| Salud y Desplazamiento (English) |
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Boletín No. 14/15 CréditosRUT INFORMA Sobre desplazamiento Forzado en Colombia CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA Secretariado Nal. De Pastoral Social Sección de Movilidad Humana Director Mons. Héctor Fabio Henao Gaviria Obispo Asesor de la Sección de Movilidad Humana Mons. Nel H. Beltrán Santamaría Coordinador Sección de Movilidad Humana P. Sante Cervellin c.s. Investigación y Redacción Patricia Beltrán Procesamiento de Datos, Gráficas y Tablas Rodrigo García Téllez Revisión de Textos Fanny Uribe Idárraga Diseño y Diagramación Villamira Castro L. Patricia Beltrán Impresión Editorial Kimpres Ltda.. Informes Cra. 47 No. 84-85, A.A. 59206 Tels: 57 – 1- 3114055 (PBX), Fax: 57 – 1 3115058 / 3119754 e-mail: snpscol@cable.net.co www.pastoralsocialcolombia.org POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO ALBERGADA EN "EL COLISEO" Y "LOS SILOS" EN QUIBDÓ, CHOCÓ.PRESENTACIÓNEl documento que se entrega es una aproximación al análisis de la realidad del desplazamiento forzado, teniendo en cuenta los intereses, causas y efectos, en uno de los departamentos caracterizado por su nivel extremo de pobreza y por el abandono histórico y estructural con sus comunidades por parte del Estado: el Chocó. Tantas veces mencionado por las violaciones sistemáticas de los derechos que la legislación internacional y nacional otorga a las comunidades indígenas y afro-descendientes, como grupos étnicos protegidos. El territorio, entendido como el universo diverso de relación íntegra entre las comunidades y su entorno, las formas de producción y apropiación de los recursos naturales, las formas de comunicación e interrelación de solidaridades, como los vínculos y lazos de familiaridad en los grupos étnicos, que fortalecen su autonomía y su identidad, se encuentran permanentemente amenazados por el conflicto de intereses y los distintos actores que se disputan la soberanía y la apropiación de esta región del país, que cuenta con un potencial biológico apetecido por los países altamente desarrollados Las familias desplazadas que se encuentran albergadas en el Coliseo de Quibdo y las comunidades en retorno del Alto Baudó, manifiestan mediante sus testimonios de dolor la forma en que fueron arrojados y despojados de sus tierras. Son víctimas directas del desplazamiento forzado, la desaparición de sus familiares, la ejecución sumaria, individual y colectiva, la restricción a la movilización, los alimentos y el combustible, la desintegración familiar y comunal, la indiferencia y el estigma característico del lugar de recepción, la vulneración de los derechos colectivos y en general el deterioro humano. Este estudio se apoya esencialmente en el análisis realizado de fuentes primarias como son la encuesta sobre Población Desplazada por la Violencia en Colombia RUT, y los testimonios y vivencias suministrados por las personas en condición de desplazadas que se encontraban en Quibdo en Julio de 2001. Igualmente, se han consultado fuentes secundarias domo textos, pronunciamientos, periódicos, documentos, entre otros, que sirvieron de apoyo para su elaboración. La metodología se realizó sobre la base de contextos diferenciados, tomando en cuenta el contexto general del Chocó en el Pacífico Colombiano y los contextos específicos para cada caso, dado que los desplazamientos de los dos casos propuestos se desarrollan en momentos y lugares diferentes y con desencadenamientos distintos. Los análisis contextuales nos arrojan un estado de cosas en el presente, que apunta hacia los efectos o consecuencias; y otro con respecto al pasado que ahonda en las causas que dieron origen a los desplazamientos. Finalmente se abordó la información estadística de tipo sociodemográfico, la cual nos entrega una caracterización de la población afectada por el desplazamiento forzado, que se desplazó hacia la ciudad de Quibdo. El periodo abarcado se da según el caso. Para el Alto Baudó se toma como referencia la fecha de expulsión, transición y retorno (Junio de 2001 a Septiembre 2001). Para el caso del Coliseo, la fecha de expulsión y albergue prolongado en Quibdo (1996 a Agosto de 2001). Este trabajo fue posible gracias al concurso y apoyo del equipo de Vida, Justicia y Paz de las Diócesis de Quibdo e Istmina-Tadó, al que agradecemos de manera especial en nombre de la Sección de Movilidad Humana. El siguiente trabajo hace parte de la elaboración de dos estudios de caso sobre desplazamiento en Quibdo, con ocasión de la implementación del Sistema Sobre Población Desplazada por al Violencia en Colombia-RUT, en la Diócesis de Quibdo e Istmina-Tadó. CONTEXTO SOCIOPOLÍTICOTanto el conflicto de intereses económicos y políticos en su ámbito internacional, trasnacional y nacional, como la disputa por el dominio territorial, poblacional y militar por parte del Estado, los paramilitares y la guerrilla, son el caldo de cultivo propicio para la provocación de desplazamientos individuales y/o masivos con carácter de éxodo, como ha ocurrido con las personas desplazadas de Riosucio, Carmen de Atrato y Alto Baudó. En los últimos cinco años, las comunidades han sufrido consecuencias del conflicto de intereses y armado, como las siguientes: el desplazamiento forzado de personas, asesinatos individuales y colectivos, desapariciones forzadas, restricción a la circulación de alimentos, la violación y el irrespeto a los parámetros y costumbres de convivencia de las comunidades. La violación a los derechos humanos y el desacato al Derecho Internacional Humanitario han sido una constante luego de las incursiones paramilitares y subversivas efectuadas a partir de 1996, afectando de manera violenta a varias comunidades en proceso de retorno y de resistencia civil. Se les ha denominado comunidades en resistencia a aquellas que se han negado a abandonar su lugar de origen, con el riesgo que impone el desafío a la amenaza de la vida, el miedo y el acceso a los alimentos, etc. En la actualidad, existen varias de ellas en el departamento del Chocó y subsisten gracias al apoyo humanitario de las organizaciones comunitarias, organizaciones no gubernamentales, ONG, nacionales e internacionales y de la Iglesia. La ayuda humanitaria es enviada mensualmente por vía fluvial. Ante la vulnerabilidad y situación de riesgo en la que se encuentran dichas comunidades, la Diócesis de Quibdo ha liderado una veeduría para la protección y prevención de posibles desplazamientos de las comunidades en mención. PROCESOS Y DINÁMICAS ÉTNICO-CULTURALESLa relación de las comunidades negras del Medio Atrato con su territorio contiene un referente histórico por la apropiación de las formas de vida, para el cual reclaman respeto, amparadas en la convicción íntima de que sólo a través de una relación con el territorio es posible la continuidad del proyecto de vida en equilibrio con el entorno. Lo que le da razón de ser a lo territorial y a lo organizativo de las comunidades negras es el componente étnico que determina el sentido de la vida y el horizonte de desarrollo. La identidad étnica permite fijar criterios básicos de autonomía, autogestión, beneficio comunitario y responsabilidad ecológica al concebir el territorio como un espacio que acoge la vida en su integridad. La llegada de las comunidades negras al Chocó data de la primera década del siglo XVII (1605), las cuales tuvieron como destino los distritos mineros (reales de minas) de Nóvita, Sipí, Tadó y Quibdo. Desde entonces se inician los procesos migratorios de dichas comunidades al resto del departamento, a partir de los diferentes ciclos de auge y caída de la explotación minera y en la búsqueda constante de su independencia, teniendo como caminos de expansión territorial los ejes viales de los tres grandes ríos que cruzan el Chocó: el Atrato, El San Juan y el Baudó. Hoy las comunidades negras del Chocó enfrentan una amenaza múltiple, toda vez que como grupo étnico asentado desde hace cuatro siglos en dicho departamento, corre el riesgo de ser expulsado definitivamente de su territorio y desarraigado parcial o totalmente de su cultura. CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD A TRAVÉS DE LOS DESPLAZAMIENTOSLa apropiación territorial que las comunidades negras han hecho del Medio Atrato se inicia a partir de los desplazamientos que se hacen de los distritos mineros hacia ríos tributarios del Atrato, que tienen una riqueza aurífera. En un proceso de luchas constantes, las comunidades, a través de sus organizaciones, vienen haciendo diferentes propuestas para garantizar la vida de los pueblos y que sean respetados su cultura, su cosmovisión y los derechos adquiridos con relación al territorio. En el Chocó, con el escalamiento y quizá la degradación del conflicto, se ha generado la violación de los derechos fundamentales de las comunidades y de los pueblos, ligada a la explotación de los recursos naturales. Las comunidades negras de carácter étnico territorial y algunos estudios de derechos humanos concluyen que la situación de guerra en el Chocó es de carácter causal, en tanto que confluyen los intereses de tipo nacional e internacional, que buscan adecuar la zona a las exigencias de los proyectos de desarrollo para el futuro de la región. RIQUEZA Y POBREZA DEL CHOCÓ DENTRO DEL PACÍFICO COLOMBIANOLa región del Chocó biogeográfico, es decir las tierras que van desde la serranía del Darien, en la frontera con Panamá, hasta el Ecuador, al occidente de la cordillera Occidental, son consideradas como la región más húmeda del geotrópico y probablemente del mundo. El departamento del Chocó posee los índices de pobreza más altos del país. Según las necesidades básicas insatisfechas, ésta ha aumentado en el último año a un 62.2% y la miseria presenta un índice del 23.5%. De otra parte, la pobreza por ingresos registra un índice del 75.3% y la indigencia es la mayor del país con un porcentaje del 47.4%. Además, posee el nivel más alto de analfabetismo de todo el país con el 23.3%. Por último, el índice de condiciones de vida sólo llega al 55.3%.  El departamento del Chocó tiene una superficie de 46.530 kilómetros cuadrados. Limita al norte con la república de Panamá y el mar Caribe; por el este con los departamentos de Antioquia, Risaralda y Valle del Cauca; por el sur con el Valle del Cauca y por el occidente con el océano Pacífico. Según el DANE, posee un total de 542.962 habitantes, de los cuales 382.022 corresponden a las cabeceras municipales y 163.940 al sector rural. El Chocó en particular reviste gran importancia estratégica, dada su especial ubicación como punto de encuentro de los dos océanos y centro donde han fijado su atención las políticas mundiales para el "desarrollo" del mar del siglo XXI. El departamento del Chocó es uno de los más lluviosos de Colombia – de ahí sus numerosos ríos – que, unido a las temperaturas mayores de 30°C, de las tierras bajas, mantienen una alta humedad y exuberante vegetación. Por este motivo, ofrece una de las mayores riquezas en recursos naturales del país. En este territorio se encuentran ancestralmente asentados tres grupos indígenas: Embera, Wounaan y Tule. Los Embera a su vez están conformados por varis subfamilias: Embera de río, Katíos y Chamí. PRINCIPALES ESTRATEGIAS ESTATALES DE INTERVENCIÓN EN EL PACÍFICODesde la década de los años setenta, comenzó a estructurarse la formación de proyectos tendientes a aprovechar la gran riqueza del Pacífico colombiano y así dinamizar el capital nacional e internacional para la inversión en el diseño y construcción de lo que se ha conocido como los megaproyectos del Pacífico. Para sacar adelante estos propósitos se diseñaron planes de desarrollo regional (PLADEICOP, PLAN PACIFICO, AGENDA PACIFICO XXI) que si bien en esencia persiguen el mismo objetivo, cada uno cuenta con matices que enfatizan proyectos o proponen metas y fases diferentes. El Plan del Desarrollo Integral para la Costa Pacífica – PLADEICOP – hizo énfasis en la potencialidad y riqueza de los recursos naturales de la región y la necesidad de ser aprovechados al máximo. Fue apoyado por el fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, entre otros, y ejecutado por la Corporación del Valle del Cauca (CVC). Al parecer, con este Plan se inició la institucionalización del desarrollo en el Pacífico, ya que este programa hizo énfasis en la necesidad de "convertir el Pacífico colombiano en un corredor de tráfico intenso de bienes y servicios". De allí que las conclusiones y propuestas del programa estuvieron dirigidos a potenciar los planes de infraestructura: entre otros, construcción del Canal Interoceánico Atrato-Truandó, Construcción del Puente Terrestre Interoceánico entre Bahía Candelaria en el Atlántico y Bahía Cupica en el Pacífico. PLAN PACIFICOEste Plan fue formulado en marzo de 1992, acogido por los gobiernos de Cesar Gaviria Trujillo y Ernesto Samper Pizano. El plan responde a las directrices del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, (PNUD), el Banco Mundial (BM) y Global Environmental Facility (GEF), que ven al Pacífico colombiano como un banco genético por su gran endemismo y biodiversidad. Por ello, el centro de los planes ya no era la infraestructura (sin que ella fuera descartada), sino la riqueza ambiental. Esto obligó al gobierno central a zonificar ecológicamente la región y diseñar un Plan para su protección como requisito básico para poder acceder a la negociación de créditos de financiación con la banca mundial, El Plan también contempló como nueva prioridad el sector energético a nivel de construcción de hidroeléctricas y de interconexión de Juradó, Pizarro, Timbiquí, Guapí, Ungía y Bocas de Satinga. PROPÓSITOS DE LOS PLANES Y CHOQUE CULTURALExisten varios propósitos como la construcción de un puente interoceánico y de un poliducto, implementación de proyectos hidroeléctricos, concesiones por parte del Estado colombiano para que las multinacionales puedan realizar investigaciones sobre la diversidad biológica en la costa pacífica, implementación de estrategias para el manejo y control de la diversidad biológica y genética que posee la región, posicionamiento de la región como una gran ruta comercial y de desarrollo industrial; de ahí la importancia de la red de comunicación fluvial, férrea y terrestre que ya esta en construcción.  Estos propósitos que buscan afanosamente transformar la región del Pacífico en una zona de abundante comercio y como laboratorio biogeográfico y genético, generan necesariamente un enfrentamiento entre las comunidades indígenas, negras y mestizas. Este modelo desarrollista es contrario a la propuesta de las organizaciones étnicas y sociales que han posicionado la discusión frente a la necesidad de un desarrollo concertado, que parta de sus necesidades y construcciones culturales, es decir, del etnodesarrollo. El Chocó biogeográfico es reconocido como la región con la más alta concentración de biodiversidad por unidad de área reportada en el mundo. Se han reportado hasta 400 especies de árboles y 800 de vertebrados por hectárea, muy por encima de los datos reportados sobre la Amazonía. La "iniciativa para las Américas", que a mediados de la década de los 90 presentó el gobierno de los Estados Unidos, tiene su componente ambiental y va desde el cambio de deuda externa por naturaleza, hasta establecer una serie de condiciones relacionadas con el otorgamiento de patentes ambientales, en las que exigen mayor apertura en el campo de la propiedad industrial, permitiendo fronteras abiertas a la investigación, a la inversión, a la apropiación y a las patentes de lo encontrado.  Así se ha concedido patentes sobre material genético, tanto de especies de animales como de información sobre ADN de comunidades indígenas a multinacionales especialistas en biotecnología. Es importante mencionar los anteriores aspectos de complejidad, que podrían dar luces sobre el universo de intereses mezclados para profundizar en las causas inmediatas y estructurales posibles, capaces de originar movimientos migratorios, y en todo caso, facilitando la violación de derechos a las comunidades asentadas a lo largo y ancho del Chocó. COMUNIDADES Y TITULACION COLECTIVAComo ya se ha mencionado, las comunidades negras del Chocó se caracterizan por haber emprendido una lucha por la defensa del territorio en la región. Esta lucha se ve cristalizada en parte con lo que sería el inicio de la legislación en materia de reconocimiento de derechos colectivos para las comunidades afro-colombianas e indígenas y, que se constituyó en un logro importante para las comunidades étnicas. La Asociación Campesina Integral del Atrato, ACIA, posee el título de mayor cobertura en extensión y cantidad, el cual fue otorgado el 29 de Diciembre de 1997, según resolución 044566 con 695.000 hectáreas en la cuenca del Medio y Bajo Atrato. Al respecto se observa una contradicción frente a la adjudicación legal del territorio a las comunidades y los hechos de expulsión de familias, que son propietarias de título colectivo, que tuvieron que salir de manera forzosa. El título colectivo es el significado y el resultado de la constante lucha convertida en instrumento legal, que les permite a las comunidades demostrar la propiedad. Las tierras adjudicadas por el título colectivo no son enajenables (se transmite la propiedad sólo entre miembros del mismo grupo étnico), imprescriptibles (no se pierde la propiedad por ausencia de un miembro de la familia, no se gana por ocupación, sino que se pertenece a ella) e inembargables (no se pueden retener o disponer de ellas por mandato judicial).  En este sentido, las personas que salen expulsadas no renuncian ni pierden ese derecho; sin embargo, se produce una ruptura en el desarrollo de su práctica étnicoterritorial, lo que afecta el sentido de pertenencia como un aspecto fundamental de la identidad. Los anteriores aspectos resultan relevantes para este estudio, si se tienen cuenta que el grupo poblacional total analizado en este texto, de alguna manera hace o ha hecho parte de un Consejo Comunitario, ubicado ya sea en la cuenca del Atrato o en cuenca del Baudó. EL TRABAJO ECLESIAL Y LAS COMUNIDADESDesde 1983 se han venido implementando proyectos de tipo comunitario y de estabilización socioeconómica, como una estrategia de subsistencia y de prevención para las comunidades vulnerables al incremento de la pobreza y al desplazamiento forzado. En particular, la propuesta de la Diócesis de Quibdo, ha sido presentar al pueblo una evangelización integral, es decir, que abarque todos los ámbitos de la vida de las comunidades. El trabajo que ha venido realizando a nivel organizativo a través de los equipos misioneros agustinos, claretianos y diocesanos, contribuye a la región en la búsqueda de estrategias que le permitan a las comunidades asentar su base organizativa y comunitaria para tu sobre vivencia en medio del conflicto. LA PERSECUCIÓN A LA IGLESIA Y LAS ONGUn aspecto por resaltar y que influye de manera notable en las comunidades desplazadas, se relaciona con la pérdida de credibilidad en las entidades gubernamentales y agentes estatales, al sentir la negligencia por aparte de éste en la implementación de un a política pública acertada de prevención de los desplazamientos y que puede contrarrestar los problemas socioeconómicos que la región posee. Otro problema de la falta de credibilidad está asociado con la inoperancia frente al esclarecimiento de los hechos de violaciones a los derechos humanos; asimismo, con la ineficacia de la norma para evitar o sancionar conductas (principalmente de funcionarios públicos), lesionadoras de la dignidad humana. Un ejemplo de ello es el atentado cometido el 18 de Noviembre de 1999 contra una comisión humanitaria de la Diócesis de Quibdo, que provocó la muerte del sacerdote de Bellavista Jorge Luis Mazo y del miembro de Paz y Tercer Mundo, Iñigo Eguiluz Tellería. Para citar solo un caso, en dicho atentado se comprobó la complicidad de algunos miembros de la fuerza pública y los grupos paramilitares, sin que hasta el momento se haya fallado en justicia. Los anteriores hechos crean un clima constante de impunidad que se ha ido reproduciendo a medida que se recrudece el conflicto armado. LOS DERECHOS HUMANOS: UNA BUSQUEDA Y UNA CRISISEl pueblo del Chocó ha vivido en constante resistencia y supervivencia de sus culturas afro colombiana e indígena. El deterioro de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario se ve reflejado en las constantes violaciones al derecho a la vida, la integridad y la libertad; el índice de analfabetismo y desnutrición reflejan la precariedad del ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales y, por ende, un abandono por parte del estado. Con la realidad del desplazamiento afloran los problemas socioeconómicos que subyacen en las comunidades y que se agudizan multidireccionalmente ante esta situación. Y aunque al parecer el Estado ha hecho un esfuerzo de tipo legislativo con el reconocimiento de los Derechos Colectivos, resulta escaso e insuficiente frente a la demanda social y cultural de las diferentes comunidades. Así lo perciben las comunidades, quienes no han podido emprender el desarrollo autónomo de su territorio. Es importante observar que el logro del reconocimiento del los Derechos Colectivos, es el resultado de procesos comunitarios y luchas por el acceso a la tierra y la preservación de la identidad como centro o unidad de las comunidades del Chocó. Precisamente el desencadenamiento de la crisis de Derechos Humanos que provoca los enfrentamientos entre los actores armados, se da en medio de procesos de titulación colectiva de tierras, para las comunidades negras establecidas, como ya se ha mencionado, por la ley 7 de 1993. En la parte norte correspondiente al río Truandó, se adjudicó el título colectivo de 70.000 hectáreas, en Marzo de 1997, cuando gran parte de la población de esta zona se encontraba desplazada y algunos de los líderes de la organización que dirigieron el proceso organizativo de las comunidades para recibir la titulación, habían sido asesinados por los paramilitares, acusados de pertenecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC. Las comunidades del Alto Baudó, luego de cuatro años de haber presentado la solicitud del título colectivo del territorio de 174.253.000 hectáreas con 1.434 metros cuadrados, tuvieron que recurrir a una acción de cumplimiento para que finalmente fuese entregado el 23 de Mayo de 2001. Después de 10 días de haber recibido el título, se produce el desplazamiento de las comunidades del Alto Baudó, por presión de los paramilitares; historia que ya había sucedido en el municipio de Riosucio, con los primeros títulos colectivos entregados en el Bajo Atrato, en Diciembre de 1996, cuando fueron masacrados y desplazados en aquel entonces los Consejos Comunitarios. En Febrero de 1998 se recibió el título colectivo de la ACIA en las comunidades del Medio Atrato, en medio de una gran presión al desplazamiento violento y forzado de los Concejos Comunitarios de esas comunidades, igualmente originado por paramilitares, situación preocupante para las comunidades del Chocó. La autonomía y la territorialidad se vulnera en las comunidades con los hechos de violencia generados por los actores armados y especialmente a través del posicionamiento del paramilitarismo en la región ingresando al departamento del Chocó, desde el norte, por el Urabá chocoano, por el oriente, por el Carmen de Atrato y por el sur, desde Buenaventura, incrementando las amenazas, los asesinatos selectivos, las masacres y la "limpieza social" en el área urbana de Quibdo. Asimismo, se vulneran los derechos a la autonomía, con los intereses del capital nacional e internacional, que se relacionan con la implementación de proyectos de desarrollo (energéticos y mineros, entre otros), los cuales desplazan en forma indiscriminada a las comunidades asentadas ancestralmente en la zona. EL PAPEL DEL ESTADO Y LAS POLÍTICAS PÚBLICASEl Estado está en la obligación de garantizar la seguridad y bienestar de los ciudadanos lo cual no se está cumpliendo o se cumple parcialmente. Con respecto al Chocó, debe velar por la protección de la diversidad étnica y cultural, y con ello el respeto a la normatividad constitucional y legal que regula esta materia. Esto se traduce en que se debe entender a la población afro descendiente e indígena en situación de desplazamiento de acuerdo con sus usos y costumbres. En los Principios Rectores se señala que los Estados tienen la obligación de prevenir y tomar medidas de protección contra los desplazamientos con dependencia especial de sus tierras, o cuyo objeto o resultado sea la alteración en la composición étnica, religiosa o racial de la población afectada. Pese a la expedición y reglamentación de la ley sobre desplazamiento, las instituciones estatales aún no cuentan con planes de atención inmediata a los desplazamientos masivos ni mucho menos con planes de retorno que contemplen la seguridad y la dignidad de las comunidades. La crítica situación de los afro descendientes desplazados representa un incumplimiento del Estado colombiano a los Principios Rectores de los Desplazados internos, elaborados por las Naciones Unidas, tanto aquellos que tienen que ver con la prevención del fenómeno como los que aluden a la atención de las víctimas durante el desplazamiento y en los procesos de reubicación o de reasentamiento. Las condiciones a las que se han visto avocadas las comunidades desplazadas se reflejan claramente en los testimonios y declaraciones por parte de los habitantes quienes, pese al desarraigo y adversidades, crean estrategias de protección desde los procesos organizativos de la comunidad y el acompañamiento de la Iglesia y de las ONG, que ejercen una labor importante en el campo de la denuncia y la asistencia humanitaria. La oferta estatal de atención a la población desplazada en el pacífico (en su gran mayoría indígena y afro descendiente), para que sea un ejercicio democrático participativo y útil, debe prever las situaciones límites y masivas, así como las particularidades étnicas, sociales y culturales de las comunidades. LA COMUNIDAD INTERNACIONALLos desplazamientos continuos en la región a partir de 1996, se constituyeron en hechos graves, en los que se violaron los Derechos Humanos de las personas en esta situación, sin que encontrase respuesta urgente y efectiva por parte del Estado, lo que ha conllevado a que numerosos sectores nacionales y la comunidad internacional hayan incrementado las denuncias haciendo más visible esta problemática. A ello se refiere la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al señalar que, frente a las medidas de prevención, no se ha disminuido los casos a pesar de que "la gran mayoría de los desplazamientos fueron anunciados por los grupos responsables o denunciados por las comunidades afectadas, organismos de control, la Iglesia o diversas organizaciones de la sociedad civil. Para el caso especifico del chocó la Comisión se pronunció al citar a la Consulta Permanente sobre Desplazamiento Interno en las Américas (CPDIA), la cual ha considerado que en "la región del Chocó y en particular el Bajo Atrato, donde se proyecta las construcción del Canal Atrato – Truandó, se ha convertido en un escenario de guerra que afecta principalmente a las comunidades afro caribeñas y a los indígenas, resultando frecuentemente en el desplazamiento de estas personas. DESPLAZAMIENTO DEL ALTO BAUDÓCARACTERISTICAS GENERALESAunque dicho caso se le reconoce como el desplazamiento del Alto Baudó, en verdad se refiere a las comunidades del Consejo Comunitario General del Río Baudó y sus afluentes –ACABA- que tuvieron que desplazarse hacia otros lugares y da manera especial a Quibdó. Las comunidades forzadas a la migración han vivido en el territorio ancestral ubicado en los municipios del Alto Baudó, Bajo Baudó, Medio Baudó, Río Quito y Cantón de San Pablo, del departamento del Chocó. El consejo está formado por las veredas de Puerto Luis, Chachajo, La pureza, Yucal, Santa Rita, Bella Cecilia, Chigorodó, Puerto Valencia (Guineo), El Afirmado, Nauca, Puerto Martínez, Playita, Villa Ana, Villa Nueva, Dominico Negro, Cocalito, La Playa, Amparrado, Apartadó, Boca de León, Peña Azul, Puerto Pacífico, Puerto Córdoba, Las Delicias, Batatal, Puerto Oscar, Puerto Misael, Plataneras, Almendro, Bellavista, Berreberre, Puerto Elacio, Puerto Palacios, Baudocito, Puerto Libia, San Miguel, Puerto Mercedes, El Retoño, Corundo Boca, La Calle (Puerto Córdoba), Puerto Meluk, Arenal, Puerto Adán, Pablo Sexto, Santa Cecilia, San Luis, La Loma, Chimirindo, Pavasa, Puerto Progreso, Villa Nueva (Baudocito), Isla de los García, Calle Caliente, Berrecui, Cocal, Juan de Dios, Ogosó, Misara, Calle Mansa, Puerto Concepción, Quera, San Luis, Sivirá, Congosea, Curando La Banca, Aurora, Buchua, Dos Bocas, Alto Corundo, La Brea, Suruco, Agua Negra, Pegadó, Boca de Guineo (Río Torreidó), Puerto Palacios, (Río Torreidó), Beriguadó, (Río Pepe), El Retorno (Río Baudocito), El Bongo (Río Amporá) y Chigorodó Memba, distribuidas en 2.249 familias y 16.091 personas. Están ubicadas en el Chocó Biogeográfico sobre la cuenca de uno de los ríos importantes del Chocó, el Baudó. Practican una economía de subsistencia a través de la pesca, caza y agricultura. Esta última se hace mediante "el sistema de tumbe y pudre, apelando a las prácticas culturales de la minga y la mano cambiada, y utilizando para ello los diques aluviales". Pie de Pató es la cabecera municipal del Alto Baudó y se encuentra a una altura de 50 metros sobre el nivel del mar. El territorio municipal está comprendido entre la Serranía de Baudó y los cerros de Cugucho; su máxima altura esta en el extremo norte del municipio, en el denominado Alto del Buey, con 1.800 metros de altura. Los principales cultivos son plátano, maíz, cacao y arroz. ANTECEDENTES DEL ÉXODOSegún las comunidades afro descendientes asentadas en esta zona, se producen desplazamientos originados por violencia sociopolítica desde 1994, a raíz del asesinato del vicepresidente de la ACABA, señor Emman Palacios en el corregimiento Santa Rita. Durante los años de 1997 y 1998 hubo asesinatos selectivos de líderes del Consejo Comunitario en desarrollo del conflicto de intereses y de retaliaciones entre los grupos paramilitares e insurgentes, presuntamente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP. Se destaca el homicidio del señor Misael Soto Córdoba, quien al parecer fue muerto por dicho grupo armado, bajo la acusación de fomentar el paramilitarismo desde su condición de Alcalde del municipio de Pie de Pató. Coinciden en afirmar que hasta 1993 el Baudó se caracterizaba por ser "un territorio donde reinaba la paz, pese a la falta de presencia eficiente y eficaz del Estado colombiano". A partir de este año comienzan a hacer presencia grupos armados victimizando a los líderes de los procesos organizativos que reivindicaban los derechos como grupo étnico. Algunos de ellos perdieron la vida en el proceso de capacitación, para presentar la solicitud de titulación colectiva de los territorios ancestrales de comunidades negras del Baudó. La masacre de tres campesinos a manos de paramilitares, ocurrida el 4 de Enero de 1998 en Pié de Pato, Alto Baudó, causó una movilidad humana forzada de por lo menos 450 personas. En este contexto de violencia, las comunidades negras e indígenas Emberá y Wonsan asentadas en la zona, llegaron a acuerdos sobre la posesión, reconocimiento y titulación colectiva del territorio, para luego de cuatro años de lucha, el título ser otorgado por el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, INCORA, el 23 de Mayo de 2001, poco antes de ser desplazados por los grupos paramilitares. Hecho similar ocurrió en el municipio de Riosucio, con la entrega de los primeros títulos colectivos en 1996. Los asesinatos indiscriminados a la población civil, las amenazas directas a los líderes del Consejo Comunitario y el abandono estatal en la zona, han hecho invisibles los desplazamientos individuales y familiares que se han provocado previamente el desplazamiento masivo de Junio de 2001, el cual tuvo características de éxodo y constituye el primer caso registrado en el país en el que se desocupa en su totalidad la cabecera municipal, incluyendo a las autoridades. LOS HECHOSEl Lunes 4 de Junio de 2001, hizo presencia en las comunidades de Playita y Puerto Martínez (Chocó), un grupo armado de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, y el Frente Metro –Pacífico de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, que reunió a las comunidades y les dio la orden de desalojo fijándoles para ello un plazo de 24 horas, bajo la menaza de muerte para quien la incumpliera, ya que irían a realizar "una operación rastrillo". Por orden de los paramilitares, las personas que se empezaron a desplazar hacia el sur del municipio de Pie de Pató, Baudó abajo, avisaron a las otras comunidades que tenían que desplazarse hacia Quibdo, o hacia el medio Baudó (Boca de Pepé) y que, desde la comunidad de Nauca hasta la comunidad de Apartadó no debía quedar nadie en el territorio. Este mismo día un grupo de personas de las comunidades llegaron a Pie de Pató a informar lo acontecido, con lo cual se emprendió el éxodo de la población afro chocoana. En el evento del desplazamiento, durante los días 5 y 6 de Junio, los habitantes baudoseños se encontraron con las AUC en tres lugares: El Afirmado, La Punto y en la comunidad indígena San José de Amía (en el río Pató) en cuyo encuentro se reitera la amenaza verbal bajo la expresión: "No aceptamos que se queden, tienen que llegar hasta Quibdo, donde su Alcalde que los mantenga. En la cabecera municipal de Pié de Pató fueron saqueados el hospital con su farmacia y algunos equipos, cinco negocios de abarrotes, tres negocios de mercancía (ropa y cacharros), tres bailaderos, 65 casas de familia, fueron robados siete motores fuera de borda y mangueras; además, en Puerto Martínez fueron saqueadas tres casas, una en Nauca y otra en Chigorodó. El 5 de Junio de 2001, los casi 1500 habitantes del casco urbano de Pie de Pató lo abandonaron, junto a los cuales se desplazaron las comunidades rurales de Playita, El Coco, Puerto Valencia, Nauca, Puerto Martínez, Chigorodó, Bella Cecilia, Santa Rita, La Pureza, El Afirmado y algunas familias del Yucal, Chachajo y San Francisco de Cugucho. El desplazamiento se realizó hacia la ciudad de Quibdo, Istmina y otro grupo de personas se dirigió al lugar llamado La Punta, en la carretera Panamericana; hubo otros puntos de desplazamientos en el Bajo Baudó, veredas en el interior del municipio en el curso del río Pató. En los pueblos del Alto Baudó no hay energía eléctrica y tampoco existen medios de comunicación; el transporte en la región es fluvial y por trocha, lo que hizo especialmente difícil el desplazamiento. Algunas de las víctimas relatan el drama como sigue:
QUIBDO, PRINCIPAL LUGAR DE RECEPCIÓNEl desplazamiento del Alto Baudó, dado el número tan elevado de personas que tuvieron que abandonar sus entornos, pudo adquirir características de éxodo como ya se ha dicho, siendo entonces esta región un lugar de expulsión. Sin embargo, el hecho violento también convirtió a la zona en un lugar de recepción de población desplazada, por cuanto muchos de los emigrantes no salieron definitivamente de allí sino que se reubicaron en un lugar distinto al de origen pero dentro de la misma región. Este estudio se ocupa solamente de Quibdo como lugar de recepción, aclarando que allí llegó sólo una parte de las personas expulsadas. Para el momento en que se tomó la muestra RUT de 341 familias, lo que quiere decir que Quibdo habría decepcionado un total de 598 familias, respecto al desplazamiento del Alto Baudó. Las familias desplazadas hacia Quibdo fueron instaladas inicialmente en la Escuela Normal y en la Escuela de San Vicente; posteriormente fueron trasladadas a las bodegas "Los Silos", de propiedad del extinto Instituto de Mercadeo Agropecuario, Idema, que se hallaban abandonadas. Las difíciles situaciones de hacinamiento, inseguridad e insalubridad en que se encontraban las personas desplazadas y albergadas en "Los Silos" generaban un tremendo desasosiego, sentido especialmente por las niñas y los niños. "Mire aquí yo le digo, que los niños somos los que más sufrimos, somos muchos y no tenemos pa´ donde correr, por aquí al lado pasan los carros y el otro día casi coge a un niño, las mamás no se preocupan por sus hijos, los dejan por ahí aguantando hambre y con tanto peligro, y yo les he dicho que no hagan eso, que los cuiden. Yo tengo cinco hermanitos y yo soy el mayor, mi mamá está allá acostada porque está muy enferma; ella no puede hacer nada y le ha tocado muy duro… yo encerrado en esto extraño el campo, los animales, la profesora…" ACCIÓN HUMANITARIA E INTERVENCIÓN INSTITUCIONALEl 6 de Junio de 2001 se organizó una Comisión Humanitaria conformada por la Diócesis de Quibdo, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, Diócesis de Istmina y Paz y Tercer Mundo. Dicha Comisión se dirigió a la carretera Panamericana, donde se encontró un grupo de 500 personas que iban hacia la capital chocoana. La Comisión Humanitaria intentó disuadir este desplazamiento hacia Quibdo, pero resultó infructuoso ya que las comunidades se empecinaron en acogerse ala advertencia de que "un comando paramilitar había dicho que el desplazamiento debía ser sólo hacia Quibdo". El 8 de Junio continuaban llegando más personas, en especial de la comunidad de Nauca, Puerto Valencia y Villa Cecilia; los que iban hacia Quibdo utilizaban la ruta por el río Pató y Quito. En busca de soluciones y ayuda humanitaria, se reúnen y hacen compromisos el Comité de Atención a los Desplazados, la Gobernación, la Red de Solidaridad, la Cruz Roja Nacional e Internacional, las Diócesis de Istmina Tadó y de Quibdo, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Dasalud, Bienestar Familiar, Policía Nacional, la Alcaldía Municipal de Alto Baudó y de Quibdo. INTERVENCIÓN DE LA IGLESIALas Diócesis de Quibdo e Istmina Tadó realizan una labor de acompañamiento y asesoría a las comunidades, dándoles a conocer los contenidos de la ley 387 de 1997 y los derechos que le asiste a la población desplazada por la violencia, a fin de que las víctimas se organicen por comités en cada comunidad en procura de obtener lo que por ley les corresponde. Con el apoyo del Service Reliew Catolic, CRS, se arrendó una casa donde funciona y se coordina el apoyo humanitario y ala vez es centro de acopio de las ayudas de las diferentes parroquias. El señor Obispo, Monseñor Alonso Llano Ruiz, lideró y promovió la Comisión Diocesana de verificación a la zona del Alto Baudó, desde donde se produjo el desplazamiento masivo. Dicha Comisión partió de Istmina hacia Pie de Pepé y de allí se dirigió hacia la cabecera municipal del Medio Baudó, verificando lo siguiente:
EL RETORNO DE LAS COMUNIDADES DEL ALTO BAUDÓ COMO UNA SOLUCIÓN A MEDIASLas condiciones de insalubridad y las diferentes presiones de las que fueron víctimas las personas ubicadas en Los Silos, hicieron que se acelerara el proceso de retorno, en el que al parecer influyeron dos aspectos. En primer lugar, el pronunciamiento a través de una sentencia del Consejo de Estado, que advierte a las altas instancias gubernamentales para que permita y proporcione las garantías necesarias para el regreso de las comunidades a los lugares de donde fueron expulsadas. Dicho fallo se produjo al revisar una acción de cumplimiento que exigía al INCORA titular a estas comunidades un territorio cuya extensión es de aproximadamente 175 mil hectáreas. El INCORA les tituló las tierras según resolución número 01152 del 23 de Mayo de 2001, acatando una orden del Tribunal Administrativo del Chocó que pedía entregar a las comunidades los títulos que los acreditan como propietarios de los terrenos baldíos habitados por ellos desde tiempo atrás; una semana después, como ya se dijo, fueron desterrados por orden de los paramilitares. En segundo lugar, se reúnen varias circunstancias y hechos desencadenantes del retorno, registrados por la Comisión de Acompañamiento, como son el no reconocimiento y/o violación a los Derechos Económicos y sociales de las personas albergadas en "Los Silos", por ausencia, inoperancia o prestación incipiente de las instituciones estatales para responder a las necesidades de la población desplazada. La muerte de dos personas de avanzada edad; la presión ejercida por la Rede de Solidaridad Social, Alcaldía del Alto Baudó y la Fuerza Pública, que incitaba a los desterrados a que se fueran, que podían regresar que allá no había nada. La presión a la que se vieron sometidos los profesores, a quienes se les decía que si no regresaban los despedían de sus cargos o no les pagaban, convirtiéndose en una angustia para los padres de familia, ya que los hijos podrían perder el año. Algunos líderes fueron utilizados para que presionaran a sus comunidades frente al regreso. El maltrato y el no reconocimiento a los directivos de la ACABA por parte de las instituciones, al no querer reconocerla como los representantes legales de las comunidades desplazadas, situación denunciada por el Consejo Comunitario del Baudó y sus afluentes. Una vez realizado el retorno de las comunidades del Alto Baudó, se denunció que por incumplimiento de uno de los compromisos adquiridos en salud por parte del gobierno, el cual tenía que ver con el desplazamiento de una brigada de salud a cada uno de los asentamientos, se produjo la muerte de un niño de cinco años. Igualmente, se denunció el bloqueo económico que se presentaba a causa de un reten de los paramilitares en el municipio del Medio Baudó, bajo la amenaza de que "los botes que suban alimentación se atiene a las consecuencias". Las personas que regresaron han reportado a la Comisión que los acompañó que al llegar a los lugares de habitación encontraron saqueadas las viviendas y los cultivos, reflejando la dolorosa realidad del retorno, la cual, sumada a la falta de seguridad y garantías para volver en condiciones dignas hacia las comunidades, hizo que muchos se devolvieran para Quibdo. ANALISIS DE LA INFORMACION OBTENIDALa recopilación de los datos a través de la encuesta RUT, hizo parte de un proceso metodológico, en el que la participación de las personas en situación desplazamiento, que conforman los dos ejemplos de este estudio y de manera conjunta con el equipo de Vida Justicia y Paz de las Diócesis de Istmina y Quibdo, diligenciaron el instrumento, que sirvió de insumo estadístico para el análisis de los datos de tipo sociodemográfico. La información es confiable, dado que se logró entrevistar al total de la población de los dos albergues. En cuanto a la muestra departamental, vale decir, que los resultados se constituyen en una muestra y, en consecuencia no son todas las familias que se encuentran como desplazadas en el departamento, ni todas las que éste ha expulsado. Para el logro aproximado de la realidad, las Diócesis mencionadas, están en el proceso de acopio y recopilación de la información por localidades, ya que el Sistema ha sido instalado en las dos Diócesis. Posterior al procesamiento de los datos se pudo observar que de la muestra poblacional existente en el Sistema sobre Población Desplazada por la Violencia en Colombia – RUT, se albergaban en los dos albergues de Quibdo, como personas desplazadas un número de 790 familias para un total de 4.158 personas. Según la muestra, los municipios que más han expulsado población, en el Chocó, son en su orden Alto Baudó, Ríosucio, Bojayá, Quibdo y Juradó. El Sistema reporta un total de 7.162 personas que conforman 1.422 familias, que a su vez han sido expulsadas del departamento. A pesar de la estrechez de la muestra éste departamento se posiciona como principalmente expulsor, frente a la cantidad de personas que aparecen en la muestra de calidad de recepción, que para el caso son 824 familias, conformando un total de 4.341 personas. EL DESPLAZAMIENTO DEL ALTO BAUDÓ. "LOS SILOS" (DATOS Y GRAFICAS)POBLACION SEGÚN SEXO Y EDADEn Los Silos, se observó que de 341 familias, el 65.69% de la jefatura familiar, esta ejercida por hombres y, el 34.31% aparece en cabeza de la mujer. En total existen 1.666 personas, de las cuales 878 son hombres y 788 mujeres. Existe una predominancia del número de hombres en todos los rangos, a excepción del rango entre 46 a 64 años donde existen 77 hombres y 78 mujeres. El rango donde es más sensible la diferencia se aprecia entre los 7 y 17 años, en el que aparecen 328 niños y 275 niñas. (Ver gráficas 1 y 2)   OCUPACIÓN ANTES DEL DESPLAZAMIENTO.De las respuestas obtenidas se encontró que el 38.24% reportó no trabajar antes de que las personas se desplazaran, el 35.80% dijo desempeñarse en actividades de agricultura. El 6.47% precisó trabajar en el hogar, otros el 5.25% y 4.22% se desempeñaba como docente. Es significativo el porcentaje de población que expresó no haber estado trabajando, en relación con el porcentaje que se desempeñaba en labores de agricultura. Igualmente se resalta la cantidad de población desplazada que se desempeñaba como docente o funcionario público denotando con este hecho, el carácter masivo del desplazamiento. (Ver gráfica 3)  NIVEL DE ESCOLARIDADEn cuanto al grado de escolaridad, se encontró que del total de las personas, sólo 604 lograron aprobar la primaria, 350 la secundaria. Un total de 690 dijeron no saber o no responder al momento de la encuesta. El nivel universitario lo lograron superar un total de seis personas. (Ver gráfica 4)  Cabe subrayar que de 350 personas que aprobaron la secundaria, 203 respondió a hombres y 147 a mujeres, apareciendo los hombres como los que más asisten al colegio. En la primaria sucede algo similar, de 604 personas, aprobaron 308 hombres y 296 mujeres; mientras que en el grado universitario de 6 personas que han aprobado, 4 de ellas son mujeres y 2 son hombres. MODALIDAD Y TENENCIA DE LA TIERRAEn esta variable aparecen dos tipos de tenencia de tierra, en la que la población caracterizó propiedad tal como aparece en el gráfico, identificándose 594 personas como propietarios y 1.025 propietarios de título colectivo. (Ver gráfica 5)  Existen 5.236 Has. Abandonadas de las personas albergadas en Los Silos, Esta Cantidad resulta insignificante frente ala cantidad de hectáreas adjudicadas al Consejo Comunitario del Alto Baudó, que en la mayoría de sus miembros se desconocía la hora del desplazamiento que ya había sido adjudicadas un total de 174.253.000 Has. Con 1.434 metros cuadrados. ENTIDADES QUE HAN BRINDADO AYUDAEn cuanto a las entidades que brindaron ayuda humanitaria en el momento de la emergencia aparecen en su orden la Cruz Roja Colombiana con un total de 1.567 ayudas, seguido del Comité Internacional de la Cruz Roja, el cual reporta un total de 1.525 ayudas, posteriormente aparece la Red de Solidaridad Social con 1.520 ayudas, la Pastoral Social con 1.435 y la parroquia con 1.420 ayudas. (Ver gráfica 6)  DESEO DE LA POBLACIONComo ya se mencionó anteriormente, el deseo inminente de la población desplazada se expresó siempre en querer retornar, ello se reflejó en el 87%, mientras que el 3.1% quería reubicarse y, el 3.0% quería permanecer. (Ver gráfica 7)  MOTIVOS DEL DESPLAZAMIENTOSegún los datos y las respuestas, se constata que la amenaza realizada por los grupos de autodefensa, se convirtió en el hecho que provocó el desplazamiento de la población del Alto Baudó. (Ver gráfica 8)  AYUDA RECIBIDADe la información obtenida por la población desplazada, se pudo observar que, la alimentación fue la ayuda más suministrada, tal como se ve en el gráfico con un total de 1.586 respuestas de ayuda. Luego aparecen los elementos de aseo con 1.272 ayudas, y en tercer lugar la ayuda en colchonetas con 1.148. (Ver gráfica 9)  TIPO DE LIMITACIÓN FÍSICASe encontraron 34 personas con algún tipo de limitación física. Entre esta población aparecen 5 mujeres y 3 hombres con problemas de sordera, 4 mujeres y 3 hombres con limitación de ceguera. Con retraso y parálisis superior aparecen los hombres mayormente afectados, tal como aparece en el gráfico. (Ver gráfica 10)  RELACIÓN DE PARENTESCOEn el momento del desplazamiento la familia estaba conformada en su mayoría por los hijos en un 55.0%, por el jefe(a) en un 20.5% y por el cónyuge en el 11.4%. Vale resaltar el porcentaje de población no pariente que hace parte de la familia, el cual está reflejado en el 8.3%. Este hecho hace que la familia adquiera nuevas formas de reracionamiento y solidaridad, cambiando, ocasional o definitivamente (según el curso del desplazamiento), la estructura o el tipo de familia. (Ver gráfica 11)  POBLACION DESPLAZADA ALBERGADA EN EL COLISEO ANTECEDENTES Y CONTEXTOLas acciones bélicas en el Urabá chocoano, Medio Atrato y Bajo Atrato, se agudizan luego del repliegue de la guerrilla del Urabá antioqueño en 1.996, presionado por las fuerzas armadas regulares y los grupos paramilitares. El escalamiento del enfrentamiento trae como consecuencia el aumento de los desplazamientos. Fruto de ello son las migraciones forzadas producidas en Riosucio, que fueron precedidas de acciones de guerra y de otras medidas de la fuerza pública (control de alimentos, operaciones rastrillo, bombardeos). A estos movimientos de la fuerza regular les sumaron las incursiones paramilitares que empezaron con asesinatos y masacres a pobladores señalados como colaboradores o integrantes de los grupos guerrilleros, hasta llegar a la ocupación militar de la cabecera municipal de Riosucio y la orden a sus pobladores y alas autoridades civiles de abandonar de inmediato la región. La acción de despoblamiento violento de Riosucio se constituyó en la causa de expulsión y sucedió después de haber quedado prácticamente despoblado Belén de Bajirá, como si se tratara de una estrategia para desahitar la región. El desplazamiento efectuado en Riosucio, a juicio de importantes autores, ofreció las condiciones estratégicas para el inicio del proyecto de mayor envergadura en el Pacífico: el canal interoceánico. Junto a ello se dio el incremento de la fuerza pública y la presencia de las ACCU, que como cuerpos armados han agudizado el cerco de incomunicación y aislamiento sobre la región. De 1997 a 1999 son varias las ocasiones en que incursionaron los grupos paramilitares; así lo muestran los hechos en los municipios de Bagadó, Bojayá, Vigía del Fuerte, Carmen de Atrato, Pié de Pató, Sna Martín de Porres. Por otra parte, la guerrilla entró a Riosucio el 9 de Enero de 1997 presentándose un combate en el que se registró la muerte de 3 policías y 7 paramilitares; además, varios ranchos fueron quemados. Dos horas después de iniciado el combate, hicieron presencia refuerzos aéreos del Ejército Nacional. En la zona rural continuó la barbarie y tanto paramilitares como guerrilleros dieron muerte a numerosos campesinos, aduciendo que eran colaboradores de la parte contraria. Algunas fuentes consideran que entre el 20 de Diciembre y el 15 de Enero se produjeron alrededor de 70 asesinatos, situación que obligó al grueso de la población a desplazarse. El marco de referencia geográfico lo componen los municipios de expulsión ubicados en el Bajo y Medio Atrato que cubren en la actualidad gran parte del territorio asignado a las comunidades negras mediante titulación colectiva. Tal como se observa en el cuadro de municipios expulsores, se puede percibir que el municipio mayoritariamente expulsor después del Alto Baudó, es Riosucio, asimismo, es allí donde se ha originado varios desplazamientos masivos, en particular desde 1996, cuando se produjeron las incursiones paramilitares en dicho municipio y sus alrededores.  Varios estudios concuerdan en señalar que a partir de dicho año han ocurrido en la región las más claras violaciones a los Derechos Humanos, manifestadas en asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, amenazas contra líderes del movimiento social, sindicalistas y en general a las comunidades allí asentadas. Tal efecto se pudo sentir luego de que la presencia paramilitar provocara las hostilidades y el enfrentamiento con los grupos insurgentes, como una estrategia de imposición y aniquilamiento, que resultó afectando y expulsando directamente a las comunidades, mediante ordenes de desalojo y desplazamientos masivos de manera reiterada. Numerosos testimonios revelan que el 24 de Febrero la zona de Salaquí y Truandó del municipio de Riosucio fue bombardeada por el ejército, al tiempo que los paramilitares amenazaban a los pobladores. El río Atrato y su cuenca es considerado como punto clave dentro de los macroproyectos para el Pacífico, ya que posee un potencial de petróleo, proyectos para hidroeléctricas, futuras ciudades industriales y otros potenciales económicos. Es quizá por ello que Riosucio se constituye en un territorio estructurador del desplazamiento en el Bajo Atrato considerado "como un polo de desarrollo en el que intereses públicos y privado, de carácter nacional e internacional, ponen su atención a partir de 1996, momento en el se pone en la palestra de la discusión que buena parte de los megaproyectos que se vienen estudiando y proponiendo pasan o tienen que ver con este municipio del Chocó". En este mismo sentido se refieren las comunidades étnicas para quienes es claro que la implementación de los proyectos considera el desalojo de población negra e indígena y posterior redoblamiento. La principal ruta de desplazamiento en el Chocó la constituye la cuenca del Atrato, por la que subieron desde Turbo, Vigía del Fuerte, hasta llegar a Quibdo. Esta cuenca se encuentra dividida entre los municipios de Bagadó, Lloró, Quibdo, Bojayá, Riosucio, Ungía y Acandí. Entre sus principales afluentes figuran el Napipí, el Opagadó, Domingodó, Murrí, Riosucio, Truandó, Salaquí y Cacarica. RELATOS DE HECHOSLos siguientes testimonios dan cuenta de algunos de los hechos que provocaron los desplazamientos de las personas que se encuentran en el Coliseo.
 EL COLISEO COMO ALBERGUEEl 17 de Diciembre de 1997 en horas de la tarde un grupo de 280 personas desplazadas de las comunidades negras del departamento del Chocó, se dirigieron al Coliseo municipal de Quibdo, tomándolo como lugar de albergue transitorio. El grupo demandaba atención de emergencia, conforme a lo previsto en el artículo 17 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, medidas que no habían sido tomadas satisfactoriamente a favor de la población civil. En el municipio de Quibdo, además de los desplazados de Riosucio, también se encontraban desplazadas personas de otras zonas del departamento del Chocó como de la vereda el Dieciocho del municipio del Carmen de Atrato y del río Baudó, así como comunidades provenientes del Urabá Antioqueño. Para la época, se calculaba que había cerca de 700 familias con un promedio de 7 personas cada una. Las familias desplazadas habían permanecido dispersas en el casco urbano para no ser víctimas de posibles violaciones a los derechos humanos y, a través de representantes, se encontraban dialogando con el gobierno departamental y local en búsqueda de atención a la emergencia y posible retorno. El gobierno les presionaba para que retornaran, pero ellos consideraban que las causas del desplazamiento no estaban solucionadas y exigían la salida de los actores del conflicto de sus territorios. En la actualidad se encuentran aproximadamente 77 personas que son miembros de la ACIA, 40 de la Asociación Campesina del Municipio de Riosucio –ACAMURI, 9 de la Asociación Campesina del río Baudó y sus Afluentes – ACABA y 10 de la Organización Campesina del Bajo Atrato –OCABA. VOCES QUE HABALN SOBRE LAS CAUSAS, LOS HECHOS Y LOS EFECTOSEste estudio no puede pasar por alto las expresiones de tantas víctimas de represión, maltrato y desplazamiento forzado. Algunas de ellas quedan plasmadas a continuación y dan cuenta de su martirio pero también de los hechos, las causas, los efectos y las posibles soluciones a su terrible situación. 
 LA TUTELA COMO MECANISMO DE DEFENSA PARA LAS FAMILIAS ASENTADAS EN EL COLISEORecientemente, el Juzgado Civil del circuito de Quibdo resolvió a favor de los desplazados albergados en el Coliseo una acción de tutela, reconociendo la falta de resultados en la "etapa de consolidación y estabilización socioeconómica" de las familias y ordenando a la Red de Solidaridad Social y a las demás entidades oficiales mostrar resultados en la Financiación de Proyectos Productivos para pasar de la fase asistencial, dependencia y mendicidad ala de ejercicio pleno de su condición de ciudadanos. El fallo hace especial énfasis en la protección de los derechos de los niños, ordenando a las autoridades su incorporación a todos los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, garantizar su derecho a la alimentación y la disposición de los cupos necesarios para que puedan iniciar el año lectivo 2001. El fallo es muy claro en responsabilizar al Estado por la omisión que comporta la violación de los derechos constitucionales, en especial los relativos a los derechos económicos, sociales y culturales. No de otra manera se explica el tiempo prolongado de estadía en el Coliseo por parte de las familias que se albergaron desde finales de 1997 y que hasta hoy no encuentran una respuesta por parte del Estado que atienda las necesidades humanas determinantes para el desarrollo de las familias. El contrario, pese a que según los Principios Deng, los procesos de reubicación y retorno a zonas urbanas que requieren componentes diferentes, que permitan la adaptación de la población al medio urbano y su integración a la ciudad, en el cual se incluyan programas como disposición de vivienda y equipamiento urbano, proyectos productivos y de generación de ingresos, capacitación y organización social y programas sociales en salud, educación, empleo, niñez, mujer y tercera edad, se ha producido en cambio una construcción forzada del nuevo entorno a espaldas, o lo que es igual, al desconocimiento de las autoridades gubernamentales en el compromiso de dar solución oportuna y procesal conforme a las exigencias de rehabilitación, reasentamiento, consolidación y estabilización económica. De otro lado, cabe anotar que algunas familias expresaron su deseo de retornar, razón por la cual el juez de tutela obliga a las autoridades a ofrecer una respuesta sobre el particular y la garantía para ejercer el derecho que tiene toda persona a retornar de manera libre y espontánea. Igualmente, el fallo reconoce que las personas que se albergan en el coliseo, pese a haber permanecido durante tanto tiempo allí, su condición de desplazado aún no termina. El pronunciamiento judicial deja en claro que el resarcimiento de los daños que debería incluir para las víctimas el derecho a la reparación integral no se ha efectuado, y que ordenarlo constituye un componente fundamental de justicia. CASO DEL COLISEOGRUPOS DE EDAD Y SEXOPara el caso del Coliseo, la jefatura de la familia aparece más en cabeza de la mujer. De un total de 449 familias 312 poseen jefatura femenina (69.5%), mientras que solo el 356.5% se reporta como jefe de familia en cabeza de los hombres. Este dato preocupa enormemente y podrían existir varias razones par mirar por qué las mujeres en su mayoría son cabeza de hogar. Varias de ellas expresaron haber sido víctimas indirectas de los asesinatos, desapariciones y masacres causadas a sus compañeros. Asimismo, algunas de ellas adujeron la separación de su compañero por causa de las circunstancias hostiles provocadas por los desplazamientos. Se encuentran albergadas en el Coliseo, Villa España y la Cascorva un total de 2.492 personas. De este total, 1.189 son hombres y 1.303 son mujeres. En todos los rangos hay mayoría de mujeres, salvo en el tango de 7 y 17 años, en el cual hay un número de 938 personas (36%), de los cuales 484 son niños y 454 niñas. Existe un alto porcentaje de población juvenil adolescente conformada especialmente por hombres. (Ver gráfica 12 y 13)   TIPO DE LIMITACIÓN FÍSICAPor medio de esta variable, se pudo observar que 50 personas poseen algún tipo de limitación física. Las mujeres aparecen como las más afectadas en un 60%, especialmente en ceguera y en otra limitante. (Ver gráfica 14)  SEGÚN OCUPACION ACTUALEn cuanto a la ocupación actual, se observó que de 889 personas (48%) que reportaron haberse desempeñado en oficios varios, 485 lo conforman hombres y 404 mujeres. Este porcentaje de población se podría ubicar muy posiblemente entre los trabajadores de la economía informal, los cuales se hallan desprovistos de una relación laboral y distantes de la seguridad social. El trabajo en el hogar lo compone el 27% de las personas, y el 5% dijo no trabajar. En la práctica, estas dos variables se traducen simplemente en desempleo, lo que refleja la situación de abandono en la que se encuentran las familias ubicadas en el coliseo. Asimismo supone la fragilidad y la desprotección de los otros derechos como la salud y la seguridad social que en buena medida están condicionados al tipo de actividad en la que se desempeñe la persona. En razón a que la mayoría de la población está constituida por mujeres en especial en el rango de 18 a 45 años, ésta resulta mayormente afectada. (Ver gráfica 15)  OCUPACIÓN ANTES DEL DESPLAZAMIENTOAntes del desplazamiento, la población del Coliseo se desempeñaba en su mayoría en la actividad de la agricultura (40%), las mujeres aparecen como las que más se desempeñaban en dicha labor; de 700 personas que la ejercían, 361 lo realizaban mujeres y 339, hombres. En actividades del hogar se desempeñaban 456 (26%) personas; de este total, 160 corresponde a hombres que dijeron haberse desempeñado como tal, y 296 correspondió a mujeres. De otro lado, el 14% dijo haberse desempeñado en oficios varios, y el 6% expresó no haber tenido trabajo. Los datos reflejan el desempeño de las actividades propias de la comunidad rural, en donde las condiciones del entorno se corresponden con el desempeño de actividad. (Ver gráfica 16)  NIVEL DE ESCOLARIDAD Y MÁXIMO GRADO ALCANZADOEn cuanto al nivel de escolaridad alcanzado por la población, se encontró que la mayoría de las personas llegaron a aprobar la primaria, ello se refleja en el Coliseo donde 40% alcanzó este nivel. De 1.012 personas que aprobaron la primaria 503 corresponde a hombres y 509 a mujeres; el 27% alcanzó la secundaria, de un total de 667 personas, 323 corresponde a hombres y 354 a mujeres; y el 11% dijo no haber recibido ningún grado de escolaridad, de 275 personas, de los cuales 108 son hombres y 167 son mujeres. Dato preocupante que nos permite ver el escaso nivel de escolaridad y posible causa de analfabetismo en la comunidad, afectando principalmente a la mujer. (Ver gráfica 17)  DESPLAZAMIENTO SEGÚN POBLACIÓN RECEPTORA POR AÑOSEn cuanto a la población desplazada por año, según comunidad receptora, se encontró a través de la muestra que 1997 fue el año en el que Quibdo recibió más personas (47.43%), precisamente el momento en que llegan las familias al Coliseo. Por otra parte, el Coliseo y otros lugares de Quibdo, como La Cascorva y Villa España, albergaron en 1997 a 1.972 personas, en 1998 a 212, en 1999 a 214, y en el 2000 a 27 personas, para un total de 2.492 desplazados decepcionados. (Ver gráfica 18)  En el gráfico se aprecia la cantidad de mujeres que e albergó en 1997. MODALIDAD Y TENENCIA DE LA TIERRAEn el caso del Coliseo. La modalidad es diversa y múltiple. El 54% dijo ser propietario; el 25% dijo tener propiedad colectiva y el 7% dijo no haber abandonado la tierra. Las hectáreas abandonadas en total fueron 11.333. (Ver gráfica 19)  AYUDAS RECIBIDASLa alimentación figura entre las ayudas más recibidas por la población desplazada. De 2.393 ayudas en alimentación, 1.143 fueron para hombres y 1.250 para mujeres. El segundo aspecto es la ayuda sobre la atención en salud y el suministro de medicinas. Aunque en los datos se resalta este tipo de ayudas, las personas se quejan de la insuficiencia de éstas y de la baja calidad de la atención. Cabe anotar la ubicación de la ayuda con respecto al trabajo, el cual podría determinar el carácter asistencialista del tipo de ayuda, que no se compadece con el tiempo de asentamiento de las familias en dicho lugar. Este hecho cuestiona la ausencia de las políticas y acciones contempladas en la ley 387 acerca de la estabilización socioeconómica. (Ver gráfica 20)  ENTIDADES QUE HAN BRINDADO AYUDALas personas expresaron haber recibido ayuda principalmente de la Pastoral Social, tal como aparece en el gráfico, seguido de la Cruz Roja Colombiana y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Luego aparece en su orden el bloque de las entidades gubernamentales, de las cuales el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, son las que más han brindado ayuda humanitaria. (Ver gráfica 21)  DESEO Y UBICACIÓN DE LA POBLACION DESPLAZADATal como aparece en el gráfico, del total de la población, 173 personas han manifestado querer permanecer, mientras que 2.202 quieren reubicarse y 115 desean retornar. Dos de ellas dijeron querer salir del país. (Ver gráfica 22)  TIPO DE ACTORES QUE CAUSARON EL DESPLAZAMIENTOEn cuanto al actor de expulsión, se observó que los paramilitares y las autodefensas constituyen el mayor expulsor de población desplazada en la región, lo dicen los testimonios de las personas y se corrobora en las estadísticas. Esta realidad azota a la población desde tiempo atrás, afectando la integridad y dignidad de las personas que se ven obligadas a tener que abandonar su territorio y comunidad. (Ver gráfica 23)  MOTIVOS DE EXPULSIÓNPara el caso del Coliseo, 2.11 personas expresaron haber sido víctimas de las amenazas, 215 dijeron haber tenido que salir por motivos de violencia, 143 por motivos de asesinatos y 7 a causa de bombardeos. (Ver gráfica 24)  PERTENENCIA A ORGANIZACIONES SOCIALESSegún el gráfico, se reportó haber desplazado personas de organizaciones sociales: campesinas, 2175, en particular las mujeres; comunitarias, 19, sindicales, 9, organizaciones de mujeres, 23 y, como otras, 13. SEGÚN ESTADO CIVIL Y SEXODe las 2.492 personas, 738 dijeron ser solteras y solteros, 83 casados, 357 en unión libre, 5 divorciados y separados y 42 viudos(as), de los cuales hay sólo un hombre viudo y6 43 mujeres viudas. (Ver gráfica 25)  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES El desplazamiento en el Chocó ocurre en un contexto de violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos tanto Civiles y Políticos como Económicos, Sociales y Culturales, el cual se acelera con la agudización del conflicto armado. También ocurre en medio del avance de la globalización económica y la implementación de megaproyectos que necesitan el despoblamiento del territorio. Para la protección de la población desplazada por la violencia se deben tener en cuenta las recomendaciones de diferentes órganos de las Naciones Unidas y de las observaciones hechas por el Francis Deng, representante del Secretario General de las Naciones Unidas para el Desplazamiento Interno. Con el propósito de prevenir los desplazamientos forzados, se recomienda respetar los criterios de etnodesarrollo y autonomía de las comunidades asentadas en el Chocó, como forma de proteger los derechos sobre tierras y bienes de los grupos étnicos con derechos específicos reconocidos por parte del Estado. Los grupos armados de forma ilegal como los pertenecientes a la fuerza pública, con presencia en la zona, deberían acatar las normas del Derecho Internacional Humanitario, que prohíben el desplazamiento y el involucramiento de la población civil en las acciones bélicas.  El Estado deberá emprender las acciones pertinentes para mitigar las causas y los efectos de los desplazamientos de las comunidades negras e indígenas; así como para garantizar a estas poblaciones el goce, la soberanía y la autonomía cultual en los territorios cuya propiedad les ha reconocido y legalizado mediante titulación colectiva. Para ello se hace necesario realizar acciones concretas que vayan en pro de solucionar el conflicto armado interno y especialmente dar respuestas frente al desmantelamiento de los grupos paramilitares, tal como lo ha recomendado el Alto Comisionado de Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. PARA EL ALTO BAUDÓ
PARA LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO UBICADAS EN EL COLISEO
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