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LOS DERECHOS HUMANOS: UNA BUSQUEDA Y UNA CRISIS

• EL PAPEL DEL ESTADO Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
• LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

El pueblo del Chocó ha vivido en constante resistencia y supervivencia de sus culturas afro colombiana e indígena. El deterioro de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario se ve reflejado en las constantes violaciones al derecho a la vida, la integridad y la libertad; el índice de analfabetismo y desnutrición reflejan la precariedad del ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales y, por ende, un abandono por parte del estado.

Con la realidad del desplazamiento afloran los problemas socioeconómicos que subyacen en las comunidades y que se agudizan multidireccionalmente ante esta situación.

Y aunque al parecer el Estado ha hecho un esfuerzo de tipo legislativo con el reconocimiento de los Derechos Colectivos, resulta escaso e insuficiente frente a la demanda social y cultural de las diferentes comunidades. Así lo perciben las comunidades, quienes no han podido emprender el desarrollo autónomo de su territorio.

Es importante observar que el logro del reconocimiento del los Derechos Colectivos, es el resultado de procesos comunitarios y luchas por el acceso a la tierra y la preservación de la identidad como centro o unidad de las comunidades del Chocó.

Precisamente el desencadenamiento de la crisis de Derechos Humanos que provoca los enfrentamientos entre los actores armados, se da en medio de procesos de titulación colectiva de tierras, para las comunidades negras establecidas, como ya se ha mencionado, por la ley 7 de 1993.

En la parte norte correspondiente al río Truandó, se adjudicó el título colectivo de 70.000 hectáreas, en Marzo de 1997, cuando gran parte de la población de esta zona se encontraba desplazada y algunos de los líderes de la organización que dirigieron el proceso organizativo de las comunidades para recibir la titulación, habían sido asesinados por los paramilitares, acusados de pertenecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC.

Las comunidades del Alto Baudó, luego de cuatro años de haber presentado la solicitud del título colectivo del territorio de 174.253.000 hectáreas con 1.434 metros cuadrados, tuvieron que recurrir a una acción de cumplimiento para que finalmente fuese entregado el 23 de Mayo de 2001.

Después de 10 días de haber recibido el título, se produce el desplazamiento de las comunidades del Alto Baudó, por presión de los paramilitares; historia que ya había sucedido en el municipio de Riosucio, con los primeros títulos colectivos entregados en el Bajo Atrato, en Diciembre de 1996, cuando fueron masacrados y desplazados en aquel entonces los Consejos Comunitarios.

En Febrero de 1998 se recibió el título colectivo de la ACIA en las comunidades del Medio Atrato, en medio de una gran presión al desplazamiento violento y forzado de los Concejos Comunitarios de esas comunidades, igualmente originado por paramilitares, situación preocupante para las comunidades del Chocó.

La autonomía y la territorialidad se vulnera en las comunidades con los hechos de violencia generados por los actores armados y especialmente a través del posicionamiento del paramilitarismo en la región ingresando al departamento del Chocó, desde el norte, por el Urabá chocoano, por el oriente, por el Carmen de Atrato y por el sur, desde Buenaventura, incrementando las amenazas, los asesinatos selectivos, las masacres y la "limpieza social" en el área urbana de Quibdo.

Asimismo, se vulneran los derechos a la autonomía, con los intereses del capital nacional e internacional, que se relacionan con la implementación de proyectos de desarrollo (energéticos y mineros, entre otros), los cuales desplazan en forma indiscriminada a las comunidades asentadas ancestralmente en la zona.

EL PAPEL DEL ESTADO Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

El Estado está en la obligación de garantizar la seguridad y bienestar de los ciudadanos lo cual no se está cumpliendo o se cumple parcialmente. Con respecto al Chocó, debe velar por la protección de la diversidad étnica y cultural, y con ello el respeto a la normatividad constitucional y legal que regula esta materia. Esto se traduce en que se debe entender a la población afro descendiente e indígena en situación de desplazamiento de acuerdo con sus usos y costumbres. En los Principios Rectores se señala que los Estados tienen la obligación de prevenir y tomar medidas de protección contra los desplazamientos con dependencia especial de sus tierras, o cuyo objeto o resultado sea la alteración en la composición étnica, religiosa o racial de la población afectada.

Pese a la expedición y reglamentación de la ley sobre desplazamiento, las instituciones estatales aún no cuentan con planes de atención inmediata a los desplazamientos masivos ni mucho menos con planes de retorno que contemplen la seguridad y la dignidad de las comunidades. La crítica situación de los afro descendientes desplazados representa un incumplimiento del Estado colombiano a los Principios Rectores de los Desplazados internos, elaborados por las Naciones Unidas, tanto aquellos que tienen que ver con la prevención del fenómeno como los que aluden a la atención de las víctimas durante el desplazamiento y en los procesos de reubicación o de reasentamiento.

Las condiciones a las que se han visto avocadas las comunidades desplazadas se reflejan claramente en los testimonios y declaraciones por parte de los habitantes quienes, pese al desarraigo y adversidades, crean estrategias de protección desde los procesos organizativos de la comunidad y el acompañamiento de la Iglesia y de las ONG, que ejercen una labor importante en el campo de la denuncia y la asistencia humanitaria.

La oferta estatal de atención a la población desplazada en el pacífico (en su gran mayoría indígena y afro descendiente), para que sea un ejercicio democrático participativo y útil, debe prever las situaciones límites y masivas, así como las particularidades étnicas, sociales y culturales de las comunidades.

LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Los desplazamientos continuos en la región a partir de 1996, se constituyeron en hechos graves, en los que se violaron los Derechos Humanos de las personas en esta situación, sin que encontrase respuesta urgente y efectiva por parte del Estado, lo que ha conllevado a que numerosos sectores nacionales y la comunidad internacional hayan incrementado las denuncias haciendo más visible esta problemática.

A ello se refiere la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al señalar que, frente a las medidas de prevención, no se ha disminuido los casos a pesar de que "la gran mayoría de los desplazamientos fueron anunciados por los grupos responsables o denunciados por las comunidades afectadas, organismos de control, la Iglesia o diversas organizaciones de la sociedad civil. Para el caso especifico del chocó la Comisión se pronunció al citar a la Consulta Permanente sobre Desplazamiento Interno en las Américas (CPDIA), la cual ha considerado que en "la región del Chocó y en particular el Bajo Atrato, donde se proyecta las construcción del Canal Atrato – Truandó, se ha convertido en un escenario de guerra que afecta principalmente a las comunidades afro caribeñas y a los indígenas, resultando frecuentemente en el desplazamiento de estas personas.

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