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Informe Especial Sobre Chocó [ Indice | Anterior | Siguiente ] 

POBLACION DESPLAZADA ALBERGADA EN EL COLISEO

• ANTECEDENTES Y CONTEXTO
• RELATOS DE HECHOS
• EL COLISEO COMO ALBERGUE
• VOCES QUE HABALN SOBRE LAS CAUSAS, LOS HECHOS Y LOS EFECTOS
• LA TUTELA COMO MECANISMO DE DEFENSA PARA LAS FAMILIAS ASENTADAS EN EL COLISEO

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

Las acciones bélicas en el Urabá chocoano, Medio Atrato y Bajo Atrato, se agudizan luego del repliegue de la guerrilla del Urabá antioqueño en 1.996, presionado por las fuerzas armadas regulares y los grupos paramilitares.

El escalamiento del enfrentamiento trae como consecuencia el aumento de los desplazamientos. Fruto de ello son las migraciones forzadas producidas en Riosucio, que fueron precedidas de acciones de guerra y de otras medidas de la fuerza pública (control de alimentos, operaciones rastrillo, bombardeos). A estos movimientos de la fuerza regular les sumaron las incursiones paramilitares que empezaron con asesinatos y masacres a pobladores señalados como colaboradores o integrantes de los grupos guerrilleros, hasta llegar a la ocupación militar de la cabecera municipal de Riosucio y la orden a sus pobladores y alas autoridades civiles de abandonar de inmediato la región.

La acción de despoblamiento violento de Riosucio se constituyó en la causa de expulsión y sucedió después de haber quedado prácticamente despoblado Belén de Bajirá, como si se tratara de una estrategia para desahitar la región.

El desplazamiento efectuado en Riosucio, a juicio de importantes autores, ofreció las condiciones estratégicas para el inicio del proyecto de mayor envergadura en el Pacífico: el canal interoceánico. Junto a ello se dio el incremento de la fuerza pública y la presencia de las ACCU, que como cuerpos armados han agudizado el cerco de incomunicación y aislamiento sobre la región.

De 1997 a 1999 son varias las ocasiones en que incursionaron los grupos paramilitares; así lo muestran los hechos en los municipios de Bagadó, Bojayá, Vigía del Fuerte, Carmen de Atrato, Pié de Pató, Sna Martín de Porres.

Por otra parte, la guerrilla entró a Riosucio el 9 de Enero de 1997 presentándose un combate en el que se registró la muerte de 3 policías y 7 paramilitares; además, varios ranchos fueron quemados. Dos horas después de iniciado el combate, hicieron presencia refuerzos aéreos del Ejército Nacional. En la zona rural continuó la barbarie y tanto paramilitares como guerrilleros dieron muerte a numerosos campesinos, aduciendo que eran colaboradores de la parte contraria. Algunas fuentes consideran que entre el 20 de Diciembre y el 15 de Enero se produjeron alrededor de 70 asesinatos, situación que obligó al grueso de la población a desplazarse.

El marco de referencia geográfico lo componen los municipios de expulsión ubicados en el Bajo y Medio Atrato que cubren en la actualidad gran parte del territorio asignado a las comunidades negras mediante titulación colectiva.

Tal como se observa en el cuadro de municipios expulsores, se puede percibir que el municipio mayoritariamente expulsor después del Alto Baudó, es Riosucio, asimismo, es allí donde se ha originado varios desplazamientos masivos, en particular desde 1996, cuando se produjeron las incursiones paramilitares en dicho municipio y sus alrededores.

Varios estudios concuerdan en señalar que a partir de dicho año han ocurrido en la región las más claras violaciones a los Derechos Humanos, manifestadas en asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, amenazas contra líderes del movimiento social, sindicalistas y en general a las comunidades allí asentadas. Tal efecto se pudo sentir luego de que la presencia paramilitar provocara las hostilidades y el enfrentamiento con los grupos insurgentes, como una estrategia de imposición y aniquilamiento, que resultó afectando y expulsando directamente a las comunidades, mediante ordenes de desalojo y desplazamientos masivos de manera reiterada. Numerosos testimonios revelan que el 24 de Febrero la zona de Salaquí y Truandó del municipio de Riosucio fue bombardeada por el ejército, al tiempo que los paramilitares amenazaban a los pobladores.

El río Atrato y su cuenca es considerado como punto clave dentro de los macroproyectos para el Pacífico, ya que posee un potencial de petróleo, proyectos para hidroeléctricas, futuras ciudades industriales y otros potenciales económicos. Es quizá por ello que Riosucio se constituye en un territorio estructurador del desplazamiento en el Bajo Atrato considerado "como un polo de desarrollo en el que intereses públicos y privado, de carácter nacional e internacional, ponen su atención a partir de 1996, momento en el se pone en la palestra de la discusión que buena parte de los megaproyectos que se vienen estudiando y proponiendo pasan o tienen que ver con este municipio del Chocó". En este mismo sentido se refieren las comunidades étnicas para quienes es claro que la implementación de los proyectos considera el desalojo de población negra e indígena y posterior redoblamiento.

La principal ruta de desplazamiento en el Chocó la constituye la cuenca del Atrato, por la que subieron desde Turbo, Vigía del Fuerte, hasta llegar a Quibdo. Esta cuenca se encuentra dividida entre los municipios de Bagadó, Lloró, Quibdo, Bojayá, Riosucio, Ungía y Acandí. Entre sus principales afluentes figuran el Napipí, el Opagadó, Domingodó, Murrí, Riosucio, Truandó, Salaquí y Cacarica.

RELATOS DE HECHOS

Los siguientes testimonios dan cuenta de algunos de los hechos que provocaron los desplazamientos de las personas que se encuentran en el Coliseo.

EL COLISEO COMO ALBERGUE

El 17 de Diciembre de 1997 en horas de la tarde un grupo de 280 personas desplazadas de las comunidades negras del departamento del Chocó, se dirigieron al Coliseo municipal de Quibdo, tomándolo como lugar de albergue transitorio. El grupo demandaba atención de emergencia, conforme a lo previsto en el artículo 17 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, medidas que no habían sido tomadas satisfactoriamente a favor de la población civil.

En el municipio de Quibdo, además de los desplazados de Riosucio, también se encontraban desplazadas personas de otras zonas del departamento del Chocó como de la vereda el Dieciocho del municipio del Carmen de Atrato y del río Baudó, así como comunidades provenientes del Urabá Antioqueño. Para la época, se calculaba que había cerca de 700 familias con un promedio de 7 personas cada una.

Las familias desplazadas habían permanecido dispersas en el casco urbano para no ser víctimas de posibles violaciones a los derechos humanos y, a través de representantes, se encontraban dialogando con el gobierno departamental y local en búsqueda de atención a la emergencia y posible retorno.

El gobierno les presionaba para que retornaran, pero ellos consideraban que las causas del desplazamiento no estaban solucionadas y exigían la salida de los actores del conflicto de sus territorios.

En la actualidad se encuentran aproximadamente 77 personas que son miembros de la ACIA, 40 de la Asociación Campesina del Municipio de Riosucio –ACAMURI, 9 de la Asociación Campesina del río Baudó y sus Afluentes – ACABA y 10 de la Organización Campesina del Bajo Atrato –OCABA.

VOCES QUE HABALN SOBRE LAS CAUSAS, LOS HECHOS Y LOS EFECTOS

Este estudio no puede pasar por alto las expresiones de tantas víctimas de represión, maltrato y desplazamiento forzado. Algunas de ellas quedan plasmadas a continuación y dan cuenta de su martirio pero también de los hechos, las causas, los efectos y las posibles soluciones a su terrible situación.

"Nosotras las ancianitas… ay porque le digo que uno aquí no está sino criando enfermedades infección de las ratas, no tenemos cobija, los zancudos nos están matando, hay ratas por todas partes… una persona casi se muere por la mordedura de una rata y le dio paludismo… tiene uno que pedir limosna para poder conseguir la comida, yo soy una mujer de mi trabajo de criar gallinas, criar marranos, sembrar mis colinos, pa´ yo mantenerme, sembrar maíz, arroz, hoy por hoy no tengo ni que comer, tenemos que salir a la calle y pedir limosna y nos da mucha pena porque uno no está enseñado a eso y eso lo hace uno de necesidad…". "El testimonio que tengo es de Carmen de Atrato. Yo formaba parte de la acción comunal. Después ingresé, por los motivos de violencia formamos el comité de derechos humanos del Carmen de Atrato del cual formaba parte y debido a eso fui desplazada en Julio del 96 por las autodefensas de Urabá y Córdoba por motivos de que pertenecía a ese comité". "La verdad es que no le daba a uno tanto temor el verlos ahí, sino las cosas que hacían, como mataban las personas, amarradas y desnudas, prácticamente una persona en calzoncillos, desnudo… de ahí uno se sentía muy mal por esa parte". "…A nosotros no nos cubre la necesidad una libra de arroz ni una libra de lenteja ni cosas parecidas; nosotros nos suple estar trabajando de su cuenta para nosotros sobrevivir porque nosotros tenemos gracias a Dios, aquí  no hay ciegos, aquí no hay mancos, no hay mochos todos gracias a Dios tenemos las cuatro extremidades buenas para trabajar y nosotros queremos es que nos solucionen la situación de trabajo para de ahí seguir adelante". "La situación aquí es difícil; no es como cuando uno vivía allá en sus tierras que no le hacía falta nada y ahora a uno le cuesta hasta para comer, todo es difícil, hay veces una desayuna otras veces no, en cambio uno en su campo pues si no tenía el arroz iba y cortaba la "maravilla" como decíamos allá y con eso comía (La maravilla es el plátano, la yuca la mancha)". "…Por causa de la violencia mi mamá ha sufrido mucho, muchas enfermedades… estamos sufriendo mucho porque no tenemos papá, cuando teníamos nuestro papá las cosas eran diferentes, no nos faltaba nada y ahora que no tenemos es muy diferente todo". "… Yo cuando entré al colegio todo el mundo decía que desplazada, que desplazada, yo lloraba porque en realidad no entendía la palabra bien clara de desplazada, yo lloraba mucho y me discriminaban". "… Tengo cuatro niños dos niños y dos niñas, soy madre cabeza de familia, me toca luchar por ellos mi esposo desapareció, no lo vi más nunca, yo salí por Turbo, quedaron allí los paramilitares, entraron, dañaron la casita donde vivíamos y hasta hoy no sé de su paradero. Estoy con mi mamá, cuatro sobrinas y un hermano, todos nos desplazamos hacia acá… los vecinos me dijeron, algunos que se desplazaron hacia Turbo, que a él el tocó tirarse por la parte de atrás desde allí nadie se dio cuenta de qué ruta cogío o si vivió porque el ejército por el helicóptero lo rastreaba, pero no sé si realmente murió… y desapareció y no supe más nada de él". A mi me tocó desplazarme porque me mataron un hijo, me vine al funeral de mi hijo y después de todo se metieron los bombardeos allá en Salaquí y ya no puede entrar mas allá, así que perdí todo lo que tenía, quedé desplazada sin nada". "Soy desplazada de la comunidad de Riosucio vivía en el casco urbano, me desplacé el 28 de Febrero del 96 quitarle a uno así el compañero de las manos, eso es muy duro y ver también cómo la gente le asesinaba y uno les veía bajar por el río como unos pedazos de madera, como pedazos de palo, como que si no fueran seres humanos, eso es muy fuerte. De todas maneras pues yo le pido a Dios todo poderoso que no permita que aquí en Quibdo vaya a suceder eso y a las entidades que les compete la solución de estos conflictos, de todo lo que está sucediendo, que se pongan las manos en el corazón y que piensen que todos somos humanos y todos tenemos derecho a la vida". "Mis familiares vinieron de la comunidad de Domingodó. A ella le tocó salir en el mes de Marzo bajo los bombardeos, a las dos de la mañana subir por ese río hasta Vigía del Fuerte, porque estaban bombardeando el pueblo, entonces ellos ya no podían resistir más, entonces les tocó desplazarse desde allá hasta Vigía, no les sucedió nada porque Dios es muy grande". El día 20 de Diciembre de 1996 algunas personas de la población se despertaron al oír el ruido de los motores y vieron cuatro pangas que veloces se desplazaban por el río Atrato hasta la parte alta del pueblo. Los paramilitares que llegaron en las pangas organizaron la toma de la población. Los paramilitares que estaban cerca del comando, fingieron un enfrentamiento con la Policía, disparando ambos bandos al aire. Empezaron a las 6:30 a.m. En algunos momentos se paraba el supuesto combate y luego avisados con tres o cuatro tiros volvían a las descargas, atemorizando y teniendo encerrada en sus casas a toda la población civil. Hacía las 10:30 a.m. se escuchó el ruido de un helicóptero que dejó los primeros militares que venían a auxiliar a la población; esta operación se repitió. La presencia del Ejército sólo duró dos días en el casco urbano. El control de la población quedó en manos de los paramilitares y policías. Policías y paramilitares empezaron a exigir los documentos de identificación personal y documentos de compra de motores fuera de borda, los cuales eran quitados si no tenían estos documentos. Sólo permitían sacar para el campo $50.000 en provisiones, decomisando los mercados grandes que lleven los campesinos e indígenas. Los paramilitares organizaron jornadas de trabajo para quitar los puentes y limpiar las calles, porque ya había secado la inundación del Río Atrato que duró dos años. Trajeron de Urabá motos para circular por las angostas calles del pueblo". "En la mañana del 10 de Enero, alas 7:30 a.m. unos policías llegaron al muelle donde estaba la Barcaza Darién, insultando a los trabajadores de la misma, le lanzaron una bomba que hizo una fuerte explosión. Uno de los policías mató a un trabajador NN, apodado "Colombia", oriundo de Cartagena, a pesar que levantó las manos, rogando que no lo asesinaran, ya que la Barcaza no trajo a los guerrilleros, sino que ellos la aprovecharon como punto estratégico. El mismo 10 de Enero el Ejército sobrevoló la zona del Salaquí y bombardeó la ciénaga del Guineo".

LA TUTELA COMO MECANISMO DE DEFENSA PARA LAS FAMILIAS ASENTADAS EN EL COLISEO

Recientemente, el Juzgado Civil del circuito de Quibdo resolvió a favor de los desplazados albergados en el Coliseo una acción de tutela, reconociendo la falta de resultados en la "etapa de consolidación y estabilización socioeconómica" de las familias y ordenando a la Red de Solidaridad Social y a las demás entidades oficiales mostrar resultados en la Financiación de Proyectos Productivos para pasar de la fase asistencial, dependencia y mendicidad ala de ejercicio pleno de su condición de ciudadanos.

El fallo hace especial énfasis en la protección de los derechos de los niños, ordenando a las autoridades su incorporación a todos los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, garantizar su derecho a la alimentación y la disposición de los cupos necesarios para que puedan iniciar el año lectivo 2001.

El fallo es muy claro en responsabilizar al Estado por la omisión que comporta la violación de los derechos constitucionales, en especial los relativos a los derechos económicos, sociales y culturales. No de otra manera se explica el tiempo prolongado de estadía en el Coliseo por parte de las familias que se albergaron desde finales de 1997 y que hasta hoy no encuentran una respuesta por parte del Estado que atienda las necesidades humanas determinantes para el desarrollo de las familias.

El contrario, pese a que según los Principios Deng, los procesos de reubicación y retorno a zonas urbanas que requieren componentes diferentes, que permitan la adaptación de la población al medio urbano y su integración a la ciudad, en el cual se incluyan programas como disposición de vivienda y equipamiento urbano, proyectos productivos y de generación de ingresos, capacitación y organización social y programas sociales en salud, educación, empleo, niñez, mujer y tercera edad, se ha producido en cambio una construcción forzada del nuevo entorno a espaldas, o lo que es igual, al desconocimiento de las autoridades gubernamentales en el compromiso de dar solución oportuna y procesal conforme a las exigencias de rehabilitación, reasentamiento, consolidación y estabilización económica.

De otro lado, cabe anotar que algunas familias expresaron su deseo de retornar, razón por la cual el juez de tutela obliga a las autoridades a ofrecer una respuesta sobre el particular y la garantía para ejercer el derecho que tiene toda persona a retornar de manera libre y espontánea. Igualmente, el fallo reconoce que las personas que se albergan en el coliseo, pese a haber permanecido durante tanto tiempo allí, su condición de desplazado aún no termina. El pronunciamiento judicial deja en claro que el resarcimiento de los daños que debería incluir para las víctimas el derecho a la reparación integral no se ha efectuado, y que ordenarlo constituye un componente fundamental de justicia.

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