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EL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA - MEDICOS SIN FRONTERAS

11. OTRAS RESPUESTAS

Un elemento a destacar, en la medida en que puede llegar a afectar a MSF por la confusión que genera, es que se está produciendo una proliferación de ONG trabajando en el terreno, que han firmado el convenio de administración delegada con la Red y reciben dinero de la parte social del Plan Colombia. Esto significa que trabajan con los criterios de la RSS, es decir, con los desplazados que tienen carné, lo que ha generado quejas de distinto tipo:

"Dicen que trabajan con desplazados pero no es verdad, sólo les importa la carta".

"Hay mucha gente ahora viviendo de los desplazados". [74]

En conversaciones llevadas a cabo en Altos de Cazuca y Nueva Colombia se han recibido quejas de que algunas organizaciones están utilizando a población desplazada para justificar gastos y proyectos, por ejemplo, organizando cursos o programas de formación "fantasma" en los que al desplazado sólo se le utiliza para reclamarle la firma que pueda justificar el gasto.[75] Sin embargo, hay iniciativas muy interesantes y organizaciones con larga trayectoria y profesionalidad que trabajan en este ámbito.

11.1. Organizaciones colombianas

El Grupo de Apoyo a Desplazados (GAD) se constituyó en 1994 por 13 ONG colombianas que trabajan en el campo de derechos humanos y en apoyo a comunidades desplazadas, y ha venido realizando hasta el año 2001 un valioso trabajo en términos de atención directa, lobby, publicación de informes y presión política.[76] Sin embargo, las diferencias entre sus miembros y problemas de presupuesto (como postura ética, no aceptan dinero del Plan Colombia) han llevado a su disolución como grupo en julio de 2001.

El centro de investigación Codhes ha tenido un papel fundamental en el posicionamiento del desplazamiento forzado en la agenda pública y sus estadísticas e informes son conocidos a nivel internacional.

La Fundación Mencoldes proporciona terapia psicosocial a desplazados recién llegados a Bogotá, así como ayuda alimentaria, banco de ropa, etc. También ofrece asistencia jurídica y médica. La ayuda de emergencia forma parte de un proyecto más amplio que tiene como objetivo la recuperación psicosocial y socioeconómica de la población desplazada, por medio de talleres de apoyo, formación en distintas profesiones, apoyo inicial para la venta ambulante, etc. Una vez al mes, se celebra un taller que pretende ser un espacio terapéutico para aquellas personas y familias que tienen más problemas psicológicos.

La Comisión Colombiana de Juristas participaba en el GAD, pero también (individualmente) ofrece asesoría jurídica a desplazados que le son remitidos desde otras organizaciones, asesora en casos en que es necesario salir del país, etc. También ha presentado iniciativas que se han traducido en sentencias de la Corte Constitucional respecto a este tema y realiza lobby político ante Congreso y Senado. Actualmente está analizando la posibilidad de plantear recurso ante el último decreto por su carácter restrictivo.

La organización Minga ha trabajado durante diez años en las zonas de Cesar, Sur de Bolívar, Magdalena Medio y Norte de Santander, en un trabajo de formación en derechos humanos y fortalecimiento de las formas asociativas (sindicatos, movimientos campesinos, cooperativas...). Allí llegaron a constituirse 15 comités municipales de derechos humanos. En los últimos años ha tenido que retirarse de algunas de ellas por las amenazas, sin embargo sigue actuando en zonas como la cuenca del río Catatumbo, donde hay comunidades campesinas que a pesar de la presión se resisten a abandonar la zona (a la que llegaron, por otra parte, expulsadas de otras regiones en épocas anteriores). En Bogotá realiza un proyecto de atención psicosocial a niños y jóvenes que comprende la recuperación de la identidad cultural y el fortalecimiento del tejido social.

11.2. Organizaciones de desplazados

Las organizaciones de la población desplazada normalmente se caracterizan por su pequeño tamaño y limitado presupuesto. Los procesos organizativos se ven dificultados por la heterogeneidad del colectivo; la reticencia de muchos de ellos a participar en actividades de cierta visibilidad pública, o a acercarse a organizaciones, por motivos de seguridad; la falta de apoyo estatal y de presupuestos y las dificultades de adaptación a un entorno cultural diferente. El elevado grado de dispersión de los procesos de desplazamiento favorece las alternativas asistencialistas, desmoviliza a las comunidades y dificulta la organización. Esto se ve reforzado por las agresiones y persecución de líderes comunitarios, que ocasiona vacíos de liderazgo y dificulta la reconstrucción social y comunitaria. Por otro lado, la población desplazada se ha convertido en blanco de grupos armados y políticos que ven en ella un instrumento de propósitos ajenos a sus derechos.

Se calcula que en Colombia puede haber 60 ó 70 organizaciones de desplazados. Por mencionar una iniciativa interesante, la Coordinadora Nacional de Desplazados agrupa a cinco organizaciones que trabajan en una labor de incidencia política, con el acompañamiento de Mencoldes. Esta organización está tratando de ampliar su radio de acción e integrar a otras para unificar criterios y presentar alternativas de políticas. Sus mayores dificultades han venido de la pretensión de agrupar a personas procedentes de todo el país y desplazadas por todos los actores armados, ya que resulta difícil generar la sensibilidad de que todos son igual de víctimas y de que sólo depende del lugar dónde te haya "tocado".

Por su parte AFRODES (asociación de afrocolombianos desplazados) ha llegado a agrupar a 260 familias, unas 1.400 personas. Esta organización señala las dificultades que afrontan los desplazados negros a su llegada a las ciudades pues, al señalamiento que caracteriza a los desplazados, se le une en estos casos el racismo. AFRODES afirma que el desplazamiento "se está convirtiendo realmente en un fenómeno masivo en comunidades negras, ya que se pretende el acceso a la tierra saltando por encima de la Ley 70, que regula nuestros derechos y nuestras relaciones con la tierra". Hay casos de familias integradas en esta asociación que presentaron su declaración hace 3 y 4 años y no han recibido respuesta.[77]

La organización sigue suponiendo serios riesgos, para los líderes de los desplazados y para las ONG locales que trabajan con ellos, especialmente cuando se proporciona asistencia jurídica. 127 líderes de comunidades indígenas desplazadas fueron asesinados entre 1998 y 1999, según el último informe de Francis Deng, durante su visita a Colombia en 1999. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha denunciado los ataques de que son objeto y ha pedido al Gobierno colombiano que tome medidas al respecto. Incluso funcionarios de la Defensoría del Pueblo a nivel local y miembros de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, han sido amenazados por su trabajo con los desplazados.[78]

11.3. El sistema de Naciones Unidas y organismos internacionales

El sistema de Naciones Unidas está representado en Colombia por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ACNUR, PNUD, UNICEF, PMA, FAO y otras agencias, bajo la coordinación de ACNUR con el apoyo de una oficial de la OCHA. ACNUR no está realizando asistencia directa a los desplazados en Colombia ni planea hacerlo en el futuro próximo, aunque financia a algunas ONG y asesora al Gobierno colombiano. La identificación de los beneficiarios de los proyectos se realiza a través de la RSS, y aunque algunos proyectos van dirigidos a población vulnerable en general, se trabaja en su mayor parte con los criterios de la Red (por tanto, con aquellos desplazados que han sido registrados y tienen carné). Realiza asesoría al Gobierno y cursos de sensibilización de funcionarios públicos y miembros de las Fuerzas Armadas, el cuerpo de personeros, etc.

ACNUR coordina el Grupo Temático de Desplazamiento, en el que participan 10 agencias de la ONU y la Organización Internacional de las Migraciones. También participan como observadores ECHO y el CICR, además de la Red de Solidaridad. Periódicamente realiza informes de situación y previsiones de evolución del fenómeno para los siguientes períodos, así como departamentos y zonas de especial peligrosidad. En su penúltimo informe, de enero de 2001, señalaba que la respuesta estatal al desplazamiento interno "ha sido limitada e irregular en relación a la gravedad del fenómeno; además la mayoría de las entidades con un mandato de atención a las poblaciones desplazadas han eludido sus responsabilidades".[79]

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos abrió en 1997 una oficina en Bogotá y realiza informes anuales en los que denuncia las violaciones a los derechos humanos por todas las partes en conflicto (incluido el Estado) y reclama el cumplimiento de las normas internacionales. El último informe, de 2000, fue duramente rechazado por el Gobierno de Colombia, que se sintió aludido por la denuncias a su escasa implicación en la lucha contra los grupos paramilitares y a las conexiones existentes entre éstos y amplios estamentos de los cuerpos de seguridad. Esta oficina recibe denuncias de violaciones de los derechos humanos y ofrece al Gobierno asistencia técnica en esta materia.

Sin embargo, la actuación del sistema de Naciones Unidas en Colombia ha recibido críticas desde muchos frentes, entre otros, desde las redes internacionales de ONG que forma parte del Proyecto Mundial sobre Desplazamiento Interno (IDP Project).[80] En concreto, se ha reprochado que se limitan a las áreas de fácil acceso y no realizan trabajo de protección, y que la asistencia humanitaria es caótica y carece de un Plan Estratégico, y se les ha reclamado una mayor colaboración y coordinación entre sí y con las ONG, una mayor presión para facilitar el acceso de la comunidad internacional a la población desplazada, y el refuerzo del diálogo político para adoptar medidas de largo plazo tendientes a la prevención.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) realiza asesoramiento y apoyo al Ministerio de Salud en la atención a la población desplazada. Junto con el Ministerio ha editado un folleto de bolsillo donde se explica cuáles son los derechos básicos de los desplazados, los servicios a los que pueden tener acceso y las instituciones a donde dirigirse. Los equipos de brigadas rurales de MSFE en el Putumayo están distribuyendo este folleto entre las comunidades. También asesora en la elaboración de Planes de Contingencia y realiza alianzas con ONG para mejorar la formación y capacidad de respuesta. Tiene una interesante página web donde se ofrece de forma actualizada información sobre todas las instituciones que realizan actuaciones dirigidas a desplazados, ubicación geográfica, prioridades, así como análisis, estudios, etc.[81]

La Organización Internacional de las Migraciones apoya a la Red en el diseño y puesta en marcha del sistema de información sobre población desplazada, tiene un proyecto para ayudar a los desplazados a conseguir sus documentos de identidad y otro para capacitación de trabajadores sociales en atención psicosocial.

La Oficina Humanitaria de la Unión Europea, ECHO, está tratando de incrementar su acción en cabeceras municipales de tamaño medio, para evitar en la medida de lo posible la llegada a grandes ciudades estabilizando la situación antes, donde es más fácil la identificación de esta población. Realiza talleres con las ONG a las que financia en el Contrato de Partenariado para que unifiquen criterios en temas diversos. Hasta el momento se ha realizado un taller sobre atención psicosocial que ha dado lugar a un documento de lineamientos. Se ha llevado a cabo otro sobre agua y saneamiento (liderado por Oxfam) y está previsto el de seguridad (por el CICR). Dentro del Plan Global 2001-2002, está financiando proyectos a varias organizaciones y el número de beneficiarios previstos supera las 200.000 personas durante este año.

11.4. Otros

El Comité Internacional de la Cruz Roja tiene una oficina en Bogotá y 17 delegaciones en todo el país.[82] Además de realizar contactos con las partes en conflicto para promover el respeto al DIH, proporciona ayuda de emergencia a personas desplazadas por la violencia (aunque dependiendo de las circunstancias de cada caso, también incluye a personas que han sido afectadas por las fumigaciones).

Por otro lado, varias organizaciones de asistencia a desplazados se han unido en un grupo denominado DIAL (Diálogo Interagencial), a través del cual coordinan esfuerzos operacionales y de advocacy. Entre ellas están Save the Children, Oxfam, Diakonia y la Consejería en Proyectos.

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