004 según informe presentado por el Ministro de Defensa Dr. Jorge Alberto Uribe en Bogotá, según el cual, entre enero y septiembre de 2004, la incautación de 123 toneladas de cocaína, lo que representa un incremento del 57% en relación con los decomisos registrados en el igual período de 2003; en cuanto a heroína y morfina: las incautaciones ascendieron a 602 kilogramos, insumos líquidos 997.000 galones e insumos sólidos 1.795 toneladas. También el ministro Uribe reveló que hasta el momento han sido destruidos 1.581 laboratorios para el procesamiento de cocaína y cinco pistas ilegales, lo mismo que el Ejército y la Policía han decomisado 952 vehículos que estaban al servicio del narcotráfico, la Armada inmovilizó 226 embarcaciones y la Fuerza Aérea inmovilizó e inutilizó 33 aeronaves. [33] Informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Colombia, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, www.hchr.org.co, doc.E/CN.4/2003/13, Bogotá, 24 de febrero de 2003, párrafo 169. [34] Seguridad Democrática arroja positivo Balance – Artículo de El País, Cali, Octubre 13 de 2.004 según informe presentado por el Ministro de Defensa Dr. Jorge Alberto Uribe en Bogotá. [35] EL TIEMPO. Sección Nación página 1-4 Sábado 18 de Septiembre de 2.004 [36] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. Informe sobre Derechos Humanos en Colombia. Referencia E/CN. 4/2004/13 del 17 de Febrero de 2004. Párrafo 19. [37] DESC: Derechos Económicos, Sociales y Culturales). [38] Seguridad Democrática arroja positivo Balance – Artículo de El País, Cali, Octubre 13 de 2004 según informe presentado por el Ministro de Defensa Dr. Jorge Alberto Uribe en Bogotá. [39] Testimonio recogido con población desplazada por parte de los Agentes de Pastoral que realizaron el CENSO Solidario en Florencia del 7 al 11 de Junio de 2004. [40] Fuente testimonial de un campesino miembro de las comunidades rurales del medio Caguán, tomada durante la Misión exploratoria conjunta Iglesia – Naciones Unidas del 4 al 7 de Octubre de 2004 Indice >> [ Anterior | Siguiente ]
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