Salud y Desplazamiento (English)

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Informe Especial Sobre Chocó [ Indice | Anterior | Siguiente

CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO

Tanto el conflicto de intereses económicos y políticos en su ámbito internacional, trasnacional y nacional, como la disputa por el dominio territorial, poblacional y militar por parte del Estado, los paramilitares y la guerrilla, son el caldo de cultivo propicio para la provocación de desplazamientos individuales y/o masivos con carácter de éxodo, como ha ocurrido con las personas desplazadas de Riosucio, Carmen de Atrato y Alto Baudó.

En los últimos cinco años, las comunidades han sufrido consecuencias del conflicto de intereses y armado, como las siguientes: el desplazamiento forzado de personas, asesinatos individuales y colectivos, desapariciones forzadas, restricción a la circulación de alimentos, la violación y el irrespeto a los parámetros y costumbres de convivencia de las comunidades.

La violación a los derechos humanos y el desacato al Derecho Internacional Humanitario han sido una constante luego de las incursiones paramilitares y subversivas efectuadas a partir de 1996, afectando de manera violenta a varias comunidades en proceso de retorno y de resistencia civil.

Se les ha denominado comunidades en resistencia a aquellas que se han negado a abandonar su lugar de origen, con el riesgo que impone el desafío a la amenaza de la vida, el miedo y el acceso a los alimentos, etc. En la actualidad, existen varias de ellas en el departamento del Chocó y subsisten gracias al apoyo humanitario de las organizaciones comunitarias, organizaciones no gubernamentales, ONG, nacionales e internacionales y de la Iglesia. La ayuda humanitaria es enviada mensualmente por vía fluvial. Ante la vulnerabilidad y situación de riesgo en la  que se encuentran dichas comunidades, la Diócesis de Quibdo ha liderado una veeduría para la protección y prevención de posibles desplazamientos de las comunidades en mención.

PROCESOS Y DINÁMICAS ÉTNICO-CULTURALES

La relación de las comunidades negras del Medio Atrato con su territorio contiene un referente histórico por la apropiación de las formas de vida, para el cual reclaman respeto, amparadas en la convicción íntima de que sólo a través de una relación con el territorio es posible la continuidad del proyecto de vida en equilibrio con el entorno.

Lo que le da razón de ser a lo territorial y a lo organizativo de las comunidades negras es el componente étnico que determina el sentido de la vida y el horizonte de desarrollo. La identidad étnica permite fijar criterios básicos de autonomía, autogestión, beneficio comunitario y responsabilidad ecológica al concebir el territorio como un espacio que acoge la vida en su integridad.

La llegada de las comunidades negras al Chocó data de la primera década del siglo XVII (1605), las cuales tuvieron como destino los distritos mineros (reales de minas) de Nóvita, Sipí, Tadó y Quibdo.

Desde entonces se inician los procesos migratorios de dichas comunidades al resto del departamento, a partir de los diferentes ciclos de auge y caída de la explotación minera y en la búsqueda constante de su independencia, teniendo como caminos de expansión territorial los ejes viales de los tres grandes ríos que cruzan el Chocó: el Atrato, El San Juan y el Baudó.

Hoy las comunidades negras del Chocó enfrentan una amenaza múltiple, toda vez que como grupo étnico asentado desde hace cuatro siglos en dicho departamento, corre el riesgo de ser expulsado definitivamente de su territorio y desarraigado parcial o totalmente de su cultura.

CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD A TRAVÉS DE LOS DESPLAZAMIENTOS

La apropiación territorial que las comunidades negras han hecho del Medio Atrato se inicia a partir de los desplazamientos que se hacen de los distritos mineros hacia ríos tributarios del Atrato, que tienen una riqueza aurífera.

En un proceso de luchas constantes, las comunidades, a través de sus organizaciones, vienen haciendo diferentes propuestas para garantizar la vida de los pueblos y que sean respetados su cultura, su cosmovisión y los derechos adquiridos con relación al territorio.

En el Chocó, con el escalamiento y quizá la degradación del conflicto, se ha generado la violación de los derechos fundamentales de las comunidades y de los pueblos, ligada a la explotación de los recursos naturales.

Las comunidades negras de carácter étnico territorial y algunos estudios de derechos humanos concluyen que la situación de guerra en el Chocó es de carácter causal, en tanto que confluyen los intereses de tipo nacional e internacional, que buscan adecuar la zona a las exigencias de los proyectos de desarrollo para el futuro de la región.

RIQUEZA Y POBREZA DEL CHOCÓ DENTRO DEL PACÍFICO COLOMBIANO

La región del Chocó biogeográfico, es decir las tierras que van desde la serranía del Darien, en la frontera con Panamá, hasta el Ecuador, al occidente de la cordillera Occidental, son consideradas como la región más húmeda del geotrópico y probablemente del mundo.

El departamento del Chocó posee los índices de pobreza más altos del país. Según las necesidades básicas insatisfechas, ésta ha aumentado en el último año a un 62.2% y la miseria presenta un índice del 23.5%. De otra parte, la pobreza por ingresos registra un índice del 75.3% y la indigencia es la mayor del país con un porcentaje del 47.4%. Además, posee el nivel más alto de analfabetismo de todo el país con el 23.3%. Por último, el índice de condiciones de vida sólo llega al 55.3%.

El departamento del Chocó tiene una superficie de 46.530 kilómetros cuadrados. Limita al norte con la república de Panamá y el mar Caribe; por el este con los departamentos de Antioquia, Risaralda y Valle del Cauca; por el sur con el Valle del Cauca y por el occidente con el océano Pacífico. Según el DANE, posee un total de 542.962 habitantes, de los cuales 382.022 corresponden a las cabeceras municipales y 163.940 al sector rural.

El Chocó en particular reviste gran importancia estratégica, dada su especial ubicación como punto de encuentro de los dos océanos y centro donde han fijado su atención las políticas mundiales para el "desarrollo" del mar del siglo XXI.

El departamento del Chocó es uno de los más lluviosos de Colombia – de ahí sus numerosos ríos – que, unido a las temperaturas mayores de 30°C, de las tierras bajas, mantienen una alta humedad y exuberante vegetación. Por este motivo, ofrece una de las mayores riquezas en recursos naturales del país.

En este territorio se encuentran ancestralmente asentados tres grupos indígenas: Embera, Wounaan y Tule. Los Embera a su vez están conformados por varis subfamilias: Embera de río, Katíos y Chamí.

PRINCIPALES ESTRATEGIAS ESTATALES DE INTERVENCIÓN EN EL PACÍFICO

Desde la década de los años setenta, comenzó a estructurarse la formación de proyectos tendientes a aprovechar la gran riqueza del Pacífico colombiano y así dinamizar el capital nacional e internacional para la inversión en el diseño y construcción de lo que se ha conocido como los megaproyectos del Pacífico.

Para sacar adelante estos propósitos se diseñaron planes de desarrollo regional (PLADEICOP, PLAN PACIFICO, AGENDA PACIFICO XXI) que si bien en esencia persiguen el mismo objetivo, cada uno cuenta con matices que enfatizan proyectos o proponen metas y fases diferentes.

El Plan del Desarrollo Integral para la Costa Pacífica – PLADEICOP – hizo énfasis en la potencialidad y riqueza de los recursos naturales de la región y la necesidad de ser aprovechados al máximo. Fue apoyado por el fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, entre otros, y ejecutado por la Corporación del Valle del Cauca (CVC). Al parecer, con este Plan se inició la institucionalización del desarrollo en el Pacífico, ya que este programa hizo énfasis en la necesidad de "convertir el Pacífico colombiano en un corredor de tráfico intenso de bienes y servicios". De allí que las conclusiones y propuestas del programa estuvieron dirigidos a potenciar los planes de infraestructura: entre otros, construcción del Canal Interoceánico Atrato-Truandó, Construcción del Puente Terrestre Interoceánico entre Bahía Candelaria en el Atlántico y Bahía Cupica en el Pacífico.

PLAN PACIFICO

Este Plan fue formulado en marzo de 1992, acogido por los gobiernos de Cesar Gaviria Trujillo y Ernesto Samper Pizano. El plan responde a las directrices del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, (PNUD), el Banco Mundial (BM) y Global Environmental Facility (GEF), que ven al Pacífico colombiano como un banco genético por su gran endemismo y biodiversidad. Por ello, el centro de los planes ya no era la infraestructura (sin que ella fuera descartada), sino la riqueza ambiental. Esto obligó al gobierno central a zonificar ecológicamente la región y diseñar un Plan para su protección como requisito básico para poder acceder a la negociación de créditos de financiación con la banca mundial,

El Plan también contempló como nueva prioridad el sector energético a nivel de construcción de hidroeléctricas y de interconexión de Juradó, Pizarro, Timbiquí, Guapí, Ungía y Bocas de Satinga.

PROPÓSITOS DE LOS PLANES Y CHOQUE CULTURAL

Existen varios propósitos como la construcción de un puente interoceánico y de un poliducto, implementación de proyectos hidroeléctricos, concesiones por parte del Estado colombiano para que las multinacionales puedan realizar investigaciones sobre la diversidad biológica en la costa pacífica, implementación de estrategias para el manejo y control de la diversidad biológica y genética que posee la región, posicionamiento de la región como una gran ruta comercial y de desarrollo industrial; de ahí la importancia de la red de comunicación fluvial, férrea y terrestre que ya esta en construcción.

 Estos propósitos que buscan afanosamente transformar la región del Pacífico en una zona de abundante comercio y como laboratorio biogeográfico y genético, generan necesariamente un enfrentamiento entre las comunidades indígenas, negras y mestizas. Este modelo desarrollista es contrario a la propuesta de las organizaciones étnicas y sociales que han posicionado la discusión frente a la necesidad de un desarrollo concertado, que parta de sus necesidades y construcciones culturales, es decir, del etnodesarrollo.

El Chocó biogeográfico es reconocido como la región con la más alta concentración de biodiversidad por unidad de área reportada en el mundo. Se han reportado hasta 400 especies de árboles y 800 de vertebrados por hectárea, muy por encima de los datos reportados sobre la Amazonía. La "iniciativa para las Américas", que a mediados de la década de los 90 presentó el gobierno de los Estados Unidos, tiene su componente ambiental y va desde el cambio de deuda externa por naturaleza, hasta establecer una serie de condiciones relacionadas con el otorgamiento de patentes ambientales, en las que exigen mayor apertura en el campo de la propiedad industrial, permitiendo fronteras abiertas a la investigación, a la inversión, a la apropiación y a las patentes de lo encontrado.

Así se ha concedido patentes sobre material genético, tanto de especies de animales como de información sobre ADN de comunidades indígenas a multinacionales especialistas en biotecnología. Es importante mencionar los anteriores aspectos de complejidad, que podrían dar luces sobre el universo de intereses mezclados para profundizar en las causas inmediatas y estructurales posibles, capaces de originar movimientos migratorios, y en todo caso, facilitando la violación de derechos a las comunidades asentadas a lo largo y ancho del Chocó.

COMUNIDADES Y TITULACION COLECTIVA

Como ya se ha mencionado, las comunidades negras del Chocó se caracterizan por haber emprendido una lucha por la defensa del territorio en la región. Esta lucha se ve cristalizada en parte con lo que sería el inicio de la legislación en materia de reconocimiento de derechos colectivos para las comunidades afro-colombianas e indígenas y, que se constituyó en un logro importante para las comunidades étnicas.

La Asociación Campesina Integral del Atrato, ACIA, posee el título de mayor cobertura en extensión y cantidad, el cual fue otorgado el 29 de Diciembre de 1997, según resolución 044566 con 695.000 hectáreas en la cuenca del Medio y Bajo Atrato.

Al respecto se observa una contradicción frente a la adjudicación legal del territorio a las comunidades y los hechos de expulsión de familias, que son propietarias de título colectivo, que tuvieron que salir de manera forzosa. El título colectivo es el significado y el resultado de la constante lucha convertida en instrumento legal, que les permite a las comunidades demostrar la propiedad.

Las tierras adjudicadas por el título colectivo no son enajenables (se transmite la propiedad sólo entre miembros del mismo grupo étnico), imprescriptibles (no se pierde la propiedad por ausencia de un miembro de la familia, no se gana por ocupación, sino que se pertenece a ella) e inembargables (no se pueden retener o disponer de ellas por mandato judicial).

En este sentido, las personas que salen expulsadas no renuncian ni pierden ese derecho; sin embargo, se produce una ruptura en el desarrollo de su práctica étnicoterritorial, lo que afecta el sentido de pertenencia como un aspecto fundamental de la identidad.

Los anteriores aspectos resultan relevantes para este estudio, si se tienen cuenta que el grupo poblacional total analizado en este texto, de alguna manera hace o ha hecho parte de un Consejo Comunitario, ubicado ya sea en la cuenca del Atrato o en cuenca del Baudó.

EL TRABAJO ECLESIAL Y LAS COMUNIDADES

Desde 1983 se han venido implementando proyectos de tipo comunitario y de estabilización socioeconómica, como una estrategia de subsistencia y de prevención para las comunidades vulnerables al incremento de la pobreza y al desplazamiento forzado.

En particular, la propuesta de la Diócesis de Quibdo, ha sido presentar al pueblo una evangelización integral, es decir, que abarque todos los ámbitos de la vida de las comunidades.

El trabajo que ha venido realizando a nivel organizativo a través de los equipos misioneros agustinos, claretianos y diocesanos, contribuye a la región en la búsqueda de estrategias que le permitan a las comunidades asentar su base organizativa y comunitaria para tu sobre vivencia en medio del conflicto.

LA PERSECUCIÓN A LA IGLESIA Y LAS ONG

Un aspecto por resaltar y que influye de manera notable en las comunidades desplazadas, se relaciona con la pérdida de credibilidad en las entidades gubernamentales y agentes estatales, al sentir la negligencia por aparte de éste en la implementación de un a política pública acertada de prevención de los desplazamientos y que puede contrarrestar los problemas socioeconómicos que la región posee. Otro problema de la falta de credibilidad está asociado con la inoperancia frente al esclarecimiento de los hechos de violaciones a los derechos humanos; asimismo, con la ineficacia de la norma para evitar o sancionar conductas (principalmente de funcionarios públicos), lesionadoras de la dignidad humana. Un ejemplo de ello es el atentado cometido el 18 de Noviembre de 1999 contra una comisión humanitaria de la Diócesis de Quibdo, que provocó la muerte del sacerdote de Bellavista Jorge Luis Mazo y del miembro de Paz y Tercer Mundo, Iñigo Eguiluz Tellería. Para citar solo un caso, en dicho atentado se comprobó la complicidad de algunos miembros de la fuerza pública y los grupos paramilitares, sin que hasta el momento se haya fallado en justicia. Los anteriores hechos crean un clima constante de impunidad que se ha ido reproduciendo a medida que se recrudece el conflicto armado.

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