II. LOS HECHOS

La retoma del territorio por los paramilitares

Luego de la presencia acentuada de las FARC en la región del medio Atrato durante los últimos 2 años (desde la toma a la población de vigía y Bellavista en marzo de 2000) y a un aparente repliegue de los paramilitares a otras regiones del Chocó, el 21 de abril de 2002, hacia las 11:00am, un grupo cercano a los 200 hombres, que se identificaron como miembros del Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Uraba, llegan en varias embarcaciones de alto cilindraje (7 aproximadamente) a la comunidad de Vigía del Fuerte. Dichas embarcaciones venían, al parecer, desde Turbo(Antioquia) o alguna población cercana a este municipio, ya que estas cruzaron el Golfo de Uraba y se movilizaron rió arriba por el Atrato hasta llegar a Vigía.

Al percatarse de la presencia de este grupo de Diócesis de Quibdo alerta sobre esta nueva situación a Naciones Unidas y a la Defensoría del Pueblo.

Los días siguientes a su llegada los paramilitares inician el trabajo de intimidación a la comunidad a través de las requisas, la amenaza con las armas y las presiones tanto en la comunidad de Vigía como de Bellavista.

El 22 de abril, luego de haberse realizado la alerta por parte de la Diócesis, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia emite una nueva alerta en la cual pone al tanto al gobierno sobre la grave situación del Medio Atrato por el accionar de los grupos armados ilegales y solicita la intervención del Estado.

Dicha comunicación es reforzada y reafirmada el día 24 de abril es reforzada y reafirmada el día 24 de abril por parte de la Defensora del Pueblo, quien emite la Alerta Temprana con carácter de urgencia por la grave situación y el alto riesgo en que se encuentran las comunidades en Bojayá y Vigía del Fuerte.

Paralelamente a los hechos que se vienen presentando en estas comunidades a causa de la presencia paramilitar, el 25 de abril, hacia las 2:00 p.m., el frente 34 de las FARC, del Bloque Jose Maria Córdoba, retienen y saquean, en una de las Bocas del Rio Arquia, la embarcación de las comunidades “Arca de Noe”, la cual transportaba ayuda humanitaria y alimentos para las tiendas comunitarias del medio atrato.

Entre el 26 y 29 de abril hace el arribo en una avioneta con distintivos de AUC, el comandante paramilitar llamado “El Alemán”; asimismo lo hace, al parecer desde Quibdo, el ex – alcalde de Vigía del Fuerte, Wilson Chaverra, y el jefe paramilitar de Quibdo conocido como “El Brujo”. El exalcalde se presenta en uniforme camuflado, como jefe paramilitar.

La Asociación Campesina del Atrato ACIA y la Diócesis de Quibdo alertan, a través de un comunicado público, sobre el peligro que representa para la población civil de Bellavista y de Vigía del Fuerte, la presencia de dos actores armados en esa región, e interpelan al gobierno nacional para que tome cartas en el asunto. La ACIA, por su parte, condena la acción de las FARC por el robo de la ayuda humanitaria.

El día 30 de abril, la comunidad invita al comandante paramilitar “Camilo” a una reunión para dar lectura del reglamento interno de la comunidad de Bellavista donde se exige el retiro de los efectivos paramilitares del casco urbano. Este responde que con comunicados asi no iban a resolver el problema de la guerrilla.

La Reacción de la guerrilla

El primero de mayo, hacia las 6:00 a.m., se registra el ingreso de las FARC, a la comunidad de Vigía, que da inicio a la confrontación. Mientras que el mayor pie de fuerza paramilitar permanece en Bellavista, las FARC, una embarcación con paramilitares intenta cruzar hacia Vigía del Fuerte pero es atacada, dejando como saldo 3 paramilitares gravemente heridos, entre ellos el comandante Camilo. Este grupo rodea el centro de salud y obliga al personal medico para que atienda a sus heridos. “Camilo” y el motorista mueren.

Arrecian los enfrentamientos hasta las horas de la tarde. La población de Bellavista pide refugio en la capilla, en la casa de las hermanas y en la casa cural.

El día trágico

El 2 de mayo siendo aproximadamente las 8:00 a.m. se reinician los combates. Las FARC penetran por el barrio Pueblo Nuevo y le dicen a los pobladores: “Váyanse de aquí que esto va a continuar”. Más de 250 personas están refugiadas en la capilla, hasta donde llegan los paramilitares huyendo de la ofensiva guerrillera. Los paramilitares se apostan en el centro del pueblo, refugiándose alrededor de la capilla, el centro de salud, frente y debajo de la casa de las Hermanas Agustinas Misioneras. Asimismo, piden que los dejen entrar tanto a la capilla como a la casa de las hermanas, cosa que les fue negada. Los paramilitares se atrincheran debajo de la casa de las hermanas y por detrás y al costado de la capilla. Una mujer, que se encuentra en la calle ve cuando varios guerrilleros de las FARC preparan las pipetas cargadas con explosivos; les suplica que no las tiren que en la capilla hay población civil, pero ellos respondieron “Nosotros sabemos cómo hacer esto”.

A las 10:15 a.m., guerrilleros de las FARC lanzan la pipeta explosiva que cae en el centro del altar de la capilla, matando inmediatamente a 102 civiles, en su mayoría niños y jóvenes, y a uno de los paramilitares atrincherados en el costado de la capilla. Muchas personas, entre ellos el sacerdote Janeiro Jiménez, se dispersan; la desaparecidos.

Por acción de la pipeta los paramilitares exigen la entrada a la casa de las hermanas, petición que les fue negada. Las FARC siguen avanzan do. El panorama es dantesco con las decenas y decenas de mutilados, gritos desgarradores de heridos con miembros amputados frente a la impotencia de los que corrían para no ser también asesinados. Muchos de estos heridos se arrastran hasta la casa de las hermanas, ya desocupada, donde posteriormente mueren dos de ellos.

Los combates se hacen interminables. 700 personas, aproximadamente, huyen hacia la cabecera del pueblo y, en medio de las balas, deciden cruzar. Dirigidos por los sacerdotes y hermanas organizan una marcha a campo abierto gritando: “ somos? Somos civiles. ¿Qué queremos? Respeto a la población civil”. Así logran llegar hasta el puerto y en las diferentes embarcaciones allí atracadas cruzan a Vigía del Fuerte. Desde el río observan los estragos que hacen en casas 2 pipetas más que lanzó las FARC. En la tarde, los combates continúan en la montaña, sin saberse aún si afectaron a los pobladores que huyeron hacia allá.

La respuesta interinstitucional

El 3 de mayo, el comandante de las FARC avisa en la casa cura! de Vigía del Fuerte que ya se han tomado Bellavista, que pueden cruzar a recoger a sus muertos y enseres. Se prepara la comisión; pobladores aterrorizados no tuvieron fuerzas para cruzar e identificar a sus familiares asesinados. Siguen combates en la montaña cenagosa.

Sale una comisión de Vigía del Fuerte a buscar desaparecidos en la Ciénaga. Encuentran 30.

El sábado 4 de mayo, se reportan 95 heridos, 30 de ellos de gravedad, a la espera de ser remitidos a Medellín por el programa aéreo de salud de la Gobernación de Antioquia. A las 10 de la mañana se informa de Medellín que el helicóptero ha salido. A los 40 minutos aparece un helicóptero civil, por lo que las personas se acercan a la pista con la sorpresa de que éste abre fuego sobre ellos, sin que resultaran personas afectadas. A los 5 minutos aterriza el helicóptero del Programa de Salud.

Continúan las labores de búsqueda de los desaparecidos y el reconocimiento de cadáveres. Los combates no cesan, pero ahora están ubicados en la montaña.

Llega la comisión humanitaria exploratoria de la Diócesis de Quibdó. En la noche, el avión fantasma del ejército ametralla y bombardea la ribera del Atrato, muy  cerca de las poblaciones.

Ya el domingo 5 de mayo desde la Diócesis de. Quibdó sale una Comi sión de Ayuda Humanitaria y otra Comisión Humanitaria encabezada por el Defensor del Pueblo Departa mental, Alberto Boder Valencia.

Se disponen comisiones para registrar y enterrar a las víctimas y para buscar desaparecidos en la ciénaga, entre ellos al sacerdote Janeiro Jiménez. Esta última comisión fue ametrallada por un helicóptero, sin consecuencias que lamentar. No hay presencia de estamentos judiciales que se encarguen de esta responsabilidad legal. Al medio día, 3 aviones mirage del ejército sobrevuelan las poblaciones y causan más terror. La población y el equipo misionero producen un comunicado para leerlo a las FARC. En él plantean al grupo guerrillero que se retire del casco urbano, solicitud que no fue aceptada. Aparece el sacerdote Janeiro en precarias condiciones de salud después de estar perdido 3 días en el monte.

El Lunes 6 de mayo, la comisión humanitaria, acompañada por el Defensor departamental, miembros del equipo misionero y heridos llegan a Quibdó. Continúan sobrevuelos del ejército.

La comisión de periodistas afiliados a medios nacionales e internacionales, que se dirigía a las poblaciones de Bellavista (Bojayá) y Vigía del Fuerte, es obligada a retroceder por el comandante del Batallón Manosalve de Quibdó, coronel Pulido. Según el coronel, el ejército “ante los continuos bombardeos que están realizando los aviones arpía y fantasma sobre toda embarcación movilizada sobre el río Atrato, no puede garantizar la seguridad de los periodistas”.

A las 6 de la tarde se registran bombardeos en el corregimiento de Napipí, brazo de Montaño, a una hora de Bellavista. Como resultado de estas operaciones aéreas en Napipí, hay una campesina muerta, María Ubertina Mena, de 21 años de edad y dos personas heridas.

 

Llegada de la fuerza pública y la presencia paramilitar

Durante el 5 y 6 de mayo, se presentaron “operaciones de ablanda miento” por parte de la Fuerza Aérea Colombiana, con ametrallamientos desde el avión fantasma, bombardeos desde los aviones Mirage y los helicópteros artillados. Fruto de estas operaciones se registran en las perforaciones en las paredes y en los techos. También existe allí, en la cancha de fútbol, el hueco dejado por una bomba.

El 7 de mayo en horas de la noche el buque de la Infantería de Marina llega a Vigía del Fuerte.

El día 8 de mayo llegaron a Vigía del Fuerte las tropas del batallón Alfonso Manosalva Flórez de Quibdó. El Obispo de Quibdó, Mons. Fidel Cadavid y la Defensoría del Pueblo, sostienen reunión con el Mayor de la Infantería de Marina para que se acaten las normas del DIH y sus tropas no se ubiquen dentro de la población civil y se respeten las comisiones y ayudas humanitarias. Ante las peticiones expresa das, el Mayor sostiene que debe ser el propio General Montoya, de la IV Brigada de Medellín, quien debe disponer tales asuntos.

Dicha solicitud no es acatada en contravía a las normas establecidas por el Derecho Internacional Humanitario, observándose la presencia de la Fuerza Pública en los planteles educativos, las viviendas abandonadas por la comunidad y el hurto de alimentos.

Inmediatamente se produce el arribo de las tropas del Ejército y la Armada Nacional a los municipios de Vigía y Bojayá; también se constata la salida de paramilitares sobrevivientes de los enfrentamientos. Es así como pobladores de la comunidad de Bellavista que se encontraban en las tareas de remoción de escombros y arreglo de sus casas, fueron abordados por estas personas que se identificaron como paramilitares y les solicitaron ropa y embarcaciones para cruzar personal herido a Vigía del Fuerte. Por tal motivo son saqueadas las viviendas en busca de ropa de civil.

Luego de pasar a los paramilitares heridos, el personal médico del hospital de Vigía es obligado a atenderlos y aunque el ejército y la Armada son conocedores de la presencia de los paramilitares en las comunidades, se muestran condescendientes con su presencia e incluso la comunidad identifica a varios paramilitares uniformados entre las tropas del Ejército.

En los helicópteros en que se movilizan las tropas son transportados los medios de comunicación que con anterioridad se les impide el paso por el río Atrato por parte del retén militar ubicado en las afueras de Quibdó. Cuatro horas permanecen los periodistas en la población y nuevamente son sacados en los mismos helicópteros del Ejército colombiano.

A causa de esta difícil situación y el arribo vía aérea desde Medellín de varios paramilitares, entre los que se encontraba uno denominado “DÍAZ”, un ex-policía que hizo presencia con los grupos paramilitares en Vigía del Fuerte entre 1997 y el 2000, gran parte de la población restante en esta comunidad decide desplazarse hacia Quibdó, pues es evidente la carencia de condiciones de seguridad.

Promesas presidenciales y todo sigue igual

El día 9 de mayo, se tienen nuevos operativos militares desde Vigía del Fuerte hacia Bellavista por parte de el buque y las “pirañas” de la Infantería de Marina, con el objetivo de asegurar el área previo a la visita presidencial.

Pese a las promesas presidenciales y frente a la carencia de una respuesta real a la situación que vivían en las comunidades, los días siguientes continúo el desplazamiento de centenares de personas aterrorizadas y temerosas de permanecer en sus comunidades.

Igualmente, se reporta la presencia de grupos paramilitares, que se dice, vienen subiendo por el río Atrato, pasando por el municipio de Rió-sucio. Algunos pobladores comentan que se encuentran incluso algunos miembros de los grupos paramilitares en el propio Vigía del Fuerte y Bellavista.

Pese a los pronunciamientos de funcionarios del gobierno nacional, la atención a la población desplazada en Quibdó es muy lenta. Aún no se han dispuesto los albergues para los campesinos afro colombianos que ya han llegado a la ciudad y siguen llegando cada día más. La atención es insuficiente y los trámites burocráticos hacen que aumente la desorganización entre las comunidades desplazadas.

Por su parte, la Diócesis de Quibdó convoca personal de otras Diócesis y comunidades religiosas para que acompañen a los pobladores y se pueda animar la vida en el territorio tradicional de los pueblos negros e indígena.

La situación los días siguientes hasta finales del mes de mayo se mantiene de la misma manera: las comunidades continuaban desplazándose, no existía respuesta real y efectiva del Gobierno Nacional a la situación de emergencia. En Quibdó se carecía de condiciones mínimas para el albergue y la atención humanitaria de la población desplazada. Continúa el temor de una nueva retorna y retaliaciones de los paramilitares a las comunidades del medio Atrato, a la vez que se prolonguen y agudicen los enfrentamientos con la guerrilla en la región.

El desplazamiento

Casi inmediatamente cedieron los enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares y luego de permanecer un par de días refugiados en Vigía del Fuerte, los pobladores de estas dos comunidades decidieron desplazarse hacia comunidades vecinas, con el objetivo de arribar finalmente al municipio de Quibdó. Allí, esperaban contar con mayor seguridad o al menos salva guardar sus vidas. Este éxodo acompañado por los permanentes rumores de nuevos enfrentamientos, la llegada de la fuerza publica a Vigía del Fuerte y la ausencia del Estado y las autoridades locales para atender la emergencia, hicieron que gran parte de las comunidades del medio Atrato decidieran igualmente desplazarse hacia la capital del Chocó.

Incluso frente a los rumores, las amenazas, la presencia paramilitar en la zona y los posibles enfrentamientos con la guerrilla, comenzaba a registrarse desde el 3 de mayo la llegada de familias provenientes de comunidades como San Martín, Puerto Conto, Buchadó, San Miguel, Murrí, Tagachí, el Tigre, la Loma y en general de la gran mayoría de las comunidades de los municipios de Vigía del Fuerte y Bojayá.

Esta situación de desplazamiento fue creciendo día a día, observándose una desolación absoluta en gran parte de las comunidades, ya que la única razón por la cual la población que aun se encontraba en éstas, expresaba no haber salido, era la falta de combustible y embarcaciones suficientes.

En horas de la mañana llega el Sr. Presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, quien se compro mete con las comunidades a garantizar la seguridad y reconstruir las poblaciones.

Plaza Central de la comunidad Bellavista abandonada en su totalidad luego de los enfrentamientos.

En Quibdó, en la segunda semana de mayo ya eran miles los desplazados que habían arribado por estos hechos. Gran parte de ellos tardaron dos días para llegar al embarcadero de esta ciudad, donde eran recibidos por la Red de Solidaridad Social, la Cruz Roja y la Pastoral Social y de donde la gran mayoría salían a buscar alojamiento donde familiares o amigos, pues hasta finales del mes de mayo aun no se lograba acondicionar total el albergue en las antiguas instalaciones de MINERCOL (Empresa Nacional Minéra Ltda.), el cual, en todo caso, no lograría alojar un número tan elevado de desplazados.

La Misión Humanitaria de las Naciones Unidas

Frente a la petición del Presidente Pastrana de una Misión Humanitaria por parte de las Naciones Unidas para la verificación de los hechos y la delicada situación de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos decidió realizar dicha misión, cuyo objetivo sería el de observar y evaluar, en la región de! Medio Atrato, la situación de los DDHH y el DIH.

Aunque dicha oficina estaba enterada de la delicada situación en la región desde tiempo atrás y en especial luego de la llegada de los grupos paramilitares a Vigía de! Fuerte el 21 de abril del 2002, formalmente la misión humanitaria se realizó durante los días del 9 al 12 de mayo, en la que participaron el Director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas, Anders Kompas y cuatro oficiales de dicha organización, quienes visitaron Quibdó, Bellavista, Vigía del Fuerte y Napipí.

Fruto de dicha visita, de la información recolectada de las autoridades locales, la fuerza pública, las organizaciones sociales y de los testimonios de los pobladores que vivieron y presenciaron los hechos, fue presentado a finales del mes de mayo un informe sobre la misión de observación realizada, en la cual, además de la contextualización y los antecedentes del conflicto en la región y la descripción de los hechos sucedidos se aborda una serie de conclusiones en relación a las responsabilidades de los hechos a la luz de lo estipulado en el DIH y los DDHH, tanto de los grupos al margen de la ley como las del propio Estado, que vale la pena ser acá mencionadas.

Frente a las FARC—EP: En el marco del DIH, las FARC son responsables de la muerte de más de un centenar de civiles, heridas y lesiones a cerca de 80 civiles más y la destrucción de bienes civiles a través de cilindros de gas, arma, considerada además como no convencional. “Estas conductas constituyen un ataque a la población civil y con ellas se ha infringido el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra y el artículo 13 del Protocolo II Adicional a esos Convenios. Violan especialmente los principios humanitarios de distinción, limitación y proporcionalidad, así como de inmunidad de la población civil. El DIH exige a las partes en conflicto asegurar la protección de la población civil contra los peligros procedentes de operaciones militares (artículo 13. 1 del Protocolo II). Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, este último principio impone a los combatientes dos obligaciones: 10) La obligación de abstenerse absolutamente de ataques dirigidos contra la población áivil como tal o contra personas civiles; 2°) La obligación de limitar los efectos de las operaciones militares que puedan afectar a las personas protegidas”.

Igualmente se citan las infracciones de los párrafos 1 y 2 del artículo 13 de/protocolo II en relación al ataque indiscriminado contra la población civil utilizando métodos que no discriminan adecuadamente el objetivo, tal es el caso de los cilindros de gas, considerados armas no convencionales. Fruto de dicho ataque se produjo la muerte de personas civiles, acción vista desde el DIH como homicidio, “en este sentido, violan específicamente el artículo 3 común de los 4 Convenios de Ginebra, en su inciso 1 literal a) y el artículo 4.2) del Protocolo fi. Estas disposiciones prohíben a los combatientes atentar contra la vida, la salud y la integridad física y mental de las personas que no participan directamente en las hostilidades o que han dejado de participar en ellas. Una y otra norma ampara, en primer término, a las personas civiles”

Al impactar con el cilindro de gas la Iglesia de Bellavista también se violó la obligación de garantizar la protección de los bienes culturales y de lugares de culto establecida en el artículo 16 del Protocolo II.

El informe también resalta la responsabilidad de las FARC—EP en los hechos ocurridos el día 6 de mayo en la comunidad de Napipí, donde nuevamente colocaron en peligro la vida de la población civil al enfrentarse desde dicha comunidad con la Infantería de Marina. También se anota la infracción al articulo 13 del protocolo II, frente a la responsabilidad de dicho grupo en los desplazamientos generados por sus acciones en la región durante este periodo.

Por ultimo se advierte que debido a la gravedad de las acciones realizadas, algunas de estas son catalogadas por el DIH como crímenes de guerra, entre los que se encuentran el homicidio contra personas protegidas, el ataque contra la población civil, el ataque contra los lugares de culto y el desplaza miento forzado.

Frente a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC): En el mismo marco de las infracciones al DIH, el informe plantea la responsabilidad de dicho grupo en la muerte de más de un centenar de civiles al haber expuesto a dicha población a los peligros de la confrontación armada, al enfrentarse con la guerrilla al interior de la comunidad y de esta manera no garantizar la protección de dicha población. “En este sentido, la conducta de los paramilitares, violatoria de los principios de distinción y de inmunidad de la población civil, constituye un ataque a la población civil y, por ende, una infracción al artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra y al artículo 13 del Protocolo II”

Igualmente las AUC infringieron la obligación de protección a los bienes culturales y de culto y a la prohibición de utilizar los bienes protegidos en apoyo del esfuerzo militar establecidos en el artículo 16 del protocolo II. “En la medida en que algunos miembros del grupo paramilitar intentaron ingresar a la iglesia de Bellavista y, ante la oposición de la comunidad, permanecieron en las cercanías del templo, expusieron no sólo a la población civil sino también el inmueble protegido”.

Otros de los hechos violatorios al DIH cometidos por las AUC fueron la exposición nuevamente de la población civil de las comunidades de Bellavista y Vigía del Fuerte al permanecer y hacer presencia en dichos lugares durante los días posteriores a los enfrentamientos; los desplazamientos masivos a causa de los enfrentamientos, su presencia en las comunidades y las amenazas a la población civil. Igualmente son responsables de saqueos, robo de víveres, enseres y embarcaciones pertenecientes a la población civil de Bellavista y Vigía del Fuerte, acciones que son consideradas como pillaje violatorias del artículo 4.2.g) del Protocolo II Adicional a los 4 Convenios de Ginebra.

El informe plantea que las consideraciones hechas a las FARC — EP en relación a los crímenes de guerra son igualmente aplicables a las AUC.

Frente al Estado:

En relación al Estado Colombiano, el informe contextualiza los hechos a la luz de las normas internacionales tanto en derechos humanos como al DIH. “Según estas normas, el Estado tiene obligaciones de prevención, protección y garantía. A su vez, la responsabilidad del Estado puede generarse tanto por acción como por omisión”

Desde el punto de vista de la prevención las principales inquietudes planteadas en el informe hacen relación a la falta de una respuesta oportuna y eficaz de las autoridades responsables de adoptar las medidas para evitar que dicho tipo de hechos sucedieran y peor aun cuando se dieron las alertas tempranas y advertencias de la situación que se presentaba en el Medio Atrato y en concreto en las comunidades de Vigía del Fuerte y Bellavista por parte de la Diócesis de Quibdó, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Dicha actitud fue planteada por el informe como “un incumplimiento de la obligación de prevenir”, que “viola particularmente el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A estas disposiciones cabe agregar los artículos 6 del Pacto y4 de la Convención Americana, los cuales protegen el derecho a la vida”.

Igualmente frente a la prevención y la protección es preocupante dentro del informe la posible omisión por parte del Estado frente a los hechos al no haberse presentado ningún tipo de respuesta o reacción por parte de la fuerza pública en los retenes instalados a lo largo del recorrido hecho por los paramilitares desde Turbo (Antioquia) hasta llegar a las comunidades en el Medio Atrato, es decir de haber faltado a la obligación de adoptar medidas para hacer efectivos los derechos y la protección de los mismos. “En estos casos la omisión del Estado puede constituir una violación a los derechos huma nos y comprometer la responsabilidad estatal por los acciones de esos grupos ilegales”

Igualmente se llama la atención frente a la posible responsabilidad del Estado de los desplazamientos de población civil, si se tiene en cuenta la omisión y respuesta tardía a las alertas tempranas hechas por las distintas instituciones y organizaciones.

En cuanto a las obligaciones de res peto y protección se considera que la ausencia y presencia insuficiente de los agentes del Estado fueron factores directamente asociados a la alta vulnerabilidad y riesgo de la población afectada por las acciones de los actores armados ilegales. Es por ello la preocupación expuesta en el informe frente a las declaraciones de autoridades civiles y militares que negaban enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares en la región o la presencia de estos en dicha región.

Igualmente se plantea la responsabilidad del Estado en los hechos ocurridos en Napipí, donde hubo confrontación armada de la fuerza pública sin que tuviera en cuenta lo establecido por el artículo 13 del Protocolo II frente a los principios humanitarios de limitación, distinción y proporcionalidad.

Igualmente se cita la preocupación frente a los testimonios que relatan la llegada de paramilitares vía aérea a Vigía del Fuerte entre los días 9 y 10 de mayo y la denuncia de supuestas reuniones entre paramilitares y militares.

El informe igualmente rescata los esfuerzos de la Red de Solidaridad Social, la Alcaldía de Quibdó y otras autoridades nacionales, departamentales y municipales, la Diócesis de Quibdó, el ACIA, la OREWA y al Cruz Roja Colombiana frente a la atención de la población desplazada, pero también expresa su preocupa ción por el incremento de dicha población luego de la llegada de las Fuerzas Armadas a la región del Medio Atrato.

Frente a la obligación de garantía, en las cuales el Estado debe pro mover la administración de justicia en lo relacionado a las violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH, el informe hace un llamado frente a las declaraciones hechas por el Fiscal General de la Nación Luis Camilo Osorio, en las que “se hacen afirmaciones relacionadas con la valoración de los hechos objeto de este informe, estando pendientes las conclusiones de una investigación judicial sobre los mismos” y las hechas por otras autoridades civiles y militares que podrían afectar el curso normal de las investigaciones y “la independencia e imparcialidad de los funcionarios judiciales relacionados con el caso del Medio Atrato”

Por último, “la Oficina lamenta pro fundamente los incidentes registrados en materia de las garantías de seguridad y de cooperación ofrecidas por el Gobierno para la realización de la misión al Medio Atrato. Más preocupantes aún fueron las declaraciones ligeras, descalificatorias e irrespetuosas emitidas por altos funcionarios del Estado, entre ellos el Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio, el Director Nacional de Fiscalía, Justo Pastor Rodríguez, y los generales Fernando Tapias, Jorge Enrique Mora, y Mario Montoya. Esta situación ha puesto en peligro la seguridad e integridad del Director de la Oficina y la de su equipo, razón por la cual la Alta Comisionada tuvo que pronunciarse enérgicamente al respecto”

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