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Informe del Grupo Temático de Desplazamiento Agosto 2001
INDICE DE CONTENIDOS
- INTRODUCCIÓN
- CONTEXTO DEL DESPLAZAMIENTO EN EL PRIMER SEMESTRE
DE 2001
- DINÁMICAS DEL DESPLAZAMIENTO EN EL PRIMER SEMESTRE
DE 2001
- DINÁMICAS REGIONALES DEL DESPLAZAMIENTO
- LA SITUACIÓN DE FRONTERAS
- EL IMPACTO DEL DESPLAZAMIENTO EN DETERMINADOS
GRUPOS Y SITUACIONES ESPECIALES
- LA RESPUESTA ESTATAL
- LA RESPUESTA DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
- CONLUSIONES PARA EL PERÍODO DE ENERO A JUNIO
2001
- DESAFÍOS PENDIENTES
1. Introducción
1. Dada la magnitud y complejidad del desplazamiento en Colombia, a
principios de 1999 se crea el Grupo Temático de Desplazamiento (GTD).
El Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas (SNU) conjuntamente
con el ACNUR, estimaron que la prevención al desplazamiento y la atención
integral a las víctimas exigía una acción coordinada y conjunto de las
agencias. El Coordinador Residente solicitó al ACNUR asumir la coordinación
del GTD. El GTD se compone de nueve agencias del SNU y la OIM (BM, FAO,
FNUAP, OACNUDH, OPS-OMS, PMA, PNUD, UNICEF y UNDCP). Decisión que fue
ratificada por el Inter Agency Standing Committee (IASC). El
CICR, ECHO y la UTC (RSS) participan del GTD como observadores. Desde
Septiembre de 2000 el ACNUR cuenta con el apoyo de OCHA para realizar
las tareas de coordinación.
2. Uno de los objetivos del trabajo del GTD es contribuir a elevar
el debate en Colombia sobre los desafíos que plantea el desplazamiento
forzado. En enero de 2001 el GTD presentó ”Estado de Situación del Desplazamiento
y Retos paro el 2001” a la comunidad internacional, documento que se
difundió a las ONGs. Este documento supone un segundo esfuerzo de actualización
sobre el fenómeno del desplazamiento durante los primeros seis meses
de 2001. Este informe ha sido elaborado con el apoyo del ACNUR, OCHA,
y ha recibido contribuciones de las agencias del GTD.
3. En Enero de 2001 se señaló que el fenómeno del desplazamiento continuaba
aumentando de manera sostenida. A pesar de que existen diferencias entre
las fuentes oficiales y no oficiales, ambas apuntan hacia un incremento
de las cifras totales por acumulación. Como consecuencia, se indicó
que se estaba produciendo un agravamiento de la crisis humanitaria.
Entre los retos que se identificaron en Enero, se encontraban:
- 1) impulsar las medidas preventivos y la protección de los derechos
de los desplazados;
- 2) mejorar la atención humanitaria de emergencia;
- 3) prestar mayor atención al desplazamiento en centros urbanos;
- 4) mejorar la información sobre el desplazamiento y sobre los desplazados;
- 5) avanzar en los programas de estabilización socioeconómica y mejorar
la capacidad institucional de los integrantes del Sistema Nacional
de Atención Integral a Población Desplazada.
2. Contexto del desplazamiento en el primer semestre de 2001
4. El crecimiento sostenido de personas desplazadas en Colombia en
los últimos años, es uno de los síntomas inequívocos de las violaciones
de los derechos humanos y de la degradación del conflicto armado interno.
Los objetivos de control territorial de cada uno de los grupos armados
ilegales, reducen cada vez más las posibilidades de respeto del Derecho
Internacional Humanitario y por ende de respeto a la población civil.
5. Fuentes gubernamentales han registrado en promedio 2.212 muertes
al mes en el 2000, lo que da un total de 26.540 homicidios en el 2000
y un total de 12.914 homicidios en el primer semestre de 20011. Lo más
preocupante es que el número de homicidios políticos o sociales ha aumentado
dramáticamente, llegando a haber 20 muertes diarias debido a ejecuciones
extrajudiciales (incluyendo las víctimas de masacres), desapariciones
forzadas, victimas de combates, operaciones de limpieza social contra
mendigos, prostitutas, ladrones, homosexuales y grupos marginales. La
mayoría de las victimas se produjeron fuera de la conducción de hostilidades,
y son fundamentalmente civiles. Los actores armados usan la violencia
o la amenaza de la violencia como una forma de ejercer control sobre
el territorio y la población en todo el país.
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Policía Nacional, Revista Criminalidad 2000 y Base de Datos para 2001
de la DIJIN. También son datos que aparecen en la base de datos del
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Comisión Colombiana
de Juristas (CCI), “Panorama de derechos humanos, derecho humanitario
en Colombia. Informe de avance sobre 2000” Bogotá, Octubre de 2000,
y CCI, “Panorama de derechos humanos, derecho humanitario
en Colombia, Informe de avance abril a septiembre del 2000”, Bogotá,
mayo 2001. También, CINEP & Justicia y Paz, Banco de datos de
derechos humanos y violencia política, Noche y Niebla No. /8(2001),
p. 29.
6. Las causas del desplazamiento en el 2001, según la RSS [ 2 ], son:
amenazas generalizadas (60%), enfrentamientos armados (12%), masacres
(8%), amenazas especificas (5%) y tomas de municipios (2%). Las masacres
son los actos de violencia que más población desplazan de una vez (
un promedio 224 personas). Para CODHES en el primer trimestre de 2001,
409 personas perecieron en homicidios colectivos durante 57 episodios
de muerte. Aunque no hay datos específicos, evitar el reclutamiento
del hijo o la hija aparece como causa relativamente habitual del desplazamiento
forzoso.
7. Entre los presuntos autores del desplazamiento se encuentran los
grupos de autodefensas (entre el 57% y el 63%) [ 3 ], los grupos guerrilleros
(entre 12 %y 13%), los agentes del estado (0.01%) y por gentes desconocidos
(entre 18% y 24%).
8. En este contexto, la acción humanitaria enfrenta importantes restricciones
para asegurar el acceso de la ayuda a las poblaciones más asediadas.
Esto ha motivado la puesta en marcha de iniciativas orientadas a crear
espacios de protección y vida para las comunidades víctimas o potenciales
víctimas del desplazamiento, tienen alcances limitados. En este sentido
cabe destacar: propuestas como las de las Comunidades de Paz, la Carta
de Principios y Criterios de las Organizaciones de Cooperación Internacional
y Acción Humanitaria que trabajan en Colombia, el Acuerdo Global de
Derecho Humanitario y de Derechos Humanos promovido por el SNU, y la
defensa de los espacios humanitarios. También, la tarea del CICR de
promoción del DIH.
9. El desplazamiento genero una estigmatización y una exclusión que
se añade, superpone y agudiza la discriminación por sexo, por origen
social y por clase. Los desplazados se sienten discriminados por las
entidades públicas y por las comunidades en las que se asientan de manera
temporal o en las que se integran económicamente. Las manifestaciones
de la discriminación son diversas, pero se destacan: los graves limitaciones
en el acceso a servicios del Estado, las restricciones en el acceso
a la tierra y al empleo y la exclusión y marginación de los niños y
niñas desplazados del sistema educativo. En el caso de las mujeres desplazadas
se añade una discriminación a su participación en los espacios de toma
de decisiones, al interior de las organizaciones de desplazados, y de
las comunidades o de los Municipios.
3. Dinámicas del desplazamiento en el primer semestre de 2001
10. El Grupo Temático de Desplazamiento no cuenta con un sistema propio
que permita arrojar cifras precisas del desplazamiento forzado. Para
analizar la tendencia nacional del desplazamiento se procedió a contrastar
datos procedentes de varias fuentes estadísticas consideradas como referentes:
la Red de Solidaridad Social (RSS), el CICR y CODHES. Además de los
datos estadísticos, el ejercicio de análisis de tendencias se ha realizado
a través de las agencias integrantes del GTD, de sus proyectos y de
su red de personal en el terreno. A esta situación se añade la dificultad
de contar con estimaciones o con cifras para los seis primeros meses
de 2001.
11. Tanto la RSS [ 4 ], como CODEES [ 5 ] señalan un crecimiento
constante del número de eventos de desplazamiento en el 2001, y un aumento
en el número de personas desplazadas. Ambas fuentes presentaron sus
datos para el primer trimestre de 2001. Según la RSS, en los tres primeros
meses del año 2001 se han desplazado 44.509 personas que integraban
10.874 hogares. Comparándola con el primer trimestre de 2000. se da
un crecimiento de 40%, que al finalizar el año 2001 arrojaría una cifra
de 180.000 nuevos desplazados [ 6 ]. CODHES estima que un total de 91.166
personas se desplazaron durante el primer trimestre del año 2.001. Lo
que supone un aumento de 34.210 personas, un 60 % más que el primer
trimestre de 2000.
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4 “Informe sobre Desplazamiento Forzado en Colombia en el primer trimestre
2001 . Julio03 / 2001.
5 “CODHES INFORMA, Desplazados el rostro anónimo de la guerra, junio
2001”
12. La RSS considera que 433 municipios han sido afectados por el desplazamiento
[ 7 ]. Las micro regiones más afectadas por el desplazamiento son: el
corredor Norte del Cauca - Sur del Valle, Magdalena Medio, la Sierra
Nevada de Santa Marta y Montes de María. El 76% de la población desplazada
llega a sólo 7 departamentos: Antioquia, Bogotá, Magdalena, Bolívar.
Valle del Cauca, Putumayo y Cauca. Otros departamentos de concentración
de población desplazada son: Sucre , Cesar, Santander y Meta.
13 Los departamentos de mayor recepción de personas en situación de
desplazamiento, según CODHES, fueron: Cauca, con 14.782 personas: le
sigue el departamento de Antioquia con 8.943 personas, y en la Costa
Atlántica, los departamentos de Magdalena y Bolívar, con un total estimado
de 7.170 y 6.751 personas respectivamente.
14. Estos datos confirman
los Departamentos que el GTD estimó en enero como de mayor impacto por
el desplazamiento (Antioquia, Chocó. Bolívar, Santander y Putumayo);
pero añaden los Departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Magdalena.
6. En el año 2000 el promedio de personas desplazadas al día fue de
352, en el primer trimestre de 2001 la cifra ascendió a 495 personas.
La RSS estima que los municipios de mayor expulsión son: Fundación,
Magdalena, (9.73%), Buenos Aires, Cauca (9.65%), Buriticá, Antioquia
(9.20%), Barrancabermeja, Santander (6.95%), San Luis, Antioquia,
(6.27%), Buenaventura, Valle del Cauca (4.82%) y Rioblanco, Tolima (4.66%).
Estos siete municipios expulsan el 51% de la población. Los Municipios
de mayor llegada de población desplazada son: Bogotá, D.C. (18.65%),
Fundación, Magdalena (9.58%), Buriticá, Antioquia (8.66%), Cartagena,
Bolívar (4.66%), San Luís, Antioquia, (3.83%), Jamundí, Valle del Cauca
(3.72%), San Miguel, Putumayo (3.05%). A estos siete municipios
llega el 52% de la población desplazada.
15. En el sur del Valle y norte del Cauca se produjo en abril de 2001
la peor masacre en la historia de esta región. En la zona del Alto Naya,
las autodefensas asesinaron por lo menos a 30 personas. A raíz de esta
masacre el desplazamiento se dirigió hacia limbo (Cauca) Santander de
Quilichao, Jamundí, Buenaventura y Cali en el Valle. La situación se
extendió hacia puntos del Cauca como Cajibío, Miranda, Popayán, el Tambo
y otros corregimientos y municipios. La presencia de actores ilegales
es muy fuerte en todo el departamento.
16. En el centro del Valle la población desplazada ubicada en los albergues
de Buga y Tulúa, continúa en su mayoría en estos asentamientos temporales
desde hace más de dos años, sufriendo hostigamientos por parte de los
actores armados. Además, se siguen presentando casos de desplazamiento
en el municipio de Buga. Las poblaciones de Sevilla, Florida y más recientemente
Tenerife han sido desplazadas. La comunidad desplazada de Tenerife retornó
rápidamente, aunque sus condiciones de seguridad son precarias, debido
a amenazas de los actores armados.
17. Una de las características más notables del período es el impacto
sostenido del desplazamiento en la población afro colombiana [ 8 ]
e indígena [ 9 ]. El 38% de la población desplazada corresponde
a grupos étnicos. Comparando lo ocurrido en el año 2000 y el primer
trimestre del 2001, se observa que la afectación de las comunidades
negras e indígenas ha aumentado en 80%.
18 Otro de los rasgos de la población desplazada es la alta proporción
de menores de edad. El Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado
por Fuentes Contrastadas (SEFC) señala que entre enero y junio de 2001,
hubo 37.278 personas desplazadas menores de 18 años, de los cuales 18.307
niñas (49.11%) y 18.970 niños (50.89%). Este alto porcentaje confirma
la tendencia apuntada por el SISDES (CODHES) en 1998, dónde se señala
que el 86% del total de hogares en situación de desplazamiento forzado
incluye niños, niñas y adolescentes menores de 18 años [ 10 ].
8 La población afro colombiana proviene fundamentalmente de los departamentos
de Chocó, Risaralda, Bolívar y Valle del Cauca.
9 La población indígena es originaria de los departamentos de Cauca,
Valle del Cauca, Putumayo, Chocó, Risaralda y Magdalena.
19. También se está registrando en este semestre el fenómeno del desplazamiento
intra urbano, como consecuencia de amenazas y hostigamientos de actores
armados (milicias) en los barrios marginales de grandes ciudades. Dos
casos emblemáticos de este fenómeno son Barrancabermeja y Medellín.
20. La mayoría de la población desplazada que aparece registrada
o estimada corresponde a desplazamientos de grupos, el 92% de la población
desplazada se mueve en eventos masivos ( más de 50 personas). Sin embargo,
estos desplazamientos en grupo suponen sólo el 19% del total de los
eventos de desplazamiento. Los movimientos de desplazamientos sucesivos
son frecuentes, y pasan normalmente desapercibidos. La mayoría corresponde
a desplazamientos desde zonas rurales a cabeceras urbanas de los mismos
municipios o de municipios de la misma región ( Sierra Nevada de Santa
Marta). Sin embargo, en el norte de Cauca — sur de Valle, Montes de
María y Magdalena Medio, cerca del 55% de la población desplazada está
huyendo hacia zonas urbanas de municipios que no están en la región.
4. Dinámicas desplazamiento. Regionales del desplazamiento
Región del Magdalena Medio
21. Durante los meses de enero y febrero se produjeron combates urbanos,
asesinatos selectivos, desapariciones forzosas y amenazas de muerte,
con el objetivo de consolidar el control militar de los barrios orientales
de Barrancabermeja por parte de las autodefensas. Durante los meses
de marzo y abril, una vez controlada la zona militarmente, las autodefensas
comenzaron a ejercer un fuerte control social y a realizar acciones
consideradas de “limpieza social”. Con el fin de atajar la preponderancia
de las autodefensas en la región, se ha venido anunciando una alianza
estratégica entre las FARC y el ELN.
10. CODHES informa, boletín N0 37. Entre los hogares
de desplazados el 14% tiene un menor, 23% tiene dos, el 25% tiene tres,
el 25% tiene cuatro, el 10% tiene cinco, el 5% tiene seis el 2% tiene
siete y el 3% tiene ocho o más menores. EI 49% del total de menores
corresponde al sexo femenino.
22. El presidente Pastrana el 7 de agosto de 2001 anunció las suspensión
de las negociaciones para el establecimiento de la Zona de Encuentro
con el ELN. En los primeros meses de 2001, los “paros cívicos” y bloqueos
de carretera fueron frecuentes. La intensidad de la confrontación descendió
a medida que las negociaciones entre el Gobierno y el ELN se enfriaban
en el mes de abril.
23. Tendencias del desplazamiento. Se estima que hoy 40.000 desplazados
en la región. En Barrancabermeja se ha producido un desplazamiento intra-urbano,
más de tipo individual”. Además, se han empezado a detectar desplazamientos
individuales desde Barrancabermeja hacia otros centros urbanos, como
Bucaramanga. También ha aumentado el desplazamiento entre zonas rurales.
En general, el desplazamiento en áreas rurales de conflicto es invisible,
aunque hay indicaciones de que los movimientos de población son constantes,
El CICR asiste, en algunas ocasiones, a estas poblaciones.
24. Según datos de la unidad territorial de la RSS para los seis primeros
meses de año el total de desplazados individuales en la región del Magdalena
Medio es 2,154 personas, de los cuales 1,069 son hombres y 1.085 mujeres.
El departamento expulsor por excelencia es Bolívar, seguido de Antioquia.
El departamento que recibe más población desplazada continua siendo
Santander, y en especial el municipio de Barrancabermeja.
11 Durante estos seis primeros meses de 2001, CREDHOS considera que
150 familias (alrededor de 750 personas) fueron forzadas a desplazarse
de un barrio a otro en la zona oriental de Barrancabermeja. Solo en
el mes de Junio, 90 familias (aproximadamente 450 personas) fueron obligadas
a desplazarse de esa manera.
25. Los desplazamientos de grupos son mas frecuentes en áreas rurales.
El casco urbano de San Pablo ha recibido mas de 50 familias (alrededor
de 250 personas) en los meses de mayo y junio. A finales de abril a
San Pablo llegó el desplazamiento masivo de la comunidad de Canaletal,
pero retornó en apenas una semana. Este es un ejemplo que se repite
en la zona: las comunidades tienden a esconderse inicialmente en las
veredas contiguas, descender al casco urbano individualmente unos días
después para evaluar la seguridad de lo zona. El retorno se produce
masivamente cuando estiman que el lugar ofrece mínimas condiciones de
seguridad. Este proceso suele durar de dos o tres semanas. En Puerto
Nare, al sur de la región, el mes de abril unas 120 familias (alrededor
de 600 personas) huyeron de El Prodigio dejando un pueblo fantasma después
de una masiva incursión de guerrillas.
26. Poblaciones en riesgo de desplazamiento. Continúan siendo
vulnerables al desplazamiento las poblaciones que se encuentran en la
Serranía de San Lucas (Micoahumado y San Pedro Frío). También hay riesgo
de desplazamiento en corregimientos de Simití, San Pablo y las poblaciones
del Río Cimitarra.
Región Sur
27. Departamento de Putumayo. En el período se ha registrado
un incremento de la presencia y una intensificación de los combates
entre las FARC y los autodefensas, fundamentalmente en las áreas rurales.
En el Alto Putumayo, después de una relativa calma que siguió al paro
armado de septiembre de 2000, la situación ha vuelto a deteriorarse.
Las operaciones militares entre los ríos Caquetá y Putumayo causaron
desplazamientos masivos y temporales, y en muchos casos supuso cruce
de la frontera de Ecuador.
28. Tendencias del desplazamiento. La cifra aproximada en la
Región Sur es de aproximadamente 15.000 desplazados. En el departamento
de Putumayo a finales de abril la RSS había registrado 3.324 personas
correspondientes a desplazamientos individuales (se rechazaron unos
1.321 expedientes y 200 declaraciones aún no han sido valoradas). En
el mes de junio la delegación de la RSS recibió 150 declaraciones más.
Los principales centros receptores fueron Mocoa (1.872 personas) seguido
del Valle de Sibundoy ( 422 personas). Las municipalidades de las que
salieron el mayor número de desplazados fueron Valle Guamuez-la Hormiga
(566 personas) y San Miguel - La Dorada (435 personas).
29. En cuanto a desplazamientos masivos, desde julio de 2000 hasta
la fecha, se registraron unas 3.205 personas pero la gran mayoría ha
retornado a sus lugares de origen 2.809 personas), ó bien optó por desplazarse
a otros lugares, normalmente Nariño. Por último, algunos desplazados
continúan en los cascos urbanos de Mocoa y Orito.
30. Poblaciones en riesgo de desplazamiento. Las comunidades
localizadas en las riveras del Río Putumayo-Caquetá (Piñuña Negro y
Blanco, Puerto Ospina, Solano). Las áreas rurales de la municipalidad
de Puerto Asís (Teteyé y Puerto Vega). Las municipalidades de sur de
Putumayo (Valle de Guamuez, la Dorada - San Miguel). Las comunidades
del Alto Putumayo (Sibundoy, Colon y Santiago). Y Finalmente, las Municipalidades
de Puerto Caicedo, Villagarzón y Puerto Umbria.
31. Departamento de Nariño. Se destaca una fuerte presencia
de actores armados en la zona, con expansión de las autodefensas hacia
las áreas próximas al Cauca, en la costa nariñense y en algunas zonas
urbanas (Pasto). En este período se ha registrado el aumento de cultivos
ilícitos, particularmente en la zona pacífica (Pasto — Tumaco, incluido
Ricaurte —Altaquer y Llorente). Las operaciones conducidas desde mayo
2001 en Samaniego, Barbacoas y Tumaco, han permitido establecer mayor
presencia del ejército en áreas controladas por las guerrillas.
32. Tendencias del desplazamiento. Nariño se caracterizó por
ser un departamento de recepción, pero desde el primer semestre de 2001
se ha convertido en departamento expulsor ( situación de Llorente y
Barbacoas) y con incremento del número de desplazados. En febrero
de 2001 sólo aparecían registradas 516 familias, cifra
que aumentó significativamente, ya que en mayo el registro recogía
1.864 familias ( 7.437 personas). El aumento de registrados se debe
a un contingente importante de personas del Sur de Putumayo, y más recientemente
desde Llorente. Pero también de debe al hecho de que la RSS ha acelerado
el proceso de valoración de las declaraciones pendientes. Los lugares
de mayor recepción son Pasto, Taminango y Samaniego.
Región Urabá
33. El control social y casos de asesinatos por limpieza social parecen
ser característicos de las áreas en control de los grupos de autodefensas.
Por su lado, las FARC han comenzado durante los primeros meses del año
a incursionar con acciones aisladas cerca de estos cascos urbanos. También
han sido frecuentes los cortes de energía debido a las acciones armadas
de las FARC contra torres de energía eléctrica. En la zona del Urabá
Chocoano, sobre el río Atrato, se ha registrado un aumento de la presencia
de las autodefensas y de las FARC. Las amenazas, quemas de viviendas
y muertes selectivas han sido una constante en la zona de las Comunidades
Paz. Además, cabe señalar preocupación sobre el cierre de espacios humanitarios
en la zona, manifestado principalmente por el bloqueo y destrucción
de la asistencia humanitaria por parte de los actores armados.
34. Tendencias del desplazamiento. El número aproximado de desplazados
en la región es de 34.000. Urabá es zona de expulsión y de recepción
de población desplazada. El Urabá Chocoano, en particular el Atrato
medio, continua siendo una zona de expulsión de grupos familiares, quienes
se dirigen principalmente al Eje bananero del Urabá Antioqueño, a ciudades
como Turbo, Apartadó, Chigorodó y Carepa. En los zonas fronterizas se
han registrado, así mismo, desplazamientos individuales hacia los cascos
urbanos, con excepción de un desplazamiento masivo en el mes de enero
desde Capurganá a Acandi.
35 En cuanto al desplazamiento individual se han producido movimientos
en las municipalidades fronterizas de Acandi y Unguía (Balboa) hacia
el área del eje bananero, principalmente Chigorodó, Carepa y Necloclí
(aproximadamente 100 personas) . Esto supone que 877 desplazados están
asentados en las municipalidades fronterizas y que 100 desplazados dejaron
la zona en los últimos seis meses.
36. Según la RSS’2 los departamentos de Antioquia y Chocó
suman el 46% del total de desplazamientos masivos del país en el 2000
y el 27 % en el 2001. En lo zona del Urabá los desplazamientos masivos
registrados por esta institución han resultado un total de 10 desde
enero a junio de 2001, sumando un número de 1,033 personas. Los desplazados
se asentaron en Apartadó, Riosucio, Acandí, Mutatá, San Pedro de Urabá
y Carepa.
37. Las poblaciones en riesgo de desplazamiento son: Las comunidades
retornadas de Salaquí y Cacarica; en Saiza (Tierra Alta); las comunidades
indígenas de Mutatá y Dabeiba; Las veredas en San Pedro de Urabá; la
zona de San José de Apartadó y Nueva Antioquia ( Apartadó y Turbo respectivamente):
Las comunidades retornadas del Medio Atrato; las veredas de Mutatá,
sobre todo aquellas cerca del Chocó; por último, Dabeiba, casco urbano
y zonas rurales.
5. La situación de fronteras
38. El cruce de fronteras ha disminuido en el primer semestre de 2001,
comparando con el último semestre de 2000. Se registraron tres cruces
importantes en el período, en las fronteras con Ecuador, Panamá y Venezuela.
También, se dieron en el primer trimestre movimientos de grupos que
permanecieron en la línea fronteriza sin cruzar. Se han continuado impulsando,
con resultados distintos, la constitución y el funcionamiento de Mecanismos
Tripartitos de trabajo entre el Gobierno colombiano, el ACNUR, y los
gobiernos de los países fronterizos con mayor cruce de ciudadanos colombianos.
Particularmente, destaca el avance en el marco de la Comisión Tripartita
con Ecuador, que ha permitido reaccionar de una manera más coordinada,
no sólo al nivel de ciudades capitales, sino también al nivel de terreno.
En el caso de Panamá se realizaron dos reuniones tripartitas en el 2001,
una en Bogotá y otra en Panamá en mayo.
12 Red Nacional de Información de Población Desplazada,
cifras febrero de 2001.
Venezuela
39. En enero, cerca de 300 personas de La Cooperativa (municipalidad
Tibu. Norte de Santander) cruzaron la frontera hacia Machiques, Venezuela,
después de una incursión de las autodefensas. Una de las características
de estos cruces es que los grupos se ubican muy cerca de la línea fronteriza
en el lado venezolano, para regresar a sus hogares cuando bajen las
tensiones. Esta situación dificulta el acceso y atención de estas poblaciones
por parte del ACNUR. Además, los recientes acontecimientos en Arauca,
el departamento al sur de Norte de Santander al lado de la frontera
venezolana, pueden indicar futuros desplazamientos y cruces de frontera.
Panamá
40 En Juradó se produjo el desplazamiento de aproximadamente 2000 personas,
después del asesinato de un líder indígena y del Alcalde. La mayor parte
de este grupo se quedó en territorio colombiano, pero 150 persona huyeron
a Jaque, Panamá. Además, se han realizado dos retornos en el periodo,
uno de Panamá y otra de Bahía Solano. Otras zonas fronterizos con Panamá
(Salaquí y Ungía) son consideradas de alto riesgo, pero con relación
al desplazamiento interno.
Ecuador
41. Comparado con el año pasado el numero de colombianos que cruzaron
la frontera con Ecuador ha disminuido notablemente. En el mes de marzo
se produjo un movimiento masivo de personas desde Piñuna Negro (Putumayo),
hacia otros municipios en el Departamento, en su gran mayoría cruzó
el Río Putumayo hacia territorio ecuatoriano. Se tiene información de
que cerca de 76 familias se quedaron en Ecuador. El retorno de este
grupo se ha dado de manera espontánea, una vez que estimaron que el
riesgo había disminuido.
6. El impacto del desplazamiento en determinados grupos y situaciones
especiales
Pueblos indígenas y el desplazamiento
42. La mayoría de los pueblos indígenas de Colombia están afectados
por el desplazamiento. Las causas del desplazamiento indígena están
directamente relacionadas con la creciente presencia y presión de los
actores armados en sus territorios. Por otra parte, la falta de atención
por parte de las autoridades locales y nacionales a su problemática
está agravando la situación humanitaria. El informe presentado en julio
de 2001 por parte de la Defensoría Delegada para Indígenas y Minorías
Étnicas, de la Oficina del Defensor del Pueblo ilustra las violaciones
a los derechos humanos que sufren los pueblos indígenas, y las graves
consecuencias de la pugna territorial entre actores armados ilegales
que han ocupado sus territorios.
43. El citado informe presenta casos en los que se reflejan violaciones
de sus derechos al territorio, a la autonomía, a la identidad y a la
cultura propia, el desconocimiento de sus autoridades territoriales,
las desapariciones y retenciones indebidas de líderes indígenas, las
severas limitaciones al derecho a la alimentación, y a la salud. El
desplazamiento, normalmente resultado de masacres, supone para los pueblos
indígenas ‘...una degradación acelerada de la vida de la población
étnica, dado que el desarraigo territorial altera gravemente su identidad,
integridad y cultura; situación que plantea una impotencia a tal punto
que el ordenamiento jurídico nacional e internacional que los protege,
resulta insuficiente’.
44. El Defensor ha solicitado acciones frente a esta grave situación,
en lo mayor parte de los casos asociada al desplazamiento o al riesgo
de desplazamiento, que enfrentan los pueblos de la Sierra Nevada de
Santa Marta, del Chocó, del Magdalena, de la Serranía del Perijá, del
Catatumbo, Norte de Santander, de Boyacá de Chocó (Juradó), de Antioquia,
de Córdoba, del Valle del Cauca, del Cauca, de Nariño, del Meta, del
Vaupés, del Amazonas, de Guainía, del Guaviare, del Tolima, del Huila
y de Risaralda.
45. El desplazamiento indígena se caracteriza por moverse normalmente
en grandes grupos, y de un resguardo indígena a otro, y tras una negociación
de cabildos acogen a las familias desplazadas y regulan su nuevo régimen
de supervivencia. También son frecuentes los movimientos dentro del
mismo resguardo. Este es el caso de las comunidades asentadas en Polines’3
(Chogorodó) y Guayabal (Murindó), que se encuentran superpobladas
para lo tierra cultivable del resguardo, sufriendo así la población
grandes carencias alimentarias. El mismo problema existe en la comunidad
desplazada de Jaikerazabi (Mutatá). El hacinamiento y la concentración
de población han provocado además graves problemas de salubridad. También
se produce: el debilitamiento de las autoridades y valores tradicionales
debido al cambio de sus actividades tradicionales. Por lo general, existe
un grave problema de subregistro en el caso del desplazamiento de los
pueblos indígenas ya que generalmente no prestan declaración ante las
entidades del estado.
Las mujeres y el desplazamiento
46. El impacto del desplazamiento en las mujeres, las adolescentes
y las niñas en Colombia es significativo. Los estimaciones sobre la
proporción de mujeres desplazadas forzosamente en Colombia apuntan a
un porcentaje que oscila entre 49% y 58% del total de la población desplazada
14 Es importante señalar la precariedad de los datos disponibles
sobre mujeres desplazadas. Esto supone hacer un análisis que trasciende
las cifras. Para ello, es preciso abordar aquellos aspectos específicos;
que como señalan los Principios Rectores del Desplazamiento (principio
4), han de ser atendidas de manera especial para que las políticas de
protección y de asistencia a la población desplazada tengan un impacto.
Este fue el principio que orientó el taller que organizó ACNUR en mayo
de 2001 con el apoyo de las agencias que integran el GTD. ‘15
47. El desplazamiento de mujeres solas, o mujeres jefas de hogar, pasa
habitualmente inadvertido. Es un desplazamiento invisible, porque es
normalmente individual. Además, las mujeres no acceden a los canales
de atención en condiciones de equidad con los hombres. La violencia
que antecede al desplazamiento o que acontece durante el desplazamiento
se manifiesta también diferentemente en el caso de las mujeres. Si bien
es cierto que las víctimas de la violación del derecho a la vida mediante
ejecuciones extrajudiciales y masacres son mayoritariamente los hombres;
la violencia contra las mujeres, y en particular el abuso sexual, por
parte de actores armados es práctica habitual, en un contexto de degradación
del conflicto e irrespeto del DIH.
48. Otro ángulo de la violencia contra las mujeres desplazadas es lo
violencia intra familiar, que se agudiza por efecto del trauma del conflicto
y de las condiciones en las que viven los desplazados. Las mujeres y
las niños-as son las principales victimas de la violencia intra familiar.
13. En el resguardo indígena de la comunidad de Polines el 25 de Septiembre
de 2000 se desplazaron 27 familias (132 personas) del resguardo “ Tierra
Verde” (Tierra Alta) al resguardo de Polines (Chigorodó). En octubre
del 2000 se desplazaron 30 familias del Alto Sinú a Polines. Actualmente,
se encuentran 353 personas desplazadas en este resguardo de un total
de 650 personas que tiene la comunidad.
14. RSS, “Informe sobre Desplazamiento Forzado en Colombia en el Primer
Trimestre 2001”. Los desplazamientos donde hay mayor proporción de mujeres
desplazadas son los siguientes: La Guajira, Meta, Valle del Cauca, Santander
y Boyacá
15. La Consulta con mujeres desplazadas y Principios rectores del desplazamiento
tuvo lugar en Bogotá entre el 16 al 18 de mayo de 2001, organizada por
ACNUR con el apoyo de GTD.
49 Las mujeres, y fundamentalmente las mujeres del ámbito rural, no
acceden fácilmente ni a la documentación personal ni al registro.
Como consecuencia, las mujeres
tienen mayores dificultades para acceder a la propiedad de la tierra,
al crédito, a la vivienda. También supone una limitación para el acceso
a los servicios de educación y salud. Este problema es aún más agudo
en el caso de las mujeres indígenas y afro descendientes debido a barreras
culturales. Además, el abandono familiar y el no-reconocimiento de la
paternidad es un problema habitual para el registro de los hijos y el
derecho al nombre de los niños y niñas desplazados.
Los niños, las niñas, los adolescentes y el desplazamiento
50 Lo suma de las mujeres, los niños y las niñas nos acerca al 72%
de la población desplazada colombiana con necesidad de atención. Al
igual que en el caso de las mujeres, los datos sobre niñez y desplazamiento
son escasos. Según datos del SISDES en 1998 el 12.72% de lo población
infantil desplazada correspondía a menores de 5 años, el 19.78% oscila
entre 3 y 10 años, el 12,78% entre 11 y 14 años y el 9.03% tiene entre
15 y 18 años’16.
51 El desplazamiento en las menores limita sus oportunidades de desarrollo
personal: las traumas asociados a lo violencia que antecede generalmente
al desplazamiento, el cambio brusco en el manejo del espacio y el tiempo,
y la desmembración del núcleo familiar da lugar o una nueva situación
más hostil. A esto se le añaden las efectos de segregación y estigmatización
a los que son expuestos y que inciden en el desarrollo de su propia
autoestima. Se ha evidenciado en los asentamientos de familias desplazadas,
altos niveles de desnutrición en niños y niñas y lo aparición de enfermedades.
Las grandes ciudades y el desplazamiento17
16. CODHES informa No. 37 .
17. Borrador JULIO 2001. Evaluación de la situación de la atención
al desplazamiento forzado por la violencia en las grandes ciudades (Bogotá,
Medellín, Cartagena y Cali).
52. Desde 1995 se han registrado 67.508 personas en Bogotá, Medellín,
Cali y Cartagena, aunque se estima que pueda haber muchos más ( entre
el 30% y 50% del total de los desplazados se encuentran en las grandes
ciudades y sus alrededores). En un contexto de mayor intensificación
del desplazamiento, el impacto del desplazamiento en las grandes ciudades
va a continuar aumentando. Ante la ausencia de posibilidades reales
de retorno o reubicación, la mayoría de estos desplazados, generalmente
dispersos en las barrios, desea quedarse en estos centros urbanos, mientras
que sólo una minoría desea retornar. Dentro de esta población desplazada,
cabe destacar la alta proporción de menores (54%) y de mujeres cabeza
de hogar (33%). Mujeres y niños representan cerca del 80% de la población
desplazada en los grandes ciudades. En Cartagena y Cali existe una alta
proporción de población desplazada afro colombiana.
53 Los desplazados generalmente se encuentran dispersos en los barrios
periféricos ó marginales de los grandes ciudades, y su llegada ha producido
la creación de barrios nuevos. En Cartagena, por ejemplo, los desplazados
crearon los barrios de Nelson Mandela, El Pozón, poblaron paulatinamente
la Ciénega de la Virgen/Olaya y crearon en agosto de 2000 el barrio
Bill Clinton/Vistahermoso. En Medellín, los desplazados se encuentran
en las zonas Nor Oriental, Nor Occidental en el asentamiento de Vallejuelos,
Centro Oriental y Centro Occidental. En Bogotá, los desplazados llegan
o Ciudad Bolivar, Kennedy, Bosa, Usme, Rafael Uribe y a San Cristóbal.
Es característico que el desplazamiento se extienda a los municipios
colindantes a estas ciudades como es el caso de Soacha (Bogotá), Bello
e ltagui (Medellín), Jamundí (Cali) y Turbaco (Cartagena).
54. En las ciudades, los desplazados llegan generalmente a casa de
familiares y amigos que les brindan albergue durante los primeros meses,
hasta que encuentren un espacio en donde establecer su vivienda propia.
Sin embargo, cuando la expectativa de retorno queda descartada, los
desplazados no encuentran otra opción que establecerse en la ciudad.
En ese momento, la convivencia con la comunidad receptora se vuelve
más difícil por la situación de competencia por los recursos y servicios.
55 Uno de los problemas más acuciantes para los desplazados asentados
en grandes ciudades es la falta de empleo; ya sea resultado de la adversa
situación económica, de la inadecuación de sus capacidades profesionales
al tipo de actividad económica urbana, o a la discriminación que padecen.
Por otro lado, casi no hay iniciativas para favorecer su inserción laboral,
y es particularmente escasa la participación de las Municipalidades
en la búsqueda de soluciones dirigidas a los desplazados.
56 Ante la carencia de suelo urbanizable accesible en las grandes ciudades
y de oferta de vivienda de interés social, los desplazados frecuentemente
ocupan suelos no aptos para el desarrollo de vivienda, tales como zonas
de alto riesgo geológico y zonas destinadas a espacio público o equipamiento
urbano. Existen en estos barrios marginales enormes necesidades no cubiertas
(alcantarillado, agua potable, letrinización, relleno). Adicionalmente,
la población desplazada ocupa sectores de la ciudad que ya cuentan con
hacinamiento crítico por lo oferta de cuartos o habitaciones en inquilinatos.
Hasta ahora, el papel del Instituto Nacional de Vivienda de Interés
Social y Reforma Urbana (INURBE) ha sido marginal y el concepto de apoyo
a los desplazados para el tema de la vivienda no ha sido claro.
57. En mayo del 2001, se expidió el decreto 951 que reglamenta la aplicación
del subsidio familiar de vivienda para la atención a la población desplazada
por la violencia en zonas urbanas. Así mismo, la Junta Directiva del
INURBE, mediante la expedición del acuerdo 13 de agosto 2001, reglamentó
los procedimientos y condiciones para la aplicación del subsidio familiar
en la compra de vivienda usada y en el arrendamiento de vivienda, modalidades
que se ajustan a las condiciones reales de obtención de una vivienda
por parte de esta población. En cumplimiento de estas normas, se han
aprobado 19 proyectos habitacionales que beneficiarán a 3.000 hogares
desplazados.
Las fumigaciones y el Desplazamiento
58. En Colombia, la mayoría de los cultivos lícitos se encuentran en
áreas afectadas por el conflicto armado y la violencia, en las cuales
se han producido grandes desplazamientos. Por estas razones no es fácil
obtener información clara sobre el impacto de las fumigaciones en el
desplazamiento, fundamentalmente porque a las personas que se desplazan
por motivo de las fumigaciones no se consideran desplazados a efectos
del registro.
59 La posición de las Naciones Unidas frente a lo erradicación forzada
y la fumigación esta cobijada por la Convención de Viena sobre Estupefacientes
de 1988 y los acuerdos de la Sesión Especial de Asuntos Generales (UNGASS)
de 1998 en los que generalmente se admite lo erradicación forzosa de
dichos cultivos, siempre y cuando se haga en el respeto de los derechos
humanos fundamentales (en los cuales se incluye la salud humana) la
protección del medio ambiente y el respeto de los usos tradicionales
de la hoja de coca.
60 En concreto, el SNU recomienda al Gobierno Colombiano adoptar una
política diferenciada frente a los cultivos ilícitos. Esto significa
que la fumigación sea aplicada como ultima instancia, cuando no haya
posibilidades de lograr formas de erradicación voluntaria y sustitución
de cultivos, y que de todas maneras no se fumiguen áreas de pequeños
(cultivos menores a 3 hectáreas) y áreas de comunidades indígenas. Sin
embargo, el SNU no dispone actualmente de estudios independientes y
completos sobre las efectos directos e indirectos de la fumigación y
en particular de las substancias utilizadas en este proceso.
61. No se puede considerar que las fumigaciones hayan provocado desplazamientos
masivos de personas, aunque si movimientos de personas entre el Departamento
de Putumayo, el Departamento de Nariño y hacia Ecuador, La fumigación
aérea está normalmente acompañado de operaciones militares, que se han
intensificado en la zona, dando lugar a desplazamiento por temor a combates.
62. Es frecuente que los desplazados por fumigación no rindan declaración
ni se registren por la RSS. La RSS está atendiendo a los “afectados”
por las fumigaciones en sus comunidades con asistencia alimentaria temporal
( en principio por tres meses), fundamentalmente en las municipalidades
de San Miguel, Valle del Guamuez, Orito, Puerto Leguízamo y otros; llegando
a un total de 10.000 familias (aproximadamente 38.323 personas, de las
cuales 544 familias pertenecen a comunidades indígenas). En el Departamento
de Nariño no se ha puesto en marcha el mecanismo de asistencia para
aquellas personas ‘afectadas” por las fumigaciones.
63. Aunque al inicio solo se pusieron en marcha los pactos sociales
en la municipalidad de Puerto Asís (dónde no se están realizando los
fumigaciones), actualmente la elaboración de pactos sociales se está
dando en varias municipalidades, que ya fueron fumigadas ( Orito, Valle
del Guamuez, etc).
64 Como consecuencia de las fumigaciones en La Gabarra en el mes de
junio, cerca de 4.000 campesinos se desplazaron hacia al casco urbano
de Tibú, en protesta contra las fumigaciones. Se fumigaron aproximadamente
8.000 hectáreas. Las tensiones y enfrentamientos entre los marchistas
y la población de Tibú, llevaron a las organizadores a suspender
la marcha sin haber logrado ninguna de sus demandas.
65. En el Sur de Bolívar las fumigaciones llevadas a cabo durante los
meses de marzo y abril afectaron a las municipios de San Pablo, Simití,
Santa Rosa y Cantagallo. En total, 6.788 familias (aproximadamente 30.000
personas). entre cultivadores y ‘raspachines”, fueron objeto de ayuda
por parte de la RSS y del PLANTE, a través de su Plan de Acción Inmediata
(PAl). Es preciso señalar que no todas las personas “afectadas” por
las fumigaciones solicitan la ayuda institucional. Además, se han detectado
ciertos casos de problemas en la piel y respiratorios en habitantes
de los municipios fumigados.
7. La respuesta estatal
66. Se registran los avances en la respuesta estatal en el período
reportado, en cuatro niveles: 1) la mejora del Sistema Nacional de Información
sobre población desplazada; 2) la puesta en marcha del Registro Único
de Población Desplazada; 3) mayor atención en el ámbito local de la
RSS a través de sus unidades territoriales. En este punto la contribución
de la UTC ha sido notable y 4) el desarrollo reglamentario de la Ley
387 mediante los decretos de Vivienda, Salud, Educación y Tierras.
67. Sin embargo, tal y como señala el documento CONPES de mayo de 2001,
las metas planteados en el Sistema Nacional de Atención a la población
desplazada de noviembre de 1999 ( CONPES 3057) no han sido alcanzados.
Si bien es cierto que se ha logrado mejorar sustancialmente la ayuda
humanitaria de emergencia18, se reconoce que ha existido
un retraso notable en la ejecución de los programas de retorno y de
reubicación de la población desplazada.
68. Las causas que se mencionan en el citado documento de mayo de 2001
como obstáculos para el cumplimiento de lo establecido en el CONPES
3057, son tres. Por un lado, la asignación presupuestaria de recursos
se hace sobre la base de programas y proyectos presentados por cada
entidad. La formulación de estos programas ha sido claramente insuficiente
en atención a las necesidades. En segundo lugar, el acceso de los desplazados
o programas de inversión a través de entidades de orden nacional (vivienda,
crédito, Red de Apoya Social) ha sido muy restrictivo. Por último, la
Red de Solidaridad Social ha sido la única entidad que ha contado con
proyectos específicos para la atención a la población desplazada en
el presupuesto nacional. Las demás entidades del Sistema Nacional de
Atención Integral a la Población Desplazada, si cuentan con programas,
son de carácter general y no tienen un presupuesto asignado.
18. Documento CONPES, 25 mayo 2001. En 1999 se desplazaron 28.800 hogares
y la atención humanitaria en dicho año alcanzó el 21.8%. En el 2000
se logró atender el 47.1% de los 25.600 hogares que se desplazaron.
69. La Corte Constitucional dirimiendo tutelas a finales de 2000 y
en el 2001 ha logrado un avance conceptual cualitativo en la formulación
de los principios que guían la política nacional de atención al desplazamiento
y en la articulación de los mecanismos de actuación en la respuesta
estatal al desplazamiento. En particular la Corte estableció: 1) la
atención al desplazamiento es una emergencia social y como tal ha de
ser tratada prioritariamente, siendo el Presidente de la República su
principal responsable; 2) La ley 387 ha de tener un reglamento que permita
su oportuna aplicación ( el Decreto 2569 se publica en diciembre
de 2000); 3) el costo de la respuesta al desplazamiento ha de ser asumido
por el Estado colombiano en su presupuesto nacional; 4) el Consejo Nacional
de Atención a los Desplazados debe funcionar inmediatamente.
Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por
la Violencia
70. El Sistema, establecida en la Ley 387 de 1997, capítulo 1, está
constituido por el conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias
que realizan planes, programas, proyectos y acciones específicas tendientes
a la atención integral de la población desplazada. La Ley define como
mecanismos el Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población
Desplazada y los Comités Municipales, Distritales y Departamentales.
La función coordinadora de la RSS del Sistema Nacional de Información
y de Atención Integral a la Población Desplazada es posterior a la Ley,
ya que se establece en el Decreto 489 de marzo de 2000.
71. El Plan de acción para la prevención al desplazamiento forzado
contenido en el documento CONPES 3057 (noviembre 1999) definió los mecanismos
e instrumentos para la prevención, protección y atención humanitaria
de emergencia para la población desplazada,
y estableció acciones para la estabilización socioeconómica de dicha
población a través del retorno o la reubicación de los afectados. Sin
embargo, el Plan no logró los resultados esperados, fundamentalmente
porque no se asignaron los recursos necesarios. El Consejo Nacional
de Atención a la Población Desplazada se reunió en enero de 1998 para
aprobar el Plan Nacional de Atención a la Población Desplazada y no
volvió a reunirse hasta finales de diciembre de 2001, a iniciativa de
la RSS. Esta situación dificultó el trámite y aprobación de nuevas normas
nacionales y el mismo proceso de coordinación entre entidades de gobierno.
72. En Septiembre de 2000 la Corte Constitucional en su sentencia SU-1150/2000
dispone que el Presidente de la República debe hacer uso de sus atribuciones
para asignar responsabilidades a cada entidad administrativa y también
debe establecer la fórmula que garantice la descoordinación del Sistema
Nacional de Atención de la Población Desplazada. Como uno de los resultados
de la sentencia, y en un intento de hacer operativo el esquema diseñado
en el CONPES 3057, se aprueba en mayo de 2001 el CONPES 3115 en dónde
se propone un mecanismo de distribución presupuestal sectorial, y recomienda
el ajuste de mecanismos y procedimientos. El documento propone consignar
un total de 161.999.000 pesos para el período 2001-2002, repartido entre:
Presidencia (Fondo de Inversiones para la Paz y Red de Solidaridad
Social), Ministerio del Interior, FINDETER, Banco Agrario, INCORA, DRI,
SENA, Ministerio de Salud, ICBF, Ministerio de Desarrollo, Ministerio
de Educación, INURBE y otros ( Plante, DANSOCIAL, Ministerio
de Agricultura, ICETEX y Defensoría del Pueblo). Considerando los problemas
asociados a la tierra y a la educación, sorprende la baja cantidad asignada
al INCORA ( sólo 3.750 millones entre 2001-2002) y al Ministerio
de Educación (4.710 millones entre 200 1-2002).
73. También en cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional
se ha reactivado el Consejo Nacional de Atención a la Población Desplazada.
A partir de finales del 2000 a la fecha, en marco del Consejo se ha
trabajado sobre los Decretos que desarrollan la Ley 387 (tierras, vivienda,
educación y salud).
74. Una de las piedras angulares del Sistema Nacional de Atención es
la puesta en marcha y el funcionamiento de los Comités Municipales,
Distritales y Departamentales que apoyan localmente la respuesta estatal
al desplazamiento. Sin embargo, su constitución y efectividad han sido
muy irregulares, variando mucho de unas regiones a otras, incluso de
unos municipios a otros. El buen funcionamiento de los comités depende,
en gran medida, de la voluntad política de las autoridades Iocales19
así como de la concurrencia y decidida participación de todas
las entidades gubernamentales y no gubernamentales20. Se
quiere destacar que las personerías en algunos municipios han jugado
un papel muy importante en la conformación de los Comités. En general,
la participación de la población desplazada es aún muy escasa y debe
ser promovida.
75. En este sentido, se quiere destacar la necesidad de que lo RSS
amplíe y fortalezca su papel de convocatoria y coordinación de los Comités
Departamentales, Distritales y Municipales. Iniciativas en este sentido
son el despliegue de algunos técnicos de la UTC21 para apoyar
las unidades territoriales de lo RSS en proceso de constitución y funcionamiento
de los comités territoriales.
19. El Comité Municipal de Atención a la Población Desplazada más antiguo
en la Región de Magdalena Medio es el de Barrancabermeja, sin resultados
muy concretos. Existe un Plan de Contingencia en Barrancabermeja desde
el principio de 2001, no se ha activado, a pesar del número de desplazados
que viven en condiciones de gran precariedad en Barrancabermeja.
20. Los municipios como Mutatá y San Pedro de Urabá son un buen ejemplo
de cómo el empeño de la Municipalidad permite respuestas rápidas de
emergencia adecuadas a las necesidades de la población. En Puerto Nare,
el Comité fue conformado a partir del desplazamiento de 500 personas
de El Prodigio. Comparado con otros Comités, su respuesta al desplazamiento
ha sido muy satisfactoria: en una semana logró adecuar un centro de
alojamiento temporal, instalando luz, ventiladores, un servicio de teléfono
y arreglando la batería de baños. También destino recursos propios para
la alimentación de los desplazados y contó con la solidaridad de los
habitantes de la zona.
21. Unidad Técnica Conjunta (Convenio RSS-ACNUR).
Los técnicos UTC se encuentran en Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre,
Córdoba, Urabá, Chocó, Antioquia, Magdalena Medio, Santander, Norte
de Santander, Cundinamarca, Meta, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca
y Nariño.
76. Los Comités Municipales no están jugando su papel legal en cuanto
a la resolución de la problemática de la población desplazada “antigua”.
Este caso es particularmente claro en la región de Urabá, en dónde la
resolución de los problemas de los desplazados de larga data no ha sido
abordada por los Comités Municipales ni en la atención en salud, ni
educación infantil, integración, reubicación o retorno.
77. Formalmente, las alcaldías de los grandes ciudades constituyeron
los Comités Distritales para lo Atención Integral a la Población Desplazada
por la Violencia (en Medellín desde 1996), y la frecuencia de las sesiones
de estos Comités se ha incrementado a partir del 2001. Si bien existe
consenso sobre el aumento del fenómeno del desplazamiento; las grandes
ciudades no se consideran preparadas para enfrentar esta eventualidad,
los Comités no tienen generalmente preparativos de contingencia frente
a futuros desplazamientos. Estos Comités tampoco han logrado establecerse
como ente coordinador de referencia en el temo del desplazamiento.
Registro Único de Población Desplazada
78. Se ha constatado una mejora del Sistema de Registro Único de Población
Desplazada 22 a partir de mediados del año 2000, pero su eficiente
funcionamiento aún presenta algunos desafíos. El Registro tiene el objetivo
de inscribir a la población desplazada para que acceda a los beneficios
establecidos en la Ley 387 y desarrollados en el Decreto 2569. Además,
se trata de caracterizar la población desplazada de manera que se puedan
cualificar políticos y estrategias de atención. La RSS y el Ministerio
Público son las entidades estatales a cargo de diligenciar los formatos
del Registro.
22. Las herramientas del Registro son cuatro: Formato único de declaración,
Formato de Valoración de Declaraciones, Formato de Caracterización Básica
del Hogar y Formato de Seguimiento de Ayudas Entregadas.
79. La población desplazada que aparece registrada corresponde más
frecuentemente a desplazamientos de grupos que a desplazamientos individuales,
particularmente es el caso de los desplazados que llegan a centros urbanos.
Las poblaciones indígenas desplazadas no aparecen normalmente registradas.
Las mujeres, con la excepción de las mujeres jefas de hogar, generalmente
no rinden declaración ya que se considera suficiente que sean los hombres.
Esta situación tiene importantes consecuencias para ellas si se da la
ulterior desaparición del esposo o compañero. Hay otras poblaciones
que no se registran aduciendo razones de seguridad, debido a desinformación
o desconfianza. Aunque es muy difícil presentar una estimación del sub-registra,
por razones obvias, parece necesario trabajar las mecanismos de acceso
de determinadas poblaciones en situación de desplazamiento al registro.
Así mismo, hay que asegurar que lo confidencialidad de la información
recogida en las declaraciones sea garantizada en la práctica.
80. Se han registrado progresos en la instalación de la versión electrónica
del Registro en las unidades territoriales de la RSS y en la capacitación
para su manejo a sus funcionarios y a los del Ministerio Público (fundamentalmente
personeros, Defensoría del Pueblo y Procuraduría). Sin embargo, las
limitaciones que existen en los equipos informáticos en las regiones,
así como las deficiencias de la red eléctrica en zonas rurales23
presentan obstáculos importantes para su funcionamiento electrónico.
Se espera que en el futuro se pueda instalar una red entre las computadoras
para tener varios puntos de acceso al programa. También es interesante
la iniciativa que existe en Urabá de integrar un sistema informativo
en las Personerías y en lo Defensoría del Pueblo
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23. Por toda la zona del Atrato este proceso
informático se toma impracticable ya que el abastecimiento de energía
es muy reducido y en muchas personerías no hay equipamiento informático.
81. Homogeneizar los procedimientos para la toma de declaraciones y
de valoración es uno de los objetivos a los que el Registro debería
apuntar en esta fase, tal y como señaló la sentencia de la Corte Constitucional
T 327 del 26 de marzo de 2001. En este sentido, el proceso de formación
continua del personal del Ministerio Público es clave; sobre todo tomando
en cuenta que muchos de los personeros fueron nombrados en febrero de
2001. Entre los problemas encontrados se pueden mencionar que son las
secretarias o los secretarios quienes reciben la declaración de los
desplazados, en lugar de los personeros. Además, la carga de trabajo
concentrada en las personeros en los municipios de alta recepción produce
largas listas de espera. Por otro lodo, el periodo que va desde que
se presenta la declaración hasta que se produce lo valoración excede
normalmente los 15 días establecidos en el Decreto 2569. Por último,
es preocupante la disparidad que existe entre las tasas de inclusión
- no inclusión entre los diferentes unidades territoriales de la RSS.24
La dinamización y funcionamiento de los Comités Tripartitos (
Procuraduría, Defensoría y RSS) para la revisión de los casos controvertidos
supondría un avance importante para asegurar uniformidad en la valoración
de las declaraciones.
Actividades de prevención
82 La prevención del desplazamiento forzado de personas sigue suponiendo
un desafío paro la respuesta del Estado. En su último informe25,
la Alta Comisionada para los Derechos Humanos solicitó al Estado Colombiano
asumir su responsabilidad frente a la prevención de manera prioritaria,
integral y eficaz. En particular, se solicitó la puesta en practica
de mecanismos diseñados por el Estado para dar respuesta a este tema,
la implementación plena de lo política CONPES y de los mecanismos previstos
en la Ley 387, en concordancia con los Principias Rectores del Desplazamiento.
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24. En Bolívar el porcentaje de no-inclusión es de alrededor del 5%,
en Antioquia deI 6%, en Bogotá y Huila el porcentaje alcanza el 50%.
25. ( Informe de la Alta Comisionada
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Situación de los
Derechos Humanos en Colombia (del l de enero al 31 de diciembre2000;
Recomendación No. 11).
83. No se ha desarrollado la función de prevención que la ley 387 y
su reglamento establecen para los Comités Territoriales, la Defensoría
del Pueblo y la RSS. Pocos son los municipios. tanto receptores como
expulsores de población desplazada, que han prestado la debida atención
a las actividades de prevención argumentando no disponer de los recursos
económicos suficientes. Por otro lado, las entidades municipales consideran
que las tareas de prevención del desplazamiento forzado podrían tener
implicaciones políticas y se sienten con incapacidad de acción ante
la presión de los actores armados. Por estos motivos, la discusión sobre
actividades de prevención se ha orientado hacia las actividades de asistencia
humanitaria y de reacción temprana cuando se producen los desplazamientos.
84. Tampoco existe un esfuerzo sistemático para la identificación de
posibles zonas de riesgo a efectos de prevenir pasibles desplazamientos
así como el diseño de estrategias de atención oportuna. Los Comités
Territoriales activados no han avanzado las actividades de resolución
pacífica de conflictos.
85 Sin embargo. existen experiencias positivas que merece la pena señalar.
En Magdalena Medio la presencia de entidades gubernamentales y no gubernamentales
así como de instituciones internacionales, en la Alianza por Río Viejo
ha contribuido de manera efectiva a prevenir más desplazamientos en
la zona. También es el caso del proyecto de ‘Mecanismos de Justicia
Alternativa y Resolución Pacífica de Conflictos” en el Barrio Nelson
Mandela de Cartagena. Adicionalmente, el esfuerzo realizado parlo RSS
y el Instituto Popular de Capacitación (IPC) en el fortalecimiento de
los comités municipales del Oriente Antioqueño, está orientado a la
construcción de diagnósticos sobre la situación de conflicto y desplazamiento
en estos municipios, la identificación de escenarios de riesgo y lo
formulación de planes de contingencia y planes de acción municipales
para la atención al desplazamiento.
86. Se quiere destacar el papel especial que está llamado a jugar la
Defensoría del Pueblo, según lo establece el CONPES 3057 de noviembre
de 1999, en la creación y coordinación de un sistema de alertas tempranas
en el ámbito nacional. La Defensoría del Pueblo ha tomado un papel muy
relevante en los asentamientos de población retornada de Cacarica. Como
parte de los compromisos asumidos con esta comunidad se creó una “Casa
de Justicia’ coma presencia civil del Estado. La Procuraduría General
de la Nación también ha jugado un papel importante con su frecuente
presencia de especial relevancia en situaciones de crisis. La participación
de Vicepresidencia y Ministerio del Interior, ha sido interesante en
este proceso de retorno. Esta presencia cumple una función disuasiva
frente a los actores armados en la zona, y como interlocutor con la
Fuerza Pública. En cuanto a los comunidades de paz el papel de estas
instituciones ha sido menor aunque se han visto avances positivos.
87. Otro tipo de medidas preventivas son las visitas conjuntas, las
misiones o comisiones humanitarios. En varias regiones se han realizado
visitas de comisiones con la participación de lo RSS. ONGs, Defensoría,
ACNUR, OACNUDH con el objetivo de conocer la realidad de las comunidades
víctimas de incursiones o amenazas de las actores armados. Estas comisiones
funcionan como una forma de protección a estas comunidades, de acercamiento
del Estado a la población y como mecanismo preventivo de nuevos desplazamientos.
facilitando también la integración de las entidades estatales en un
tipo de acompañamiento hasta ahora realizado esencialmente por las ONGs.
Asistencia Humanitaria de Emergencia
88. La entrega de ayuda alimentaria de emergencia es la necesidad de
los desplazados mejor atendida, fundamentalmente en los casos de desplazamientos
masivos. La RSS entrega por sí misma o a través de ONGs operadoras la
asistencia humanitaria de emergencia en el caso de los desplazamientos
individuales. En el caso de los desplazamientos masivos existe un acuerdo
de colaboración con el CICR, a efectos de que se complemente la atención
estatal. La RSS entrega también asistencia de emergencia, como parte
del Plan de Acción Integral del PLANTE, en el caso de los “afectados”
por las fumigaciones.
89. El programa del CICR de asistencia humanitaria de emergencia a
la población desplazada es, junto con la RSS. el más amplio en términos
de cobertura territorial ya que cuenta con 16 delegaciones además de
la sede en Bogotá y de presupuesto (unos US $16 millones para 2001).
Una característica particular del CICR, es que sus acciones humanitarias
llevan aparejadas un componente de protección. En el primer semestre
de 2001 el CICR atendió 62.764 personas. De este total, el 94.6% son
casos de desplazados individuales y masivos26. En algunos
casos los Municipios han complementado la asistencia del CICR, como
Puerto Nare, o incluso han asumido la responsabilidad de continuar la
asistencia alimentaria aún después de los tres meses.
90 Un estudio del PMA de marzo de 2001 sobre seguridad alimentaria27
llama la atención sobre la deficiente situación nutricional de
los desplazados. El promedio del consumo diario de alimentos de las
personas desplazadas en Colombia es de 1.752 calorías, comparado con
las 2.100 calorías recomendado para planificar asistencia alimentaria
en emergencias. Además, la calidad de la dieta familiar disminuye dramáticamente
durante el desplazamiento. Esta situación se agrava entre los 4 y 24
meses posteriores al desplazamiento, ya que se suspende la ayuda humanitaria
y se da un deterioro muy importante de la situación socioeconómica de
las familias desplazadas (las familias perciben un promedio de 30% menos
a sus ingresos anteriores al desplazamiento). La encuesto encontró que
son particularmente vulnerables las familias con cabeza de hogar femenina
(1.755 calorías por día) y las familias que tienen que sobrevivir en
áreas urbanas (1.694 calorías por día).
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26. CICR, Estadísticas Asistencia Humanitaria/2001. Del total
de desplazados atendidos 22.744 personas son desplazadas individuales;
y 36.589 son personas atendidas en desplazamientos masivos.
27. La muestra se realizó con 76 familias de desplazados, unas
530 personas. Se les entrevistó sobre su condición económica,
antes y después del desplazamiento.
91. A excepción de algunos programas, el tipo de asistencia humanitaria
de emergencia que se entrega es estándar, desconoce las necesidades
específicas de grupos de población que se diferencian en edad, género,
región o cultura, y se centra fundamentalmente en la ayuda alimentaria.
La participación de las comunidades en las actividades de planificación
y distribución de la ayuda debería ser considerada de manera sistemática.
En particular, debería asegurarse la participación activa de las mujeres,
para establecer minutas diferenciadas por regiones y culturas, asegurando
además que el paquete humanitario está adaptado al tamaño del hogar.
Se observa que la atención en salud reproductiva no está incluida en
los planes de asistencia humanitaria, y no se identifican necesidades
especificas de las mujeres a través de entrevistas reservadas y orientadas
a este grupo. En cuanto a los niños y niñas, no se identifican necesidades
en lo relativo a una atención con enfoque psicosocial, ni se considera
normalmente la educación como uno prioridad en la asistencia humanitaria
de emergencia.
92. Otro de los problemas enfrentados para el impacto de la ayuda humanitaria,
son las
restricciones de acceso humanitario a la población desplazada en determinadas
áreas o poblaciones28.
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28. En la Región del Magdalena Medio,
durante el primer semestre de 2001, se llevaron a cabo 2 convoyes humanitarios
hacia el Valle del Río Cimitarra. En el primer convoy, que tuvo lugar
en el mes de febrero y en el que participaban entidades gubernamentales
y no gubernamentales, así como instituciones internacionales como ACNUR,
la ayuda fue requisada por un retén de las AUC. Asimismo, durante la
ejecución de la Operación Bolívar, se produjeron dificultades con la
Fuerza Pública en el paso de asistencia humanitaria de emergencia. Estas
dificultades quedaron resueltas una vez el dispositivo de esta Operación
terminó.
Procesos de retorno y reubicación
93 El retorno, sin duda la opción más deseable para los desplazados,
es una de las menos factibles en este momento. Asegurar que los retornos
se dan en condiciones de voluntariedad, dignidad. y seguridad como lo
establecen los Principios Rectores (Principio 28) supone uno de los
retos más fuertes en la atención a la población desplazada. La voluntariedad29
del retorno ha de ser garantizada mediante entrevistas con la
población desplazada, asegurando que no sólo se entreviste a los hombres
jefes de hogar, sino también a las compañeras o esposas. Las condiciones
de seguridad en el retorno están directamente vinculadas a las condiciones
de orden público en los lugares de expulsión, normalmente precarias
ante la intensificación de conflicto armado y con escasas garantías
por parte de la fuerza pública.
94 Por otro lado, la dignidad en el retorno está relacionada con la
puesta en marcha de programas que aseguren la que el Decreto 2569
denomina estabilización socio económica30 (vivienda, salud,
alimentación, educación, acceso a la tierra e incorporación en la dinámica
productiva). En este punto uno de las temas más complejos es la garantía
de protección de los derechos de propiedad, y particularmente las tierras
que los desplazados tuvieron que abandonar. Las violaciones de los derechos
relacionados con la tierra, y otras formas de propiedad son consustanciales
al desplazamiento forzado, y por ende a su solución. La RSS está trabajando
con el INCORA el diseño de un proyecto piloto para la identificación,
caracterización y registro de tierras abandonadas. Se espera que este
proyecto produzca herramientas y metodologías aplicables a todo el territorio
nacional.
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29. La comunidad de la Ciénaga del Opón
lleva desplazada en Barrancabermeja 7 meses. El proceso de retomo de
esta comunidad se ha iniciado con el análisis de la voluntariedad de
la comunidad de retornar y de las condiciones de seguridad para hacerlo.
30. Decreto 2569, titulo VII
95 En el caso de los desplazados asentados en las grandes ciudades,
se estima que en su mayoría desean quedarse, y apenas una pequeña minoría
quiere retornar31. Esto supone que han de encontrar alternativas
de empleo, sobre todo en aquellos casos de los desplazados antiguos
o que se encuentran lejos de su lugar de origen.
96 Los retornos más frecuentes son los que se dan en las áreas rurales
de manera casi inmediata al desplazamiento. Una de las áreas en dónde
se están produciendo retornos organizados es la Región de Urabá32.
La RSS en esta zona está acompañando o todos los procesos de retorno
y reubicación, registrándose un aumento de las gestiones de coordinación
con las otras entidades estatales para la atención a las poblaciones
desplazadas. La ayuda de la RSS se centra en apoyo a la logística, transporte,
ayuda humanitaria y el acompañamiento coordinado con otras entidades
estatales.
97. Sin embargo, la aprobación de proyectos de estabilización socioeconómica
enfrenta normalmente lentitud en la gestión o en la disponibilidad de
los fondos. Por parte de instituciones como las UMATAS y el SENA. se
registra disponibilidad para el apoyo técnico a los proyectos productivos
que garanticen el restablecimiento de la población desplazada. Por porte
de las municipalidades, el apoyo dado a los procesas de retorno y reubicación
varía de acuerdo o las características de cada municipio y a la voluntad
política de los alcaldes, como reflejado en el punto de los comités
municipales. Algunas alcaldías, en particular del Eje Bananero, ofrecieron
terrenos para la ejecución de proyectos productivos.
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31. En Bogotá, datos de la RSS indican que 80% de los desplazados quieren
establecerse en el Distrito. Según la Iglesia, 72% de los desplazados
en Cali desea permanecer, 14% reubicarse y 10% retornar. En Cartagena,
datos de la Pastoral indican que 76% quiere permanecer, 20% reubicarse
y sólo 4% retornar. Según el Ministerio de Salud, el 80% tiene la intención
de “continuar viviendo en Cartagena”. La intención de retorno, según
la encuesta seria de sólo 10.7% y de reubicación 4.8%.
32. En el primer semestre de 2001 retomaron
250 personas al Cacarica que se encontraban en el Coliseo de Turbo,
sumando un total de 1.100 personas retornadas a Cacarica. En el mes
de julio se produjeron retornos de 23 familias ubicadas en Turbo a Curbaradó
y de 43 familias ubicadas en Chigorodó que regresarán a Pueblo Nuevo.
Programas de Estabilización Socioeconómica
98. Existe la percepción de que los mecanismos para generar e implementar
los proyectos de restablecimiento socioeconómico son muy lentos, lo
que impide hacer visibles resultados concretos en este primer semestre
de 2001. Desde el inicio del proceso de formulación hasta la implementación
puede pasar un periodo, en algunas casos, de más de 5 meses33.
Los proyectos identificados a finales de 2000 o a inicios del 2001 por
parte de las unidades territoriales de la RSS, están en proceso de contratación
pero aún no se ha iniciado su ejecución. Estos proyectos son, en su
mayoría, de naturaleza agropecuaria, incluyendo: proyectos de arroz,
pesca, maíz, ganado y pollos, comerciales, lombricultura, granjas comunitarios,
así como de vivienda.
99. Se destaca la importancia de que las municipalidades, en los Planes
de Ordenamiento Territorial contemplen un monto destinado a la ayuda
a la población desplazada. Un ejemplo son los 4 municipios del Eje Bananero
que presupuestaron $66 millones de pesos para un total de 4 años. Hasta
lo fecha se desconoce el inicio de cualquiera de los proyectos presentados.
100. Mientras que muchos proyectos de estabilización socio-económica
tienden a apoyar el retorno de comunidades en su lugar de origen, existen
muy pocas iniciativas en el ámbito urbano que tienden a lograr la integración
de los grupos de desplazados. Esta situación contrasta con la ausencia
de posibilidades de retorno y reubicación para la inmensa mayoría. La
participación de las municipalidades en la búsqueda de soluciones para
la inserción de los desplazados es particularmente escasa. Los equipos
municipales consideran que habilitar programas de atención al desplazamiento
puede atraer desplazados a su municipio.
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33. El caso de unos proyectos formulados por la Asociación de Desplazados
de Barrancabermeja (ASODESAMUBA), que fueron entregados a la RSS en
diciembre del año pasado y aún están a la espera de una respuesta.
101 Los programas para el retorno, la reubicación o la integración
socio económica no contemplan, en general, proyectos que atiendan las
necesidades específicas de las mujeres. Esta situación es aún más seria,
tomando en cuenta la posición de desventaja de las mujeres por razones
históricas y culturales y las limitaciones que existen para el ejercicio
de sus derechos.
Atención en Salud
102. La atención en salud a la población desplazada por la violencia
tiene importantes carencias34, siendo una de las necesidades
consideradas prioritarias por los desplazados en las encuestas35.
La red de salud ( pública y privada) ha de prestar servicio médico
cuando las situaciones requieren hospitalización y cirugía (niveles
2 y 3). En situaciones menores (nivel 1), los responsables de atender
a la población son los puestos de salud. Amparándose en la confusión
administrativo provocada por los trámites de facturación y en la crisis
generalizada del sector salud. Las instituciones prestadoras de salud
IPS, de hecho, han negado la entrega de medicamentos y restringido la
prestación del servicio a los desplazados. Las quejas de la población
desplazada van en dos sentidos: uno, en los requisitos establecidos
para acceder a la atención (remisiones, registro, etc.); dos, en la
discriminación sufrida por los desplazados en los mismos hospitales.
Se han registrado mejoras en la atención en salud en algunos municipios
del Eje Bananero, Antioquia, Valle y Sucre. La RSS y el Ministerio de
Salud están realizando ajustes o los procedimientos para agilizar lo
atención y el pago de los servicios prestados.
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34. En un diagnóstico sobre la población desplazada realizado por el
Instituto Nacional de Salud, conjuntamente con el Ministerio de Salud
en Cartagena (Barrio Nelson Mandela), se detalla la situación grave
en la que se encuentran estas poblaciones: el 57% de la mortalidad infantil
reportada por la comunidad entre agosto y noviembre de 2000 se podría
haber prevenido. La cobertura de vacunación de los niños desplazados
es 20% menor de la cobertura nacional y departamental. Las condiciones
de salud básica ambiental se consideran pésimas: en el 95% de las viviendas
se encontró presencia de ratones.
35. Diagnóstico OIM, abril 2001, en los 6 Departamentos dónde tiene
presencia. La encuestas señalan que junto con vivienda y empleo, la
salud es una de las prioridades de los desplazados. Sin embargo, el
80% de los hogares reportaron alguna enfermedad en los últimos tres
meses y sólo el 53 % de éstos recibieron atención profesional.
103. La misión médica es blanco frecuente de hostigamientos por parte
de los actores ilegales. fundamentalmente en el área rural. El CICR
mantenía un registro de las violaciones a la misión medica hasta el
año 1999. Aunque actualmente se carece de datos precisos, se reconocen
cómo graves estos actos que afectan al personal de salud, nacional e
internacional, y que limitan la cobertura de salud para la población
desplazada. Especial atención merece el problema del transporte de enfermos,
que continúa sin respuesta en las zonas rurales. Se han podido resolver
casos especiales sólo gracias a la colaboración de ciertas compañías
privadas.
104. En el caso de los mujeres desplazadas los servicios de salud no
son integrales, tienden a concentrarse en la función reproductiva de
las mujeres y desconocen normalmente las necesidades de atención psicosocial
de la población desplazada. Esta atención psicosocial parece especialmente
pertinente en el caso de las mujeres que han sido víctimas de abusos
sexuales o de torturas o tratos inhumanos o degradantes. La falta de
atención en salud para las mujeres se debe, en muchos casos, a que ellas
priorizan a sus hijos o a su esposo para la atención en salud, o en
la compra de medicinas. Parece preocupante el incremento de las enfermedades
de trasmisión sexual, como resultado del hacinamiento de los asentamientos
y el acoso sexual que sufren las jóvenes desplazadas. Estas enfermedades
no reciben normalmente tratamiento adecuado, ni seguimiento médico.
105. En los tres últimos años la OPS/OMS viene desarrollando un programa
de fortalecimiento del sector de salud para responder a emergencias
que sean resultado del conflicto o de desastres naturales. Como resultado
de un esfuerzo compartido con las ONG financiadas por ECHO, el proyecto
ha producido un documento de lineamientos básicos para la atención psicosocial
a poblaciones desplazadas como consecuencia del conflicto armado.
Atención en educación
106. Se registran dificultades en las inscripciones escolares de los
niños y niñas desplazados. El derecho de los desplazados a la educación
gratuita parece ser incumplido en muchas ocasiones36, lo
que lleva a los desplazados a retirar a sus hijos de las escuelas aduciendo
el alto costo de la educación (matriculas, gastos, uniformes, libros
y materiales). Además, se ha podido comprobar que en las grandes ciudades
faltan cupos escalares para los niños y niñas desplazados. Como consecuencia,
las tasas de escolarización de los desplazados son muy bajas.37
A esta situación se añade el hecho de que existen altos índices
de trabajo infantil 38
107. Muchos centros educativos negaron lo inscripción escolar a los
desplazados. desconociendo que por ley los niños y niñas desplazados
están eximidos del pago de matrículas y pensiones. La dificultad se
agudizó en los centros de financiación mixta, una parte pública y otra
de las familias de los escolares, como algunos centros de San Pablo.
En Barrancabermeja. por ejemplo, la Secretaría de Educación se hizo
cargo del pago de algunas de las matrículas de niños desplazados. Para
otros niños, sin embargo, la situación continúa sin solución. Otras
dificultades, como la obligación de vestir uniforme y la estigmatización
de los niños desplazados, continúan siendo frecuentes en las centros
escolares. En el caso de las niñas esta situación es más grave, porque
se suman a las barreras culturales el hecho de que son las niñas las
responsables del cuidado de los hermanos y de la casa cuando salen sus
padres o trabajar.
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36. En Cartagena, según el Ministerio
de Salud, 44% de los niños desplazados entre 5 y 11 años que abandonaron
el colegio, lo hizo por falta de dinero; esta cifra se sube a 51% para
los niños entre 12 y 17 años.
37. En Cali, 70% de los niños desplazados entre 7 y 11 años estudian,
comparado con el 77% de los pobres históricos. Aproximadamente un 51%
de los adolescentes desplazados (12-17 años) estudian, comparado con
el 62% de los sectores más marginales.
38. En Cartagena, el 21 % de los adolescentes trabajan y de ellos el
35% lo hacen por más de 45 horas por semana. El oficio realizado
con mayor frecuencia (50%) es el de vendedor ambulante.
108. El insuficiente nombramiento de maestros por parte de los Municipios
es uno de los principales problemas apuntados por las comunidades desplazadas
y retornados en áreas más aisladas geográficamente. Por su parte, las
municipios anotan que los insuficientes recursos destinadas por las
Secretarías de Educación departamentales y por la Nación a través de
trasferencias a entidades territoriales para esta área son una de las
principales causas de su inadecuada cobertura educativa.
Situación de la tierra
109. La mayoría de la población desplazada es de vocación netamente
agrícola, o la tierra es la base de su sustento y organización, sobre
todo si se considera a las poblaciones indígenas o afrocolombianos.
En razón de la opinión generalizado sobre el escaso impacto en materia
de estabilización socioeconómica de la población desplazada obtenido
en las predios entregados por el INCORA, parece recomendable que este
mecanismo de acceso a la tierra sea revisado a profundidad. Esta revisión
permitiría establecer si las dificultades están asociadas a la escasa
rentabilidad de la producción; o si hay razones asociadas a una sobrevaloración
del precio del predio, o a la carencia de un acompañamiento y asistencia
técnica integral suficientemente efectivos para apoyar la sostenibilidad
de este tipo de soluciones.
110. Un inconveniente adicional es la imposibilidad de garantizar la
seguridad de los hogares desplazados. La consecuencia inmediata en los
casos de reubicación rural, es el abandono de los predios y la pérdida
del esfuerzo financiero y humano. Adicionalmente, no hay suficiente
información sobre los instrumentos jurídicos que permitan agilizar la
solución de las familias que han recibido subsidio y se ven forzadas
a abandonar el predio. Existe la apreciación que en la medida que se
ha agudizado el conflicto y el control territorial por parte de los
actores armados, en algunas regiones donde el INCORA ha adquirido predios,
no es posible la ubicación de la población desplazada con base en una
selección técnica de los aspirantes.
111. En diversos balances institucionales adelantados se ha concluido
que la reubicación rural, además de las limitantes derivadas de las
restricciones de presupuesto y operativas que enfrento INCORA, ha estado
mediada por la resistencia de las autoridades territoriales para permitir
el reasentamiento de población desplazada, pues consideran que su presencia
puede desencadenar conflictos o aumentarla violencia en sus zonas.
112. En cuanto a la protección del territorio de los grupos étnicos,
en la región de Urabá. por ejemplo, en mayo las Comunidades de Paz del
Atrato recibieran sus títulos de propiedad colectiva directamente de
las manos del Presidente Andrés Pastrana. Tomando en cuenta que las
tierras chocoanas son codiciadas por las actores armados ilegales así
como por empresas de explotación maderera, esta situación ha supuesto
no sólo el cumplimiento de la ley cuanto a la propiedad y derechos de
la población afrocolombiana; sino también, un aumento de las garantías
de seguridad y protección de estas comunidades. En el caso de las comunidades
del Cacarica ya tienen sus títulos de propiedad colectiva. En ambos
casos, se ha podido comprobar que no fueran adecuadamente asegurados
los derechos de las mujeres de acceso a la tierra. Una de las características
específicas de estas poblaciones es que normalmente tienen una alta
rotación de las parejas, si el derecho a la explotación de la tierra
colectivo se registra sólo a nombre del varón, la mujer y sus hijos
quedan en una situación de absoluta precariedad con relación a la tierra
cuando se produce el abandono o la separación de la pareja.
8. La respuesta del Sistema de las Naciones Unidas al desplazamiento
113. En términos de la respuesta conjunto o coordinada de las agencias
del GTD se han producido avances, en la medida en que se ha ido construyendo
una visión compartida con relación a la atención geográfica al desplazamiento
y a los grupos de población con especiales necesidades de atención.
En este sentido, destaca el aporte de las agencias del GTD, que en el
marco de sus programas han alimentado este esfuerzo. En particular,
el diagnostico realizado por la OIM en seis ciudades intermedias (Barrancabermeja.
Cali, Cúcuta, Florencia, Puerto Asís y Nariño), y la encuesta desarrollada
por el PMA para caracterizar la situación alimentaria de la población
desplazada. El ACNUR, con el apoyo del GTD, hizo un aporte importante
con relación a la situación de las mujeres desplazadas y principios
rectores del desplazamiento.
114. También existen experiencias en terreno que demuestran que se
están registrando avances en la cooperación multiagencial (Alianza por
Río Viejo, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Mesa
de Apoyo a las Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta
y la Serranía del Perijá). El desafío está en asegurar que la dinámica
de coordinación del GTD en Bogotá tenga una correlación en terreno,
y sobre todo en aquellas áreas en donde se da una confluencia de agencias
del GTD. Se pueden considerar como experiencias que apuntan en esta
dirección misiones conjuntas de algunas agencias ante una situación
de desplazamiento (Visita a Sucre del GTD, ACNUR y OACNUDH, Auto Baudó).
Cobertura geográfica
115. El tipo de presencia de las agencias del GTD en atención al desplazamiento
es relativamente reciente, heterogénea y varía en función del mandato
y la operación que ejecutan en Colombia. Hay agencias que disponen de
oficinas en el terreno como ACNUR, OIM, PMA; y otras que articulan su
presencia a través de equipos como UNICEF y OMS. La OACNUDHC tiene previsto
abrir oficinas en Cali y Medellín en el segundo semestre de 2001.
116. La mayor concentración de proyectos así como una presencia más
visible del SNU se da en las siguientes regiones:
- Región del Magdalena Medio: ACNUR, FNUAP, OACNUDHC, OIM, OPS-OMS
y PNUD.
- Región Sur (Putumayo-Nariño): ACNUR, OACNUDHC; PMA, UNICEF y OlM.
- Región del Eje Bananero (Urabá): ACNUR, OACNUDHC, PMA y UNICEF.
117. En una primera aproximación se puede considerar que existe una
correlación entre la presencia del SNU y los Departamentos priorizados
por el GTD en enero de 2001: Antioquia, Chocó, Bolívar. Santander y
Putumayo. Sin embargo, la cobertura del SNU está localizada en ciertos
municipios, con un enfoque más regional que Departamental. En ese sentido,
existen grandes áreas de Antioquia (p.e. el caso del Oriente Antioqueño),
Chocó, Bolívar y Santander en donde no hay programas del SNU para la
atención al desplazamiento.
118. También hay presencia del SNU en otros Departamentos considerados
de preocupación por el GTD: Sucre, Cesar, Norte de Santander, Valle,
Cauca. De la misma forma, se trata de una presencia localizada en municipios
y en algunas casas de manera no permanente:
- Sucre: PMA
- Norte de Santander: ACNUR, OACNUDHC, OIM
- Valle del Cauca: ACNUR, OIM, OACNUDHC, PNUD y UNFPA
- Caquetá: ACNUR, OIM, UNICEF
119. La atención de las agencias del SNU al desplazamiento en centros
urbanos es aún muy limitada. Por parte de la OIM, se ha iniciado un
programa de atención en Cali, y el PMA tiene una oficina en Cartagena.
Existen también acciones puntuales en algunas capitales. A modo de ejemplo,
el ACNUR en Medellín trabaja con el CISP, o el PMA en Bogotá en acciones
ejecutadas a través de la RSS y el ICBF.
Áreas de la atención
120. Protección: el ACNUR y la OACNUDHC son las agencias con
un mandato strictu sensu de protección. Sin embargo, el modo
de operar la tarea de protección y la base del
mandato varían. Para el ACNUR la protección se entiende en un doble
sentido: por un lado, la promoción del marco legal para la adecuada
protección de los desplazados tomando como base las Principios Rectores
del Desplazamiento y la experiencia acumulada en otros países trabajando
con el Derecho Internacionales de Refugiados. En el caso de la OACNUDHC,
su mandato emana del Acuerdo de Entendimiento firmado con el gobierno
Colombiano y consiste en monitorear la situación de los Derechos Humanos
y el DIH.
121. Prevención: hay dos conceptos que animan las acciones de
prevención. Por un lado, prevención del desplazamiento entendida como
alerta temprana y respuesta rápida a la alerta que se está trabajando
por parte de ACNUR y la OACNUDH. Por el otro, prevención entendida
como el establecimiento de un espacio de desarrollo y de estabilización
socio-económica de las comunidades que permitan evitar-prevenir desplazamientos.
Esta es la perspectiva de OIM, PNUD o el impacto que puedan tener los
proyectos de UNDCP en poblaciones desplazadas-retornadas en las áreas
de ejecución de sus proyectos.
122. Atención Humanitaria de Emergencia (AHE): UNICEF, a través
de la Diócesis de Apartadó y Montelíbano, entrega en concepto de AHE
: Kits de higiene, de salud y educación, alojamientos temporales, asistencia
psicosocial y sicoafectiva.
123. Fortalecimiento institucional: es la tarea en la que confluyen
la mayoría de las agencias del SNU y está orientada a mejorar las capacidades
nacionales y locales para atender a la población desplazada. La entidad
que recibe un mayor apoyo es la RSS a través de proyectos del ACNUR,
el PMA, la OIM y el PNUD. En el caso del Ministerio Público (Defensoría,
Procuraduría y Personería) tanto el ACNUR como la OACNUDHC tienen proyectos.
El PMA y UNICEF trabajan con el ICBF. En el ámbito local, una línea
incipiente e importante de fortalecimiento institucional es el trabajo
de apoyo al establecimiento y funcionamiento de los Comités Territoriales
de Atención a la Población Desplazada, principalmente por parte del
ACNUR y la OIM. El PNUD trabaja con el DNP y Gobiernos locales. Otra
entidad con un apoyo muy relevante del SNU es la Pastoral Social con
la que ejecutan proyectos ACNUR, OIM, PNUD y UNICEF. La OPS-OMS y FNUAP
trabajan a través del Ministerio de Salud y con la Secretarías de Salud.
El trabajo con ONGs aparece en los programas de ACNUR, OACNUDHC, OPS-OMS,
OlM y UNICEF. El ACNUR y OIM trabajan además en el apoyo a organizaciones
de desplazados (Asodesamu ba, Acandey).
124. Estabilización socio-económica: el programa que tiene una
definición más amplia sobre este tema es el de OIM, que arrancará a
lo largo del 2001. Por parte de ACNUR y UNICEF se han desarrollado acciones
puntuales de estabilización socioeconómica. En particular, el PMA ha
puesto en marcha un programa dirigido a la post-emergencia y a la recuperación
socio-económica de los desplazados mediante alimentos por trabajo y
alimentos por capacitación. Otra de las áreas atendidas por el PMA es
la complementación alimentaria para preescolares y escolares.
125. Difusión y promoción de la situación del desplazamiento
a los medios de comunicación nacionales e internacionales se está trabajando
por parte del ACNUR. Además, el ACNUR y la OACNUDHC desarrollan programas
de difusión de derechos humanos y derechos de los desplazados con Fuerza
Pública. Por parte de OPS-OMS se ha abierto una página web informativa
sobre el desplazamiento.
126. Los sistemas de información sobre las dinámicas y tendencias del
desplazamiento son un área en la que trabajan fundamentalmente el ACNUR
con la UTC y con CODHES, y la OlM con el programa RUT. OPS-OMS tienen
también publicaciones periódicas sobre el desplazamiento.
127. En cuanto a la caracterización de la población desplazada existen
varios esfuerzos en marcha. La OIM realizó un diagnóstico sobre población
desplazada y comunidades receptoras en las 6 áreas en dónde se ubican
sus oficinas. El ACNUR está trabajando, conjuntamente con la RSS, en
un proyecto que permita caracterizar con mayor precisión el desplazamiento
indígena cuyos resultados se esperan a finales de 2001. El ACNUR está
también profundizando una caracterización de las mujeres desplazadas
en las tres áreas donde tiene presencia. Próximamente, el FNUAP va a
contribuir con un diagnóstico sobre la situación de la salud reproductiva
de las comunidades desplazadas. El PMA, por su lado, hizo un análisis
de la situación alimentaria de los desplazados, y continúa trabajando
en ampliar la información.
9. Conclusiones para el período enero a junio 2001
-
Como resultado de la intensificación de la confrontación armada,
en el período de enero a Junio de 2001 se registra una tendencia
al incremento en el número de los desplazados y en el número de
los desplazados y en el número de los desplazamientos (entre
40 % y 60% más que en el primer semestre de 2000, según datos de
la RSS). Esta tendencia confirma y amplia la situación reportado
en el 2000. Como consecuencia, las cifras de los desplazados en
necesidad de asistencia continúa aumentando por acumulación y se
produce un agravamiento de la crisis humanitaria.
-
Ante la degradación del conflicto armado interno, uno de los
ángulos más complejos de la “crisis humanitaria” es la situación
de protección de los derechos de los desplazados y la prevención
contra los desplazamientos. La acción humanitaria, y la presencia
del Estado, las ONGs y las entidades internacionales en las áreas
de particular impacto del desplazamiento lleva consigo un componente
de protección. Sin embargo, esta presencia no llega a dar respuestas
a la situación existente.
-
La expansión territorial del desplazamiento es también una característica
del período. Si bien es cierto que los Departamentos que el
GTD estimó en enero de 2001 como de mayor impacto del desplazamiento
(Antioquia, Chocó, Bolívar, Santander y Putumayo) continúan siendo
principales receptores y expulsores; entre enero y junio de 2001
se añaden los Departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Magdalena.
-
El impacto cada vez mayor del desplazamiento en los centros
urbanos, tanto en grandes ciudades (Barranquilla, Bogotá, Cali,
Cartagena y Medellín) como en ciudades intermedias (Bucaramanga,
Sincelejo, Valledupar, Barrancabermeja, etc). Además, también se
está -registrando el fenómeno del desplazamiento intra urbano,
como consecuencia de amenazas y hostigamientos de actores armados
(milicias) en los barrios marginales de grandes ciudades. Dos casos
emblemáticos de este fenómeno son Barrancabermeja y Medellín.
-
Uno de los temas que resultan de mayor preocupación en este
período es el desproporcionado impacto del desplazamiento en las
minorías étnicas: afro colombianas e indígenas, que pueden representar
hasta el 38% del total de la población desplazada, siendo sólo el
11% de la población colombiana. En el caso de la población indígena,
el desplazamiento supone también una violación de sus derechos colectivos
(la cultura, la autonomía y el territorio).
-
En el primer semestre existe un avance importante en la política
estatal de atención al desplazamiento, en cuatro niveles: 1)
desarrollo de un sistema de información: 2) homogeneización del
Registro Unico: 3) esfuerzos de descentralización de la acción:
4) desarrollo del marco normativo en aplicación de la Ley 387 (salud,
vivienda, educación y tierras). Sin embargo, la magnitud del
desafío del desplazamiento, la lentitud de los procesos de gestión
y la escasez de recursos diluye el impacto de la actuación estatal.
-
El SNU ha avanzado en la definición compartida de los desafíos
y las estrategias de atención al desplazamiento en el período,
básicamente en el marca del trabajo del GTD, así como de las acciones
de las agencias en cumplimiento de sus mandatos. Sin embargo, los
recursos en ejecución a través de programas y proyectos, la cobertura
territorial, y el personal en el terreno son todavía muy escasos
con relación a la magnitud del desafío del desplazamiento.
-
Con excepción de algunas experiencias en marcha o incipientes,
en términos generales la respuesta nacional e internacional al desplazamiento
no se ejecuta de manera diferenciada, como establecen los Principios
Rectores del Desplazamiento. Es decir. tomando en cuenta las especiales
necesidades de asistencia y protección de determinados grupos: mujeres,
adolescentes, niños y minorías étnicas. En general, no existen datos
confiables sobre la situación de las mujeres, de los adolescentes,
y de las minorías.
-
En términos de la AHE se han realizado avances en la atención
a los desplazados, no sólo en números de familias atendidas, sino
también en cuanto a cobertura geográfica. En este sentido es
preciso señalar que la atención ha estado más dirigida a los desplazamientos
masivos, que a los individuales, que continúan siendo relativamente
invisibles. Además seria necesario considerar de manera más sistemática
otros componentes de la AHE además de la ayuda alimentaria, como
el techo mínimo, la atención en salud, o la educación de emergencia,
Como se ha señalado en algunos estudios la definición de emergencia
en términos temporales (3 a 6 meses máximo) no responde a las situaciones
que se presentan en la realidad. Uno de los temas de preocupación
es que no se produzca un empalme entre la atención de la emergencia
y la estabilización socioeconómica, dejando un importante vacío
en la atención de la población desplazada. Por otro lado, el papel
de los Municipios en la programación y ejecución de la AHE es aún
marginal.
-
El retorno, reubicación e integración socio-económica (estabilización
socio-económica) de los desplazados continua siendo un gran reto
para el Estado colombiano y para la comunidad Internacional.
Los programas habilitados para la estabilización socio-económica
son muy marginales con relación a las necesidades de la población
desplazada. Por otro lado, los desafíos que presenta la estabilización
socioeconómica en las regiones urbanas y en las rurales son de distinta
naturaleza. Además, este tipo de intervenciones exige estrategias
territoriales de desarrollo local con la plena participación de
las comunidades receptoras.
10. Retos y desafíos pendientes
En el ámbito nacional
-
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Atención Integral a
la Población Desplazada. Se ha de continuar promoviendo el papel
coordinador y dinamizador de la RSS, y la ampliación de los programas
de atención a los desplazados que sean responsabilidad de las entidades
que participan del Sistema. Se presentan, por tanto, al menos tres
desafíos: 1) asegurar la aplicación de la Ley 387 y de su reglamentación
(vivienda, tierras, salud, educación): 2) asegurar que los mecanismos
administrativos de la respuesta se ajusten a la situación frecuente
de emergencia en la que viven los desplazados: 3) aumentar las asignaciones
presupuestarias para los programas de atención a la población desplazada.
Particularmente, aquellos programas de tierras, vivienda, generación
de empleo e ingresos y educación.
-
Las medidas de prevención y protección de los derechos de la
población desplazada han de ser consideradas con carácter prioritario.
En particular, se propone:
- Plantear la situación de crisis humanitaria del desplazamiento
en la agenda política nacional.
- Promover el Acuerda Global de Derecho Humanitaria y de Derechos
Humanos.
- Como demanda recurrente de las comunidades más afectadas, promover
la presencia de actores civiles del Estada (Defensoría del Pueblo,
Casa de Justicia) en áreas de impacto del desplazamiento, con
especial atención a las áreas de asentamientos de poblaciones
indígenas y afro colombianas. Para esto es preciso el concurso
de la cooperación internacional para complementar los recursos
nacionales y asegurar una presencia significativa.
- Poner en marcha Sistemas de alerta temprana y de reacción rápida
frente al desplazamiento, incluyendo la mejora de las comunicaciones
con las áreas más afectadas.
- Asegurar la acción de las organizaciones humanitarias y mejorar
las condiciones de protección de las poblaciones en riesgo o en
situación de desplazamiento (defensa y promoción de los espacios
humanitarios).
- Agilizar y unificar el Registro Unico, en los aspectos que
se refieren a la declaración, la valoración y la confidencialidad
de la información.
- Ampliar la campaña de documentación y registro de la población
desplazada. con particular énfasis en las mujeres, adolescentes
y minorías étnicas.
- Promover iniciativas legislativas que mejoren las condiciones
de protección de las mujeres desplazadas.
- Promover medidas de protección de las tierras y bienes de la
población desplazada.
- Ampliar la presencia de las organizaciones internacionales
de acompañamiento y cooperación en áreas de impacto del desplazamiento.
-
Especial atención merece los programas de retorno, reubicación
e inserción. Además de agilizar los procedimientos de aprobación
y ejecución de estos programas, es preciso contar con los recursos
presupuestarias que requieren. Se hace también necesaria cubrir
la brecha que existe en la atención entre lo AHE y la estabilización
socioeconómica. La voluntariedad, seguridad y dignidad ha de ser
siempre garantizada en estas procesos.
En el ámbito local
-
El fortalecimiento y dinamización de los Comités Departamentales,
Distritales y Municipales de Atención a la población Desplazada.
La voluntad política de las autoridades locales es clave para el
adecuado funcionamiento de las Comités, lo que supone la activa
participación de las autoridades locales en los Comités (Gobernadores,
Alcaldes). La calidad de la respuesta al desplazamiento en el ámbito
local pasa por: 1) la asignación de recursos presupuestarios (la
creación de un fondo municipal de atención a la población desplazada)
incorporando los programas de las entidades del nivel estatal con
presencia en las regiones; 2) el adecuado acompañamiento técnico
y seguimiento, tanto para el diseño y puesta en marcha de los Planes
de Contingencia; como para el diseño y puesta en marcha de los Planes
de Atención a la Población Desplazada por la violencia; 3) promover
la función preventiva de los Comités; y 4) asegurar la participación
representativa de la población desplazada y de las autoridades locales.
-
El diseño y puesta en marcha de programas de atención especialmente
dirigidos a atender la problemática de los desplazados asentados
en las grandes ciudades. Estos programas han de formar parte
de los planes de desarrollo municipal. contar con asignaciones presupuestarias
y han de sumar iniciativas del sector público y del sector privado.
También es preciso prestar atención al fenómeno del desplazamiento
en ciudades intermedias. En ambos casos se requiere mayor inversión
en infraestructura y en servicios sociales.
-
Algunos desafíos adicionales para la atención al desplazamiento
en el ámbito local son:
- Establecer o mejorar el sistema de Unidades de Orientación
y Atención a la Población Desplazada (UAO). En este marco, se
puede también plantear la existencia de centros de atención temporal
al desplazamiento, que permitan una eficiente distribución de
la AHE.
- La atención en salud, sobre todo, en las zonas rurales con
más presión de las actores armados.
- Garantizar cupos y docentes para asegurar el derecho a la educación
de las niños y niñas desplazados.
- Mayor agilidad en la aprobación y puesta en marcha de los proyectos
productivos.
En cuanto a los grupos con especiales necesidades de protección
-
Se ha de atender con urgencia, y carácter excepcional, el impacto
que el desplazamiento está causando en la población indígena.
Ante sus especiales necesidades de protección y atención, se requiere
tomar acciones específicamente diseñadas para atender su problemática.
Estas acciones han de ser tomadas tanta a escala nacional, coma
local.
-
Las poblaciones afrocolombianas requieren también una estrategia
especial de protección y búsqueda de soluciones, que se adecue
a sus necesidades especiales.
-
El diseño y ejecución de los programas de asistencia humanitaria
de emergencia y de estabilización socioeconómica han de contener
criterios de atención diferencial, que aseguren el acceso en
equidad a la asistencia de las diferentes grupos de desplazados
(mujeres, niños-as, pueblos indígenas, comunidades afrocalombianos)
En este sentido se propone:
- La AHE ha de adaptarse a las regiones y al tamaño de las familias.
- Los tres meses-seis meses de la AHE alimentaria, ha de ser
revisado en atención a las situaciones que se presentan, más allá
de los supuestas establecidos en el Decreto 2569.
- La ampliación del concepto de AHE para incorporar salud de
emergencia, educación de emergencia y vivienda de emergencia.
- Los programas de vivienda, crédito y generación de empleo deben
ajustarse a las regiones y también establecer esquemas de acceso
especiales para las mujeres.
-
Mejorar la caracterización y el diagnóstico de necesidades de
las mujeres, adolescentes, niños y niñas desplazadas para poder
adaptar la oferta institucional a sus necesidades especiales.
Se propone en particular:
- Promover diagnósticos y estrategias locales de atención.
- Asegurar la participación activa de las mujeres en los espacios
de participación y toma de decisiones (asociaciones de desplazados,
Comités de atención a la población desplazada).
- Diseñar criterios de atención diferencial en los programas
de atención) y diseñar programas especiales para las mujeres,
la niñez y los adolescentes.
-
Visibilizar y atender las necesidades especiales de la niñez
y de los adolescentes desplazados. Posiblemente el grupo más
grande entre los desplazadas, es el grupo más desconocido y menos
atendido.
-
En virtud del impacto en fronteras del desplazamiento es preciso
mantener el monitoreo de las fronteras. También es de crucial
importancia impulsar los Mecanismos Tripartitos (Gobierno de Colombia,
país fronterizo, ACNUR), así como trabajar en los países fronterizos
por el derecho de asilo. Esto se debe abordar en estrecha coordinación
entre las organizaciones internacionales y las ONG que están trabajando
en esta dimensión.
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