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Sistematización de Experiencias de Atención Psicosocial en Antioquia. Municipios afectados por el conflicto armado y población desplazada 1999-2003. Organización Panamericana de la Salud. Universidad de Antioquia. Dirección seccional de Salud de Antioquia. 2003

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Primera parte - EL CONTEXTO

• 1. Colombia: la guerra y el desplazamiento forzado como ejes de pervivencia histórica
• 2. Tendencias recientes del conflicto armado en Antioquia: los años noventas
• 3. Tendencias recientes del desplazamiento forzado de población en Antioquia
  • 3.1 Desplazamiento, confinamiento y repoblamiento
  • 3.2 Urbanización del conflicto armado y desplazamientos intraurbanos
• 4. Desplazamiento forzado y crisis humanitaria: las "emergencias complejas" comoreto de la atención psicosocial

1. Colombia: la guerra y el desplazamiento forzado como ejes de pervivencia histórica

El investigador Daniel Pécaut ha reiterado en sus estudios sobre la violencia colombiana, que su presencia histórica está asociada a los insistentes esfuerzos de construcción de un orden[4], que encuentra desde el remoto período postindependentista rasgos persistentes de desarticulación de lo social, una profunda heterogeneidad étnica y cultural y un fraccionamiento de los ámbitos de la vida económica y política de la nación, que indujo a concebir una función esencial para el Estado, la de la construcción de la sociedad, como garante de la imaginada unidad nacional. En tal sentido, el proceso de constitución de la sociedad a partir del Estado en Colombia, ha ido acompañado de una tensión permanente entre la idea del orden deseado y la utilización de la violencia para lograrlo, de tal manera que como lo afirma Pécaut, "…la violencia es una experiencia fundadora de la que todo parece derivar"[5].

En efecto, uno de los procesos en que es posible constatar la pervivencia histórica de la violencia, es el relacionado con la construcción moderna de la nación en Colombia. Estudios como los de Fernán González[6] y María Teresa Uribe[7], han dado cuenta del proceso conflictivo e inacabado de la construcción del Estado nacional, proceso que pone en evidencia la precaria presencia del Estado en la sociedad, en dos dimensiones básicas: como referente de cohesión social y, en tal sentido, como árbitro eficaz de los conflictos sociales; y en cuanto a su presencia material, sumamente marginal en buena parte del territorio nacional, pero en cambio con una presencia asociada preponderantemente al componente de coerción y represión.

En este sentido, el conflicto armado en Colombia expresa la conflictiva construcción de una democracia que se levanta sobre la preservación de redes privadas de dominio social y prolonga en el tiempo histórico un estado de lucha permanente por "…el orden justo; por la representación soberana; por el dominio territorial; por el control institucional de los bienes públicos; por la sujeción de pobladores y residentes"[8].

En esta trama de confrontaciones entre actores diversos que se disputan el poder y no reconocen la autoridad pública, se ha configurado un clima proclive a la instauración de lo que María Teresa Uribe denomina "órdenes alternativos de facto con pretensiones también soberanas"[9], lo que significa que la soberanía del Estado ha sido permanentemente cuestionada u objeto de disputa a través de los distintos estados de guerra prolongados en el tiempo.

Lo anterior no significa que el país haya asistido de manera permanente a una confrontación bélica convencional, que enfrentaría a ejércitos claramente definidos en un espacio de operaciones militares dispuesto para el efecto. Lo que hace mucho más compleja la situación colombiana, es el carácter difuso, pero permanente, de los estados de guerra, las diversas expresiones del conflicto armado que no responden a una lógica unívoca del desarrollo del mismo, la presencia de múltiples y diversos actores y la utilización indiscriminada de distintas formas de violencia.

Esa disputa por el poder y la soberanía se concreta específicamente en el control del territorio, de tal manera que a ello le sigue una construcción de formas no institucionales de ejercicio del poder público, de definición de fronteras, de tenencia, uso y control de los recursos, y por supuesto de subordinación y control de sus habitantes, hasta el punto de hacer uso de la capacidad de los actores dominantes para decidir sobre la permanencia o no de población "no confiable", o su sometimiento por la vía del ejercicio de la autoridad y la intimidación. Esta lucha por el control del territorio, esta disputa entre actores que rivalizan por el uso soberano del poder, elementos de una permanente confrontación bélica, erosiona la débil soberanía nacional y permite constituir soberanías alternas[10], que de manera paralela disputan entre sí.

La presencia simultánea de órdenes diversos pone en cuestión la capacidad del Estado para gobernar y ejercer el monopolio legítimo de la fuerza y, en consecuencia, su condición de garante de los derechos de los ciudadanos y árbitro de los conflictos. En otras palabras, el conflicto que supone la construcción histórica de la soberanía nacional, ha ido de la mano de una frágil gobernabilidad y de un proceso creciente de deslegitimación del Estado.

De esta manera, y ligado a lo anterior, aparece un rasgo igualmente presente en la evolución histórica del conflicto armado en Colombia, la frágil construcción de un orden político incluyente, que ha ido de la mano de la precaria construcción de un orden social democrático, es decir, la ausencia de un Estado consolidado, ha devenido en la construcción inconclusa de un régimen político democrático, cuyos rasgos más sobresalientes son precisamente su carácter restrictivo, no incluyente de amplios sectores sociales. A la precariedad del Estado le ha acompañado una débil construcción de la democracia, visible no sólo en términos institucionales y formales, sino sobre todo, en cuanto a la ampliación de espacios de construcción colectiva y pública.

En síntesis, y como lo señala María Teresa Uribe:

Los fenómenos de la violencia en Colombia son algo más que coyunturales; constituyen un eje perviviente en la historia del país. De allí la necesidad de abordarlos no sólo a la luz de la crisis actual sino también en la larga duración, en la perspectiva de la diacronía, pues es allí donde puede encontrarse una alternativa interpretativa que dé cuenta de la especificidad del fenómeno en Colombia sin caer en los lugares comunes que nada explican o, en su defecto, en el fraccionamiento empírico de la realidad violenta (la violencia política, delincuencial, oficial, étnica, etc.) lo que se queda en la mera clasificación de los fenómenos, aportando pocas luces a su comprensión[11].

2. Tendencias recientes del conflicto armado en Antioquia: los años noventas

El análisis del conflicto armado en Antioquia, más allá de un marco de referencia obligado para interpretar el fenómeno del desplazamiento, tiene el propósito de identificar los rasgos distintivos de un contexto pertinente, que contribuya al desarrollo de programas de atención integral a la población  desplazada, en particular en lo relacionado con sus aspectos psicosociales. Esto es, que si bien resulta incuestionable la necesidad de contextualizar de manera adecuada los rasgos del conflicto, la naturaleza del desplazamiento y sus múltiples impactos sobre la población, se trata, además, de intentar la definición de un programa de atención integral a la población afectada, que incorpore claramente impactos diferenciados sobre población igualmente distinta, que habita los específicos escenarios regionales y locales, y se relaciona de manera igualmente diferente con la evolución del conflicto.

De esta manera, y sin perder de vista los factores estructurales presentes en el conflicto armado en Colombia, esbozados atrás, es preciso identificar algunos rasgos que caracterizan su evolución más reciente, en un espacio concreto como el departamento de Antioquia.

En tal sentido, la existencia simultánea y en franca oposición, de actores diversos de poder, expresado en la coyuntura más reciente, como enfrentamiento entre la insurgencia, las fuerzas estatales y la contrainsurgencia,y el consecuente despliegue de hostilidades durante los últimos años, son factores que explican, en buena medida, la exacerbación del conflicto armado, y su definición como guerra irregular. El carácter irregular del conflicto armado ésta dado, entre otras cosas, por la dificultad, cada vez más evidente, para distinguir entre combatientes, no combatientes y combatientes-civiles y por la creciente utilización de medios no convencionales de la guerra, vale decir, que el uso indiscriminado de armas por parte de los distintos actores armados y el despliegue de diversas acciones, constituyen un marco de referencia para el desarrollo del actual conflicto armado, que entra en contradicción con los principios del Derecho Internacional Humanitario, o por lo menos, pone en cuestión la viabilidad de su aplicación[12]..

Asuntos como el incremento cuantitativo y localizado regionalmente de las acciones bélicas, el aumento de la victimización de la población civil, la intensificación de estrategias de tierra arrasada, el crecimiento de los ejércitos enfrentados, la adopción de estrategias de guerra como el desplazamiento forzado y el repoblamiento de localidades, el asesinato selectivo y sistemático de quienes son señalados como simpatizantes o colaboradores del grupo oponente, la localización de minas antipersonales, los bombardeos, entre otros, concretan los rasgos que distinguen la evolución actual del conflicto, a diferencia de otras coyunturas del mismo.

Estos cambios introducen también modificaciones en relación con el tipo de interacciones entre las partes enfrentadas, los escenarios del conflicto a nivel regional y urbano, el agrupamiento y tamaño de los grupos armados, y ponen en evidencia un proceso de intensificación o escalamiento del conflicto, que supone una extensión de la confrontación de manera directa o de sus impactos sobre todo el territorio departamental y una creciente tendencia hacia una afectación de las áreas urbanas, en particular del área metropolitana del Valle del Aburrá.

Por otra parte, el incremento en los últimos años del accionar de grupos ilegales de contrainsurgencia, situados como principales ejecutores de la estrategia contrainsurgente que le correspondería al Estado y los cambios en la insurgencia en cuanto su progresivo incremento numérico y su expansión en el área de influencia,evidencian la generalización e intensificación del conflicto, imprimiéndole un sello nuevo a su evolución, que hace más complejo su tratamiento.

En efecto, la intensificación del conflicto en Antioquia en los años más recientes, se ha explicado de manera particular, como resultado del impacto que ha traído sobre el departamento el proceso de reorganización de los grupos contrainsurgentes ilegales y su expansión territorial. La presencia del paramilitarismo en Antioquia ha estado asociada a distintos fenómenos: como parte de un proceso de organización de grupos de autodefensa en respuesta a las acciones de extorsión económica de la guerrilla; como estrategia de los sectores dominantes para garantizar la marcha de obras de infraestructura y la seguridad alrededor de las zonas ganaderas o de regiones con algún interés económico significativo; como resultado de la débil presencia estatal en algunos escenarios regionales en los cuales es evidente la disminución de la capacidad ofensiva y defensiva de las fuerza militares oficiales. En este último caso, la organización de grupos contrainsurgentes ilegales ha resultado funcional a una estrategia encaminada a maximizar los resultados de la lucha contrainsurgente, en cuanto se ve asociada a la creación de unidades militares irregulares y al uso de estrategias de guerra no convencionales.

Este fortalecimiento y expansión de las organizaciones contrainsurgentes y los cambios en el tipo de estrategias de guerra, usados por la insurgencia, su crecimiento cuantitativo y la extensión de su accionar, ha conducido a una exacerbación  del conflicto armado, inicialmente en  la región de Urabá y posteriormente en otras zonas del departamento, como el Nordeste y el Oriente. Esta intensificación del conflicto armado ha supuesto la utilización cada vez más frecuente de estrategias como el desplazamiento forzado de población, y de nuevas formas de dominio sobre las localidades, particularmente de las fuerzas contrainsurgentes que buscan consolidar su presencia a través de la creación de redes sociales de apoyo.

La agudización del conflicto en el departamento, discriminado por regiones y localidades, permite constatar un incremento en los hechos de violencia y una intensificación y extensión de la aplicación de distintas estrategias de guerra,  que definen, por lo menos, distintos momentos del proceso. En un primer momento, desde mediados de los noventas, la reorganización de los grupos paramilitares, tras la experiencia del Magdalena Medio, condujo a la intensificación del conflicto en Urabá, para posteriormente hacia 1998, acentuarse en regiones como el Nordeste y el Oriente; agudización que situó al departamento como uno de los principales epicentros del conflicto colombiano.

Lo anterior significa que la agudización de la guerra irregular no implica su generalización como proceso en todo el departamento, sino, un variable comportamiento de la confrontación armada por regiones y tiempos diferenciados. En este proceso, el principal móvil dinamizador de la guerra en la presente coyuntura, definido como la pretensión de dominio territorial, cobra más fuerza sobre aquellas regiones tradicionalmente de influencia guerrillera o en zonas consideradas corredores estratégicos; y es precisamente, en estos territorios, donde pueden encontrarse mayores niveles de violencia, mayor recurrencia de acciones bélicas y niveles más altos en el espiral ascendente del desplazamiento de población.

En un  segundo momento, y tras el control sobre el territorio por parte de los grupos contrainsurgentes, disminuyen la intensidad y la frecuencia de las acciones bélicas, aunque ello no significa que se desactive el conflicto; esto es, que en casos como el Magdalena Medio y Urabá, una vez establecido el control paramilitar, se instauran nuevas formas de coerción –sobre la población residente, sobre impuestos, reclutamiento de nuevos combatientes, intervención en las organizaciones sociales y en las administraciones locales- y se da inicio a un proceso de adaptación a nuevas condiciones definidas por la simultánea presencia de las fuerzas estatales y las contrainsurgentes; un orden de facto que supone una disminución de las acciones violentas, la cooptación de líderes, políticos y autoridades locales y el "restablecimiento" de la seguridad.

Si bien, tras el propósito del control territorial prevalecen rasgos como los señalados atrás, no es posible dejar de lado, por lo menos, un eje importante, presente en la lucha por el control del territorio, como el de la riqueza y el desarrollo, que se asocia a esta estrategia de la guerra y que determinan también, las lógicas y transformaciones en la evolución del conflicto armado en Antioquia.

De un lado, el interés determinado por los polos de producción de droga y cultivos ilícitos en el país, que si bien no afecta al departamento de Antioquia con igual intensidad que a otros espacios de la geografía nacional, ha conducido en regiones como Urabá, Oriente (zonas del páramo y del altiplano) y sur del Valle de Aburrá, a convertirse en escenarios de confrontación. En segundo lugar, las zonas de producción minera como el Bajo Cauca y el Nordeste y las regiones de ganadería como el norte de Urabá y el Magdalena Medio. De igual manera, las regiones epicentro de proyectos de infraestructura, o fuentes de recursos naturales, o de tierras aptas para la agricultura o la ganadería extensiva o territorios considerados por su importancia geoestratégica, despiertan gran Interés particularmente por coincidir con la presencia o influencia guerrillera, devienen en factores que activan la confrontación armada, enfrentando a  los grupos insurgentes contra las fuerzas contrainsurgentes, enun despliegue de acciones militares y hostilidades que detonan el desplazamiento de población o inducen la estrategia de repoblamiento de localidades enteras[13].

Con todo lo anterior se quiere reiterar, en primer lugar, que en el desarrollo y evolución reciente del conflicto armado, convergen múltiples factores causales y se concretan diversas formas de confrontación entre los actores armados, desplegando a su turno, distintos efectos e impactos sobre las comunidades que habitan los territorios en disputa. En segundo lugar, que si bien se asiste a una agudización del conflicto armado, ello no supone su generalización en todo el escenario departamental de manera simultánea, sino su activación diferenciada por regiones y períodos, lo cual refleja la complejidad del desarrollo de la guerra, al tiempo que llama la atención sobre la necesaria búsqueda de alternativas viables para su tratamiento. Y finalmente, que si bien el desplazamiento de población pasó de ser una secuela de la confrontación armada a una estrategia de la guerra, es importante vincular al análisis y atención de este problema diversos fenómenos que lo inducen y lo caracterizan, también de manera diferenciada, en los distintos escenarios locales y regionales.

3. Tendencias recientes del desplazamiento forzado de población en Antioquia

El panorama actual del conflicto armado y el seguimiento a sus impactos sobre la población, en particular en lo relacionado con el drama del desplazamiento forzado de población, permite hoy afirmar que "… más allá de la confrontación armada como principal origen del desplazamiento forzado, emergen otras causas asociadas a dinámicas de violencia sociopolítica e intolerancia social, así como a dispositivos de acumulación violenta, vertiginosa e ilegal de capital en contextos de alta conflictividad"[14].

No obstante, es innegable que la intensificación del conflicto, en términos del incremento cuantitativo y extensivo de los grupos contrainsurgentes ilegales y de la insurgencia, el despliegue creciente de acciones de guerra no convencionales, y la consecuente polarización de la guerra, constituyen factores definitivos en un escenario cada vez más complejo en el que prácticas como la del desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las masacres, el homicidio selectivo y el recurso a la violencia "aleccionadora", adoptan la forma de estrategias de la guerra por encima de cualquier consideración humanitaria que las impidiera.

Por ello, resulta hoy claro que el desplazamiento forzado no responde únicamente a las lógicas de guerra, también está asociado a intereses económicos que son menos visibles a medida que se intensifica el conflicto armado. Hay conexiones entre el desplazamiento y el desarrollo de mega proyectos casi siempre relacionados con el uso intensivo de recursos naturales. En efecto, un buen número de personas son desplazadas de regiones en las que hay iniciativas agro industriales, macroproyectos, obras de infraestructura, riquezas naturales, y no precisamente de las zonas más deprimidas desde el punto de vista económico.

De esta manera, puede afirmarse que no sólo hay desplazamiento porque hay guerra, sino que hay más guerra para desplazar más gente, porque los intereses económicos, que van más allá de la simple tenencia de la tierra, así lo determinan y porque el conflicto armado es un escenario favorable para afirmar este tipo de relaciones de poder.

De acuerdo con los informes producidos por la Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento CODHES, el año 2002 presentó el mayor desplazamiento forzado en Colombia desde 1985; así como también registró un crecimiento importante de las zonas de expulsión, cambios severos en la configuración social y demográfica de la cuarta parte de los municipios del país, una alarmante desintegración de grupos étnicos, y la intensificación de formas de presión y control de los actores del conflicto armado sobre la población civil. El desplazamiento forzado afectó en el 2002 a una población estimada en 412.553 personas, es decir, un promedio de 1.144 por día, 20% más que el año inmediatamente anterior[15].

3.1 Desplazamiento, confinamiento y repoblamiento

De acuerdo con el sistema de información de Codhes, durante el año 2002, el 85% del total de los municipios en el país (955 municipios) expulsaron población, lo que significa un crecimiento considerable del número de lugares en los cuales ya es evidente la guerra y su degradación. De estos municipios expulsores, al menos 152 registraron una significativa disminución de población, mientras que 124 fueron sometidos a un crecimiento atípico como consecuencia de la llegada intempestiva de nuevos habitantes. En suma, 276 municipios, que constituyen el 25% del total del país, están inmersos en un proceso de reordenamiento social y demográfico forzado por las circunstancias de la guerra.

Esta situación afecta de manera dramática tanto a los municipios expulsores como a los municipios receptores. En los primeros, se ha presentado una disminución significativa de su población cuando predomina el desplazamiento masivo, como el caso de Bojayá en el Chocó.  En los segundos, la recepción de un número considerable de población desplazada ha generado nuevos problemas en razón de las dificultades que supone albergarlas y atender sus necesidades más inmediatas, bajo condiciones generalmente, bastante precarias. A ello se suman los efectos sobre aquella población que no encuentra más alternativa que quedarse en sus lugares de origen, bajo condiciones de intimidación por parte de los actores armados y en condiciones igualmente precarias derivadas del bloqueo y las limitaciones para acceder a recursos básicos.

El desplazamiento, el emplazamiento y el repoblamiento, son hoy fenómenos que sintetizan uno de los rostros más dramáticos del escalonamiento del conflicto armado, además de favorecer la tendencia, cada vez más generalizada, a alimentar una salida militar, en detrimento de las posibilidades de la solución negociada. A ello suman "clamores colectivos" por seguridad y protección de la propiedad, que justifican una supuesta inevitabilidad de la utilización de medidas de fuerza que contribuyen a perfilar una tendencia autoritaria en el manejo del conflicto. Por esta vía se da paso a un proceso de alinderamiento alrededor de uno de los actores enfrentados, favoreciendo la división de las comunidades y la extensión del conflicto hacia todos los niveles de la vida social.

Precisamente, el conflicto haevolucionado hacia una dinámica que traspasa el campo estrictamente militar al impactar sobre otros ámbitos -psicológico, económico, informativo, familiar, comunitario- no militares en su esencia, lo cual ha implicado una intensificación de las hostilidades,una transformación del enemigo y una cada vez más difusa distinción entre las acciones reguladas por el Derecho Internacional Humanitario y las que representarían su infracción.

3.2  Urbanización del conflicto armado y desplazamientos intraurbanos

De acuerdo con el tipo de movilización poblacional generada por el desplazamiento forzado, se ha producido en el departamento diferentes tipos de desplazamiento: del campo hacia las cabeceras municipales; rural, procedente de cualquier vereda de una municipalidad, hacia la ciudad; y más recientemente, intraurbano, derivado especialmente por la creciente intensificación de la confrontación armada en la ciudad.

El desplazamiento intraurbano se ha hecho cada vez más visible en la ciudad en razón de factores como la amenaza directa de los grupos armados sobre la población, las presiones directas, por lo general de orden económico y el ambiente de confrontación directa entre los distintos actores, fenómenos que contribuyen al deterioro de las condiciones de estabilidad de la gente y desatan reacciones que pasan del temor, la desconfianza hacia el ocultamiento o la huida a otros lugares de la ciudad.

El desplazamiento como abandono forzado del lugar de residencia habitual trae además, implicaciones del orden cultural y psicoafectivo, que se ve agravado en aquellas poblaciones que padecen sucesivos eventos de desplazamiento, en cuanto uno de los rasgos específicos del desplazamiento intraurbano es precisamente que en muchos casos se produce sobre familias asentadas en Medellín tras un desplazamiento del campo.

La pérdida del lugar de residencia por segunda vez, conduce inevitablemente al deterioro de las redes sociales que se venían configurando, como una alternativa a los problemas de desarraigo, pérdida de la identidad personal y familiar, del trabajo y de su memoria colectiva.

Es decir el hecho mismo de relocalizarse en otra parte no resulta fácil para los desplazados, porque desconocen los hábitos y formas de funcionamiento de los nuevos entornos urbanos, y porque tienen dificultad para integrarse a nuevas redes sociales porque cargan con el peso de un estigma que genera rechazo por parte de los vecinos y de los gobiernos locales o atrae la continuidad de la persecución por parte del grupo que le expulsó; situación que se ve agravada en el momento en que se desata un nuevo desplazamiento que lesiona seriamente el proceso de reacomodo en gestación.

En estas condiciones, a los efectos del desplazamiento le sigue un proceso de  destrucción de la vida pública de la población afectada, en la medida en que suscita una situación de aislamiento y acrecienta los niveles de desconfianza, factores que rompen las redes afectivas y sociales existentes o imposibilitan la construcción de nuevas. Todos estos efectos resultan especialmente importantes en la medida en que pueden estimular la espiral de la violencia existente y propiciar el escalonamiento del conflicto armado, cada vez más presente en los centros urbanos.

4. Desplazamiento forzado y crisis humanitaria: las "emergencias complejas" comoreto de la atención psicosocial

Una de las tendencias más relevante y dramática de la coyuntura actual en relación con la evolución del desplazamiento de población, es la llamada crisis humanitaria en cuanto el progresivo deterioro de los derechos humanos y la inaplicabilidad del derecho internacional humanitario. En efecto, la población desplazada se ha visto obligada a enfrentar el drama de la exclusión, la estigmatización y el desarraigo, y a situarse en refugios sin condiciones adecuadas o en territorios sin reales condiciones de seguridad y protección. Al tiempo, aquellos pobladores que siguen resistiendo el impacto de la confrontación armada en su propio territorio, bien porque se quedaron o porque fueron obligados a permanecer, enfrentan hoy el drama del sometimiento, del emplazamiento, bajo el control del actor armado dominante que busca evitar la "infiltración del enemigo" y ejercer un dominio pleno del territorio en cuestión.

Bajo estas circunstancias, la evolución del conflicto adopta la forma de crisis humanitaria agravada por las condiciones adversas que mantienen a toda una población aislada de cualquier apoyo externo o a la espera de una respuesta estatal rápida y efectiva. Este ha sido el caso de algunas poblaciones de Antioquia, que se enfrentan al bloqueo que realizan los actores armados impidiendo la libre circulación de la gente, la provisión de alimentos, medicinas e insumos necesarios para las distintas actividades cotidianas.

De igual manera, la crisis humanitaria desatada pone en evidencia que los pueblos indígenas son otro de los sectores significativamente afectados por el desplazamiento forzado; las organizaciones de los pueblos indígenas han sido sometidas también a algún tipo de confinamiento forzado. En el caso de Antioquia, aproximadamente 1.850 Emberas en Dabeiba han padecido esta situación[16].

Los intereses de los actores armados y de otros sectores violentos apuntan a invadir y despojarlos de sus territorios, desestructurar sus comunidades y organizaciones, imponer lógicas de confrontación distintas a su cultura, y trasformar su relación con la tierra y la naturaleza. Otro grupo poblacional igualmente afectado es el afrocolombiano, para quienes también el año 2002 representó el más trágico en cuanto a desplazamiento, violencia, desintegración de comunidades, y pérdida de territorio y cultura. Al menos el 33% del total de la población expulsada en Colombia, es decir, 83.650 personas, corresponden a este grupo étnico[17].

Adicionalmente, la situación de las comunidades afrocolombianas e indígenas en las zonas de llegada se torna especialmente difícil en razón de los profundos procesos de transformación del entorno geográfico, social y cultural, y de la imposibilidad para acceder a los ecosistemas tradicionales de subsistencia. Así mismo, las posibilidades de retorno a los lugares de origen de los grupos étnicos desplazados, están atravesadas por serios inconvenientes relacionados con la expansión y profundización del conflicto armado.

Como lo señala Harvey Danilo Suárez,

"… el desplazamiento forzado en Colombia continúa perfilándose como parte de una profunda crisis humanitaria que se expande y que incluye a cada vez más sectores sociales y áreas geográficas. Masacres, asesinatos selectivos, desplazamientos masivos y comunidades sitiadas configuran el trasfondo de la migración forzada. La vida de cada vez más colombianos (as) se debate en contextos, lugares y relaciones que no eligieron, en condiciones de extrema vulnerabilidad, de privación y empobrecimiento[18].

Si en el caso colombiano, el desplazamiento forzado se ha convertido en una catástrofe humanitaria, y por tanto en la gran vergüenza nacional, es pertinente, en el caso de la atención psicosocial a población desplazada por el conflicto armado, acoger el concepto de "emergencia compleja". Este se usa, según la Organización Panamericana de la Salud[19], para expresar más claramente  el carácter agravado y la presencia de diversos factores y condiciones que complican la situación existente en determinadas catástrofes, donde el caso típico son los conflictos armados.

Afirma la OPS que en las emergencias complejas hay, por lo general, efectos devastadores con secuelas de mediano y largo plaza, en las cuales se define la existencia de una crisis humanitaria, donde se producen violaciones a los Derechos Humanos que, en el caso colombiano, habría que extender al Derecho Internacional Humanitario. Es así que el derecho a la vida, la integridad personal, la libre circulación, la vivienda digna, la educación, la salud y la propiedad privada, no se respetan o son simple letra muerta[20].

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