Salud y Desplazamiento (English)

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ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS PROYECTOS DE ASISTENCIA HUMANITARIA DE EMERGENCIA PARA PERSONAS INTERNAMENTE DESPLAZADAS. Corporación Avre, CHF

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4.  MARCO LEGAL

Laura S. Carreño S.

Como resultado del arduo trabajo de organizaciones nacionales e internacionales para visibilizar el fenómeno del desplazamiento forzado y hacer efectiva la atención integral a la población desplazada por la violencia (AIPDV), el Estado Colombiano incorporó este grupo poblacional como uno de los prioritarios en materia de políticas públicas, proceso que inicia con la publicación de un primer documento CONPES [49] en el año de 1995. 

A partir de este CONPES se vienen derivando abundantes e importantes desarrollos normativos[50], en los cuales se han delimitado unas fases para la atención a la población desplazada (PD), siendo la prevención, la atención humanitaria de emergencia (AHE),   la consolidación y estabilización socioeconómica y la protección como eje transversal, los aspectos a abordar para la superación de la condición de desplazado. 

Con estas disposiciones legales y administrativas, se puede afirmar que actualmente el Estado cuenta con un completo dispositivo en todos sus estamentos destinado a regular, organizar, operativizar y financiar la respuesta al desplazamiento interno.

Se encuentran también, disposiciones a nivel internacional que son transversales al tema del desplazamiento interno forzado de poblaciones, o que abordan específicamente esta problemática. Así mismo, se vienen desarrollando iniciativas y propuestas de ONG nacionales e internacionales frente al tema.  Para el presente estudio se mencionaran y serán de gran importancia las disposiciones relacionadas a la AHE y específicamente en lo que concierne a la atención psicosocial y en salud mental.

4.1 Disposiciones Nacionales.

 

Ley 387 de 1997 .   La rama legislativa nacional expide esta ley por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, protección consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia.  

En lo que se refiere a la AHE [51], sostiene que esta tiene la finalidad de socorrer, asistir y proteger a la PD y atender sus necesidades   de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas... y que mientras persista la situación de emergencia se auspiciara la creación de equipos interinstitucionales conformados por entidades estatales y gubernamentales del orden nacional, departamental y municipal, para la protección del desplazados y sus bienes patrimoniales [52].

En la Sección 8, la ley hace referencia a las instituciones del Estado comprometidas en la atención integral a la PD, planteando funciones que deben asumir de acuerdo a su naturaleza.

La Ley 387 de 1997, ha sido parcialmente reglamentada mediante el decreto reglamentario 2569 de 2000.   Por este decreto, se atribuye a la Red de Solidaridad Social (RSS) como la entidad coordinadora de Sistema Nacional de Información y de atención integral a la PDV;se crea el registro único de PD [53], en el cual se efectúa la inscripción de la declaración [54] de la condición de desplazado.  El decreto contiene además, las características de la Red nacional de información para la AIPDV, sobre la AHE y sus características y de las funciones de los comités en materia de prevención y atención integral.

En lo concerniente a la AHE, sus artículos del 17 al 24, contienen orientaciones referentes a la inscripción, el tiempo que esta atención dura, las condiciones por las cuales se prorrogaría,  los montos de la atención y las reglas para el manejo de la AHE.

Decreto 173 de 1998 .   Comprende la adopción del Plan Nacional para la AIPDV después de que este ha sido aprobado por el Consejo Nacional para la AIPDV.  Forman parte del plan los Protocolos de AIPDV.  El propósito fundamental del plan es articular la acción gubernamental del orden nacional y territorial en materia de prevención, AHE y consolidación y estabilización socioeconómica en retorno o reubicación y determina las entidades responsables en las diferentes estrategias de intervención.  En cuanto a la AHE hace alusión a lo mencionado en la Ley 387, teniendo en cuenta la participación de las mujeres, el trato particular para población infantil, mujeres gestantes y lactantes, jóvenes y ancianos, y donde los niveles nacional, regional y local tendrán la responsabilidad de atender a la PD. 

4.2 Referentes a la atención en Salud.

 

En cuanto a las políticas existentes en el sector salud, el Ministerio de Salud viene implementando la política nacional, estrategias y acciones tendientes a cubrir la oferta en salud para población desplazada, teniendo como base los acuerdos que han sido elaborados por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud CNSSS[55].   Los relacionados a la atención en salud, en lo referente a la atención psicosocial y en salud mental, son los siguientes:

Acuerdo 59 de 1997.   En él se declara como evento catastrófico el desplazamiento masivo de la población por causa de la violencia y adopta el derecho a recibir servicios de salud oportunos.  En ese mismo año, surge el Acuerdo 85 de 1997, estableciendo una adición al acuerdo 59, que contempla que se atiendan las necesidades en salud derivadas del desplazamiento como las medioambientales, nutricionales y psicosociales.

Acuerdo 185 de 2000. Por el cual se define que la reclamación por los servicios de salud prestados a la población en condiciones de desplazamiento, se hará en forma directa al Fondo de Solidaridad y Garantía.

Además, existen documentos orientadores, elaborados por la OPS y el Ministerio de Salud respecto al tema:

 

Documentos “Salud un enlace de paz” [56], desarrollan diferentes aspectos como: la situación del desplazamiento, las políticas nacionales y del sector salud en este tema, las formas, agentes, tipos y experiencias de respuesta humanitaria nacional e internacional en salud, los resultados de la intervención del sector salud frente al desplazamiento en 1998, la propuesta y su respectiva experiencia en el abordaje de las políticas en el proceso de paz que se adelanta en el país. Estos documentos desarrollan unas recomendaciones para cada uno de los aspectos de intervención en salud.

Lineamientos de atención psicosocial para la PDV, el cual “pretende plantear las líneas de acción teórico – prácticas que orienten el plan y las acciones de intervención psicosocial en las comunidades en situación de desplazamiento” [57].  

Hace referencia a la intervención psicosocial desde 2 enfoques:

  • Un enfoque de salud mental desde una visión holística del ser humano, donde se tiene en cuenta la integralidad de la vida de la persona, es decir sus niveles individual, familiar y comunitario.  Las acciones buscan permitir la complementariedad de la intervención psicológica y el restablecimiento del tejido social.

  • Otro enfoque es el de salud pública, el cual se caracteriza por focalizar la población, priorizar los problemas e intervenciones, generar actividades de promoción de la salud incluyendo la participación de la comunidad, identificar factores de riesgo psicosocial e implementar estrategias de prevención e intervención que respondan a la realidad de la comunidad.

    En ultimas, lo que revelan estos dos enfoques orientadores de la intervención psicosocial, es que esta se enfatice hacia la prevención más que en la asistencia, donde se desarrollen acciones para el control de factores de riesgo a los que las familias se exponen, donde la participación de la comunidad es fundamental, en la identificación de problemas, necesidades y soluciones, así como también la formación y dinamización de redes es indispensable para el empoderamiento de la comunidad.  El documento también presenta la Política de Salud para la PD, donde uno de sus objetivos busca estructurar la atención psicosocial como un componente del Plan Nacional para la Atención en Salud a la PD, de manera conjunta con las demás entidades que conforman el Sistema Nacional para la Atención de la PDV.   Sugiere unas acciones tendientes a brindar la atención psicosocial [58], la forma de presentar proyectos y quienes pueden hacerlo.

     

    Cartilla básica para la atención en salud de la PD en condiciones de desplazamiento : pretende ser una guía para los alcaldes y otras autoridades territoriales frente a la procura de soluciones acertadas durante el tiempo de permanencia de la PD en su localidad.  En ella se anota lo referente a la atención psicosocial y en salud mental, manifestando qué se debe tener en cuenta y cómo se debe propiciar la salud mental[59].   En esta cartilla también se aclara que la atención psicosocial, se desarrollara por medio de proyectos que presenten diferentes instancias estatales y no gubernamentales, mientras que la atención en salud ya sea general o especializada, será facturada al Fosyga, como también lo menciona el acuerdo 185 de 2000.

     

    4.3 Circulares emitidas por entidades gubernamentales relacionadas a servicios de salud para PD.

    El Defensor Delegado para la Salud y Seguridad Social, emite una circular en octubre de 2001, para todos los defensores regionales y seccionales, referida a la atención de urgencias para la PD, con el fin de que se sancione a las personas o instituciones que no cumplan con dicha atención [60].

    La Red de Solidaridad Social y el Ministerio de Salud, elaboran una circular conjunta referida a la instrucción para la atención en salud a la PD y los procedimientos para el cobro de la atención.  Esta circular está dirigida para coordinadores de unidades territoriales de la RSS, direcciones seccionales, distritales y municipales de salud e instituciones prestadoras de servicios de salud.  Fue emitida el 17 de agosto de 2001 [61].

                4.4 Sentencias emitidas por la Corte Constitucional

    Frente a varias situaciones que vienen presentándose y obstaculizando una respuesta real por parte del Estado al desplazamiento forzado, la Corte Constitucional se pronunció[62] sobre el tema calificándolo de catástrofe humanitaria, precisando las responsabilidades del Estado, considerando los Principios Rectores parte del cuerpo normativo, entre otros aspectos. 

    Estos puntos relevantes, “buscan llenar los vacíos de la política gubernamental y pautar el comportamiento del gobierno en la perspectiva de atender los retos de la crisis social y humanitaria generada por el desplazamiento y de esta manera garantizar la vigencia de los derechos fundamentales de las víctimas” [63].

    4.5 Iniciativas y propuestas de ONG nacionales e internacionales

    Durante el año 2001, la OPS/OMS y ECHO convocaron a un grupo de trabajo con la participación de ONG financiadas por ECHO y la Corporación Avre como invitada especial en representación de Oxfam GB Colombia, en unos mínimos que orienten la atención psicosocial a poblaciones desplazadas como consecuencia del conflicto en Colombia, teniendo como objetivos conceptualizar y definir alcances de la atención psicosocial, caracterizar el problema e identificar estrategias de intervención de acuerdo a necesidades, definir modalidades de coordinación entre diferentes entidades, instituciones y organizaciones [64].

    Este documento nombrado, puede verse como un importante soporte que orienta el trabajo de las organizaciones frente al tema del desplazamiento forzado y su atención a nivel psicosocial, que unifique criterios manejados por las instituciones y posibilite el fortalecimiento del trabajo.

    Es significativo, el trabajo que han venido realizando en Colombia,  frente a la atención en salud y en lo que se refiere al componente de atención psicosocial, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunando esfuerzos con otras instituciones responsables, como Ministerio de Salud y con otras organizaciones claves, para posicionar esta atención como un aspecto primordial y transversal para la respuesta oportuna frente a las necesidades de la PD.

    4.6 Disposiciones a nivel Internacional

    En el orden internacional se hace fundamental tener como orientadores los siguientes documentos:

     

    Principios rectores de los desplazamientos internos: Este documento elaborado por el Representante del Secretario General de las naciones unidas para los Desplazados Internos, Sr. Francis Deng, expone los derechos que las personas desplazadas internamente tienen y las obligaciones del gobierno, actores no estatales y organizaciones internacionales hacia estas poblaciones, para su atención integral y oportuna [65].   Se consideran un instrumento fundamental para el empoderamiento y exigibilidad de derechos por parte de las comunidades y de la PD, buscando el que sean incorporados en la legislación nacional de diferentes países.  Referente a la atención humanitaria se retomaran los principios 3, 19 y del 24 al 27.

    Proyecto de la Esfera: surge a partir de la iniciativa de un grupo de organismos humanitarios[66], que tienen como objetivo mejorar la calidad de la asistencia que se presta a las personas afectadas por desastres y conflictos.  La Carta Humanitaria, manual elaborado por quienes integran el Proyecto de la Esfera, constituye un reconocimiento del derecho básico a la asistencia de las personas afectadas por calamidades y conflictos.   Reafirma la importancia fundamental de tres principios clave: •el derecho a vivir con dignidad •la distinción entre combatientes y no combatientes •el principio de no devolución” [67].  

    El Proyecto de la Esfera, desarrolla normas referentes a los servicios de salud, de la capacidad local y del personal para lograr una acertada atención, aspectos que se tendrán en cuenta dentro de la investigación.

    Al enunciar las diferentes disposiciones que existen, podría decirse que hay una amplia e inacabada normatividad nacional, así como directrices  internacionales de gran relevancia que deben ser reconocidas y puestas en desarrollo por los diferentes actores gubernamentales comprometidos.

    Dichas disposiciones se traducen en referentes para el trabajo de las ONG nacionales e internacionales y, donde la comunidad desplazada y la comunidad en general, deben apropiarlas como instrumentos para garantizar la vigencia de sus derechos fundamentales.

    Como aspecto a resaltar en estas disposiciones, puede anotarse el reconocimiento y la importancia explícita que dan a la atención psicosocial, buscando sobrepasar las respuestas asistenciales, hacia unas que contemplen y desarrollen eficazmente la prevención como eje promotor de las acciones.

    Podríamos señalar que al tener en cuenta las diferentes disposiciones, anteriormente enunciadas, el resultado sería un arduo pero fructífero trabajo, en pro de las personas desplazadas, del fomento y fortalecimiento de nuevas relaciones y redes sociales, de la satisfacción de sus necesidades, de la superación de su condición, es decir, un trabajo que aporte a la defensa, el respeto y promoción de los DDHH.

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