Salud y Desplazamiento (English)

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EL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA - MEDICOS SIN FRONTERAS

10. LA SITUACIÓN HUMANITARIA

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10.1. La alimentación: encuesta nutricional en Soacha

MSF España realizó entre mayo y junio de 2001 una encuesta en Altos de Cazuca (Soacha), con el fin de diagnosticar la situación nutricional en los niños de 6 a 59 meses de edad. Los resultados de este estudio ofrecen un panorama esclarecedor de la situación nutricional en zonas de asentamiento periurbanas y de las diferencias entre personas residentes y aquellas que manifestaban ser desplazadas. Todos ellos, sin embargo, presentan características comunes como unos índices de desnutrición crónica muy por encima de la media nacional. El 25,5% de los niños menores de 59 meses presentaba desnutrición crónica global. En la población que manifestaba ser desplazada, este índice subía hasta el 31,9%. En ambos casos es notoria la diferencia con la situación general  (desnutrición crónica del 13,5%, y del 19,4% para el área rural, en el año 2000).

En los 26 barrios seleccionados como área de influencia del proyecto de salud MSF-E vive un total de 36.000 personas beneficiarias. De acuerdo a la encuesta, manifestaba ser desplazado el 27,6% de esta población (lo que arrojaría un resultado global de unas 11.000 personas, trasladando los porcentajes de la encuesta), aunque sólo un 2,5% de ellos tenía carta de desplazado.

Año de llegada

1980-1990

1991-1995

1996-1999

2000-2001

Población

5,6%

19,2%

45,4%

29,8%

Tipo de seguro disponible y afiliación al régimen sanitario:

Tipo de seguro y afiliación al régimen sanitario

Residentes

Desplazados

Ningún tipo de seguro

27,9%

37,7%

Vinculados

24,5%

30,8%

Régimen contributivo

18,1%

14,2%

Régimen subsidiado

23%

12,3%

En cuanto a la tasa de desempleo en los varones, es del 54% para los residentes y del 69,8% para los desplazados. Por otra parte, entre esta población desplazada, un 84,8% de las familias se dedicaba a la agricultura antes del desplazamiento.

Ingresos familiares mensuales

Residentes

Desplazados

Menos de 100.000 pesos

8,6%

14,7%

Entre 100.000 y 199.000

13,5%

22,4%

Entre 200.000 y 279.000*

15,2%

19,2%

Media mensual en pesos

317.752

233.269

* 279.000 pesos es el salario mínimo actual

10.2. Salud

[67]

El Acuerdo Nº 185/2000, de 23 de diciembre de 2000, estableció que las reclamaciones para el pago de los servicios en salud prestados a población desplazada se haría de forma directa al Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA), concretamente a la subcuenta de eventos catastróficos. Una reciente circular del Ministerio de Salud y la Red de Solidaridad pretende agilizar aún más el proceso, y establece la obligación de las IPS de ofrecer atención de todo tipo en urgencias, medicamentos, derivación, etc., previa comprobación (incluso mediante llamada telefónica) de que la persona figura en el registro de la Red.

Esto supone que teóricamente, y siempre que hayan accedido a la certificación de desplazados, tienen acceso ilimitado y gratuito a los servicios de salud en cualquier IPS, pública o privada, incluyendo los medicamentos. No se ha reglamentado cuándo un desplazado con carné deja de tener este acceso ilimitado al sistema por lo que, al menos de momento, es indefinido. Sin embargo esto se ve mediado por factores como la inclusión en el registro y la agilidad de circulación de la información; y también las posibilidades que ofrezcan las estructuras de salud en los lugares de llegada.

En Florencia, según las entrevistas realizadas en junio de 2001, estaban ofreciendo atención en salud hospitales públicos y clínicas privadas. Sin embargo, y según manifestó el gerente del hospital Malvinas, todavía no se les había reembolsado nada de lo facturado entre enero y mayo en concepto de atención a desplazados: 101,3 millones de pesos. También desde la clínica privada Santa Isabel (que asegura estar atendiendo entre 25 y 30 personas al día por este concepto) se señalan deficiencias en el cobro. Aparentemente los requisitos de facturación no están muy claros y numerosas facturas son devueltas por defectos de forma. Además, falta agilidad en el intercambio de información entre instituciones, por lo que algunas facturas son devueltas porque los datos de un desplazado con carné todavía no están a disposición del FOSYGA y no lo considera desplazado.

Contrasta con esto el dato de que el año pasado se asignaron en el FOSYGA 15.000 millones de pesos para la atención en salud a desplazados, de los cuales sólo se gastaron 4.000.[68] Probablemente debido a esta infrautilización de los recursos, para el año 2001 el presupuesto asignado se ha reducido a 7.000 millones.

Con respecto a los que no acceden a la certificación, por múltiples motivos (incluido el hecho de que no sean desplazados por la violencia en los términos que establece la ley), su situación es notablemente peor. Muchos son vinculados pero, en el mejor de los casos (si estaban afiliados a alguna EPS o ARS en su lugar de origen), tampoco pueden hacer valer sus derechos porque el traslado de la documentación y la nueva afiliación son procesos complejos que pueden llevar mucho tiempo. Por ello se encuentran totalmente desasistidos en cuanto a salud.

10.3. Aspectos psicosociales

Además de la necesidad de albergue y alimentación, que se producen sobre todo en el corto y medio plazo, las situaciones vividas pueden tener graves efectos psicológicos. Las personas sufren miedo, desconfianza, distintos grados de depresión clínica y trastornos somáticos, además de una pérdida de la identidad cultural, del sentido de comunidad y de pertenencia: pasan de tener individualidad y ser sujetos de derechos a convertirse en la "masa" de los desplazados.

Recientemente el Instituto Nacional de Salud realizó un perfil epidemiológico del barrio Nelson Mandela, en Cartagena, un asentamiento de invasión a donde llega gran número de desplazados.[69] La salud básica ambiental es pésima, con bajo acceso a servicios públicos, exposición a vectores de enfermedad y contaminantes ambientales, y viviendas en zonas de riesgo geológico. Hay una alta prevalencia de enfermedades en todos los grupos de edad: sólo un 7% de los niños y un 33% de los adultos se encontraba sano en los 15 días anteriores a la encuesta. El 57% de la mortalidad en niños, entre agosto y noviembre de 2000, era prevenible. Un 60% de la población entrevistada presentaba algún grado de depresión clínica o sospecha de esta patología. El estudio señala que, entre la población desplazada, es frecuente la presencia de uno o más síntomas de malestar emocional, así como las quejas somáticas.

El desplazado que llega a la ciudad enfrenta un buen número de problemas propios, además de los que afectan a las comunidades de recepción, aunque es cierto que, en ocasiones, los escasos servicios públicos existentes en los barrios de invasión son más de los que había en los lugares de origen. Especialmente en el caso de los campesinos, donde la identidad se construye mediante el contacto con la tierra y con la comunidad, muy pocos de sus elementos culturales son "trasplantables" a las ciudades. Las "herramientas" que le permitían garantizarse un medio de vida en el mundo rural ya no le sirven, por lo que se enfrentan a la imposibilidad de generar ingresos estables. Su única salida es la economía informal y el "rebusque", aunque estas opciones se han visto restringidas en los últimos años por la crisis económica en el país.

La falta de organización y solidaridad comunitaria en estos barrios también afectan a las posibilidades de recuperación socioeconómica: en un entorno al que continuamente están llegando personas nuevas, donde los vecinos no se conocen y probablemente desconfían del "otro", es difícil la articulación de redes sociales.

La mayoría de las personas llegan a estos barrios con la esperanza de que sea un alojamiento transitorio, hasta que puedan volver a su lugar de origen o, al menos, al campo o a una ubicación mejor dentro de la ciudad. Sólo con el paso del tiempo son conscientes de que probablemente ésta vaya a ser su residencia definitiva. "Uno cree que va a volver, pero el tiempo va pasando y te das cuenta de que ya no va a ser posible..."[70] La sensación de provisionalidad hace que muchos no se planteen la integración en organizaciones vecinales ni en actividades comunitarias.

Un elemento fundamental en la evolución psicológica lo determina la impunidad, que produce tanto daño psíquico como el mismo hecho violento.[71] Muchos sentimientos de culpa, autocrítica y dependencia vienen dados por el hecho de no haber podido hacer nada para evitar el desplazamiento y por la impunidad en la que continúan aquellos que lo provocaron. Como señala María Teresa Uribe, "los desplazadores están muy bien; nadie los está interrogando, nadie los está investigando".[72] Esto refuerza el desamparo.

10.4. Educación

Aunque no hay estudios exhaustivos, se sabe muchos niños no van a la escuela. Sólo en Bogotá, en 1999, 60.000 niños se quedaron sin cupo en las escuelas públicas, lo que muestra la incapacidad de la oferta institucional. De ellos, 24.000 eran niños y jóvenes desplazados.[73] Muchos tienen que trabajar para contribuir a la economía familiar. La situación se agrava por la debacle que sufren los servicios públicos, y que también afectan a la educación. En Altos de Cazuca, la mayoría de las escuelas estuvieron sin maestros durante los primeros meses escolares de 2001, comenzando su incorporación en mayo.

En cuanto a los programas que se aplican en algunos lugares, tienen que pagar el material o uniforme, algo imposible para muchas familias. Los desplazados (con carné) tienen derecho a ser eximidos del pago de matrícula y pensión, sin embargo esto sigue dependiendo de la existencia de cupos y del colegio de que se trate. Por otro lado, aquellos que entran en la escuela se enfrentan frecuentemente a la estigmatización y el rechazo, lo que aumenta la deserción escolar.

En los barrios de invasión las políticas hacia los desplazados tienen que ser políticas sociales, de acceso a salud, educación, servicios, etc., que se dirijan hacia la población vulnerable y pobre en general. Como elementos específicos para la población desplazada, habría que mencionar la protección y seguridad a poblaciones concretas afectadas por la violencia, apoyo psicosocial y atención de emergencia en la fase inicial. Otros aspectos, como la salud y la educación, deben formar parte no de una política para desplazados sino de una política social. Y como señala Jorge Rojas, director de Codhes, "para esto no hace falta registro sino oferta pública".


[67] Aquí sólo se hace mención a algunas novedades de los últimos meses en la atención a desplazados. Para más detalles ver el informe de Stella Quintana "Acceso a los servicios de salud en Colombia" , MSF-E, junio de 2001.

[68] Así se manifestó en una reunión en Puerto Asís, entre las entidades que están tratando elaborar el Plan de Contingencia, y en la que estaba presente una representante de MSFE.

[69] Disponible en la página web de la OPS, www.col.ops-oms.org

[70] Entrevista con varios desplazados en Altos de Cazuca, 6/7/2001.

[71] Bertha Lucia Castaño y Pedro López, "Efectos psicosociales del desplazamiento interno en Colombia", memorias del seminario taller nacional Propuestas de políticas integrales relacionadas con el desplazamiento interno en Colombia, Ministerio de Gobierno, Bogotá, 1994.

[72] "Colombia está atrapada por cadenas de retaliación y venganza. Por eso impera el lenguaje de los agravios", conversación entre María Teresa Uribe y Sante Cervellín, en La Revista de El Espectador, Nº 49, 24 de junio de 2001.

[73] Denis Beatriz Andrade, "El derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes en situación de desplazamiento forzado en Santafé de Bogotá", informe de investigación de UNICEF y Codhes, febrero de 1999.

 

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