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EL PROCESO DE REUBICACIÓN DE POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA EN PREDIOS RURALES DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA

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Montería - Colombia,   2002

PRESENTACIÓN

Córdoba es uno de los departamentos con más experiencias en reubicaciones de población desplazada.  Desde 1997 cuando empezó el proceso hasta finales del 2001 el  Incora ha adquirido seis predios en los municipios de Montería, Valencia y Montelíbano con un área de 3.482 hectáreas para 357 familias.   Y nos cuentan que están en proceso de adquisición de otros seis predios en los municipios de Tierralta, Puerto Libertador y Montelíbano con un área de 2.000 hectáreas para 128 familias.  

Este hecho nos llamó la atención en la Fundación del Sinú y empezamos a recopilar información.   Después presentamos la inquietud al Centro de Estudios Sociales y Políticos de la Corporación Universitaria del Sinú que en ese momento dirigía y con la ayuda de la profesora Fidelina Ballesta el trabajo tomó más interés y celeridad.

Yo contaba con cierta experiencia e información primaria producto de mis trabajos, así que decidí ampliarlas y valorarlas con entrevistas a compañeros y compañeras de las organizaciones de servicio social que han orientado estos procesos, en especial Taller Prodesal y Corporación María Cano; visité los predios ocupados, ya lo había hecho en otras ocasiones con intenciones diferentes; conté a todo momento con el respaldo logístico, informaciones y análisis de las funcionarias del Incora Córdoba, Gloria Amparo Burgos y Alba Anaya; conversé en muchas ocasiones con adjudicatarios de estos predios, líderes y de base y por fortuna la oficina de Mujer Rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo habían recogido en varios documentos la experiencia de asesoría, gestión, acompañamiento y seguimiento adelantada en estos predios, gracias a la preocupación de Susana Farfán.

Mis reconocimientos y agradecimientos no terminan sin mencionar a José Galeano por la cooperación prestada y el acompañamiento a estos lugares, lo mismo que a Elia González de la Fundación Revivir.

Pero este trabajo no está restringido sólo a los predios de reubicación, consideré provechoso recordar y dar a conocer datos sobre la historia de la ciudad de Montería y su condición de población receptora de desplazados por la violencia y otras causas, la situación del municipio y los corregimientos donde están localizados los predios y los antecedentes de estos lugares y poblaciones.

Ahora tengo claro que la reubicación es un proceso complejo, largo y costoso que exige el concurso de muchos en los diferentes momentos.   Y aquí, en este material, están recogidas experiencias, conceptos y recomendaciones que, de tenerse en cuenta, mejorarían los procesos en marcha y los venideros.

Si las instituciones oficiales, las organizaciones de servicio social locales, nacionales e internacionales, las universidades, los gremios y comunidades involucradas y los desplazados por la violencia las tienen en cuenta en sus acciones, el propósito de este material se habrá cumplido.

Víctor Negrete Barrera

Montería, 8 de noviembre de 2001

REFLEXIONES SOBRE EL PROCESO DE REUBICACIÓN

DE POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA

EN PREDIOS RURALES DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

Capitulo 1

LOS ESCENARIOS DE VIDA Y TRABAJO

1. Breve historia de la ciudad de Montería

1759.   Puede considerarse el año en que comenzó a gestarse el proceso de fundación o construcción del poblado que hoy es Montería.  Un grupo de indios que habitaba un sitio llamado Barro Colorado, arriba de la quebrada de Jaraguay, propusieron a las autoridades coloniales fundar un pueblo, el cual nunca fue autorizado ni establecido.  Trece años más tarde este mismo grupo de indígenas volvió a proponer al gobernador de Cartagena la fundación de otra población diferente, localizada en el sitio de las “monterías que llaman de Buenavista”.  Este lugar estaba ubicado al sur de San Antonio de Cereté, población fundada en 1721 por los jesuitas.

1772.   El indio Sebastián Alequenete, cacique o capitán de Juanchí y Jaraguay, aguas arriba del río Sinú, más adelante de Cereté “ofrece al gobernador de Cartagena de Indias, don Juan de Torrezar Díaz Pimienta, fundar un pueblo con otros de sus parciales en el paraje de las monterías que llaman de Buenavista”.

Por orden del gobernador Díaz Pimienta estudiaron cuidadosamente la solicitud del cacique Sebastián Alequenete, al mismo tiempo que descubrieron la anterior petición del cacique Ventura Molleda fechada en 1759, a la cual se incorporó una hoja que dice: “los indios de este cuadernito como parece, intentaban fundar en el sitio Barro Colorado, son desde luego los mismos que ahora comanda Sebastián Alequenete y aunque nunca tuvo efecto la población que propusieron no puede culpárseles pues según manifiestan no llegaron a librarse los despachos”.

Finalmente, ante las solicitudes de los indígenas el gobernador de Cartagena Juan Torrezar Díaz Pimienta, comisionó al oficial Antonio de la Torre y Miranda para que se trasladara al lugar donde debería fundar el pueblo.

El congregador Antonio de la Torre y Miranda con su grupo llegó al sitio donde estaba edificado el rancherío de “las monterías que llaman de Buenavista” al finalizar el mes de abril de 1777.  Se percató de que los vecinos habían construido sus viviendas sobre pequeños montículos que sobresalían en un terreno anegadizo y malsano “sufriendo sus habitantes un torbellino de picadas y otras plagas tan perjudiciales como molestas; sin tener otra ocupación en todo el día que la de ahuyentar aquellos insectos”.

En efecto, de la Torre dispuso el 1° de mayo de 1777 trasladar la capilla de las monterías a un lugar muy seco resguardado de posibles inundaciones y que por consiguiente ofreciera superiores condiciones para la salud de sus moradores.   El congregador escribió: “En la banda izquierda fundé el sitio de San Jerónimo de Buenavista trasladando a él las imágenes, campanas y alhajas de la iglesia de la Montería que estaba fundada en terreno anegadizo y a dos leguas de distancia internada en las ciénagas, le delinié el día 1° de mayo de 1777.  Ese día trazó las calles de la nueva población y repartió solares a 170 familias integradas por un total de 884 personas.

En 1783 San Jerónimo de Buenavista fue elevada a parroquia con derecho a cura.   Ese mismo año esta población sufrió un violento ataque por parte de los indios del Darién, reforzados por los del Sinú.  El asalto estuvo capitaneado por el zambo Manuel, quien se había radicado en el pueblo, por lo cual conocía bien sus lugares.  Los indios bajaron a lo largo del río Naín y se ocultaron en las estribaciones de la Sierra Chiquita.  Cuando alcanzaron la iglesia se apoderaron de los vasos sagrados, de las joyas, así como de la imagen de San Jerónimo, la cual posteriormente arrojaron en el remolino de Los Botijos.   Luego procedieron a quemar la iglesia y las casas de la población.  Los habitantes no tuvieron otro recurso de defensa sino el de ocultarse en los bosques cercanos, hasta cuando llegaron auxilios del Regidor Real de San José de Gaita, don Pedro de Toro[1].  

1807.   Montería fue elevada a la categoría de Villa.

1821.   El congreso de Cúcuta reformó la división territorial y dispuso que la república tuviera siete departamentos: Orinoco, Venezuela, Zulia, Boyacá, Cundinamarca, Cauca y Magdalena.   Montería perteneció al departamento de Magdalena.

1824.   El Congreso arregló de nuevo la división territorial y estableció doce departamentos: Orinoco, Venezuela, Apure, Zulia, Boyacá, Cundinamarca, Cauca, Magdalena, Guayaquil, Ecuador, Assuán e istmo.  Montería continuó siendo jurisdicción de Magdalena.  Así mismo, la ley 23 de junio de 1824 estableció la división de los departamentos en provincias y éstas en cantones.  Montería quedó bajo el dominio político administrativo de la provincia de Cartagena y el cantón del Sinú con Lorica de capital.

1840.   Fue elevada a cabecera de distrito, dependiente de la gobernación de Lorica en el Estado de Bolívar.

1851.   Ciénaga de Oro fue eregida cabeza del cantón 11, integrado por Chimá, San Carlos, Montería, Cereté y San Pelayo.

1857.   La provincia de Cartagena, por ley del 15 de junio de 1857, fue elevada a la categoría de Estado federal con el nombre de Estado Soberano de Bolívar.  Dividió el territorio en cinco departamentos: Cartagena, Corozal, Mompox, Sabanilla y Sinú.  El artículo sexto estableció los distritos del departamento del Sinú así: Ciénaga de Oro, Chimá, Cereté, Lorica, Montería, Momil, Palmito, San Antero, San Carlos y San Pelayo.   A instancias, Lorica fue declarada la capital del departamento.

En el año 1860, por ley de 27 de enero, el Estado soberano de Bolívar fue dividido en provincias.  El distrito de Montería perteneció a la provincia de Lorica.

1862.   El gobierno del presidente Juan José Nieto, por ley del 26 de diciembre de 1862, aumentó la división del territorio en doce provincias, entre ellas, la provincia de Nieto con capital Ciénaga de Oro abarcaba Cereté, Chimá, San Carlos, San Pelayo y Montería; lo que indica a las claras que la parroquia de Montería fue administrada por Ciénaga de Oro.

1865.   La provincia de Nieto pasó a ser parte de la de Lorica.

En 1883, el Senado y la Cámara del Estado de la Nueva Granada por solicitud de la provincia de Cartagena dividió el territorio en nueve cantones: Cartagena, Barranquilla, Soledad, Sabana Larga, Mahates, Corozal, Chinú, Lorica y Vieja Providencia.  Montería perteneció al cantón ocho.[2]

1923.   Montería fue elevada a la categoría de municipio en virtud de la ordenanza 42 del 27 de abril de la Asamblea de Bolívar.  Quedó fijada la jurisdicción del municipio de Montería.

A finales de 1948, el senador Remberto Burgos Puche, oriundo de Ciénaga de Oro, presentó al Congreso Nacional el proyecto para crear el departamento de Córdoba.  Por medio de la ley 9 del 18 de diciembre de 1951 y el decreto reglamentario 1392 de 1952 fue creado el departamento de Córdoba con capital Montería.

Remberto Burgos en su libro Creación y Organización de Córdoba escribió lo siguiente: “creíamos que debía llamarse departamento del Sinú en homenaje a los Zenúes, antiguas tribus del San Jorge y del Sinú.  En subsidio de este nombre nos inclinábamos por el de “Entrerríos” porque la mayor parte de su territorio estaría entre esos ríos.  El representante Miguel de la Espriella sugirió que era preferible el nombre de uno de los próceres de nuestra independencia y se mencionó a Córdoba... quedó convenido que la nueva sección se llamaría departamento de Córdoba...” 

2. Situación actual del municipio de Montería [3]

El municipio de Montería tiene una extensión de 3.117.85 kilómetros cuadrados y una población calculada para el año 2001 de 302.219 habitantes en la cabecera y 75.436 en el área rural.

El municipio lo componen la ciudad de Montería, que es la cabecera y 27 corregimientos en el área rural, distribuidos en 9 zonas.

Población y extensión de los corregimientos

 

Corregimientos del Municipio de Montería

ZONA CORREGIMIENTO Área(has) Población Área (has) ZONA Población No. Predios

1

MORINDO

1.858

         1,781

41.544

12,142

1.370

SANTA LUCIA

25.246

         4,374

SANTA CLARA

6.182

         4,360

CAÑO VIEJO PALOTAL

8.258

         1,627

2

NUEVO PARAÍSO

11.542

         1,495

41.024

4,638

1.096

MARTINICA

4.736

            434

LETICIA

24.746

         2,709

3

PUEBLO BUJO

12.710

         1,726

31.107

5,876

  

740

LOMA VERDE

18.397

         4,150

4

JARAQUIEL

8.251

         2,337

39.421

10,244

   485

LAS PALOMAS

21.848

         4,039

GUASIMAL

9.322

         3,868

5

EL SABANAL

4.746

         3,305

28.814

10,039

1.426

EL CERRITO

7.180

         1,419

PATIO BONITO

13.325

         4,558

LA VICTORIA

3.563

            757

6

GUATEQUE

12.875

            733

42.837

9,042

1.594

SAN ISIDRO

4.548

         1,704

SAN ANTERITO

9.590

         3,813

NUEVA LUCIA

15.824

         2,792

7

SANTA ISABEL

2.006

         2,095

41.023

6,268

   843

TRES PALMAS

10.630

         2,535

TRES PIEDRAS

28.387

         1,638

8

BUENOS AIRES

10.192

         6,650

44.432

10,377

  

891

LA MANTA

12.704

         3,066

NUEVA ESPERANZA

21.536

            661

9

GARZONES

2.824

         6,810

 2.824

6,810

268

TOTAL

313.026

75,436

313.026

75,436

8.713

Fuente: Alcaldía y POT Montería  2000, con ajustes del autor.

La pobreza y las necesidades de los corregimientos de Montería son desiguales por la clase y uso de los suelos, el poblamiento, los recursos naturales, la cultura de las comunidades, la acción de los hacendados y los efectos de los conflictos.

Llama la atención que esta situación de penuria la han padecido solos.  Cada uno por su lado.  No se han integrado a pesar de la cercanía y el parentesco que los une, haciéndoles más penoso el proceso.

Las políticas y programas que les llevan del Estado, de las organizaciones no gubernamentales, de gremios y organizaciones las reciben y aplican de distintas maneras.  Al final quedan lo mismo o avanzan un poco pero con lentitud. 

Tenencia de la tierra

 

Tenencia de la tierra en el municipio de Montería

RANGOS

PREDIOS

     1998                2001

PROPIETARIOS

     1998               2001

SUPERFICIE

          1998                    2001

0 a 1

     3.968 

      3.911

     4.150

      4.117

            851.40

         879.94

1 a 3

     1.308

      1.380

     1.497

      1.602

         2.328.70

      2.449.39

3 a 5

        835

         879

     1.247

      1.294

         3.247.10

      3.406.47

5 a 10

     1.591

      1.650

     1.905

      1.977

       11.279.80

    11.640.20

10 a 15

     1.079

      1.038

     1.305

      1.264

       13.061.00

    12.542.06

15 a 20

        638

         674

        850

         912  

       11.092.90

    11.705.02

20 a 50

     1.433

      1.427

     2.073

      2.035

       44.188.10

    43.960.03

50 a 100

        719

         721

     1.149

      1.154

       50.944.30

    51.105.43

100 a 200

        410

         408

        663

         655

       55.427.40

    55.198.01

200 a 500

        226

         223

        384

         359

       65.912.40

    64.980.30

500 a 1000

          52

           53

          74

           76

       34.145.00

    35.338.38

1000 a 2000

            8

            7

          12

             7

       11.319.60

    10.004.68

+ 2000

            3

            3

            3

             3

         8.813.70

      8.813.78

 

   12.270

   12.374

   15.312

    15.455

     312.611.40

  312.023.75

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi.  Montería, 1998 y 2001

Resumen

RANGOS

PREDIOS

                  

PROPIETARIOS

                

SUPERFICIE

                               

  2001 1998 1998 2001 1998 2001

Menores de 20

      9.419

    9.532

   10.954

    11.166

      41.860.9

    42.622.08

De 20 a 100

      2.152

    2.148

     3.222

      3.189

      95.132.4

    95.065.46

Mayores de 100

         699

       694

     1.136

      1.100

    175.618.1

  174.335.15

  •   Según los datos de 1998 el número de predios menores de 20 hectáreas representaban el 76.7% del total con el 13.3% del área de la tierra.

    El número de predios de 20 a 100 hectáreas representaban el 17.5% del total con el 30.4% del área de la tierra.

    El número de predios mayores de 100 hectáreas representaban el 5.6% del total con el 56.1% del área de la tierra.

  •   Según los datos de 2001 el número de predios menores de 20 hectáreas representaban el 77.0% del total con el 13.6% del área de la tierra.

    El número de predios de 20 a 100 hectáreas representaban el 17.3% del total con el 30.4% del área de la tierra.

    El número de predios mayores de  100 hectáreas representaban el 5.6% del total con el 55.8% del área de la tierra.

Acueducto

Fuentes de abastecimiento
  • 11 cabeceras toman el agua de pozos de haciendas privadas.
  • 2 de pozos de la comunidad.
  • 7 de pozos artesianos familiares y de haciendas privadas.
  • 7 del río Sinú.
  • Con acueducto funcionando sin planta de tratamiento: 9.
  • Con acueducto funcionando con planta de tratamiento: 3.

      El Sabanal recibe agua del acueducto de Mocarí, Jaraquiel y Los Garzones.

  • Toman directamente de las fuentes: 15.
  • Porcentaje de familias que consumen agua tratada (hervida o con cloro): 9%
  • Recogen agua lluvia y en los veranos deben enviarles desde Montería en carrotanques: Leticia, Martinica, El Cerrito, Caño Viejo Palotal.
Características de los acueductos

Se componen de tanque elevado o alberca de almacenamiento, motobomba y una deficiente red de distribución.  En promedio abastecen el 50% de las viviendas y bombean de una a tres horas cada 2 ó 3 días.

Fuentes de agua

  • Instituciones oficiales y privadas y algunos hacendados desecaron las ciénagas de El Cerrito, Juanillo y El Vidrial.  Los hacendados han reducido la de Martinica y han encerrado la de Las Marías, El Charco y Todos Verán.
  • Las aguas subterráneas de las zonas 3 y 5 están siendo perjudicadas por la deforestación, la contaminación y la habilitación de nuevas haciendas, sobre todo por La Manta y Nueva Esperanza.
  • El Caño de Trementino se contamina cuando llega a El Cerrito y la quebrada de Morindó sufre deterioro acelerado.
  • El Caño Viejo lo vienen deteriorando desde hace mucho tiempo y no hay planes de conservación o rehabilitación.
  • La mayoría de los caños, quebradas y arroyos están deteriorados, sus aguas ya no sirven para consumo y en verano se secan.
  • La ciénaga de Betancí, el caño de Betancí  y todas las fuentes que llegan a ellos también se deterioran y contaminan y no hay planes de protección al respecto.
  • El caño Bugre y el río Sinú los han convertido en recursos contaminados por basuras, alcantarillas, aguas servidas, lavadero de vehículo y agroquímicos.
  • Ha habido pérdidas o reducciones de un alto número de fuentes.

Riego

El distrito Montería – Cereté tiene 47.000 hectáreas de drenaje y en un principio contó con 5.000 de riego.  En la actualidad sólo hay 3.000 aptas.

La situación del distrito es precaria porque el área la están urbanizando; no hay mantenimiento, lo que ocasiona sedimentación e inundación que limita las cosechas y sobre todo lo están utilizando para cultivos que no necesitan riego (maíz, algodón) y ganadería.

A esto hay que agregarle que el 98% de los beneficiarios no paga el servicio.

Actividades económicas

  • De 14.356 personas disponibles para trabajar, encontramos 7.756 laborando en diferentes actividades y 6.600 sin trabajo, el 45.9%.
  • De los 7.756 que trabajan, 3.294, el 42.4%, está dedicado al jornaleo ocasional.
  • Las otras actividades importantes son: pequeños propietarios de tierras que las dedican a cultivos de pancoger, frutas, algodón y ganadería, 627, el 8%; oficios varios y rebusque, 555, el 7%; laboran en Montería, 551, el 7% y arrendatarios, 283, el 3.6%.

Vías

  • Todas las vías que conducen a las cabeceras  de los corregimientos partiendo de Montería o de las carreteras Montería – Planeta Rica, Montería – Tierralta  y Montería – Arboletes son destapadas y están en mal estado.
  • Algunas de estas vías se pierden en invierno: las de Nuevo Paraíso, Loma Verde, Pueblo Bujo, Guasimal, Nueva Esperanza, La Manta, Nueva Lucía.
  • No faltan los caminos interprediales con puentes hechos con vigas de madera o tallos de coco.   Tales son los casos de Loma Verde y Pueblo Bujo a pesar de su producción agrícola y ganadera.

Educación

  • En 4 cabeceras hay preescolar.
  • En 24 hay primaria completa y en 3 incompleta.
  • En 7 hay básica secundaria completa y en 1 incompleta.
  • En 4 hay media vocacional.
  • La deserción en cada uno de los ciclos es bastante alta.

Salud

  • En la mayoría de los casos los puestos de salud están en regular o buen estado físico.
  • En casi todos la dotación es deficiente.
  • La Manta no tiene puesto de salud.
  • En Nueva Esperanza, La Victoria, Nueva Lucía y Pueblo Bujo no hay médicos, sólo promotoras de salud.
  • Al 30% de las promotoras   les falta capacitación.
  • En promedio los médicos asisten 2.5 días en la semana.

Manejo de excretas

El 41.6% no cuentan con servicio de letrina o pozo séptico.

Jóvenes

  • La falta de capacitación, de oportunidades, de mejores condiciones de vida y de perspectivas origina en los jóvenes de ambos sexos conformismo, frustración, resentimiento y debilitamiento de la autoestima y la identidad.
  • Un porcentaje cada vez más alto de jóvenes de ambos sexos, por lo regular los más decididos, los más aventureros o los de mayor visión se aventuran en busca de oro en el bajo Cauca o sur de Bolívar; a recolectar café en el viejo Caldas; al contrabando o a las minas de la Guajira y el Cesar; a las bananeras y plataneras de Urabá y el Magdalena; a las capitales como Montería, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá o países como Venezuela.
  • Un número apreciable de niñas campesinas  entran prematuramente a las prácticas sexuales, el embarazo y la responsabilidad de tener, crear y formar hijos.

Estas niñas no tienen la oportunidad ni el derecho de conocer y disfrutar la adolescencia porque pasan directamente a las funciones de las mujeres adultas.

Orden público

  • La zona ha pasado por conflictos de distinta índole, duración e intensidad: la lucha contra los impuestos que cobraban los hacendados a los cortadores de junco de los playones y pescadores de la ciénaga de Martinica; la lucha por la tierra y la lucha por la defensa de las ciénagas.
  • Las actividades guerrilleras, contrainsurgentes y paramilitares que causaron masacres, arrasamientos y quemas de pueblos, amenazas, desplazamientos.
  • Los corregimientos más afectados fueron: Martinica, Leticia, Nuevo Paraíso, Guasimal, Las Palomas, Loma Verde, Pueblo Bujo, Nueva Esperanza, La Manta, Nueva Lucía, Buenos Aires, Tres Piedras, La Victoria, El Cerrito, San Isidro, Santa Isabel.

Organizaciones

Encontramos las siguientes:

  • Acciones comunales 26
  • Asociaciones de padres de familia 13
  • Grupos de animadores religiosos 8
  • Comités de deportes 6
  • Grupos de participación comunitaria 6
  • Frentes de seguridad 5
  • Asociaciones de pescadores 4
  • Comités de madres comunitarias 3
  • Cooperativas comunitarias, comités cívicos, organizaciones de mujeres y de salud 2 cada uno.
  • Grupos de jóvenes y artesanos, cooperativa de trabajadores, organismos de desarrollo rural y proservicios 1 cada uno. 

Ausencia de políticas

Los gobiernos del municipio y el departamento no han diseñado políticas que orienten y fortalezcan la economía campesina.  La Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) se limita, con grandes restricciones, a la asistencia técnica   de un número reducido de pequeños productores.

Las políticas provienen del gobierno nacional a través del Ministerio del ramo y sus institutos descentralizados.   Algunas de ellas han sido los intentos fallidos de reforma agraria y desde hace algunos años la aplicación del Fondo Agropecuario de Garantía y el Plan de Reactivación Agropecuaria que han funcionado a medias por la oposición o discriminación de bancos y la negativa a respaldar los créditos por parte de la alcaldía.

¿Qué nos indica esta situación?

El análisis de la situación que acabamos de describir en el municipio de Montería nos lleva a las siguientes reflexiones:

1.      ¿Cómo es posible que en medio de tantas escaseces, adversidades, conflictos, atropellos, abandonos, calamidades naturales y crisis de distinta índole, la economía campesina y particularmente la producción agropecuaria haya subsistido y se mantenga?

Las comunidades rurales, no cabe duda, han sorteado con éxito tanta fatalidad -para llamarlo de alguna manera- y el mandato de la economía global con sus reglas de juego alejadas total y rotundamente de sus realidades.

La mayoría de estas comunidades permanecen en sus sitios de vida y trabajo por preservar su cultura que consideran válida y de mucha importancia.  Lamentablemente otros no lo entienden así.

Pero no todas las comunidades han tenido la misma suerte.  Algunas han quedado profundamente lastimadas, casi sin alientos para seguir existiendo.   Parece entonces que no tienen futuro y si no es posible recuperarlos después de un plan de salvamento, tenemos que pensar en repoblarlos, reubicarlos -en especial aquellos que han quedado sin los recursos naturales básicos para vivir- o replantear de manera concertada una nueva manera de vivir y trabajar, respetando los lineamientos vitales de su cultura.

Se puede empezar con los pueblos El Cerrito y Martinica.  

2.      Conservar o acceder a la tierra como medio de producción por parte de campesinos es cada vez más difícil por la concentración de su tenencia y la ausencia de políticas efectivas para incrementar la producción campesina.

Es más, el rango con predios entre 0 y 20 hectáreas, como vimos, es el más activo, donde se efectúa mayor cantidad de transacciones comerciales.  De tal manera que un número cada vez más alto de pequeños propietarios vende parte o la totalidad de su propiedad a compradores de la ciudad que adquieren estos predios para viviendas, con fines recreativos o de producción para consumo familiar.

Un dato interesante es el del Incora.   Entre 1962 y 1999 adquirió y adjudicó 21.427 hectáreas a 1.552 familias.  De éstas, el 10% arriendan partes esporádicamente; el 12% de los beneficiarios permiten que los hijos con familias levanten casas y cultiven el mismo predio y el 25% ha vendido fracción o el total de su unidad agrícola familiar.

Pero esto no es todo.  De acuerdo con el POT se tomarán 640 hectáreas de Los Garzones, El Sabanal, El Cerrito, Jaraquiel, Boca de la Ceiba y El Vidrial para conformar la red suburbana del municipio, destinada a planes de vivienda nucleadas.

Si este proyecto se adelanta sin tener en cuenta la cultura rural y la producción, la presión sobre la propiedad rural, en especial la pequeña, será mayor; sin mencionar la serie de cambios que sucederán en la idiosincrasia de las familias y comunidades.  Por esta y otras razones que daremos a conocer más adelante y aunque parezca exagerado y pesimista, creemos conveniente empezar a prevenir sobre la desaparición paulatina de la ruralidad en determinados territorios del municipio. 

3.      Lo rural va más allá de lo agropecuario y la economía campesina, aunque todavía está basada en las cosechas de subsistencia tradicional para mercados locales, no se limita únicamente a los productos de pancoger.

Son múltiples las actividades y manifestaciones que se desarrollan en los espacios rurales:  presencia de asentamientos humanos de diversa naturaleza y cultura, cultivos básicos, producción alimentaria, oficios y servicios diversos, acción de instituciones oficiales y privadas, diversidad biológica, recursos naturales y medio ambiente, paisajes y organizaciones de distintos tipos, entre otras.

4.      La economía campesina se ha diversificado.  No sólo es el pancoger, ahora también son las frutas, hortalizas, aromáticas, especies menores, peces, semillas nativas, artesanías, árboles maderables y plantas ornamentales, granos, quesos, sueros, galletas, dulces y tortas.

En este sentido los productores de los corregimientos están desarrollando sus actividades de acuerdo con sus vocaciones, recursos y posibilidades.  Tales son los casos de los cosechadores de hortalizas y frutas de Los Garzones, Buenos Aires, Jaraquiel, Loma Verde, Pueblo Bujo, San Isidro, Santa Clara y Nueva Esperanza.   Los cultivadores de pancoger de Tres Piedras, Morindó, Santa Lucía, Pueblo Bujo, Loma Verde, Santa Clara y El Sabanal.   Los pescadores de fuentes naturales de Tres Piedras, Tres Palmas, Nueva Lucía.  Los sembradores de peces en estanques de Nueva  Lucía, El Sabanal, Jaraquiel y Garzones y los hacedores de queso, panes, dulces y artesanías de Martinica, Sabanal y Tres Palmas.

5.      A la producción agropecuaria debemos agregarle la función de algunos corregimientos prestadores de servicios como San Anterito, Los Garzones, Leticia, Las Palmas, Buenos Aires, San Isidro y Loma Verde que abastecen de víveres y abarrotes a los pueblos situados en sus alrededores y El Cerrito, El Sabanal, Guateque, Jaraquiel, Santa Lucía, Caño Viejo, Los Garzones y Martinica que le suministran a la ciudad de Montería mano de obra calificada y no calificada y mucha economía informal.

También hay que mencionar a los abastecedores de recursos mineros como Santa Isabel con calizas y mármol, Las Palomas con piedra china y arena y la Victoria y Santa Lucía con calcita y balasto.

El caso de Los Garzones es particular porque cuenta con fábricas de postes de concreto y de corte y elaboración de materiales de mármol.

De estos hechos podemos extraer dos lecciones importantes:

a)     Poco a poco, la economía campesina depende menos de la producción de las fincas y parcelas.  El empleo no agrícola está en crecimiento.

b)     “El trabajo informal de los campesinos en las ciudades cercanas ayuda a mantener la sobrevivencia de la ruralidad” [4].

En síntesis: se ha diversificado la producción agropecuaria campesina; la economía campesina desarrolla nuevas actividades de generación de ingresos y de producción de bienes y servicios; y la ruralidad como estilo de vida diferente, con su cultura propia, debilita sus estructuras comunales y sociales.  Entre otras razones porque no tiene ninguna capacidad de defensa ante los atropellos y los cambios impuestos o no concertados.

6.      Es cierto que la producción campesina adolece de restricciones severas: “baja dotación de activos (bajos niveles de escolaridad y de capacitación técnica, productiva y gerencial), tierra insuficiente, escaso capital financiero, limitadas condiciones de entorno físico y ambiental” [5], desorganización e indiferencia gubernamental, entre otras.

Un porcentaje alto de pequeños productores deben acudir al jornaleo para “completar” los mínimos ingresos de subsistencia, algo que muchos no pueden lograr por la baja remuneración del trabajo rural y el desconocimiento de las prestaciones sociales vigentes.

En el municipio la situación es grave porque sólo el 3% de los medianos y grandes productores reconocen el salario mínimo legal y las prestaciones sociales correspondiente.  Y aquí, justamente, según algunos autores, radica una de las causas de la pobreza y la miseria en el campo.

Pero también es cierto que la producción campesina cuenta con ventajas evidentes: la demanda de sus productos es permanente, hay vinculación de toda la familia, los costos de producción son más bajos, el no empleo de químicos, el trabajar cultivos asociados y en pequeños espacios, incluido el patio de las casas y la posibilidad de generar valor agregado asumiendo en un principio las asociaciones de grupos que trabajen coordinadamente los procesos de producción, transformación y distribución.

A manera de recomendaciones

Los hechos expuestos y las consideraciones iniciales aquí esbozadas, de manera breve por supuesto, nos llevan a plantear lo siguiente:

1.      Hay un cambio visible en la concepción sobre ruralidad y la economía campesina que exige un tipo de análisis diferente y la adopción de políticas y programas distintos a los que contienen los planes de desarrollo tradicionales. 

2.      La economía campesina por  su vigencia e importancia no puede seguir aislada de las políticas sectoriales y macroeconómicas.

3.      Teniendo en cuenta que la apertura económica no diferenció los tipos de producción ni consideró las características  sociales, políticas, culturales y ambientales en que se desenvuelve la economía campesina, proponemos el modelo comunitario asociativo con apoyo estatal que oriente las decisiones de los actores públicos y privados.

Este modelo será autogestionario, sustentable, eficiente y de real impacto en el mejoramiento de las condiciones de vida de los pequeños productores campesinos.

“Cuando hablamos de apoyo estatal no nos referimos a transferir recursos para asistir a los pobres del campo, sino a un conjunto integrado de proyectos productivos que ofrezca a las comunidades la oportunidad de generar bienes y servicios que contribuyan a elevar sus estándares de vida y de sus conciudadanos” [6].                    

4.      Los actores armados, por su poder e influencias, no están exentos de participar en este proceso.  Sólo esperamos tengan en cuenta que “el Ejército Zapatista de  Liberación Nacional impulsó diversos y múltiples esfuerzos de organización rural, incluyendo proyectos de modernización y diversificación productiva.  Además le confirió una nueva respetabilidad al estatus de pertenencia a los grupos indígenas mejicanos” [7].

3. Los corregimientos de las reubicaciones

Las Palomas [8]

Población y vivienda

Tiene una población total de 3.912 personas de las cuales 2.050 viven en la cabecera del corregimiento.  El número de viviendas es de 283 y el número de familias sin vivienda es de 115 en la cabecera.

Infraestructura vial

El corregimiento de Las Palomas está ubicado a 43 kilómetros de Montería, comunicado a través de una carretera destapada en regular estado.  Los primeros 7 kilómetros a la salida de Montería hasta la Y de Belén, permanecen en peores condiciones.  En cuanto a las vías terciarias que comunican a las veredas con la cabecera de Las Palomas o con la vía a Montería, presentan un mal estado permanente lo que dificulta todo tipo de movilización por esta zona.

Empleo y recursos

Alrededor de Las Palomas tienen su asiento las haciendas ganaderas, la pequeña propiedad, las parcelaciones del Incora y otros predios en tierras fértiles.   Con esta dotación inicial de recursos, 60 personas están dedicadas al jornaleo y de los 63 parceleros en el predio La Playa algunos tienen pocas cabezas de ganado en las 8 hectáreas promedio de extensión que les corresponden, además de cultivar algodón, maíz, arroz y yuca, productos que básicamente son para el consumo local y los excedentes llevados a los mercados de Montería y Cereté.

Por otro lado, existen 30 sacadores de piedra china, 20 pescadores, 30 rebuscadores en   ventas de lotería y agua, 23 tiendas y cantinas, 3 billares, 12 mujeres trabajan en Montería en el servicio doméstico y 70 personas sin trabajo entre hombres y mujeres.  El valor del jornal es de $5.000.  De 20 haciendas en los alrededores, 4 pagan el salario mínimo.  Con la empresa Urrá S.A. adelantan un programa que tiene vinculados a 48 pescadores de Las Palomas y 10 de Medrano para un proyecto de estancos o represas.

Organización

Existe Junta de Acción Comunal, comités de pescadores, madres comunitarias,  participación comunitaria en salud, deportes y pequeños agricultores.  Las personas vinculadas a la extracción de piedra china ven con urgencia su organización en microempresas para acceder a un mayor control del material.  Para esto es necesario el arreglo de la carretera a Montería que permitiría mayor tráfico de los volcos cargadores de material.

Servicios básicos

Cuenta con servicio de acueducto.  De las 298 viviendas, 128 cuentan con disposición de excretas.

Posee línea de transmisión eléctrica a 15.000 voltios procedentes de la línea Montería-Tierralta la cual se desprende del caserío Corea.   Esta línea está sujeta a las constantes fluctuaciones e interrupciones del fluido eléctrico de la zona sur del departamento.

Posee servicio telefónico a través de un SAI y 5 teléfonos privados.   

Fuentes de agua

Cuenta con el río Sinú y el canal de desagüe que empieza en los bajos de la hacienda Pino o Casa de Zinc y termina en Martinica.  Los parceleros lo utilizan para lavar, bañarse y regar cultivos.

Salud

Existe un puesto de salud con tres camas atendido por un médico de planta, a quien también le corresponde la zona rural y el vecino corregimiento de Guasimal.  Hay una enfermera que presta servicios de lunes a viernes.   Los fines de semana la población queda desprotegida sin este servicio.

La parasitosis, gripas y rasquiñas son las enfermedades más comunes.

El Sisbén   ubicó 1.243 personas en el régimen subsidiado de las cuales 755 están carnetizadas: 142 por Amus y 613 por Comfacor quedando por fuera 488 personas.

Educación

En la cabecera municipal con una población escolar de 535 alumnos entre 7 y 14 años, funciona una escuela de primaria y un colegio de bachillerato.

  • La escuela de primaria cuenta con 10 aulas y 7 maestros de los cuales 6 paga el municipio y 1 la hacienda Pino o Casa de Zinc.  Están matriculados 285 alumnos y se quedan sin estudiar 260 niños.

Sus principales necesidades: construcción de 2 aulas y biblioteca agropecuaria.

  • El colegio de bachillerato Miguel Antonio Caro tiene 136 estudiantes y 9 profesores pagados por el municipio.  Está aprobado con énfasis en agropecuaria pero en realidad es académico tradicional.   En el año 1999 salió la primera promoción de 16 estudiantes. 
Sus principales necesidades son:  ampliación de la planta física; dotación de laboratorio; construcción del   aula múltiple, batería sanitaria, biblioteca y sala de sistemas y el  nombramiento del personal del área agropecuaria para cumplir con sacar un bachiller de perfil técnico en la modalidad agropecuaria.

En las veredas funcionan las siguientes escuelas:

  • Escuela Nueva Elena Ospina de Ospina en la hacienda Santa Elena, creada por la fundación Nuestra Señora de los Desamparados, funciona con primaria completa.   Recibe a los hijos de los trabajadores y de las veredas vecinas que soliciten el cupo.  Laboran de 8 de la mañana a 4 de la tarde y le suministran el almuerzo a los niños.  Hay 67 niños y niñas y 3 profesores.
  • En las parcelas de Cedro Cocido, corregimiento de Leticia, hay una escuela con un aula, 74 niños y niñas matriculados y un docente pagado por los padres de familia.   En esta escuela  combinan la modalidad de escuelas por grados con la Escuela Nueva.
  • Escuela Nueva de San Gabriel, cuenta con los grados 1° a 4° de primaria, tiene 60 alumnos y un profesor que lo paga la comunidad.  Le hace falta la construcción de dos aulas.
  • Escuela Nueva El limón con grados 1° a 5°, 158 alumnos con 2 docentes, uno que paga el municipio y uno la comunidad.  Sus principales necesidades son 2 maestros, 120 sillas, material didáctico, batería sanitaria y ampliación del espacio de la escuela.
  • Escuela Nueva de Broquelito, con 115 alumnos y 2 profesores: uno pago por la hacienda La Colombia y el otro por el municipio.  Sus principales necesidades son 1 maestro, 60 sillas y batería sanitaria.   Existe una escuela privada con 60 alumnos en las dos jornadas.
  • Escuela Nueva de Pereira tiene de 1° a 4° de primaria, 70 alumnos, 1 profesor pagado por el municipio y 1 entre 4 haciendas.  Le hace falta: construcción de 2 aulas y biblioteca agropecuaria.
  • Escuela Nueva San José de Villavicencio, con 50 alumnos y 1 maestro pagado por el municipio.   Le hace falta la unidad sanitaria y un aula.
  • Escuela El Carmen, en la hacienda Mosquito, tiene 45 alumnos y 1 maestro pagado por la misma hacienda.
  • Escuela Los Bajos, primaria completa con 22 alumnos y un maestro pagado por la comunidad con la ayuda de las haciendas Pino y Tabatinga.
  • Escuela La Bomba con 58 alumnos y 2 profesores pagados por las haciendas.
  • Escuela Nueva La Puente, primaria completa, 110 alumnos con 2 profesores, 1 que paga el municipio y otro la hacienda Altamira.  Le hace falta batería sanitaria, 2 aulas, sillas y material didáctico.

Nueva Lucía [9]

Algo de historia

Tiene una edad aproximada de 80 años.  Su primer nombre fue Bongo Mocho, situado en la orilla de la ciénaga de Betancí.  Por las constantes inundaciones lo trasladaron donde está en la actualidad. 

Cerca de las viviendas, Toño Hernández tenía una finca.  Al poco tiempo consiguió por compañera a una indígena que, según dicen, no tienen vellos en el pubis, es decir, son zungas según el decir popular.

La finca y por extensión el núcleo de las viviendas fueron conocidas con el nombre de La Zunga hasta 1950 cuando el cura que los visitaba propuso otro, el de Santa Lucía.  Cuando se percataron que ya existía, lo cambiaron por el de Nueva Lucía.

Guillermo Echeverría, dueño de la hacienda Mundo Nuevo, regaló el predio donde levantaron el pueblo.

Población

En la actualidad la cabecera de este corregimiento la componen 211 viviendas con 1.013 habitantes. 

Los caseríos y veredas tienen el siguiente número de viviendas con un promedio de 6 personas: Granada 28, El Porvenir 50, Camino Real 22, Caños Sucio 17, Ensenada de Hamaca 79, León Arriba 67, León Medio 40, León Abajo 35, El Cucaro 28, El Coquito 40, El Quindío (reubicación de desplazados por la violencia) 45.

Servicio de agua y energía eléctrica

El área es rica en aguas superficiales y subterráneas.  La mayoría de las poblaciones tienen pozos artesianos de donde se surten de agua de aceptable calidad.  Otros la toman de las fuentes naturales y muy pocos de estanques o jagüeyes.   La mayoría de las poblaciones, en especial las más grandes, tienen acceso a la energía eléctrica.

Educación

En la cabecera funciona la primaria completa.  Los profesores de los tres primeros grados son pagados por el gobierno y los de 4° y 5° por los padres de familia.  En total hay 110 estudiantes.

Hay escuelas con primaria incompleta en los caseríos y veredas El Porvenir, Ensenada de Hamaca, León Abajo y Medio y Granada.

En algunos casos las escuelas son ranchos en mal estado y en otros carecen de ellas.   No es raro encontrar a docentes y estudiantes que improvisan aulas debajo de árboles frondosos.

Basuras y excrementos

Las primeras las queman y en cuanto a lo segundo, sólo 34 viviendas de las 211 de la cabecera tienen letrinas.  El resto lo hace a campo abierto.

Salud

En la cabecera hay un puesto de salud en mal estado físico aunque dotado de lo más indispensable.   Lo atiende una promotora de salud permanente.  No cuenta con médico.  

Las enfermedades más comunes son:  paludismo, diarrea, gripa y rasquiña.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) dispone en la cabecera de 10 hogares tradicionales (atienden 13 niños cada uno), tres fami (atienden 8 niños cada uno) y prestan atención a 24 mujeres gestantes y 13 lactantes.

En las veredas El Coquito hay dos hogares tradicionales, en Ensenada de Hamaca dos tradicionales y un fami, en Porvenir uno tradicional y en El Quindío dos tradicionales.  

Como en la mayoría de los pueblos campesinos pobres las niñas empiezan a tener relaciones sexuales a partir de los doce años y los hombres a asumir responsabilidades a partir de los 17 años.

Vías

Los 23 kilómetros que comunican a la cabecera con la carretera principal están en mal estado y las vías hacia las veredas se encuentran en condiciones pésimas.

Vocación de los suelos

Son aptos para la ganadería, cítricos y frutos.

Trabajo

El 70% de las personas en edad de trabajar vive del jornal, 5.000 pesos día trabajado.   Hay 10 pequeños propietarios que poseen entre 1 y 4 hectáreas y cultivan ajonjolí, maíz y un poco de arroz.   No se consigue arriendo de tierra ni trabajos a medias.

Llama la atención que en el pueblo existan cinco cantinas, tres de ellas con billares y una casa de citas.

Fuentes de agua

Son abundantes los caños como el Betancí, Arroyón, El Ñeque, Corrental, Vijagual, Severinera, Cucarito, El Burro, Ueltoso, La Morera, El León, El Tigre, Déjame, arroyo Trementinal y quebrada Betancí.  Todos llegan a la ciénaga de Betancí.

Debido a la deforestación, a los cambios de cauce, a los terraplenes y al cercamiento de las aguas, la mayor parte de estas fuentes quedan secas en verano.   Todavía se mantienen, bastante disminuídas, Arroyón, Cucarito, Morera, El León y Betancí.

La isla El Pepo es un ejemplo palpable de deforestación.  Hasta hace poco poseía 10 hectáreas de árboles y hoy queda únicamente con media. A pesar de quedar en medio de la ciénaga los hacendados colindantes también la han cercado.

Hace poco fue denunciada la construcción de un dique-carretera en el sitio Junquillo donde desemboca la mayoría de los caños a la ciénaga.  Esta obra de 74 metros de largo bloquea la comunicación de la ciénaga de Betancí con el río Sinú.  Se comenta que está prevista la construcción de otro dique de 1.5 kilómetros de largo que fragmentaría de  nuevo la ciénaga.

Estas obras han incomunicado a la población de El Coquito y algunos hacendados han prohibido el paso público que comunica  a El Palmar con el Paso del Higo y El Coquito.     

Organización

En la cabecera hay Junta de Acción Comunal y  Asociación de Pescadores de Betancí; en El Quindío está previsto la creación de la Cooperativa multiactiva de parceleros y la tienda comunitaria.  

Perspectivas
  • Está pendiente el deslinde de la ciénaga y acciones decididas contra los cercamientos, los terraplenes y los desvíos de cauces.
  • La ocupación temporal de los playones con siembras para consumo familiar y comercialización.
  • Siembras de maderas y plan de reforestación en general.
  • Preparar las condiciones para impulsar ecoturismo en Ensenada de Hamaca y construir un puerto en Bongo Mocho.
  • Construcción de 10 estanques para producción y criadero de peces en El Coquito, Ensenada de Hamaca, León Abajo y los alrededores de la cabecera.
  • Impulsar los cultivos caseros de hortalizas y la cría de aves y especies menores.
  • Trabajar por la creación de la Asociación de corregimientos.
  • Capacitación para líderes y comunidad en general.

4. Los predios de las reubicaciones

El Quindío o Palencú

Está ubicada al suroriente del municipio de Montería, a 57 kilómetros de la capital y a un kilómetro de la cabecera del corregimiento de Nueva Lucía en los alrededores de la ciénaga de Betancí.

Antecedentes históricos y poblamiento de la zona

Antes de la llegada de los españoles la zona fue habitada por los Zenúes, quienes consideraron a la ciénaga de Betancí una laguna sagrada.  En sus orillas construyeron un centro de adoración religiosa, un cementerio donde enterraban a sus caciques y era el sitio donde las mujeres parturientas daban a luz en sus aguas.

En 1534 los hermanos Pedro y Alonso de Heredia llegaron al lugar acompañados de soldados.   Según el cronista Juan de Castellanos encontraron mucho oro en 12 bohíos donde hacían las ceremonias religiosas.   En cada uno de ellos encontraron un ídolo de oro del tamaño de una persona adulta acostado en una hamaca tejida en oro.

En los alrededores habían inmensos árboles adornados con campanitas de oro que emitían un armonioso sonido cuando el viento movía sus ramas.

En el cementerio encontraron grandes montículos donde enterraban a los caciques con sus objetos elaborados en oro.  Ellos asociaban el oro por su color dorado con la energía del sol y pensaban que sólo aquellas personas revestidas de poder político merecían poseerlo, según lo plantea el investigador Alejandro Montejo en sus estudios sobre esta cultura.

Los españoles tenían información de este comportamiento; por esta razón después de derrotar militarmente a los nativos, recogieron el oro que había a la vista y ordenaron desenterrar el que estaba escondido  en las tumbas.  Así juntaron una buena cantidad con la que regresaron a Cartagena.

Después del paso de los españoles la zona vivió un largo período de despoblamiento que permitió el crecimiento de la flora nativa.

Los terrenos estuvieron despoblados hasta 1856 cuando un grupo de negros que procedían del norte y las islas del mar Caribe en la provincia de Cartagena se internaron en las montañas del sur en busca de libertad.

Los que llegaron a la ciénaga de Betancí formaron el pueblo de Hamacas en la ensenada del mismo nombre.

Estos pobladores venían huyendo de la esclavitud, a pesar que el 10 de mayo de 1851 el congreso había aprobado una ley aboliendo esta forma de dominación.  Los dirigentes de la provincia de Cartagena pretendían prolongarla bajo otras formas.

En 1912 una oleada de colonos provenientes de Momil en el bajo Sinú , se asentaron en el pueblo. Por esta época surgieron los pueblos de Maracayo en el lado norte de la ciénaga , junto a los terrenos del cementerio indígena y Bongo Mocho en el lado sur donde el caño de Arroyón vierte sus aguas a la ciénaga.

Los primeros pobladores de estos pueblos fueron colonos, en su mayoría procedían de San Carlos y Ciénaga de Oro.

La presencia de los antioqueños

En 1914 desde Frontino, Antioquia llegó Gumercindo Montoya con un mapa y una cuadrilla de guaqueros.  En Maracayo excavó nuevamente las tumbas buscando el oro de los indígenas.

La búsqueda le dio resultados y el oficio de guaquero todavía se sigue practicando.

En 1919 el industrial de Medellín Guillermo Echavarría compró los terrenos  de la hacienda Mundo Nuevo. En 1925, en su afán expansionista adquirió los terrenos que ocupaban los colonos del pueblo de Bongo Mocho. De esta manera la mencionada hacienda llegó hasta la orilla de la ciénaga de Betancí.

Los habitantes de Bongo Mocho se fueron para el pueblo vecino, Tronco de las Flores, colindante con la hacienda Mundo Nuevo y la ciénaga de Betancí.

En 1936 Don Guillermo Echavarría trajo una misión Católica compuesta por sacerdotes y misioneras de la Madre Laura.  Les mandó a construir un internado para educar a mujeres jóvenes del vecindario y la capilla para el pueblo, adornándola con la imagen de Santa Lucía.

En un principio quisieron bautizar el pueblo con el nombre de la santa patrona pero para distinguirlo de otro pueblo con el mismo nombre lo pusieron Nueva Lucía.

En 1961 Guillermo Echavarría vendió la hacienda a Martín Vargas. En la década del 80 después de la muerte de éste último propietario los terrenos fueron divididos y vendidos a otras personas. Dentro de las nuevas fincas se formó la que alguno de sus propietarios denominó Pelencú: nombre de un  árbol que crece en la zona de sábanas, cuya semilla   se parece a un trompo y la madera, de muy buena calidad, era utilizada por los campesinos para horcones de las casas y por los ganaderos para postes y varetas de corrales para encerrar el ganado.

Esta es la finca que en 1997 adquirió el INCORA para un grupo de desplazados por la violencia, hoy denominado El Quindío, bautizada en honor a la tierra de una de sus últimas propietarias.

Los Llantos

Primero fue un sitio de descanso de buscadores de caucho, raicilla, tagua, balato y otros productos que brindaba la selva ubicada entre la serranía de Las Palomas y los ríos Mulato y San Juan en el Urabá antioqueño.

Estos extractores de los productos de la selva provenían de las sabanas de Sucre y el bajo Sinú.   A través del río llegaban hasta el puerto El Limón, hoy caserío del corregimiento Las Palomas.

De aquí se internaban en la montaña pero antes debían recorrer un trayecto de terrenos planos y pantanosos, luego encontraban las faldas de la serranía de Las Palomas en donde había un lugar ideal para el descanso nocturno.

En improvisados ranchos hechos con palos, bejucos y palmas pasaban la noche.  Cuentan los más viejos que al anochecer, cuando todavía estaban arreglando sus ranchos, empezaba la paloma guarumera con su canto lastimero en la copa de algún árbol corpulento.  Algunos en medio del llanto le replicaban “lloras tú paloma guarumera que estás en tu tierra, ahora yo que estoy lejos de la mía” [10].

Muchos de los que reaccionaban de esta manera se devolvían al día siguiente a su pueblo a reiterar el amor que sentían por la mujer y los hijos.   Por eso cuando años más tarde se formó el pueblo lo pusieron Los Llantos.

Entre 1926 y 1942 la compañía maderera D.Emery Company de Bostón, EE.UU, explotó las maderas de la selva entre la serranía de Las Palomas y los ríos Mulatos y San Juan.

Después del paso de la compañía surgieron los pueblos de colonos.

En la orilla del río surgieron pueblos como Medrano, El Limón y Las Palomas que fue fundada en 1932.  Un poco más adentro Broquelito y Campoalegre donde hoy está La Puente y Los Llantos.

En este último, los primeros colonizadores fueron Buenaventura Romero, uno de los fundadores de Las Palomas y dueño de los terrenos de la finca La Duda, Pedro Guevara y Gabriel Chica quien ayudó a organizar los solares de la gente nueva que llegaba para quedarse y concedió terrenos para la plaza, el pozo de agua y el cementerio.

Capacitaron más de 200 hectáreas de terrenos.  Las tierras eran ricas: en lo terrenos altos sembraban maíz, yuca, plátano y frutales y en los bajos crecían en forma silvestre variedades de arroz criollo como el manos negras, recao y piricoca.

Todo daba para la alegría, quizás por esto la fiesta de la pascua que empezaba el 25 de diciembre la prolongaban durante 7 días.

En 1940 el cura Gómez con los líderes escogieron como patrono del pueblo al arcángel San Gabriel.   Después consiguieron la imagen que desde entonces los acompaña.

El pueblo fue creciendo hasta tener 60 casas y su vecino Campoalegre 80.

La violencia bipartidista

Esta azotó a la zona entre 1949 y 1953.  En esta época vivía en el pueblo Ignacio Cabrales Rodríguez, conservador, y su mujer Zoila Díaz.  Poseía una tienda grande, se desempeñaba como comisario del pueblo  y disponía de policías armados y cepo para hacer cumplir su voluntad.

Lleno de poder y dinero empezó  a abusar de los colonos, en su mayoría liberales.  No respetaba a nadie.  A su mujer la golpeaba con frecuencia, quien un día para librarse de sus ataques utilizó la imagen de San Gabriel como defensa.  Los golpes le partieron un brazo y el ala.

Fueron tan duras las consecuencias de la violencia que en Los Llantos sólo quedaron cuatro casas porque la mayoría de sus pobladores huyeron a la quebrada La Seca que desemboca en el río San Juan en el Urabá antioqueño.  El vecino pueblo de Campoalegre prácticamente desapareció.   Los terrenos de los colonos pasaron a engrosar las filas de las haciendas ganaderas.  Uno de los últimos colonos en salir fue Alfonso Hernández, quien antes de hacerlo cobró venganza de los abusos del comisario Ignacio Cabrales Rodríguez, propinándole con su machete heridas en un brazo y varias partes del cuerpo.

La gente comparó lo sucedido con lo de su mujer Zoila Díaz, atribuyéndolo como una acción piadosa de San Gabriel contra el comisario.

 

Después de la violencia y con pocas casas el pueblo de Los Llantos sobrevivió al lado de las grandes haciendas ganaderas.

A finales de la década del 80 cuando el enfrentamiento entre la guerrilla y los paramilitares llenaron de pánico a sus habitantes, el pueblo estuvo unos meses desocupado.

Después regresaron y por fortuna en 1991 el Incora repartió 126 hectáreas de terreno a seis   familias residentes en él.

En 1997, fueron repartidos entre familias desplazadas por la violencia 1.096 hectáreas de los terrenos vecinos.

Pero por esas cosas de la vida los nuevos pobladores que no conocen su historia, ahora le dicen San Gabriel o La Duda Los Llantos y también La Duda El Tomate.   Pero no hay duda alguna que el pueblo se llama Los Llantos, por aquello del canto triste de la paloma guarumera que hacía llorar a los hombres en la lejana montaña.

 

Capitulo 2

MONTERIA: DE LA POBREZA Y LA VIOLENCIA A LA TUGURIZACION

Antecedentes

Montería se convirtió en la capital del departamento de Córdoba en 1952.  En ese entonces la vida bucólica del pueblo la desarrollaban sus habitantes en los barrios del Centro, Chuchurubí, La Ceiba, Montería Moderno, Sucre, Pica Pica o Pringamosa, Ospina Pérez, Colón, Nariño y El Carmen.

El crecimiento permanente de la población urbana, por razones naturales e inmigraciones, determinó un déficit creciente de viviendas para los estratos bajos y medio bajo.   De allí que cuando el Instituto de Crédito Territorial (ICT), entidad oficial encargada de los asuntos de la vivienda, hizo presencia en Montería en 1950, la presión de los sectores populares y medios fue tal que lograron la ejecución de los primeros planes de vivienda: los conocidos barrios Obrero, Coquera y Buenavista.

Cuando las viviendas estuvieron listas, la población bautizó el primer barrio y sus casas con los nombres de Barrio de Los Enanos y Las Cajitas de Fósforo.   En diciembre de 1951 hicieron la entrega formal y con reparos o disgustos las viviendas fueron ocupadas por los primeros beneficiarios.  Las entregaron sin agua, sin energía eléctrica, sin calles pavimentadas y rodeadas de monte.   El malestar creció entre los moradores cuando sintieron que se ahogaban con el techo tan bajo y las habitaciones tan cerradas.

Por fortuna esta primera experiencia del ICT fue tenida en cuenta para el diseño de los planes la Coquera y Buenavista.  Años más tarde volverían a cometer este tipo de errores en otros programas de vivienda popular o de interés social.

Montería siguió atrayendo dos clases de inmigrantes pobres: los forzados y los voluntarios.   Los primeros son los obligados a salir por el conflicto armado o la situación de completo abandono del campo en todos los sentidos debido a la ausencia de políticas y programas para la población rural y a la orfandad en que han quedado después de las calamidades naturales como las inundaciones y las avalanchas de los ríos.

Los voluntarios son los que deciden por su cuenta y riesgo salir de sus pueblos con la intención de mejorar sus condiciones de vida. Algunos cuentan con apoyo familiar, de amigos o paisanos mientras se instalan; otros no tienen nada, sencillamente salen a sobrevivir de cualquier manera,  aunque sea del rebusque, en cualquier barrio popular o asentamiento subnormal de la ciudad.

En todo caso, durante su existencia como capital, Montería ha recibido por parte de los estratos bajos y medios una gran presión por programas de vivienda.  Lo que han alcanzado hacer las instituciones oficiales es insuficiente para cubrir el déficit de alojamiento y lograr la satisfacción de los servicios públicos elementales.

 El ICT, en cumplimiento de sus funciones, construyó y legalizó invasiones, adjudicó predios, otorgó créditos y adelantó, en terrenos cedidos, programas de vivienda para sectores pobres y medios.   Fuera de los ya mencionados construyeron los barrios La Granja, P-5, Los Laureles, Santa Fe, Pastrana Borrero, Santander, Mogambito, Mogambo, Robinson Pitalúa, La Candelaria, Primero de Mayo, República de Panamá, Santa Rosa, Paz del Río, San Martín, Policarpa, Santa Lucía, Los Araújos primera etapa, Panzenú, Villa Margarita, El Tambo, Rancho Grande, Brisas del Sinú, La Ribera y La Pradera hasta la etapa 16 de las 20 programadas.   Sus programas se desarrollaron hasta 1991 cuando la ley tercera cambió la razón social de la entidad y creó el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe).

Un buen número de programas ejecutados por el ICT adoleció de fallas en el diseño, construcción, calidad de los materiales y algunos fueron realizados en terrenos bajos, en viejos cauces de ciénagas de la margen izquierda del río Sinú.   Los dirigentes políticos de los diferentes grupos liberales y conservadores, directamente y/o por   medio de sus líderes en las comunidades, promovieron, respaldaron o llevaron a cabo invasiones en diferentes lugares y mediante previo acuerdo con los directivos del ICT e incluso sin él, lograron construcciones, adjudicaciones y legalizaciones.

Las realizaciones del Instituto dependieron en gran parte de las actividades y gestiones de los dirigentes políticos, forzados por muchedumbres de destechados y no por un plan de ordenamiento urbano, elaborado en asocio con la administración municipal. 

El urbanizador José María Taboada dividió en solares una finca de su propiedad ubicada en la periferia oriental, dando origen al barrio Galilea.  La alcaldía construyo después por los alrededores otros planes de viviendas conocidos en un principio con los nombres de II y III etapas y adelantó las reubicaciones de las invasiones de la orilla del río por los lados de la Coquera a Mocarí; de Pueblo Pescado, El Cerro y Robinson Pitalúa a terrenos del sur y de El Campano al programa El Minuto de Dios.

Durante cuatro años (1995-1998) el Inurbe otorgó 2.126 soluciones: el 80% para mejoramiento de vivienda, el 10% para vivienda nueva y el resto lo destinó a lotes con servicio para familias de estratos bajos.

Montería cuenta actualmente con asentamientos subnormales producto de las invasiones, el proselitismo político, la labor del ICT y las distintas administraciones municipales.  Estos son: La Esperanza, El Poblado, EL Dorado, Rancho Grande, La Palma, El Campano, Brisas del Sinú, Pastrana Borrero, EL Cerro, 2 de Septiembre, Villa Margarita, Colina Real, 1 de Mayo, Robinson Pitalúa, La Candelaria, Santa Rosa, Paz del Río, Mogambo, P-5, Paraíso, Edmundo López, Villa Rocío, Mogambito, San Cristóbal, Damasco, Cantaclaro, 25 de Agosto, Ranchos del Inat, 20 de Julio, 7 de Mayo, Camilo Torres, Sucre(invasión), Bolsillo Largo, Ganem Buelvas, La Unión, Media Tapa, Mi Ranchito, Casafinca, Nuevo Milenio y La Campiña. 

Nota: la calidad de subnormal es en todo el asentamiento o en parte de él.

La población total de estos asentamientos es de 102.000 habitantes aproximadamente de un total de 300.000 que tiene la ciudad.  El área que ocupan es de 400 de un total aproximado de 5.000 hectáreas, ocupadas por 67.000 predios. 

Las carencias principales de la población residente en los barrios subnormales no sólo son de carácter material, de infraestructura y de servicios; también son de tipo social, cultural, ambiental, político, recreativo y deportivo.

Los asentamientos subnormales receptores de desplazados

La ciudad de Montería tiene cerca de 45 asentamientos o sectores de ellos catalogados subnormales que son receptores de desplazados.

En 1994 hicimos un primer registro de estos asentamientos y ahora en el 2001 agregamos y ajustamos la anterior información.

Los resultados obtenidos son los siguientes:

Asentamientos subnormales de Montería receptores de desplazados 1994 [11]

Asentamiento     Fundación año    Viviendas  número Población  total     Población desplazada

Cantaclaro

1988

           4,336

          23,500

         8,250

1 de Mayo

1988

              162

               500

            412

Robinson Pitalúa

1985-1988

              540

            2,110

         1,266

La Candelaria

1988

              480

            2,500

         1,020

Paz de Río

1990

              277

            1,636

            797

Santa Rosa

1989

              120

               560

            340

Mogambito

1988

              315

            1,640

            802

Paraíso

1987

              221

            1,215

            534

La Campiña

1988

              120

               600

            240

2 de Septiembre

1988

              242

            1,200

            620

El Campano

1987

                47

               428

            255

Casafinca

1988

              101

               500

            310

Nueva Esperanza

1977

              145

               870

            414

25 de Agosto

1985

              100

               564

            250

San Cristóbal

1985

              160

            1,200

            490

Rancho Grande

1985

              360

            2,280

            570

El Cerro

1970

              350

            2,746

            818

El Dorado

1987

              234

            1,200

            415

Bolsillo Largo

1985

                85

               720

              60

Villa Margarita

1984

              516

            3,096

            850

20 de Julio

1978

              563

            2,900

            936

Camilo Torres

1980

              472

            4,750

         1,165

7 de Mayo

1976

              180

               900

            296

Media Tapa

1987

                32

               160

            120

Los Araujos

1990

                25

               210

              60

La Esperanza

1975

                40

               260

              70

Policarpa

1969

              700

            4,005

         1,300

Invasión Ganem Buelvas

1994

                55

               165

              50

Pastrana Borrero

1971

              580

            3,235

            760

Brisas del Sinú

1973

              487

            2,700

            340

La Palma

1985

              279

            1,540

            390

El Bongo

1986

                65

               292

            106

El Ceibal

1982

                40

               280

              75

El Bosque

1985

                70

               420

              60

Nuevo Milenio

1994

                  9

                 52

              43

Total

 

      12,508

       70,934

     24,484

Nota: En otros asentamientos subnormales, barrios populares, medios y altos la población desplazada está calculada en 12.000 personas aproximadamente.

Población total calculada para la ciudad de Montería: 36.484.

 

Asentamientos subnormales de Montería

Receptores de desplazados 2001 [12]

Asentamiento Población número      Hogares número      Vivienda número      Déficit Vivienda    Población Desplazada
Brisas del Sinú 3,010 771 487 284 517
Pastrana Borrero 3,418 924 580 396 1,080
20 de julio 3,500 951 670 288 2,483
Camilo Torres 4,050 674 800 202 2,186
7 de mayo 1,020 291 191 100 648
25 de agosto 1,712 428 250 250 362
La Campiña 684 171 119 52 295
Cantaclaro 34,200 6,114 4,203 1,911 9,020
EL Dorado 1,368 342 234 108 467
La Palma 1,760 440 279 161 298
Mogambito 1,872 468 315 153 856
1 de mayo             568 142 120 22 317
El Bongo* 88 16 12 4 88
La Candelaria 2,591 714 530 234 1,340
Paz del Río 1,639 457 336 180 996
Robinson Pitalúa 2,258 645 458 187 1,342
Santa Rosa 1,045 298 215 83 715
2 de septiembre 1,351 342 235 107 642
Casafinca* 1,300 371 225 371 143
25 de marzo 1,892 371 274 371 165
Ranchos del Inat 2,269 445 320 445 1,760
Nuevo Milenio 380 108 73 108 274
EL Canal, Cantaclaro 786 224 155 224 532
Sucre (invasión) 1,408 280 150 280 318
El Poblado 3,570 1,280 530 1,280 825
EL Cerro 1,752 500 380 500 1,210
EL Enjambre 326 64 35 64 210
Villa Fátima 155 32 32 32 115
Paraíso 1,550 500 300 200 605
La Esperanza II etapa 653 108 106 2 594
Damasco 1,070 305 214 91 316
Total 83,245 18,776 12,828 8,690 30,719

* Parte de la población fue reubicada.

Otros asentamientos receptores

Edmundo López 644
6 de Marzo 66
Rancho Grande 358
Mi Ranchito 83
Nuevo Horizonte 83
Polvo Parao 66
Colina Real 165
P-5 138
Galilea 165
Villa Rocío 55
Nueva Esperanza 110
Total  1.933

Nota: En otros asentamientos subnormales, barrios populares, medios y altos la población desplazada está calculada en 10.000 personas aproximadamente.

Población total calculada para la ciudad de Montería: 42.652.

En los últimos años ha habido programas de reubicación en predios rurales por parte de instituciones oficiales y de los propios desplazados, algunos han retornado a los sitios de origen y otros han seguido a distintos lugares del departamento, de la costa o del interior del país.

Las familias desplazadas que llegaron a Montería hasta 1994 procedían, en especial, de los corregimientos del municipio de Montería; de los municipios de Canalete, Tierralta, Valencia, Planeta Rica, San Carlos y de las áreas de los Urabá antioqueño y chocoano.

Los del periodo 1995-2001 proceden, en su mayoría, de los municipios de Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador, Urabá antioqueño, Montes de María de Sucre y del sur de Bolívar.

Capitulo 3

LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y LAS PROPUESTAS DE LOS DESPLAZADOS

Las normas vigentes

De acuerdo con la ley 387 de 1997 (por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la república de Colombia) es responsabilidad del Estado:

Artículo 3. ... formular las políticas y adoptar las medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección y consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia.

Artículo 4.   Créase el Sistema nacional de atención integral a la población desplazada por la violencia para alcanzar los siguientes objetivos:

1.  Atender de manera integral a la población desplazada por la violencia para que, en el marco del retorno voluntario o el reasentamiento, logre su reincorporación a la sociedad colombiana.

2.  Neutralizar y mitigar los efectos de los procesos y dinámicas de violencia que provocan el desplazamiento mediante el fortalecimiento del desarrollo integral y sostenible de las zonas expulsoras y receptoras, y la promoción y protección de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

3.  Integrar los esfuerzos públicos y privados para la adecuada prevención y atención de las situaciones de desplazamiento forzado por la violencia.

4.  Garantizar un manejo oportuno  y eficiente de todos los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos que sean indispensables para la prevención y atención de las situaciones que se presenten por causa del desplazamiento forzado por la violencia.

Artículo 9 y 10.   Diseñar el Plan nacional para la atención integral a la población desplazada por la violencia con los siguientes objetivos:

1.  Elaborar diagnósticos de las causas y agentes que generan el desplazamiento por la violencia de las zonas del territorio nacional donde se producen los mayores flujos de población, de las zonas receptoras, de las personas y comunidades que son víctimas de esta situación y de las consecuencias sociales, económicas, jurídicas y políticas que ello genere.

2.  Diseñar y adoptar  medidas sociales, económicas, jurídicas, políticas y de seguridad, orientadas a la prevención y superación de las causas que generan el desplazamiento forzado.

3.  Adoptar medidas de atención humanitaria de emergencia a la población desplazada con el fin de asegurarle su protección y las condiciones necesarias para la subsistencia y la adaptación a la nueva situación.

4.  Crear y aplicar mecanismos que brinden asistencia legal y jurídica a la población desplazada para garantizar la investigación de los hechos, la restitución de los derechos vulnerados y la defensa de los bienes afectados.

5.  Diseñar y adoptar medidas que garanticen  a la población desplazada su acceso a planes, programas y proyectos integrales de desarrollo urbano y rural, ofreciéndole los medios necesarios para que cree sus propias formas de subsistencia de tal manera que su reincorporación a la vida social, laboral y cultural del país, se realice evitando procesos de segregación o estigmatización sociales.

6.  Adoptar las medidas necesarias que posibiliten el retorno voluntario de la población desplazada a su zona de origen o su reubicación en nuevas zonas de asentamiento.

7.  Brindar atención especial a las mujeres y niños, preferencialmente a las viudas, mujeres cabeza de familia y huérfanos.

8.  Garantizar atención especial a las comunidades negras e indígenas sometidas al desplazamiento en correspondencia con sus usos y costumbres y propiciando el retorno a sus territorios.

9.  Las demás acciones que el Consejo Nacional considere necesarias.

De acuerdo con el Artículo 1 es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos (DD.HH), infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público.

Los planes de acción

Los planes de acción son proyectos, programas, gestiones y actividades en general orientadas hacia la atención y orientación de la población desplazada.

De acuerdo con la ley comprende los componentes de prevención, atención humanitaria, restablecimiento y acciones complementarias.

En talleres realizados a principios del presente año se acordaron Planes de acción departamental y del municipio de Montería con participación de los respectivos comités para la atención integral a la población desplazada, instituciones, organizaciones no gubernamentales y otros sectores.

El Plan de acción del Comité departamental.

Identificó los siguientes problemas:

En prevención. 1) Falta de mecanismos operativos de acción de la fuerza pública frente a situaciones de alto riesgo de desplazamiento.  2) No existe un sistema de comunicación interinstitucional con las comunidades ubicadas en zonas de conflicto.  3) No conocimiento de las normas de los  DD.HH. y DIH.  4) Deficiencia de las políticas estatales en las zonas de conflicto.  5)  No existe un espacio de diálogo entre los actores armados y los mediadores de paz.   6) Preparar a las comunidades en el sitio y fuera de él para atender la situación en mejor forma.  7)  Solicitar a los actores armados eviten los desplazamientos masivos o den plazos para evacuar.

En atención humanitaria.  1) Falta de atención al desplazado en salud, alimentación, apoyo sicosocial.  2) No se conocen los mecanismos para la atención integral en salud a la población desplazada.  3) No se toman ni se recepcionan las declaraciones juramentadas en los desplazamientos masivos.

En restablecimiento.  1) Falta de organización y capacitación a las comunidades reubicadas en los asentamientos subnormales y predios en zona rural del departamento. 

2) Falta de terreno para el restablecimiento socioeconómico de la población desplazada. 

3) No se proporciona seguridad a la población desplazada que desea retornar a su lugar de origen.  4) No existe un programa de reubicación integral que ayude a desarrollar las condiciones de la población desplazada.  5) No acceso al servicio de educación.

En acciones complementarias.  1) Falta de conocimiento de la normatividad con relación al desplazamiento.  2) Deficiencia en el sistema único de registro.   3) No existe seguimiento a las actividades realizadas por las instituciones.  4) Falta de apoyo a las ONG nacionales e internacionales que trabajan a favor de la población desplazada.  5) Falta de asesoría y seguimiento a la población beneficiaria de programas.   6) Falta de conocimiento de la oferta institucional.

El Plan de acción del Comité del municipio de Montería. 

Acordó las siguientes propuestas [13]:

Prevención

  • Diseñar y poner en marcha operativos de carácter militar.
  • Implementar canales de comunicación (redes comunitarias) y activar el sistema de alertas tempranas.
  • Desarrollar talleres, seminarios y charlas sobre las normas de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y elaborar documentos para la difusión.
  • Hacer presencia institucional en las áreas de conflictos.
  • Propiciar reuniones ante los actores armados y representantes de las comunidades para que respeten la población civil y los bienes de la comunidad.
  • Preparar a las comunidades in situ y en el entorno para mitigar el impacto y los efectos del desplazamiento.
  • Reactivar y replantear las funciones de la Comisión departamental de paz y la Red de universidades por la paz.
  • Contar con un sistema de información actualizado sobre el estado y las condiciones de las áreas de conflictos conocidas y potenciales.
  • Apoyar las ONG, asociaciones  y personas que trabajan por los derechos humanos y los desplazados.

Atención humanitaria

  • Dotación y distribución de kits de emergencia, implementación de talleres terapéuticos   en atención a salud   mental y primeros auxilios.
  • Divulgación de las normas sobre atención integral en salud, educación, empleo, producción, capacitación, población vulnerable.
  • Colaborar con las comunidades organizadas en elaboración y gestión del proyectos.
  • Concertación de ayudas humanitarias con organismos nacionales e internacionales.
  • Gestionar y coordinar interinstitucionalmente la atención humanitaria en situaciones de emergencia.
  • Conformación de veedurías de desplazados.
  • Montar una unidad de información, atención, orientación, gestión y apoyo a los desplazados en la administración municipal.
  • Disponer de brigadas móviles de salud.
  • Disponer de lugares de asistencia, orientación y apoyo para las familias recién llegadas.

Restablecimiento

  • Capacitación y organización comunitaria, social y empresarial que lleve al autosostenimiento.
  • Implementar talleres sicoafectivos.
  • Consecución de tierras y créditos para proyectos de vivienda y producción.
  • Implementar operativos de seguridad en las áreas de retornos.
  • Formular y desarrollar proyectos productivos.
  • Presencia de las instituciones en las áreas de restablecimiento.
  • Creación de fondos rotatorios para crédito, banco de semillas, insumos y herramientas.
  • Crear convenios con planteles educativos para contar con cupos suficientes y exoneración de costos.
  • Acordar empresas asociativas conformadas por reubicados y productores de las áreas receptoras.
  • Brindar capacitación técnica empresarial.

Acciones complementarias

  • Socializar la ley 387 de 1997 y el decreto reglamentarios 2569 del 2000.
  • Contar con un suficiente y oportuno registro estadístico.
  • Evaluar los compromisos adquiridos por instituciones, ONG y organizaciones.
  • Divulgar cuáles son las actividades que llevan a cabo las instituciones y organizaciones que trabajan con desplazados.  

Capitulo 4

LA POBLACIÓN REUBICADA Y LOS PREDIOS

Predios adquiridos

Desde 1997 hasta septiembre del 2001 el Incora adquirió para reubicar población desplazada en tres municipios de Córdoba (Montería, Montelíbano y Valencia) seis predios con un área de 3.482,4 hectáreas para 357 familias por un valor de $7.446.689.459.

En el municipio de Montería adquirió tres predios: El Quindío (corregimiento de Nueva Lucía), La Duda El Tomate y La Duda Los Llantos (ambos en el corregimiento de Las Palomas) con un área de 1.606,8 hectáreas para 187 familias por un valor de $4.239.962.914 con un promedio de unidad agrícola familiar (UAF) de 8.5 hectáreas. 

Predios para reubicaciones de desplazados

departamento de córdoba *

MUNICIPIO

PREDIO

AREA

FAMILIAS

LINEAS DE PRODUCCION

VALOR PREDIO

AÑO

Montería

El Quindío

510.27

61

Patilla, arroz, ajonjolí, plátano, ganadería, hortaliza.

1,293,962,914

1997

Montería

La Duda El Tomate (Valle Encantado)

128.18

15

Arroz, patilla ajonjolí, plátano, ganadería, hortaliza.

346,000,000

1997

Montería

La Duda Los Llantos (Nuevo Horizonte)

968.52

111

Arroz, plátano, patilla ajonjolí, ganadería, hortaliza.

2,600,000,000

1997

Valencia

Nuevo Oriente

834.44

58

Maiz, plátano, ñame, ganadería.

1,250,726,545

1997

Montelíbano

La Lucha

402.62

38

Ñame, ganadería, maíz.

636,000,000

2000

Montelíbano

La Dorada

638.35

74

Arroz, papaya, ganadería.

1,320,000,000

2000

Total

 

3482.40

357

 

7,446,689,459

 

Fuente. Incora Córdoba, Montería, 2001*

El Quindío

Adquisición, acompañamiento y logros

De acuerdo con el Incora[14] el predio El Quindío fue adquirido por la modalidad de negociación voluntaria entre los campesinos (desplazados) y el propietario del inmueble en diciembre de 1997.

El predio fue negociado por 61 familias desplazadas de la región de Batata, Alto Sinú, por valor de $1.293.962.914, de los cuales $905.774.040 corresponden al subsidio de tierras y $388.188.874 al 30% del crédito complementario.   Aunque la propiedad de la tierra se encuentra en común y proindiviso, cada familia posee una unidad agrícola familiar de 8.3 hectáreas, con un subsidio de $14.848.755 por familia.

Este grupo fue previamente capacitado y asesorado mediante contrato efectuado por el Incora con la Universidad Javeriana.

El traslado de las familias al predio se efectúo en forma paulatina, a partir de marzo de 1998.  La Consejería para los desplazados aportó los recursos para la vivienda transitoria y ayuda humanitaria.

La reubicación fue acompañada en su fase inicial por la Gobernación de Córdoba, alcaldía de Montería, Sena, ICBF, Defensoría del Pueblo, Caja Agraria, Cruz Roja de Córdoba y obviamente el Incora.  En la actualidad perdura la intervención de la Alcaldía de Montería a través de la Umata y el ICBF con programas nutricionales.

Mediante la gestión de la regional se han logrado los siguientes avances en el proceso de reubicación:

  • Atención humanitaria en la fase inicial.
  • Desembolso parcial de recursos del proyecto productivo (Caja Agraria $182.800.000 para ganadería y $388.000.000 crédito de tierras).
  • Desembolso de recursos de la Consejería para los desplazados para construcción de vivienda provisional ($20.000.000).
  • Construcción de 46 viviendas definitivas con subsidio otorgado por el Banco Agrario y cofinanciación de la alcaldía de Montería (valor proyecto $174.143.665).
  • Funcionamiento de un hogar comunitario de bienestar, un fami y un restaurante escolar (ICBF).
  • Constitución de la cooperativa multiactiva de parceleros de El Quindío – Coomupaq.
  • Asignación de subsidio para comercialización a la cooperativa ($34.522.632)
  • Conformación de la Asociación de Mujeres del predio El Quindío – Asomuquín.
  • Prestación de asistencia técnica por parte de la Umata de Montería.
  • Otorgamiento de incentivo forestal por parte de la Corporación de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS) para el establecimiento de 61 hectáreas de maderables (valor incentivo $ 42.000.000).
  • Proyecto de Seguridad alimentaria auspiciado por el Ministerio de Agricultura y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura O.E.I (aporte OEI $17.257.350)
  • Capacitación a la comunidad por parte del proyecto Col 92/005, con énfasis en organización comunitaria y desarrollo empresarial participativo.
  • La vinculación de la ONG Corporación María Cano para el fortalecimiento organizativo y el desarrollo de proyectos productivos.

Además de los nombrados por el Incora también intervinieron la Cruz Roja y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) con ayudas de emergencia, Médicos sin Fronteras con programas de salud, la Universidad Javeriana les brindó asesoría jurídica y capacitación, la Parroquia de Tierralta y la Asociación Prodesplazados de Tierralta (Asoprodes) acompañamiento y organización.

Procedencia

De las 61 familias adjudicadas 53 son de Córdoba (Tierralta – Valencia: Batata, Mieles, Guadual, Guásimo, Quimarí, Sierpe) y 8 de Antioquia (Arboletes 1, Bajirá 1, Chigorodó 2, Nechí 1, Turbo 3)

Población

La comunidad la componen 46 familias con 331 personas.   De estas, 12 son ancianos (5 mujeres), 150 niños (70 mujeres), 78 jóvenes (38 mujeres) y 99 adultos (45 mujeres).

En un censo que hizo la Corporación María Cano a principios del año 2001 a 31 mujeres, encontró que 8 son analfabetas, 1 estudió primer grado, 5 segundo grado, 10 tercer grado, 2 cuarto grado y 5 cuarto grado; 18 viven en unión libre, 12 son casadas y 1 es viuda; 10 tiene edades entre los 20 y 30 años, 10 entre los 31 y 40, 9 entre los 41 y 50, 1 entre 51 y 60 y 1 mayor de 61 años.

Actividades económicas

  • Disponen de 61 hectáreas de maderables y aunque saben que obtendrán beneficios dentro de 10 años, la mayoría está de acuerdo con el Plan.  Recientemente perdieron 20 hectáreas por incendio pero las están recuperando.
  • La tierra, casi en su totalidad, es apta para la ganadería y los cítricos.   Este hecho les cambió su vocación y oficio de agricultores, lo que siempre habían hecho en sus tierras de origen, por el de ganaderos.  Aunque no fue de su gusto, debieron aceptarlo y aprender a manejar esta nueva actividad económica.
  • La ciénaga de Betancí que colinda con el predio no la aprovechan económicamente porque las orillas están ocupadas por invasores que no les permiten su usufructo.  Para evitar conflictos han aceptado la situación.
  • Las labores de la Asociación de mujeres en piscicultura, cría de gallinas y cultivos.

Organización

Tienen funcionando la Cooperativa multiactiva con aportes de los socios y la Asociación de mujeres con 36 asociadas que llevan a cabo programas de piscicultura, cría de gallinas y siembra de maíz.   La tienda comunitaria no ha empezado a funcionar y los comités de educación, salud y conciliación suspendieron actividades:

El miembro de la comunidad y edil Luis Eduardo Díaz ha presentado los proyectos de construcción de un puente entre la cabecera del corregimiento y el predio y un plan de electrificación.   Ambas obras son de importancia para la comunidad.

Religión

Aunque la mayoría dicen ser católicos también hay grupos adventistas, latinos y presbiterianos.  Todos tienen influencia en sus feligresías y en la comunidad porque un buen número de líderes son los orientadores de los grupos religiosos.

Adjudicaciones

El Incora adjudicó el predio a 61 familias pero sólo la ocupan 46.  Estos le han solicitado al instituto no adjudicar a otros las parcelas desocupadas y más bien les amplíen las unidades agrícolas familiares asignadas a ellos porque la actividad de la ganadería requiere más tierra que la agrícola.

El Incora inició el trámite jurídico y administrativo para la recuperación del subsidio de tierras que fue otorgado a las 15 familias que no se encuentran en el predio.

Opiniones sobre el proceso vivido

Para los miembros de la comunidad la reubicación tiene aspectos positivos y negativos.

 

Positivos

Negativos

  • Cuentan con tierra para trabajar
  • La capacitación (que consideran abundante y de calidad) y la ayuda recibida.
  • El plan de vivienda.
  • La tranquilidad social del área
  • La convivencia en general de la comunidad
  • Tienen agua subterránea.
  • Han logrado integrarse con las comunidades vecinas y la cabecera del corregimiento.
  • Aunque pocas, hay familias que hacen uso de los patios con jardines, frutas, hortalizas y especies menores.
  • Quieren preparar a los hijos para que cumplan mejor el relevo generacional.
  • Les falta energía eléctrica, puesto de salud, escuela y vías.
  • No ha funcionado el trabajo colectivo en grande.  Lo han hecho pequeños grupos en agricultura e individual en ganadería.
  • Falta una organización que los integre a todos.
  • No cumplen el reglamento de trabajo.
  • No han gestionado nuevas ayudas.
  • No han aprovechado el potencial del suelo en cítricos y frutas.
  • Hay casos de agresión y conflictos intrafamiliares.

La Duda El Tomate o Valle Encantado

Adquisición, acompañamiento y logros

De  acuerdo con el Incora [15] el predio La Duda El Tomate fue adquirido en 1997 por 15 mujeres desplazadas por la violencia en su condición de jefes de hogar, grupo que contaba con la asesoría de la ONG Taller Prodesal.  El predio consta de 128.1 hectáreas, unidades agrícolas familiares de 8.5 hectáreas y un subsidio por familia de $16.146.667.

Durante todo el proceso el Incora ha realizado una alianza con la ONG Taller Prodesal, facilitando de esta manera la construcción del tejido social, la asesoría en aspectos productivos, organizativos, psicológicos y comunitarios.

En el proceso de reubicación en el predio La Duda El Tomate, hoy Valle Encantado,  se ha logrado:

  • Prestación de asistencia integral por parte de la ONG Taller Prodesal.
  • Atención humanitaria
  • Desembolso parcial de recursos del proyecto productivo (Caja Agraria – crédito de tierras $103.832.000).
  • Construcción de 15 viviendas definitivas con subsidio otorgado por el Banco Agrario y cofinanciación de la Alcaldía de Montería (valor proyecto $56.785.978).
  • Constitución de la cooperativa de beneficiarios de reforma agraria Cooagromuve.
  • Asignación de subsidio para la comercialización a la cooperativa ($12.110.000).
  • Proyecto de seguridad alimentaria auspiciado por el Ministerio de Agricultura y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura O.E.I (aporte OEI $6.819.450).
  • Capacitación a la comunidad por parte del proyecto Col 92/005, con énfasis en organización comunitaria y desarrollo empresarial participativo.

Procedencia

De las 15 familias adjudicadas, según el registro del Incora, 7 son de Córdoba (Canalete, Guáimaro, Los Córdobas, Martinica, Santa Isabel, Tierralta y Villa Esther), 6 de Antioquia (Apartadó, Arboletes, Chigorodó, Naranjito, Pueblo Nuevo y Trementino), 1 de Chocó y 1de la Guajira.

Según Angela Rodríguez en su documento ya citado, 13 de estas mujeres vivieron durante varios años en los asentamientos marginales La Candelaria, Paz del Río, San Cristóbal y Edmundo López de la ciudad de Montería.

Población

La comunidad la componen 15 familias con 109 personas.   De estas 47 son mujeres (22 niñas, 6 jóvenes y 19 adultas) y 62 hombres (27 niños, 24 jóvenes y 11 adultos).   (Rodríguez, Ibid).

Actividades  económicas

Cada familia, con un promedio de 8 personas posee una parcela de 8.5 hectáreas.  De estas, 5 en promedio, hacen parte del potrero con 1 burro y 2 vacas; 1 pie de cría de gallinas criollas, pavos y cerdos en producción; 3.500 metros cuadrados sembrados en plátano, 715 metros cuadrados de hortalizas (berenjena, habichuela, col, pepino y ají); un banco de herramientas; cultivos transitorios de maíz, y/o arroz, yuca y ñame.  (Rodríguez, Ibid).

Organización

Cuenta con una cooperativa cuyo objeto principal es la comercialización y un capital de trabajo de $6.000.000 aportados por el Ministerio de Agricultura, un grupo juvenil, un grupo de mujeres y tres comités (aseo y mantenimiento, vigilancia y compras). (Rodríguez, Ibid).

Opiniones sobre el proceso vivido

Para los miembros de la comunidad la reubicación tiene aspectos positivos y negativos.

Positivos

Negativos

  • Consiguieron la tierra.
  • La vivienda.
  • Las inversiones productivas
  • La capacitación y la experiencia
  • La integración y el liderazgo de la juventud
  • La cohesión del grupo
  • El acompañamiento permanente de Prodesal y la alianza de esta organización con instituciones del gobierno.
  • El interés y apoyo de instituciones del gobierno y no gubernamentales por esta experiencia de mujeres desplazadas cabeza de hogar.
  • Recobraron su identidad campesina.
  • Cierta tranquilidad social en el área.
  • Construcción de puentes, arreglo de vías y plan de electrificación.
  • Servicio de letrina y pozo artesiano permanente.
  • Producen agricultura limpia, libre de químicos.
  • Los hijos trabajan y están alejados de malas compañías, drogas, prostitución y pandillismo que tenían en los asentamientos de la ciudad.
  • Medio ambiente sano.
  • Buena relación con los vecinos.
  • Por los logros alcanzados recuperaron el optimismo.
  • La capacidad de gestión alcanzada.
  • Al principio la reubicación fue dura: sin producción, vivienda, salud, educación, desadaptación, desconocimiento e incertidumbre; tierras enmontadas, alejadas y aisladas.
  • El agua no es buena para el consumo humano.
  • No pudieron trabajar en forma colectiva la producción agropecuaria como lo tenían previsto.
  • Educación y salud son insuficientes.
  • Incomprensiones entre las mujeres y entre estas y los jóvenes.
  • La restricción a los hombres a participar únicamente en el proceso como fuerza laboral.
  • Hace falta renovar y compartir el liderazgo. 

La Duda, Los Llantos o Nuevo Horizonte

Adquisición, acompañamiento y logros

De acuerdo con el Incora [16]el predio La Duda Los Llantos fue adquirido en 1997 por 111 familias desplazadas por la violencia, mediante el otorgamiento de un subsidio de tierras por valor de $1.820.000.000, con unidades agrícolas familiares de 8.7 hectáreas para un total de 968.5 hectáreas y un subsidio por familia equivalente a $16.396.396.

El traslado de las familias al predio se realizó a partir de marzo de 1998.  El Incora presentó a Caja Agraria un proyecto productivo por valor de $1.563.000.000 pero sólo se desembolsó el crédito de tierras.

En el proceso de reubicación se ha logrado lo siguiente:

  • Desembolso parcial de recursos del proyecto productivo (Caja Agraria - $780.000.000 crédito de tierras).
  • Desembolso de recursos de la Consejería para los desplazados para construcción de vivienda provisional ($20.000.000).
  • Funcionamiento de un hogar fami y escuela de padres (ICBF).
  • Constitución de la Cooperativa integral de producción y comercialización agropecuaria Nuevo Horizonte Limitada – Cooagronuh.
  • Conformación de la Asociación de Mujeres de Nuevo Horizonte.
  • Conformación de la Asociación Acción Comunal.
  • Prestación de asistencia técnica por parte de la Umata de Montería.
  • Proyecto de seguridad alimentaria auspiciado por el Ministerio de Agricultura y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura O.E.I (aporte OEI $27.811.850)
  • Capacitación a la comunidad por parte del proyecto Col 92/005, con énfasis en organización comunitaria y desarrollo empresarial participativo.
  • Vinculación al proceso de la ONG María Cano para el fortalecimiento organizativo y el desarrollo de proyectos productivos.
  • Participación de la Asociación de Mujeres La Esmeralda de Nuevo Horizonte en el concurso nacional ambiental premio Procomún-Eternit, año 2000, con un proyecto sobre Organización, capacitación y producción agropecuaria, logrando mención de honor.
  • Vinculación de 96 familias al Sisben.
  • Formulación del proyecto de construcción de vivienda nueva en sitio propio para 96 familias, el cual fue presentado al Banco Agrario en mayo del presente año (valor del proyecto $617.760.000, valor subsidio $494.208.000, aporte Gobernación de Córdoba $61.776.000, aporte comunidad $61.776.000).   Este proyecto fue aprobado y se encuentra para ejecución.
  • Suscripción de un convenio entre la Gobernación de Córdoba, la Fundación Panamericana para el Desarrollo (Fupad) y la Fundación para el Desarrollo Empresarial de Córdoba (Fundecor) para el establecimiento de 105 hectáreas de cultivos, capacitación y asistencia técnica (valor proyecto $171.046.250.  Aporte Fupad: $80.315.500, aporte Fundecor $27.242.000, aporte Gobernación: $42.508.750, aporte comunidad: $20.980.000).

La gobernación de Córdoba ha incorporado en el Plan de Desarrollo el proyecto de aldeas productivas, para lo cual ha tomado como piloto el predio La Duda Los Llantos.  El proyecto tiene entre sus componentes la ejecución de obras en materia de infraestructura física, social, desarrollo comunitario y comercialización, entre otros aspectos, de los cuales ya se cuentan con electrificación y mejoramiento del tramo carreteable Las Palomas – San Gabriel.

Procedencia

De las 111 familias adjudicadas, según el registro del Incora, 60 son de Antioquia (Apartadó 16, Arboletes 2, Cáceres 1, Carepa 5, Cocuelo 1, Currulao 2, Chigorodó 5, El Bagre 1, El Congo 1,   Las Platas 1, Mulatos 2,   Mutatá 2, Necoclí 1, Nuevo Antioquia 1, Pueblo Bello 1, Pueblo Nuevo 1, San Pedro 4, Santa Catalina 1, Sapindonga 1, Turbo 11); 45 de Córdoba (Batata 1, El Tomate 5, Las Palomas 2, Loma Verde 1, Maquencal 2, Mejor Esquina 1, Montelíbano 1, Morindó 2, San Francisco del Rayo 1, San Rafael 2, Valencia 1, Tierralta 26) y 6 del Chocó (Bajirá 1, Playa Roja 1, Río Sucio 1, Santa María 1, Unguía  2).

Estas familias se encontraban viviendo en los distintos asentamientos subnormales de Montería y hacían parte de cuatro organizaciones de desplazados que funcionan en Montería.

Población

La comunidad la componen 125 familias con 669 personas, de estas 315 son mujeres.  Del total, 76 familias son adjudicatarias y las demás son aspirantes o familiares de los anteriores.

Por grupos de edades la población es la siguiente: de 1 a 7 años, 150; de 8 a 13, 148; de 14 a 18, 88; de 19 a 40, 191 y de 41 en adelante, 92.

Actividades económicas

Más de 100 hectáreas sembradas de arroz, plátano, maíz, yuca y ñame por el convenio Gobernación de Córdoba – Fupad – Fundecor; 70 hectáreas de estos mismos cultivos por esfuerzos propios; 60 cabezas de ganado; hortalizas (ají, berenjena, col y calabaza) y un Fondo rotatorio que les permite a las 65 mujeres de la Asociación contar con programas de crías de gallinas y cerdos.

Organización

Cuentan con Junta de acción comunal, cooperativa integral de producción y comercialización agropecuaria y la Asociación de mujeres La Esmeralda.

La Asociación ha sacado avante la construcción de viviendas con materiales de la zona (palma y madera), pozo de agua, sede comunitaria, comedor infantil, escuela y tienda comunitaria; en programas productivos tienen cultivos, ganadería, huertas caseras y fondo rotatorio.

Este año volvieron a participar en el premio Procomun Eternit Luis Carlos Galán que tuvo como tema Realizaciones comunitarias para el mejoramiento habitacional: vivienda y entorno, obteniendo el primer puesto entre 131 participantes.

La Asociación la componen 60 mujeres asesoradas por la organización social comunitaria  María Cano de Montería.

Religión

Hay grupos católicos, pentecostal y latinoamericano.   Sus pastores y orientadores tienen influencia general en la decisión de la comunidad.

Adjudicaciones

A las 42 familias adjudicatarias que no han ocupado las parcelas asignadas, el Incora les inició desde finales del año 2000, el proceso de recuperación para poder asignarlas a nuevos aspirantes.   Las parcelas, sin embargo, no están vacías, las ocupan otros desplazados  que aspiran a estos cupos.  Al parecer, entre estos y los adjudicatarios no se han presentado dificultades.

En el pasado mes de octubre el Incora concluyó la fase administrativa de estos procesos, declarando cumplida la condición resolutoria del subsidio de tierras.

Opiniones sobre el proceso vivido

Para los miembros de la comunidad la reubicación tiene aspectos positivos y negativos.

Positivos

Negativos

  • Ser considerados por la gobernación aldea productiva como experiencia piloto.
  • Los logros obtenidos y los premios alcanzados por la Asociación de mujeres.
  • La construcción de puentes, mejoramiento de vías y la electrificación.
  • Un pozo artesiano con bomba que en verano logra abastecer el 20% de la comunidad.
  • Aunque la propiedad de las parcelas es individual, algunas actividades las hacen comunitariamente o en pequeños grupo: sembrar, fumigar, picar monte, recolección.
  • La capacitación y el apoyo recibidos.
  • El acompañamiento de la organización María Cano.
  • Recuperar la identidad de campesinos.
  • La disposición y voluntad suficientes para vencer las primeras dificultades de la reubicación.
  • Contar entre los miembros con ebanista, electricista, mecánico, zapatero, tractorista, radiotécnico, auxiliar de enfermería, latonero, conductor, albañil, profesor.
  • La convivencia y la solidaridad entre los miembros .
  • La división del trabajo entre la cooperativa, la Junta de acción comunal y la Asociación de mujeres no entorpece las relaciones y las funciones de las organizaciones.
  • El arribo al predio fue por cuenta de  cada familia.
  • El principio fue traumático por las carencias, el desconocimiento de la tierra y el rastrojo en que se encontraba.
  • El agua de los pozos no es apta y la subterránea es insuficiente.
  • La lentitud en cumplir con lo ofrecido: vivienda transitoria, alimentación por 6 meses, firma de la escritura pública antes de conocer las responsabilidades, vinculación al Sisben, créditos del banco, legalidad de la parcela y el traslado, entre otros.
  • Aunque tienen acceso a la educación primaria, los colegios de secundaria están muy retirados y los de estudios técnicos no existen. 
  

Capitulo 5 

INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES QUE APOYAN A DESPLAZADOS POR VIOLENCIA *

Hasta el año 2000 era corriente escuchar a las organizaciones de desplazados  de no contar con apoyo de las instituciones gubernamentales y muy poco de las organizaciones de servicio social.

Se quejaban de la escasa ayuda humanitaria oficial, la demora en entregarlas, la falta de recursos de las administraciones departamental y municipales, la ausencia de las Personerías y las pocas e improductivas reuniones de los comités de atención.  Hablaban con desencanto de los ocasionales mercados y brigadas de salud que recibían.

En algunas organizaciones de servicio social los comentarios y discusiones giraban sobre la conveniencia y alcance de la ayuda coyuntural o de emergencia y la de generación de ingresos permanentes o sostenibles, la coordinación y la planeación colectiva pero estas apreciaciones y análisis no trascendían al conjunto de las organizaciones.

Era cierto también que, mientras la mayoría de la población desplazada no estaba recibiendo colaboración de ninguna clase, pocas organizaciones y comunidades concentraban buena parte de la ayuda, en especial algunos asentamientos marginales de la ciudad y veredas de Montería y municipios del sur del departamento (Tierralta, Valencia, Montelíbano y Puerto Libertador).

Pero la situación empezó a cambiar en el año 2001.   La Red de Solidaridad Social, la Gobernación de Córdoba, algunas administraciones municipales e institutos como el Incora y el Bienestar Familiar vienen participando con programas de asistencia, generación de ingresos y adquisición de predios para reubicaciones.

Las organizaciones no gubernamentales internacionales como Acción Contra el Hambre, Visión Mundial, Benposta, Médicos Sin Fronteras, Programa Mundial de Alimentos y otras siguen con su labor meritoria y permanente.  La llegada de la Fundación Panamericana para el Desarrollo en el mes de diciembre del 2000 amplió y dinamizó la ayuda a los desplazados.  Mediante convenios ha logrado vincular a instituciones oficiales y organizaciones de servicio comunitario a la ejecución de programas productivos.

Mientras tanto las organizaciones de servicio comunitario de Montería y Córdoba siguen con su labor  en medio de dificultades económicas y de seguridad.  

El siguiente cuadro recoge los programas que están realizando las instituciones oficiales y las organizaciones no gubernamentales más conocidas en el departamento. 


Institución u organización

Programa

Comunidad

Valor $

Nro benef

Año

Resultados

Fundación Revivir

Generación de ingresos

 

  Crédito individual Cantaclaro, Mi Ranchito, Ranchos del Inat, La Palma, El Poblado, Casafinca, Rancho Grande, 25 de Agosto. (Montería).

21.000.000

Préstamos de 50.000 mínimo y 200.000 máximo.

112 2001
  • 92% pagó crédito
  • 40% conservó capital de trabajo.
  • Capacitación ha funcionado en los aspectos empresariales y contables.
  • Mejoramiento presentación personal.
  Crédito  empresarial    Grupo elaboración de bloques en la vereda Campanito (Cereté). 7.000.000 7 2001 Todos en etapa de iniciación.
    Grupo elaboración de galletas de limón en la vereda Campanito. 2.000.000 5
    Grupo de modistería en el barrio Andalucía (Montería). 7.000.000 7
    Grupo procesamiento de papel en el barrio Cantaclaro (Montería). 9.000.000 20
  Educación ambiental para niños y jóvenes. Cantaclaro, Ranchos del Inat, Casafinca, Paz del Río. 10.000.000 100 2001

  •   Formación de 4 grupos de niños y jóvenes.
  •   Elaboración y ejecución de las propuestas: procesamiento de papel archivo y preparación de abono mejorado de tierra (compost).
  •   Participación del 50% de miembros de las familias.
  •   Actividades de difusión y proyección de las experiencias.

Instituciones y organizaciones que apoyan grupos de desplazados

Observaciones

  • El tiempo de acompañamiento o apoyo demora entre 4 y 6 meses, insuficientes para hacer sostenible la actividad en cuanto lo económico, capacitación y organización.  Mínimo debe ser de 1 año en estos aspectos.
  • El 80% de los beneficiarios que no continúan en los programas regresan a su actitud anterior: conformismo y dependencia de la asistencia humanitaria que ofrecen instituciones públicas y organizaciones de servicio social .
  • El 8% de los beneficiarios ha logrado definir y organizar sus negocios.

Institución u organización

Entidad ejecutora

Programa

Comunidad

Costo    

$

Nro famil.

Año

Fundación Panamericana para el Desarrollo FUPAD

1.Fundación San Isidro

Insumos agrícolas y actividades participativas de evaluación a familias reubicadas.

Montelíbano

38.930.000

38

2001

Fondo crédito

Montelíbano, Puerto Libertador, La Apartada

109.100.000

(valor total)

300

2001

2. Fundecor

Fondo crédito

Montería, Planeta Rica, Ayapel, Tierralta, Chinú, Pueblo Nuevo, Cereté, San Antero.

834.500.000

(valor total)

1.000

2001

Preparación del suelo, asistencia técnica, semillas de maíz, ñame y yuca, materiales para la capacitación, equipos de riego, asistencia técnica, estudio de línea base y evaluación participativa a familias reubicadas.

Aldea comunitaria en Nuevo Horizonte (Mon-tería)

77.403.000

154

2001

Arrendamiento y mecanización de tierras, semillas e insumos no químicos, desgrane mecánico, equipos de modistería y empaquetados, transporte de productos e insumos, capacitación, asistencia y dirección técnica, material didáctico, estudio de línea base y actividades de evaluación participativa a familias reubicadas.

Tierralta.

615.795.000

700

2001

Preparación de tierras, construcción de canales, banco de herramientas, semillas e insumos no químicos, desgrane mecánico, empaque, transporte de personal, capacitación, asistencia y dirección técnica, estudio de línea base, actividades de evaluación participativa y sistematización a familias reubicadas.

Valencia.

1.089.197.000

796

2001

Arrendamiento y mecanización de tierras, construcción de canales, banco de herramientas, semillas e insumos no químicos, desgrane mecánico, empaque, transporte de personal, capacitación, asistencia y dirección técnica, gastos de viajes de los capacitadores, material didáctico, estudios de línea base, actividades de evaluación participativa y sistematización a familias reubicadas.  

Puerto Libertador

523.870.000

1.100

2001

3.Fundación del Sinú

Cooperativa de producción, comercialización y distribución de pancoger y otros productos agropecuarios.   Adquisición de triciclos, capital de trabajo, apoyo inicial en arriendo, servicio, dotación de oficina y computador, estudio de línea base, actividades de evaluación paticipativa y sistematización.

Montería.

53.750.000

54

2001

4.Fundación Revivir

Fondo Crédito e Incubadora de empresas.   Estudio de factibilidad para definir las incubadoras de negocios, montaje de los negocios y fondo de crédito, estudio de línea base, actividades de evaluación paticipativa y sistematización.

Montería, Cereté

70.348.000

190

2001

5.Corporación Betancí

Fondo Crédito

San Andrés de Sotavento Chinú,   Chimá y Momil.

315.580.000

(valor total)

300

2001

6.Fondo Mixto de Cultura

Empresas asociativas artesanales

Compra de herramientas y materia prima, estudio de línea base, actividades de evaluación paticipativa y sistematización.

Montería, Cereté y Tie-rralta.

259.690.000

220

2001

7.Corporación María Cano.

Fondo Crédito

Montería, Cereté, Sahagún.

154.330.000

(valor total)

120

2001

Institución u organización

Entidad Ejecutora

 Programa

Comunidad

Costo   

 $

Nro benef

Año

Corporación Betancí

 

Generación de Ingresos

Fondo de desarrollo microempresarial :

  • Grupos solidarios
  • Grupos especiales

Producción agropecuaria: cultivos y especies menores.

  • Procesamiento o manufacturas: artesanías , zapatos, marquetería, muebles, producción de queso, procesamiento o picado de   yuca,  maíz, panadería.
  • Comercialización de productos terminados: comerciantes, vendedores ambulantes, puestos estacionarios. 
  • 146 grupos en Montería, Momil, Chimá, Chinú y San Andrés de Sotavento.  Con mínimo 2 y máximo 6 personas.
  • 3 grupos especiales de artesanías de 30, 21 y 10 personas.

120.000.000

préstamos mínimo de 50.000 y máximo 4 millones.

 

450

 

2001

 

   

Promoción y capacitación a comunidades

146 grupos solidarios en Montería, Momil, Chimá, Chinú y San Andrés de Sotavento. 124.00.000 450 2001

Observaciones

  • Préstamos muy pequeños
  • La capacitación debe ser directa y dirigida a cada grupo en particular.
  • Los grupos especiales están organizados de acuerdo con las normas del cabildo indígena de San Andrés de Sotavento.
  • Los beneficiarios aseguran lo básico y elemental: la subsistencia. 

Institución u organización

Programa

Comunidad

Costo   

$

Nro benef

Año

Red de Solidaridad Social

RSS

Siembra y explotación de 120 hectáreas de maíz

Corregimientos de Guadual, Mieles, San Rafael, Santo Domingo y Cocuelo en Valencia.

47.640.000

 

2000-2001

Cría de especies menores, cultivos de papaya y plátano.

Veredas Reposito y Veracruz en Valencia.

73.008.000

 

2000-2001

100  hectáreas de maíz, 25 de yuca y 50 de arroz.

Tierralta.

224.663.225

 

2000-2001

Capacitación y organización en servicios de lavandería.

Asentamientos marginales de Montería.

56.393.589

 

2000-2001

 

Institución u organización

Programa

Entidad ejecutora

Tipo de programa

Comunidad

Raciones aprobadas

Nro

famil.

Año

Red de Solidaridad Social (RSS) –

Programa Mundial de Alimento (PMA)

Operación prolongada de socorro y recuperación OPSR/6139

Asomochi

Capacitación en modistería básica, ropa interior y lencería.

Montería.

2.400

40

2000

Corporación María Cano

Capacitación en procesos de organización y producción.  Se han adelantado las actividades de canalización, producción de gallinas criollas y huertas caseras.

Cereté.

4.860

46

2000

Capacitación, organización y producción agropecuaria, administración y relaciones humanas.

Predio El Quindío, Montería

5.200

 

2000

Capacitación, organización, construcción de la sede para las mujeres, producción ganadera y huertas caseras, alfabetización, reforestación.

Montería.

14.280

60

2000

Capacitación en cooperativismo, relaciones interpersonales, superación personal, motivación, paquetes productivos autosostenibles.

Montería.

430

25

2000

Taller Prodesal

Capacitaciones sobre diversificación, empresas rurales, administración de fincas, proyectos de vivienda rural, explotación avícola, cultivo de plátano y hortalizas 

Valle Encantado, Montería.

6.120

17

2000

Promosinú

Organización, administración y relaciones personales, producción agropecuaria, cultivo de yuca.

Predio Usaquén, Montería.

4.100

22

2000

Capacitación en organización, administración, producción agropecuaria, construcción de puente y arreglo de la vía.

Aldea comunitaria en Nuevo Horizonte, corregimiento Las Palomas, Montería.

15.840

88

2000

Minuto de Dios

Capacitación en modistería, belleza, arreglos navideños, comidas rápidas, organización microempresarial.

Montería

18.000

300

2000

Alcaldía de Valencia

Adquisición y cría de carneros.

Valencia.

541

10

2000

Siembra de 10 hectáreas de papaya.

Reposito, Valencia.

3.290

42

2000

Siembra de 40 hectáreas de plátano

Veracruz, Valencia.

7.896

74

2000

Atosh

Siembra de 59 hectáreas de patilla, cultivo de maíz, plátano y otros cultivos de pancoger.

Tierralta.

6.419

131

2000

Fundación San Isidro

Capacitación en cooperativismo y procesos organizativos.

Montelíbano

12.000

200

2000

Capacitación en cooperativismo y procesos organizativos.

Puerto Libertador

1.200

20

2000

Siembra de 19 hectáreas de maíz, yuca y ñame respectivamente.

Predio La Lucha, Montelíbano

4.522

38

2000

Capacitación en relaciones humanas, organización, administración y las actividades técnicas del proyecto.

Montelíbano

570

38

2000

Alcaldías

Siembra de 100 hectáreas de maíz, 25 de yuca y 50 de arroz.

Tierralta

20.721

321

2000

Siembra y explotación de 120 hectáreas de maíz.

Corregimientos de Mieles, Guaduales, San Rafael, Santo Domingo y Cocuelo, Valencia.

8.400

60

2000

Coluzdec

Capacitación y organización en servicio de lavandería.

Montería.

5.975

60

2000

Fondo Mixto de Cultura

Capacitación y organización para la generación de empleo e ingresos en artesanías.

Montería, Cereté, Tierralta.

9.984

220

2000

Institución u organización

 Programa

Tipo de programa

Comunidad

Nro benef

Año

Acción Contra el Hambre

Acción Contra el Hambre

Nutrición y salud

Alimentos, materiales de cocina, control nutricional, asistencia técnica y capacitación.  Centro Infantil Villa Hermosa.

Montelíbano

150 niños

100 madres

2001

Apoyo a cuatro ollas comunitarias, alimentos, materiales de cocina, control nutricional, asistencia técnica y capacitación

640 personas

Alimentos, materiales de cocina, control nutricional, asistencia técnica y capacitación al Centro Infantil Montevideo.

Tierralta

120 niños

100 madres

Apoyo a una olla comunitaria, alimentos, materiales de cocina, control nutricional, asistencia técnica y capacitación

160 personas

Agua y saneamiento

Materiales para construcción de dos microacueductos, asesoría técnica y capacitación, control bacteriológico del agua.

Villa Luz y Villa Madeira, Tierralta

500 personas

2001

Materiales para construcción de 150 letrinas,  asesoría técnica y capacitación, control bacteriológico del agua.

Villa Luz, Villa Madeira y El Pollo en Tierralta.

900 personas

Mejoramiento de la calidad de agua de consumo, materiales para construcción de letrinas, orinal y pozos para ollas comunitarias.

Montelíbano

480 personas

Materiales para construcción  de baterías sanitarias provisionales y rehabilitación de pozos, asesoría técnica y capacitación, control bacteriológico del agua.

Escuela La Esperanza, Montelíbano

356   personas

Materiales para construcción y rehabilitación de 10 pozos, asesoría técnica y capacitación, control bacteriológico del agua.

Pica Pica, El Palmar y Boca de San Pedro en Puerto Libertador.

3.000 personas

Materiales para construcción y rehabilitación de 150 letrinas duchas y rehabilitación de 30, asesoría técnica y capacitación, control bacteriológico del agua.

Producción agropecuaria

Semillas y herramientas, asesoría técnica y capacitación para 2 huertas comunitarias y familiares.

El Porvenir y Villa Hermosa, Montelíbano.

1.560 familias

2001

Animales y herramientas, asesoría técnica y capacitación para cuatro galpones comunitarios.

La Granja,  Montelíbano.

Animales y herramientas, asesoría técnica y capacitación para dos cultivos de peces.

Animales y herramientas, asesoría técnica y capacitación ; materiales para construcción  para 3 explotaciones de cerdo.

Materiales de construcción y asesoría técnica para sala de sacrificios de las explotaciones pecuarias.

Montelíbano

Animales, insumos, asesoría técnica y capacitación para una granja integral.

Escuela La Esperanza, Montelíbano

520 personas

Animales, insumos, asesoría técnica y capacitación .

La Lucha y La Dorada, Montelíbano

660 personas

Semillas y herramientas, asesoría técnica y capacitación para  huertas y cultivos comunitarios y familiares.

Villa Luz, Villa Madeira y Montevideo en Tierralta.

900 personas

Animales, insumos, asesoría técnica y capacitación para proyectos pecuarios

Villa Luz, Villa Madeira en Tierralta.

Animales, insumos, asesoría técnica y capacitación para fortalecimiento productivo y organizativo.

Crucito, Chibogadó y La Carretera en Tierralta.

400 personas

Insumos y animales para una granja –escuela avícola y porcina.

Juan José, Puerto Libertador

520 alumnos

600 personas

Insumos y asesoría técnica a huertas de mujeres para centro infantil

Puerto Libertador

70 personas

Acción Contra el Hambre

Trabajo social

Material pedagógico, didáctico y asesoría técnica para:

  • Formación   en promoción y desarrollo comunitario.
  • Seguimiento y tratamiento de casos de maltrato infantil.
  • Talleres de relaciones interpersonales e intrafamiliares.
  • Aplicación de encuestas de seguimiento de los programas y de estado de ánimo de los desplazados.
  • Montelíbano/ Tierralta

    2.200 personas

    2001

    Otras actividades

    Logística, registro, vacunación y capacitación para:

  • Complemento de esquema de vacunación infantil y mujeres en edad fértil.
  • Capacitación y brigadas de salud por Profamilia y el municipio.
  • Capacitación y muestreo de paludismo en las comunidades que se encuentran en mayor riesgo de epidemias.
  • Montelíbano/ Tierralta

    4.200 personas

    2001

    Materiales de construcción, logística y asesoría técnica para construcción de albergue de los indígenas del Cabildo Río Esmeralda/ Río Sinú.

    Tierralta

    500 personas

    Materiales de construcción, logística y asesoría técnica, capacitación, material pedagógico, didáctico, dotación de botiquines, rehabilitación sanitaria para el fortalecimiento del sistema de atención materno infantil.

    3.317 niños

    302 madres comunitarias

    522 madres gestantes lactantes

    Institución u organización

     Programa

    Tipo de programa

    Comunidad

    Costo

    $

    Nro. benef.

    Año

    Fundación para el Desarrollo Empresarial de Córdoba

    FUNDECOR

    Producción,

    organización, capacitación, asistencia técnica y comercialización 

    300 hectáreas de maíz, yuca.

    Puerto Libertador

    17.000.000

     

    2001

    50 hectáreas de papaya

    400 hectáreas de yuca tecnificada

    400 hectáreas de maíz mecanizado

    Total costos

    Total gastos

    Total costos, gastos y equipos

    Porcentaje de participación

    300 hectáreas de yuca tecnificada

    Valencia

    57.000.000

     

    2001

    260 hectáreas  de arroz secano

    80 hectáreas de ñame

    39.8 hectáreas de hortalizas

    99 hectáreas de ají picante

    436 hectáreas de maíz

    50 hectáreas de plátano

    Total costos

    Total gastos

    Total costos y gastos

    Porcentaje de participación

    60 hectáreas  de arroz secano

    Tierralta

    49.000.000

     

    2001

    300 hectáreas de maíz, ñame

    300 hectáreas de maíz, yuca

    100 hectáreas de papaya

    100 hectáreas de maíz mecanizado

    0.5 hectáreas de hortalizas

    10 hectáreas de maracuyá

    30 hectáreas de ají

    Total costos

    Total gastos

    Total costos y gastos

    Porcentaje de participación

    60 hectáreas  de arroz mecanizado

    Aldea comunitaria

    Nuevo Horizonte

    23.442.000

     

    2001

    5 hectáreas  de maíz, ñame

    30 hectáreas de yuca

    Total costos

    Total gastos

    Total costos y gastos

    Porcentaje de participación

    Total costos generales

    Resumen general de proyectos

    2.550.000

     

    2001

    Total gastos generales

    143.892.000

    Total costos y gastos general

    146.442.000

    Porcentaje de participación general

     

    Indicadores

     

    Cultivos

    Hectáreas

       

    Cultivos

    Hectáreas

    1

    Maíz mecanizado

    500

     

      7

    Maíz y ñame

    305

    2

    Maíz tradicional

    436

     

      8

    Papaya

    150

    3

    Maíz y yuca

    600

     

      9

    Ají

    129

    4

    Yuca industrial

    730

     

    10

    Hortalizas

           40,3

    5

    Arroz secano

    380

     

    11

    Maracuyá

    10

    6

    Ñame

             80

     

    12

    Total hectáreas

    3.360,3

    Familias beneficiadas     2.907

    Personas beneficiadas  14.535

    Observaciones

    • Las comunidades, con excepción de Tierralta, están respondiendo.
    • La mayoría de los cultivos no han sido recogidos.

    Institución u organización

    Programa

    Tipo de programa

    Comunidad

    Nro. benef

    Año

    Corporación María Cano

    Organización, capacitación y producción con mujeres desplazadas.

    Actividades productivas:

    • 14 hectáreas de cultivos de maíz, yuca, plátano, hortalizas, arroz, ajonjolí.
    •   Ganadería: pie de cría, 12 vacas y 1 toro.
    • Especies menores: 1 cerdo, 4 gallinas y 1 gallo por familia.

    Capacitación:

    • Desarrollo organizacional y personal.
    • Producción agroecológico: abono, dieta alimentaria con recursos locales, abono verdes, preparación y aplicación de biofertilizantes.

    Atención en salud:

    • Jornadas citológicas para mujeres y odontológicas para niños.
    •   Prevención de enfermedades.

    La Duda Los Llantos (Nuevo Horizonte)

    57 mujeres con sus maridos e hijos

    1999-2001

    Observaciones

    • Las actividades productivas las realizan con enfoque agroecológico.

    Dificultades

    • La mayoría de los parceleros usan tecnologías no adecuadas, contaminantes, en cultivos y ganadería.
    • Acceso difícil
    • Reclutamiento de jóvenes en “actividades agrícolas”
    • Proceso en etapa de consolidación y fortalecimiento.

    Otros aspectos

    • Mujeres van ganando claridad sobre sus derechos y autonomía pero no lo aplican.  Siguen cumpliendo el rol tradicional  (reproductivo, atención al marido y son objeto de maltrato).
    • Hay liderazgo amplio, ejercido a través de varias organizaciones.
    • Tienen una edil, Ledys Estrada.
    • El Incora no dilete sus procesos de adjudicación de parcelas no ocupadas.
    • Fuerte presencia religiosa.

    Institución u organización

     Programa

    Comunidad

    Nro.

    benef

    Año

    Corporación

    Taller Prodesal

    (Promoción Popular y desarrollo alternativo)

    •   Cultivo de pancoger y hortaliza
    •   Especies menores (cerdos y gallinas)
    •   Ganadería
    •   Banco de herramientas
    •   Construcción de comunidad

    La Duda EL Tomate corregimiento de Las Palomas.

    15 familias

    112 personas

    2000-2001

    Observaciones

    • La tierra fue entregada a 15 mujeres cabeza de hogar.  La mayoría de ellas en un principio estuvieron sin compañero que les ayudara en las actividades (hijo, hermanos, padre).
    • El 80% de las mujeres es de distintas partes de Córdoba, el resto de otras partes de la costa.
    • El primer año de reubicación es muy difícil por la falta de comida, vivienda, salud, agua y vías.
    • Las dificultades que se presentan son internas (diferencias de cultivos, aportes de mano de obra, etc.) y externas (pago de intereses, atención en salud, falta de coordinación   y acuerdos con los vecinos).
    • Cuentan con una organización que se denomina Asociación de Mujeres Valle Encantado. 

     institución u Organización

    Programa

    Comunidad

    Área

    Costo Subsidio)

     Nro. Beneficiarios

    AÑO

    Incora

    Adquisición de predios para reubicación de población desplazada

    El Quindío, Montería

    510.27

    905.774.040

    61

    1997

    La Duda El Tomate (Valle Encantado), Montería

    128.18

    242,200,000

    15

    1997

    La Duda Los Llantos (Nuevo Horizonte), Montería  

    968.52

    1.820.000.000

    111

    1997

    Nuevo Oriente, Valencia

    834.44

    875.508.582

    58

    1997

    La Lucha, Montelíbano

    402.62

    445.200.000

    38

    2000

    La Dorada, Montelíbano 

    638.35

    924.000.000

    74

    2000

     

    3482.40

    5.212.682.621

    357

     

    Programa

  •   Grupos de formación de la personalidad: jardín, semillero, fuerza joven, prejuventud, un distrito de preaventura, aventureros.
  • Servicio de consulta médica, enfermería y tienda comunitaria.
  • Formación deportiva en fútbol, básquet, karate, voleibol y microfútbol.
  • Comedor, guardería, educación
  • Biblioteca
  • Actividades formativas y deportivas
  • Grupos de formación y actividades artísticas, complemento alimenticio y paquete de alimentos.
  • Grupos de formación de la personalidad,  actividades académicas, nutritivas, de salud, artísticas y deportivas.
  •   Atención nutricional en:

    Asilo-Paraíso

              Montevideo: participan del comedor  y actividades lúdicas y recreativas.

    Centro Nuevo Oriente :  participan del comedor y otras actividades.

    Sede San Carlos: participan del comedor y otras actividades.

  • Grupos organizativos, nutricionales, artísticos, deportivos, académicos, lúdicos, espirituales  y formativos.
  • Institución u organización

     Programa

    Comunidad

    Costo $

    Nro. benef

    Año

    Fundación del Sinú

    Estudio. Reflexiones sobre el proceso de reubicación de población desplazada por la violencia en predios rurales del municipio de Montería .

     

    La Duda Los Llantos, La Duda El Tomate y El Quindío.

     

    3.000.000

     

    20

     

    2001

     

    Escuela de Liderazgo Democrático.

     

    Cantaclaro, Robinson Pitalúa, Candelaria en Montería.

     

    2.000.000

     

    55

     

    2000 – 2001

     

    Diplomado sobre Desarrollo empresarial para microempresas para jóvenes desplazados y de estrato 1 en convenio con el Centro de Comunicación Educativa Audiovisual (CEDAL)

     

    Asentamientos subnormales de Montería.

     

    2.300.000

     

    100

     

    2001

     

    Segunda Feria de la ciencia y la cultura de las escuelas de asentamientos subnormales de Montería. Asentamientos subnormales de Montería 1.100.000 expositores 2001

    Institución u organización

     Programa

    Comunidad

    Costo $

    Nro. Beneficiarios

    Año

    Gobernación de Córdoba

    (En convenio con otras instituciones y organizaciones)

     

    Agrícola : arroz secano, yuca y ají picante.

     

    Nuevo Horizonte

     

    205.000.000

     

    115

     

    2001

     

    Social: organización, capacitación y asistencia técnica.

     

    Nuevo Horizonte

     

    50.000.000

     

    115

     

    2001

     

    Vías: Carreteable Las Palomas – Nuevo Horizonte.

     

    Nuevo Horizonte, Valle Encantado, La Puente.

     

    134.797.003

     

    154

     

    2001

     

    Construcción puente vehicular, obras complementarias.

     

    Nuevo Horizonte, Valle Encantado, La Puente

     

    89.986.614

     

    154

     

    2001

     

    Electrificación: construcción y montaje de redes de distribución eléctrica.

     

    Nuevo Horizonte, Valle Encantado, La Puente.

     

    299.080.045

     

    154

     

    2001

     

    Vivienda: construcción de 96 unidades Nuevo Horizonte 617.760.000 96 2001

    Institución u organización

    Programa

    Comunidad

    Costo $

    Nro benef

    Año

    Benposta

    (atiende niños y jóvenes en alto riesgo)

    Grupos de formación de la personalidad: jardín, semillero, fuerza joven, prejuventud, un distrito de preaventura, aventureros.

    Cantaclaro, Montería

     

     

    253

     

    2001

     

    Servicio de consulta médica, enfermería y tienda comunitaria

    Cantaclaro, Montería

     

       

    2001

     

    Formación deportiva en fútibol, básquet, karate, voleibol y microfutbol

    Cantaclaro, Montería

     

     

    150

     

    2001

     

    Comedor, guardería, educación

    Cantaclaro, Montería

     

     

    441

     

    2001

     

    Biblioteca

    Cantaclaro, Montería

     

     

    80 (diarios)

     

    2001

     

    Actividades formativas y deportivas

    Casafinca, Montería

     

    70

     

    2001

     

    Grupos de formación y actividades artísticas, complemento alimenticio y paquete de alimentos

    La Esperanza, Montería

     

     

    80

     

    2001

     

    Grupos de formación de la personalidad, actividades económicas, nutritivas, de salud, artísticas y deportivas

    Robinson Pitalúa, Montería

     

      100

    2001

     

    Atención Nutricional en:

    • Asilo- Paraíso
    • Montevideo: participan del comedro y actividades lúdicas y recretaivas
    • Centro Nuevo Oriente: participan del comedor y otras actividades.
    • Sede San Carlos: Participan del comedor y otras actividades

    Tierralta

     

     

    Por proyecto:

    • 120
    • 120
    • 150
    • 100

     

    2001

     

    Grupos organizativos, nutricionales, artísticos, deportivos, académicos, lúdicos, espoirituales y formativos Puerto Libertador   350 2001

    Institución u organización

     Programa

    Comunidad

    Costo

    $

    Nro.

     beneficiario

    Año

    Profamilia

    Salud sexual y reproductiva: planificación familiar temporal y definitiva; consultas de medicina especializada, citología.

     

        

    Tierralta; Retiro de los Indios en Cereté; El Poblado, Rancho Grande, Paz del Río, Brisas del Sinú, El Cerro, Santa Rosa, La Candelaria, El Alivio, El Enjambre, Ranchos del Inat y Casafinca en Montería.

    60.650.000

     

    850

     

    1999-2001

     

    Capacitación de líderes

     

    17.000.000

     

    823

     

    1999-2001

     

    Desparasitación

     

    1.099.500

    733

     

    1999-2001

     

    Población informada en general   2.710 1999-2001

    Institución u organización

     Programa

    Comunidad

    Costo   

     $

    Nro beneficiarios

    Año

    Diócesis de Montería

    Pastoral Social

    Vivienda: soluciones por autoconstrucción

     

    Mi Ranchito en Montería

    Moñitos.

     

     

    21

    24

    2000-2001

     

    Ayuda humanitaria de alimento y ropa

     

    Mi Ranchito, Ranchos del Inat y  El Dorado en Montería y en los municipios Moñitos, Los Córdobas, Puerto Escondido, San Antero, Valencia y Lorica.

     

       

    2000-2001

     

    Atención psicosocial Lorica     2000-2001

    Institución u organización

    Programa

    Tipo de programa

    Comunidad

    Nro benef

    Año

    Médicos Sin Fronteras-Holanda

    Brigada médica

    Atención médica y de enfermería.

    2 en Tierralta

     

    33 pacientes

    2000

    La Duda Los Llantos, Montería 16 pacientes 2000
    Juan José, Puerto Libertador 13 pacientes 2001
    2 en La Lucha, Montelíbano 33 pacientes 2001
    2 en Tierralta 63 pacientes 2001
    La Duda El Tomate y La Duda Los Llantos. 115 pacientes 2001

    Actividades en agua y saneamiento

    Análisis de muestras y desparasitación.

    La Duda Los Llantos

    58 Familias

     

    2000

    Exámenes de laboratorio, 4 burros para transporte de agua potable y tanques de almacenamiento. La Lucha 30 familias 2001

    Exámenes de laboratorio, desparasitación y prevención en accidentes ofídicos. 

    La Duda El Tomate y La Duda Los Llantos

    173 personas

    2001

    Limpieza de pozos y arreglo de tanque.

    La Duda El Tomate y La Duda Los Llantos

     

    2001

    Actividades logísticas

    Entrega de plástico para mejoramiento de 48 vivienda y 10 tanques para almacenamiento de agua.

     

     

    La Lucha, Montelíbano

     

    Familias

    58

    2001

     

     

    Entrega de plásticos y tanques para agua.

     

    Tierralta

     

     

    2001

     

    Entrega de 2 tanques de plásticos La Lucha Montelíbano 2001
    Entrega de material para recolección de agua lluvia, arreglo de tanque de almacenamiento y plástico para albergue. Tierralta 2001

    Capitulo 6

    EXPERIENCIAS, CONCEPTOS Y RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA EN EL PROCESO DE REUBICACIÓN

    1. Una propuesta y una caso de reubicación

    Antecedentes

    A principio de 1997 el autor dio a conocer su propuesta Plan de vivienda y trabajo para los desplazados por violencia en los pueblos cercanos a Montería. 

    Su razón de ser obedeció a que en los últimos quince años la ciudad de Montería ha sido presionada por tandas de migrantes que llegan por razones de violencia, calamidad natural y pauperización del campo.

    Exigen, como es natural, empleo, vivienda, salud, educación, transporte, teléfono, gas, recreación y todo lo usual en estos tiempos.

    Y la ciudad no ha estado preparada para satisfacer tanta demanda, ocasionando déficit en los servicios y malestares diversos en distintos sectores de la población. 

    Uno de los grupos numerosos que ha llegado es el de los desplazados por la violencia.  Han venido especialmente de los municipios vecinos, Alto Sinú, Urabá antioqueño y chocoano y noreste antioqueño.

    La mayoría de ellos son campesinos y hasta el momento no piensan retornar.

    Los objetivos de esta propuesta fueron:

    • Disminuir la presión por la vivienda en Montería y en consecuencia sobre los servicios complementarios.
    • Adoptar un plan piloto de vivienda y trabajo rural para campesinos desplazados por la violencia en pueblos cercanos a Montería que mantienen su ruralidad y una relación permanente con la ciudad.
    • El área donde se encuentran los pueblos con estas características está comprendida hasta los 15 kilómetros a la redonda de Montería, la capital del departamento de Córdoba.
    • Ayudar a poblar los pueblos y dinamizar sus economías con grupos de campesinos organizados y productores que no excedan el 20% de la población receptora.

    Este límite es con el fin de evitar desequilibrios culturales y traumatismos en los servicios.

    • De acuerdo con las características de estos pueblos, algunos poseen terrenos para construir vivienda y sembrar cultivos rentables.
    • Estos cultivos pueden ser de frutas, hortalizas o pancoger o para dedicarlos a la explotación   avícola o de otras especies menores.   Es decir, predios desde 2.500 metros cuadrados hasta de dos hectáreas.
    • Si no es posible vivienda y cultivo en el mismo lote, se pueden adelantar planes de vivienda nucleadas y conseguir por aparte terrenos para explotaciones colectivas.
    • Como la mayoría de las familias de los pueblos señalados cuentan con propiedades también es viable conseguir terrenos en arriendo, a medias o cambios de cultivos por mejoras.
    • Adoptar con los beneficiarios un plan  integral que abarque organización de grupos y empresas, tecnologías, mercadeo, convivencia, valores, autoestima, mejoramiento de servicios y vías, entre otros.
    • La cercanía con Montería facilita la provisión de bienes, servicios y gestiones y asegura mercados.
    • Para los pueblos rodeados de grandes haciendas se puede iniciar un proceso de conversaciones con los propietarios para que cedan o vendan a precios razonables porciones de terrenos para mejorar o ampliar las poblaciones y asentar desplazados.

    Los Comités de desplazados y los programas de vivienda

    Para esta época ya existían los Comités de desplazados en barrios y asentamientos marginales de Montería donde tenían presencia gran número de ellos.

    Los dirigentes de algunos de estos Comités presentaron a la Red de Solidaridad Social a través de la mesa municipal, proyectos de vivienda para la población que representaban.

    En 1998 la política de vivienda para los desplazados fue modificada, quedando en el aire las propuestas que habían hecho.

    Algunos dirigentes optaron entonces por conseguir tierra por los alrededores de Montería teniendo en cuenta la propuesta del autor.  Ubicados los predios y con promesa de venta de por medio, abrieron venta de lotes individuales a personas desplazadas o no en el mes de junio de 1999.

    Marcos González y Raúl Ramos adquirieron un predio de 3.6 hectáreas en el corregimiento de Venado Campanito, perteneciente al municipio de Cereté, en límites con el corregimiento Los Garzones del municipio de Montería.   Al lugar lo denominaron Linda Inversión.

    Al principio tenían previsto 145 lotes con extensión de 200 metros cuadrados (10 x 20) y posteriormente quedaron 120 lotes con extensión de 120 metros cuadrados (15 x 8).

    Luis Cuítiva adquirió en las parcelas Faro 1, corregimiento Los Garzones, 1.5 hectáreas para 35 familias con lotes de 409 metros cuadrados (11.7 x 35).

    Francisco Pérez y Daniel Yolis compraron en Los Pericos (corregimiento de Montería) 3 hectáreas para 100 familias con lotes de 200 metros cuadrados (10 x 20).

    González y Ramos empezaron en junio de 1999, Cuítiva en octubre del 2000 y Pérez y Yolis en enero de 2001.

    El día 23 de enero del 2000 levantaron la primera casa en el predio de Linda Inversión.

    Los otros dos programas no han empezado por dificultades económicas, organizativas y de querellas entre los miembros de los grupos.

    Llegada de la Fundación Panamericana para el Desarrollo

    A principios del mes de diciembre del año 2000 hizo presencia en Montería la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD), previas reuniones en Bogotá y Montería con el autor y posteriormente con Marcos González.

    El convenio

    Después de visitas al predio y reuniones con distintas organizaciones e instituciones el día 13 de enero de 2001 se firmó el convenio de cooperación para generación de empleo e ingresos para la población desplazada en Cereté a través del asentamiento Linda Inversión del corregimiento de Venado Campanito.

    El convenio fue firmado por José García (Alcalde de Cereté), Juan Miguel Molina (Director Técnico FUPAD), Numa Ortiz (Delegado Red de Solidaridad), Luz Miriam Díaz (Directora Costa Atlántica Dansocial) y Víctor Negrete (Director Fundación del Sinú). 

    El plano inicial del predio contenía 134 lotes de 200 metros cuadrados (20 x 10) y 11 de diferentes áreas, con una calle principal de 6 metros de ancho y varias peatonales de 2 metros de ancho y un único lugar para centro comunitario.

    Por observaciones de FUPAD y la Alcaldía de Cereté el diseño del predio tenía que redefinirse para obtener el visto bueno de la Oficina de Planeación.

    Después de varias conversaciones y teniendo en cuenta las apreciaciones de la comunidad del asentamiento, la Alcaldía presentó dos propuestas el día 18 de febrero, siendo aceptada por los asistentes a la reunión la que contempla 120 lotes de 120 metros cuadrados (15 x 8), calles de 6 metros y áreas para proyectos productivos, equipamiento y centro comunitario.

    El estudio para incubación de empresas

    En diciembre del 2000 la FUPAD contrató con la Fundación Revivir un estudio de factibilidad para incubación de empresas productivas en Venado Campanito.

    En el mes de febrero del 2001 el estudio mostró que existían posibilidades de desarrollar actividades productivas en modistería, bloquería, panadería, artesanía y carpintería en madera y metal.

    Vivienda

    A la Alcaldía de Cereté se le entregó información para que diligenciara subsidios de vivienda a través del Banco Agrario y ofreció colaboración profesional para que adelantara los trámites legales vigentes.

    Organización

    Los dirigentes Marcos González y Darío Mestra tenían puntos divergentes en cuanto la organización de la comunidad; el grupo Mujeres en Acción que orienta la Corporación María Cano es una opción independiente.

    Darío Mestra sostenía que al principio funcionó el Comité cívico, del que hacían parte desplazados y no desplazados; los directivos eran escogidos por la comunidad, hacían actividades, se reunían periódicamente y rendían informes.  Dice que había bastante participación.

    Aseguró que el Comité desapareció cuando Marcos lo reemplazó por el Comité de trabajo, integrado básicamente por desplazados.   Marcos escogió a dedo los integrantes y no rinden cuenta de lo que hacen.

    El Comité de trabajo, de acuerdo con uno de sus miembros, lo componían 6 personas que han hecho trabajos de limpieza del predio, el canal de desagüe y tres bailes para recoger fondos que reparten entre ellos y la comunidad en partes iguales, es decir, una séptima parte de las ganancias para cada uno.

    La organización Mujeres en Acción contaba con 28 mujeres, de su estructura hacían parte la Junta directiva y algunos grupos con actividades definidas.  Tenían la intención de conformar el Comité Juvenil.

    Darío Mestra propuso reactivar el Comité cívico con grupos de trabajo juvenil, salud, educación, mujeres y otros.

    El autor de este trabajo propuso organizar la comunidad por actividad económica, edad, género o cualquier otro interés, con autonomía en su estructura, procurando sea democrática, ágil, eficiente y preste servicios a sus asociados y a la comunidad en general.

    Esto significaba que se debía mejorar la organización de las mujeres, según ellas sí era posible; promover y estimular la organización de los jóvenes y los deportistas y en la medida que se crearan los grupos productivos, conformar la de los artesanos, bloqueros, modistas, carpinteros y otros.

    Esta sería la organización por grupos y sectores, algo así como de un primer nivel.  Faltaría la organización que representara los intereses de toda la comunidad.   Asuntos claves que a todos competen, como educación, salud, acueducto, energía eléctrica, vías, transporte, producción, empleo, vivienda, autoridad, buen comportamiento, fomento de valores, principios, la autoestima, el sentido de pertenencia y demás, correspondería a una instancia diferente, la Junta de Gobierno, integrada por un representante de cada una de las organizaciones.  Su misión sería la de fijar políticas, tomar decisiones y hacer cumplir las determinaciones acordadas.

    Cuando la comunidad cuente con un plan de acción para ejecutar en cierto tiempo, la Junta de Gobierno sería la encargada de hacerlo.

    Contratiempos

    Definidos los programas de vivienda y generación de empleo e ingresos, surgieron inconvenientes para acceder, a través de la alcaldía, a los subsidios de vivienda del gobierno nacional.  Faltaron requisitos importantes como la escritura de propiedad del terreno, la organización debidamente legalizada para gestionar y tramitar el subsidio e información completa de las familias solicitantes.   Vencido el término no alcanzaron a presentar los requisitos.

    Los programas de modistería, bloquería y panadería tienen recursos económicos asegurados.

    2. La perspectiva de género en los procesos de consolidación y estabilización socioeconómica de población desplazada por la violencia en reubicaciones en zonas rurales

    La oficina Mujer Rural del Ministerio de Agricultura recogió en un documento[17] la experiencia de asesoría, gestión, acompañamiento y seguimiento del proyecto piloto llevado a cabo con las 58 familias desplazadas y reubicadas en el predio Nuevo Oriente en el municipio de Valencia, departamento de Córdoba.

    Este documento se basa, además, en informaciones de casos de desplazados de distintas partes del país y comunidades reubicadas tanto en Córdoba como en los departamentos de Meta y Cundinamarca.

    Las autoras sostienen que, con el propósito de garantizar los principios de desarrollo con equidad y justicia social, descentralización, solidaridad, concurrencia, participación, pluralidad, diversidad, eficiencia y eficacia, la intervención gubernamental en el proceso de reubicación de población desplazada debe tener en cuenta la equidad de género, la participación comunitaria, la concurrencia y sincronía en la coordinación institucional y la intersectorialidad.

    Equidad de género

    Aseguran que en proceso de reubicación existe inequidad entre hombres y mujeres.  Es un hecho, dicen, que el desplazamiento ha originado cambios profundos en los papeles de ambos géneros.  El incremento de la jefatura femenina en el hogar es evidente, puesto que deja más mujeres abandonadas y viudas, obligándolas a asumir las responsabilidades emocionales y económicas de familias extensas.

    En Córdoba el número de mujeres jefes de hogar que aspiraban a tierras representaba el 31,75%(67) y el de los hombres el 68,24%(144).   Del porcentaje femenino el 21,33%(45) eran mujeres solas y el 10,42%(22) tenían cónyuge; mientras en la jefatura masculina el 4,73%(10) eran hombres solos y 63,50%(134) tenían cónyuge.

    Además, las mujeres cabeza de hogar tienen a su cargo mayor número de hijos que los hombres en la misma condición.

    Por experiencia, afirman, que, pese a todas las adversidades, las mujeres muestran más capacidad de sobreponerse a las circunstancias derivadas del desplazamiento; superan y enfrentan la situación con más ahínco, sensibilidad, solidaridad y menos resentimiento.   Por estas razones en la reconstrucción del tejido social resquebrajado por el desplazamiento es vital el concurso de las mujeres. 

    Participación comunitaria

    El proceso participativo, dice el documento, debe cambiar el asistencialismo, el paternalismo y la recepción pasiva de los servicios por otro en el cual las mujeres y los hombres aporten soluciones y generen compromiso, motivación y movilización.

    Hay por lo tanto necesidad de inducir, motivar, propiciar y garantizar condiciones y mecanismos favorables a la participación de las mujeres en los talleres y reuniones, en las visitas y negociación de los predios, en los proyectos productivos, en el manejo de fondos económicos, en los cuerpos directivos e instancias de decisión, ejecución, coordinación y fiscalización y en los distintos organismos de concertación.

    Concurrencia y sincronía en la coordinación institucional

    La ley 387 de 1997 (atención integral a   los desplazados por la violencia) asignó responsabilidades específicas a las entidades que hacen parte del Sistema nacional de atención a la población desplazada.  Su funcionamiento exige la concurrencia y sincronía de las diferentes entidades, condición esta que debe garantizar el gobierno.

    Es importante que, además de la intervención de las instituciones, se disponga de un equipo base de trabajo interdisciplinario con profesionales de sociología, antropología, psicología, agronomía, arquitectura e ingeniería civil que asesore los programa y preste colaboración a las entidades territoriales.

    Intersectorialidad

    Fuera de los puntos anteriores, continúan las investigadoras, es necesario tener en cuenta que las acciones institucionales deben coincidir en tiempos y oportunidades en forma coherente, en ocasiones simultáneamente y en otras en forma sucesiva y complementaria.

    Para lo anterior es necesario concertar una planeación participativa e intersectorial en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto del predio en cuestión, por lo menos con los siguientes componentes:

    • Acciones de integración y conocimiento de las familias a reubicar.
    • Vivienda provisional – para maximizar recursos debe ser parte del proyecto definitivo.
    • Seguridad alimentaria
    • Proyecto productivo
    • Atención a población vulnerable – niños(as), mujeres gestantes, lactantes y cabezas de familia, ancianos(as), discapacitados(as).
    • Educación
    • Salud integral: física (acceso a servicio médico preventivos y curativos y a medicamentos) y mental (los(as) desplazados(as) viven problemáticas emocionales, de adaptación, depresión y ansiedad que se convierten en fuente de conflictos tanto en el ámbito privado, intrafamiliar y público).
    • Vivienda definitiva
    • Programas de comercialización tanto de bienes de consumo como de venta de la producción agropecuaria; etc.
    • Transporte   (pasajeros(as) y carga).

    Otros aspectos

    Revisar los factores de calificación para la selección de adjudicatarios(as)

    Teniendo en cuenta la experiencia sucedida con campesinos pobres, damnificados por catástrofes naturales y desplazados reubicados es necesario revisar los factores de calificación para la selección de los adjudicatarios(as).

    Las autoras proponen los siguientes criterios generales a tener en cuenta para calificar la población desplazada aspirante a tierra:

    • Vocación y experiencia agropecuaria, porque sea una opción de vida, incorporando un análisis diferenciado por sexo, en tanto que las mujeres suelen ser considonas a cargo, sea la familia nuclear o extensa, este factor debe tener peso   muy significativo, hecho que favorece a las mujeres por cuanto son ellas las queeradas con “menor experiencia agropecuaria”, hecho por el cual no deben recibir una menor calificación que los hombres, sino que debe constituir una priorización en capacitación y asistencia técnica.
    • Pers reportan mayores responsabilidades en este sentido.
    • Mujer cabeza de hogar, por las mayores circunstancias de vulnerabilidad que significa enfrentar todas las funciones y obligaciones económicas, afectivas y emocionales de ellas mismas y sus familias.
    • Edad del (la) aspirante, priorizar personas jóvenes que deseen volver al campo y garantizar alternativas diferentes a mayores de 51 años, previo estudio del caso.
    • Tiempo de desplazamiento
    • Condición de desempleo, en principio este criterio para la calificación favorece en mayor medida a los hombres que a las mujeres porque se considera que son ellos los que trabajan y las mujeres permanecen en el hogar; sin embargo las investigaciones y observación directa señalan que ellos están en mayores condiciones de desempleo no por carencia de empleo sino porque las mujeres desarrollan más niveles de recursividad en la búsqueda de ingresos.
    • Activos totales brutos (se refiere a los bienes y haberes que posee el adjudicatario y su familia) dándole menos puntaje que el actual.
    • Fecha de solicitud de tierra por orden de inscripción, teniendo en cuenta, en todo caso, la variación de las condiciones desde dicho momento y el de acceso a la tierra.

    También proponen  asignar un 10 ó 15% de las unidades agrícolas familiares (UAF) a familias  campesinas del municipio receptor y considerar el origen y la zona de expulsión de la población desplazada a fin de ubicar en el predio un grupo que tenga similitudes culturales, de tal forma que no sean obligados a cambiar por el reasentamiento sus costumbres alimenticias, vestuario y cultivos entre otros.

    Adquisición y manejo de la tierra

    La modalidad de adquisición directa por parte del INCORA se ajusta más a las condiciones de la población desplazada, comparada con el sistema de mercado de tierra [18], siempre que la tierra sea de calidad y a precios razonables.

    La adquisición directa garantiza que el crédito de tierra y por lo tanto los intereses, se contabilicen a partir del momento en que se inicie la explotación de la misma.  Se recomienda, en todo caso, un período muerto de intereses como figura diferente pero complementaria al período de gracia.

    Es indispensable reducir el tiempo que actualmente dura el proceso de compra de tierras por cuanto el lapso que tarda agrava las condiciones del desplazamiento.

    El tiempo empleado en la negociación para la compra de tierra es excesivo, el cual se le tiene que agregar el empleado en la preparación de condiciones para el arribo al predio.  La entrega de la tierra, en el mejor de los casos, toma entre 15 y 18 meses, sin contar el lapso transcurrido entre la inscripción ante el INCORA y el arribo a ésta.

    Con miras a garantizar la calidad de la tierra y para efectos del proyecto productivo, se debe exigir los estudios de suelos a quienes hagan la oferta de tierra (recomendación hecha en el Comité de elegibilidad de Córdoba).

    En la evaluación de la finca debe quedar explicitas las condiciones de explotación o abandono de la misma, siendo importante en éste último caso determinar el tiempo.  Igualmente, de acuerdo a la cabida de UAF en el predio, es necesario evaluar la disponibilidad de agua y leña.

    Respecto al avalúo comercial valdría la pena introducir, como uno de los parámetros para el mismo, la figura del avalúo catastral y del pago del impuesto predial de por lo menos los últimos tres o cinco años.

    En el proceso de negociación es importante darle ingerencia a un comité de desplazados integrado por mujeres y hombres para efectos de dar el visto bueno al evalúo tanto de la tierra como de las mejoras (infraestructura, instalaciones y cultivos establecidos si existen).

    Igualmente es importante que los desplazados conozcan de antemano la promesa de compraventa y que ésta sea exigible dentro de los trámites de adquisición.

    Hay que garantizar que el carácter colectivo, individual o combinado de la propiedad sea de libre opción de los interesados.

    Los proyectos productivos

    El proyecto productivo debe ser planteado posterior al recibo del predio por el INCORA y debe ser la base para la reconstrucción real de vida personal, familiar y comunitaria en los aspectos económico, socio-político y cultural de las familias a reubicar.  El proyecto productivo tiene que dejar de ser el ejercicio de escritorio realizado por el técnico sin consultar la población a reubicar.   Es condición indispensable para la formulación del proyecto productivo la participación de los hombres y mujeres a reubicar.

    El proyecto productivo debe partir de la experiencia y conocimiento agropecuario de las personas a reubicar y considerar las circunstancias de las mismas, que en términos generales económicamente “arrancan” de menos cero, y por tanto carecen de recursos propios para establecer cultivos, pancoger o especies menores.

    Sugerencias y recomendaciones

    Las autoras sugieren que el trabajo de reubicación de la población  desplazada exige la utilización de metodologías proactivas y participativas con circuitos de reflexión – acción – reflexión y con niveles de intervención que involucren a los desplazados interesados en la tierra: aspirantes, inscritos, seleccionados, población local donde está el predio y adjudicatarios.  

    Es necesario promover y asegurar la integración y planeación participativa, la concertación con instituciones, organizaciones y gremios, las acciones a corto plazo (la preparación de las condiciones para el arribo al predio, por ejemplo), la implementación de proyectos de mediano y largo plazo, la capacitación, gestión, asistencia técnica, acompañamiento y seguimiento.

    Por último recomiendan hacer estudios sobre:

    • El incremento de casos de prostitución
    • El establecer parejas no deseadas “sino obligadas” por la necesidad de tener “mano de obra” disponible en el grupo familiar para aliviar la excesiva carga de trabajo dentro de la UAF y por suplir necesidades en el ámbito familiar.
    • El incremento de maltrato y violencia intrafamiliar.
    • El incremento de conductas delincuenciales.
    • El incremento del nivel de agresividad e irritabilidad en hombres y mujeres.  

    3. Laboratorio Experimental de Organización en el predio Nuevo Oriente

    La negociación del predio Nuevo Oriente empezó en mayo de 1996 y concluyó en abril de 1997; lo recibieron en junio de 1997 y entregaron a los adjudicatarios en enero de 1998.

    Está localizado en el municipio de Valencia a 15 kilómetros de la cabecera municipal en la vía al corregimiento San Rafael.

    Tiene un área de 834,4 hectáreas repartidas en 58 parcelas con un promedio de 12,9 hectáreas por parcela donde habitaban 58 familias con 249 habitantes en diciembre de 1998.

    Además de riachuelos y ojos de agua viva que les garantizan el líquido la mayor parte del año, cuentan con una reserva de bosques de 76,6 hectáreas.

    En el mes de diciembre de 1998 realizaron durante 12 días el taller de capacitación Laboratorio Experimental  de Organización (LEO) con el propósito de hacer frente a la desorganización y el anarquismo en que se encontraban las familias reubicadas procedentes de distintos lugares de conflictos.  Por ejemplo, de Antioquia se encontraban 41 desplazados (Apartadó, Chigorodó, San Pedro, San Vicente, Carepa, Caucasia, Necoclí, Pueblo Nuevo, Turbo), de Córdoba 14 (Valencia y Tierralta) y Chocó 3 (Río Sucio).

    Llamaba la atención que en más de un año de convivir en un mismo territorio no tuvieran organización, ni una relación estrecha y solidaria entre ellos, con disposición más bien a la indiferencia y la querella.   No habían logrado vincular instituciones ni organizaciones que los ayudaran.... estaban solos, aislados y con muchas penurias y dificultades.   Y lo más grave: no sabían qué hacer.

    Por la comunidad desplazada participaron 143 personas adultas y 65 niños, además de instituciones y organizaciones oficiales y de servicio comunitario.  Fue posible gracias a la cooperación  del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de Desarrollo Empresarial Participativo, la Organización Internacional del Trabajo y la Alcaldía del municipio de Valencia.

    El objetivo fundamental del evento fue el de crear mecanismos de participación que posibilitaran o aumentaran los niveles de organización de las familias del predio.

    La “metodología usada consistió en la observación cuidadosa a través de anotaciones, filmaciones y registros fotográficos diarios de los principales acontecimientos y eventos que se dieron durante el transcurso del taller por parte de un equipo de trabajo”.  Cada uno de estos hechos era después analizado y producto de muchas opiniones y reflexiones obtenían enseñanzas y experiencias que les servirían en su vida como comunidad.

    De acuerdo con las Memorias del evento [19] algunas de las enseñanzas que aprendieron fueron como estas: para obtener las cosas hay que organizarnos, solicitarlo por escrito, justificarlo y no depender de un solo líder; sin metas y objetivos no llegamos a ninguna parte; nos constituimos como organización, con Junta directiva y comités de trabajo elegidos democráticamente; la necesidad de planificar las actividades que se piensan ejecutar para lograr objetivos comunes; además de organización y planeación hay que ser respetuosos, tener motivación y trabajar en equipo; antes de tomar una determinación colectiva es necesario consultarla con quien tenga suficiente experiencia en el tema y luego debatirla en el seno de la organización; tener claro la visión y la misión de la empresa y los valores éticos y morales (equidad, responsabilidad, respeto, tolerancia, etc).

    En la evaluación del evento destacaron:

    Logros

    La realización de obras de infraestructura como arreglo de la vía, construcción de la casa comunal, inicio de la construcción de estanques para piscicultura y puentes; organización de la comunidad a través de la Asociación de parceleros para el desarrollo integral de Nuevo Oriente (ASO2000); participación, puntualidad, experiencia, recreación, unidad, disciplina, compañerismo, gestión de la Cooperativa, obras deportivas, trabajo asociado, autoestima, alternativas de producción, ruptura del paternalismo, lazos de fraternidad y solidaridad, creación de nuevos comités, interlocución con las entidades de gobierno, planificación de proyectos futuros, gestión, respeto e igualdad de género, equidad, tolerancia, sentido de pertenencia, crítica constructiva.

    Dificultades

    Reconocieron que hubo timidez, ausentismo, mucha participación de los funcionarios, poco respeto hacia la empresa, poca participación de los miembros de la comunidad, egoísmo con las mujeres jefe de hogar, falta de mejor planificación en los alimentos, irresponsabilidad, primeros casos de hurto de ganado menor y critica dañina.

    Compromisos

    Adquirieron los siguientes:

    Sacar adelante a ASO-2000, continuar con la gestión de proyectos que beneficien a la comunidad y el trabajo asociativo, reorganizar la cooperativa, velar por la protección del bosque, proteger los animales que viven en el bosque, pagar la cuota pactada para terminar la casa comunal, gestionar y terminar los proyectos iniciados, cambiar de actitud, asistir a las reuniones todos los sábados a partir de las dos de la tarde en la casa comunal para trazar el trabajo colectivo.

    4.  Dificultades encontradas en el proceso de reubicación

    En el mes de marzo de 1999 se realizó el Encuentro con Tierralta.  El entonces director del Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), Osvaldo Hoyos, dio a conocer las dificultades por las que ha pasado el proceso en Córdoba y particularmente en Montería.  Citó las siguientes:

    • El procedimiento utilizado para reubicación de desplazados en zona rural, mediante crédito y subsidio, en las mismas condiciones financieras y plazos estipulados para campesinos, no responde a la situación de alta vulnerabilidad de la población desplazada por violencia.
    • Falta concurrencia y sincronía en la coordinación institucional.
    • Falta de recursos para implementar programas en la fase de transición.
    • Falta de capacidad financiera por parte de los entes territoriales para desarrollar programas básicos (en especial salud y educación).
    • Escasez de recursos para financiar proyectos productivos.
    • Los altos costos financieros de los créditos otorgados para la compra de tierra y producción no garantizan la sostenibilidad de los proyectos productivos.
    • Restricciones financieras en la entidad que interviene en la financiación de los proyectos productivos, incidiendo en desembolso inoportuno de los recursos, lo cual ocasiona desfases en el proyecto productivo.
    • Los desfases en el proyecto productivo redundan en el no logro de los ingresos esperados que posibiliten al núcleo familiar atender sus necesidades básicas.  Este desfase incide en la desviación de recursos de crédito para atender la subsistencia de la familia, profundizando las debilidades del proyecto productivo en un circulo que conduce a la insostenibilidad del mismo.
    • Todo lo anterior denota la ausencia de condiciones que favorezcan la reconstrucción de la comunidad y el desarrollo humano desde una perspectiva no convencional [20].

    En el mes de octubre de 1999 se cumplió el Encuentro con la Otra Montería.  La dirección del Incora presentó un documento [21] donde señaló algunas de las dificultades del proceso de reubicación:

    • Insuficiente apoyo de las instituciones que hacen parte del Sistema de atención integral de la población desplazada por la violencia en aspectos de seguridad alimentaria y vivienda transitoria.
    • Inexistencia de servicios públicos domiciliarios y comunitario especialmente agua potable, saneamiento básico, infraestructura educativa, personal docente y atención básica en salud.
    • Algunas familias desistieron del programa o retornaron voluntariamente a los lugares de expulsión y otras no se han trasladado por falta de garantías en materia de subsistencia.
    • Demora en los desembolsos de los créditos para financiar los proyectos productivos o desistimiento de los mismos por parte de sus beneficiarios debido a las altas tasas  de interés.
    • Escaso nivel de capacitación organizacional y empresarial de los beneficiarios.

    Además de las razones anteriormente esbozadas es de señalar que la interinidad institucional en todos los niveles de la administración pública causada por la transición entre los gobiernos salientes y entrante y los posteriores ajustes introducidos en virtud de los procesos de modernización del Estado, creó un ambiente de incertidumbre y en muchos casos vacíos de   coordinación que afectan el funcionamiento del Sistema o paralizaron las acciones que se vienen adelantando.

    De otro lado, la ley 160 de 1994  dejó inicialmente algunos vacíos que se han convertido en obstáculos  para la adecuada atención a las familias desplazadas que resultan beneficiarias de subsidio de tierra.   Entre  estos vale la pena destacar los siguientes:

    • No estableció diferencia entre la condición del campesino común sujeto de reforma agraria y el desplazado y por lo tanto el tratamiento es igual para ambos; es decir, el legislador no tuvo en cuenta las condiciones de carencia económica, desarraigo social, cultural, sentimental y espiritual del desplazado que lo ubica en un extremo de vulnerabilidad crítica, lo cual amerita darle un especial trato como sujeto de atención por parte del Estado.
    • Por la misma razón anterior, tampoco se tuvo en cuenta la situación de inestabilidad de los desplazados para otorgarle en forma definitiva una escritura o título de propiedad.  La corta experiencia que se tiene en la ejecución de programas de reubicación en predios de reforma agraria, ha demostrado la ineficacia de este procedimiento, dado el alto número de parcelas tituladas a nombre de personas desplazadas que están abandonadas porque decidieron regresar a su antiguo hábitad u optaron  por otra alternativa de trabajo.
    • El Plan de acompañamiento institucional pese existir un Sistema de atención   integral a la población desplazada por la violencia no contempla, ni mucho menos asegura, los recursos suficientes para atender de manera efectiva las necesidades básicas de alimentación, vivienda transitoria, vestido y atención en salud durante la fase de transición entre el desplazamiento y su reubicación definitiva en condiciones dignas.
    • No se previó la magnitud del impacto que ocasiona la reubicación de la población desplazada por la violencia en su nuevo entorno social, presentándose entre los antiguos pobladores de la zona receptora actitudes de resentimientos, recelo y muchas veces rechazo, al sentirse marginados de los servicios que las entidades ofrecen a la población recién llegada.

    Al final hizo las siguientes propuestas:

    • Reactivar los procesos de coordinación, concertación y articulación interinstitucional existentes para atender de manera integral y en forma más eficaz y eficiente a la población desplazada por la violencia
    • Complementar los procesos de capacitación que se vienen desarrollando en los tres predios con otras áreas de interés como la asistencia técnica, asesoría, gestión, acompañamiento y seguimiento.
    • Teniendo en cuenta la condición de mayor vulnerabilidad de la población desplazada, respecto a la población rural restante, es necesario avanzar en estrategias y mecanismos que garanticen ajustes y adecuación de las instituciones en el tratamiento diferencial y preferencial para su acceso o la oferta institucional.
    • Revisar las disposiciones que se rigen en materia de financiación de proyectos productivos, con el propósito de otorgar a la población desplazada créditos en condiciones financieras, plazos y sistemas de amortización que correspondan a su condición.
    • La oferta institucional en los programas de reubicación debe contemplar un componente de atención a la población del lugar receptor, como una estrategia para integrar a los antiguos y nuevos miembros de la comunidad, propiciando espacios para la cooperación, la solidaridad y la ayuda mutua.
    • Concebir los procesos de reubicación rural desde la perspectiva del desarrollo humano sostenible, integrados a los planes de desarrollo municipal y ordenamiento territorial.
    • La asignación de tierra a los desplazados por la violencia se debe hacer de manera provisional por un tiempo prudencial, que permita al beneficiario la oportunidad de desistir o ratificarse en su posesión y al Incora tener los elementos de juicio para entregar o negar el dominio de los predios dentro del periodo señalado. 

    El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expidió en el mes de enero de 1998 el decreto 182 que permite a los desplazados, en su condición de beneficiarios de tierra en programas especiales, cancelar al INCORA el 30% restante requerido para complementar el pago del valor total del predio, incluidos períodos de gracia no inferiores a tres años, por el sistema de amortización acumulativa, una tasa de interés equivalente al índice de precios al productor agropecuario y con garantía hipotecaria sobre el inmueble objeto de la adjudicación.

    El mismo Ministerio expidió en el mes de septiembre del   2001 el decreto número 2007 que permite a los comités municipales, distritales o departamentales de atención integral a la población desplazada por la violencia, declarar, mediante acto motivado, la inminencia de riesgo de desplazamiento o de su ocurrencia por causa de la violencia en una zona determinada del territorio de su jurisdicción.

    Declarada la inminencia de riesgo, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente se abstendrá de inscribir actos de enajenación o transferencia a cualquier título de los bienes rurales referidos.   Y el INCORA no podrá adelantar procedimientos de titulación de baldíos en esta zona a solicitud de personas distintas de aquellas que figuran como ocupantes reconocidos.

    Este decreto contempla algunos programas para garantizar la atención oportuna de la población desplazada que manifieste interés en continuar desarrollando labores agropecuarias.  Entre estos están:

    Los predios de paso , o sea, predios aptos para su explotación provisional por grupos de hogares de desplazados, especialmente en municipios receptores de esta población.

    Los predios de ocupación temporal, en aquellos declarados de extinción del derecho de dominio o se encuentren asignados provisionalmente al INCORA.

    Cuando los desplazados opten por la reubicación rural el INCORA recibirá los inmuebles abandonados por causa de la violencia, aplicando su valor al pago total o parcial de la unidad agrícola familiar que se le adjudique, de acuerdo a condiciones contempladas en el decreto.

    Aquellos desplazados que no sean propietarios ni poseedores de tierras, accederán a los programas de estabilización socioeconómica de carácter transitorio contemplados en normas vigentes.

    5.  Situación y perspectivas de jóvenes rurales desplazados por la violencia reubicados en zonas rurales.

    En reuniones efectuadas en los meses de mayo y junio de 1999 con desplazados reubicados en predios de los municipios de Montería, Tierralta y Valencia, los padres de familia y otros adultos expresaron su preocupación por la situación y perspectivas de los jóvenes expuestos a las propuestas de los grupos armados, formación de pandillas, emigración a la ciudad y actividades ilícitas.

    Por fortuna la oficina Mujer Rural del Ministerio de Agricultura “se había responsabilizado de adelantar acciones específicas que incentivaran la participación de mujeres y jóvenes en los procesos organizativos, productivos y empresariales en los predios asignados en coordinación con las instituciones departamentales y nacional correspondientes”

    Con esta responsabilidad hicieron en el mes de agosto talleres de diagnóstico rápido con los jóvenes de cada predio.   De ellos surgió la idea de convocar un encuentro amplio con participación de instituciones de los gobiernos nacional, departamental y municipal, organizaciones de servicio comunitario y universidades del departamento de Córdoba.

    Este se realizó los días  6 y 7 de octubre de 1999 en Coveñas (Sucre) con la participación de jóvenes de El Quindío, Valle Encantado  (La Duda El Tomate) y Nuevo Horizonte (La Duda Los Llantos) en el municipio de Montería, Nuevo Oriente del municipio de Valencia y Buenos Aires del municipio de Tierralta.

    Los objetivos propuestos fueron los siguientes:

    Presentar el diagnóstico de la situación actual en los predios por parte de los jóvenes; definir compromisos de las instituciones para la atención a los jóvenes; conformar la red departamental de jóvenes desplazados y conformar la mesa de trabajo permanente.

    Las memorias[22] recogen los diagnósticos de los predios, las conclusiones de las mesas de trabajo, el plan de acción y creación y objetivos de la red de jóvenes rurales desplazados por la violencia reubicados en predios de reforma agraria.

    Conclusiones de las mesas de trabajo

    Funcionaron, con participación de representantes de todos los predios, las mesas de salud, educación, participación comunitaria, producción y medio ambiente y recreación y deportes.

    Las conclusiones de las mesas sobre los asentamientos El Quindío, Valle Encantado y Nuevo Horizonte fueron las siguientes:

    Problema y necesidades de los predios en el municipio de Montería

    Predio

    Educación

    Producción

    Salud

    Recreación y deporte

    Participación comunitaria

    El Quindío

    Falta de planta física.

    Falta de adecuación de tierras.

    No realizan vacunaciones.

    Carencia de implementos deportivos,  monitores de deporte, parque recreativo.

     

    Valle Encantado

    Falta de docentes.

    Deficiencia técnica, falta de adecuación de tierras.

     

    Carencia de implementos deportivos,  monitores de deporte, parque recreativo, cancha inadecuada.

    Discriminación de sexo para la participación

    Nuevo Horizonte

    Falta de biblioteca, ayuda educativa, programa de restaurante escolar, aprobación de las escuelas, difícil acceso a los colegios de bachillerato.

    Espejos de aguas inexplotados.

    No realizan vacunaciones.

    Carencia de implementos deportivos, asesoría y apoyo técnico,   zonas verdes en estado de abandono,

    Discriminación de sexo para la participación

    Predios en general

     

    Mal estado de vías, alto porcentaje de desempleo juvenil, no decisión ni participación en actividades productivas, no hay mecanismos para respetar áreas productivas de jóvenes, falta capacitación en producción, medio ambiente y organización, faltan recursos económicos.

    Contaminación del agua, falta alimentación adecuada-balanceada sobre todo a la población infantil, personal capacitado en salud, recursos para asistir al médico y compra de drogas, enfermedades de la piel, respiratorias, contaminación de agua, parasitismo.

     

    Escasa participación en las organizaciones que existen en los predios, no se tiene en cuenta la opinión de los jóvenes en la toma de decisiones, desconocimiento de la importancia, funciones, responsabilidad y manejo de las diferentes organizaciones y poca motivación de los jóvenes para involucrase en los procesos organizactivos.  

    Objetivos de la Red de jóvenes

    Los objetivos con los que crearon la Red fueron los siguientes:

    Establecer un proceso de coordinación permanente; ser interlocutores de los jóvenes ante las instituciones departamental y nacional; fortalecer las formas organizativas de jóvenes en los predios   y evaluar y dar seguimiento a los compromisos del Plan de acción.

    6. Resultados, aprendizajes y perspectivas de un proceso de reubicación.

    Angela Rodríguez, directora de Promoción Popular y Desarrollo Alternativo (Taller Prodesal), organización de servicio comunitario que ha acompañado todo el proceso de reubicación del grupo de mujeres Valle Encantado, elaboró su trabajo de grado en la Maestría de Desarrollo Rural de la universidad Javeriana sobre esta experiencia.

    El trabajo, denominado Resultados, aprendizajes y perspectivas del proceso de reubicación, con acceso a tierra, de mujeres desplazadas jefes de hogar y sus familias, en el caso de Valle Encantado, municipio de Montería, de septiembre del 2001 recoge aspectos interesantes a tener en cuenta en esta clase de experiencias.

    El proceso, nos dice, ha pasado por tres fases: la primera fue de negociación de la tierra, iniciada en marzo de 1996 con la preparación básica del grupo de 31 mujeres para cohesionarlas como organización en torno a intereses comunes,  interlocutar con las instituciones del Estado, negociar directamente la tierra y elaborar un plan de producción.  Culminó en diciembre de 1997 con la adjudicación y tenencia colectiva del predio La Duda El Tomate.  En el desarrollo de esta fase 9 mujeres prefirieron quedarse en Montería, 3 retornaron a sus lugares de origen y 6 fueron rechazadas por el Incora.

    La segunda fue la de reubicación y producción colectiva, iniciada en febrero de 1998 con la preparación de las mujeres y sus familias para el traslado a la finca entre los meses de abril y junio del mismo año.

    De las 13 mujeres seleccionadas, 2 renunciaron por motivos personales, el Incora optó entonces por llenar 3 cupos con otras mujeres desplazadas.  Culminó en febrero del 2000 con la decisión mayoritaria de las 14 familias de parcelar el predio.

    La tercera fue la de desarrollo de la producción familiar y construcción de la comunidad, iniciada en abril del 2000 con la parcelación de la finca en 15 predios y el acuerdo de reorganizar el proceso.   El Incora incluyó otra desplazada para completar las 15 definitivas.

    Lecciones y aprendizajes

    De las mujeres adjudicatarias

    Nos cuestionamos el haber perdido el rumbo que traíamos desde la fase de negociación, de ser nosotras una asociación de mujeres cuyo funcionamiento conocíamos y en la que nos sentíamos bien para venir a involucrarnos en una cooperativa que es algo que no conocemos, en lo que no tenemos experiencia y que generó tanto conflicto entre nosotras.   De este error nuestro extraemos una lección, no se puede cambiar lo que uno es como grupo y constituir una forma de organización que no se conoce tan sólo para acceder a unos recursos, no hay dinero que valga la pena como para acabar lo que nos ha costado tanto esfuerzo y dañar algo de verdad valioso, la confianza entre nosotras.

    De nuestro conflicto con los hijos, con el grupo de juventud y del fracaso de la producción colectiva logramos un aprendizaje, para que las cosas funcionen, para que toda la gente de una comunidad tenga sentido de pertenencia con un proceso y para prevenir los conflictos hay que consultar y discutir lo suficiente antes de tomar decisiones y siempre debemos tener en cuenta las expectativas de los demás, lo mejor es llegar a acuerdos, ceder un poco de ambos lados.

    En lo mismo de la producción colectiva y de los conflictos, una lección a través de nuestra experiencia es que en un proceso de negociación de tierras con población desplazada como nosotras, es necesario que los miembros de la familia participen también de alguno de los talleres y de las reflexiones que se hacen como preparación y que antes de la reubicación tengan la oportunidad de tratarse, de conocer quienes son.

    Un aprendizaje que extraemos nosotras pero que está dirigido como una lección desde nuestra experiencia para las instituciones del Estado, es que no es conveniente incluir como adjudicatarias, sin previa preparación de las partes, a familias desplazadas que no han hecho parte del proceso de la negociación y que tampoco participaron en visionar y planear el traslado y el reasentamiento en la finca porque se producen conflictos que se podrían evitar si esas familias conocen lo que ha sido el proceso, los esfuerzos que ha costado a quienes lo han sacado adelante y establecen acuerdos de respetarlo.

    De Taller Prodesal

    Nos cuestionamos el no haber posibilitado, de manera previa a la reubicación, el encuentro y la preparación de las familias de las mujeres de Valle Encantado; esta falla limitó,  durante la segunda fase, la comprensión del proceso, la participación de los demás actores en la construcción de su nueva comunidad y el desarrollo de la confianza, lo cual produjo, a su vez, una situación que fue punto de partida en el conflicto entre las mujeres, que por dudas e interpretaciones equivocadas del concepto de mujeres jefas de hogar, algunas de ellas sintieron que tenían que esconder su relación de pareja y que sus compañeros estuvieran ocultos por un tiempo, sintiendo que eran los excluidos del proceso.

    Aprendimos aquí una primera lección, es necesario visibilizar a todos los actores relacionados con las o los jefes de hogar para poder promover y hacer más consciente su participación en el proceso.

    Lo anterior y la posterior evolución del conflicto, que de las mujeres trascendió a la comunidad, nos permitió identificar una segunda falla: no habíamos comprendido que con la reubicación el proceso cambia radicalmente, pues de ser una experiencia de mujeres pasó a ser una experiencia comunitaria e intergénero y ello nos condujo a un importante aprendizaje, que en los procesos comunitarios rurales es necesario considerar a la familia como una unidad de intervención.  Los diagnósticos generales de la comunidad rural no son suficientes para conocer problemas relacionados con la inequidad social y de género, es necesario, como lo propone Caroline Moser 1995, realizar estudios de hogares con el enfoque de género.

    Otro aprendizaje derivado de la experiencia es que en la reubicación con acceso a tierra de población desplazada, es necesario combinar, por lo menos durante tres años, la ayuda alimentaria con la actividad agropecuaria, porque entre el establecimiento de los sistemas de producción y la producción de esos sistemas hay un lapso en el que la autoprovisión es baja, además, el apoyo alimentario permite, por lo menos en el tercer año, que las familias puedan sacar productos al mercado y generar ingresos que le permitan volver a cultivar sin tener que recurrir al crédito en una fase de tanta precariedad económica.

    Otro aprendizaje tiene que ver con la necesidad de la coordinación interinstitucional entre las organizaciones no gubernamentales (ONG)  y las entidades del Estado que participan en el proceso, la cual resulta efectiva sólo a partir de que la experiencia de reubicación cuente con una prospectiva de largo plazo y de que los esfuerzos y recursos de cada una de ellas estén dirigidos al logro de la visión de desarrollo y bienestar que las y los actores del proceso han planteado de manera concertada.

    Una lección importante que recibimos del proceso es que en los primeros años de trabajo con población desplazada que accede a tierra, y con mayor énfasis en la fase de la reubicación, es necesario realizar un seguimiento formal e informal al proceso, atender en lo posible a las personas como tales, en términos de facilitar su reflexión y adaptación y de elaborar sobre los cambios que enfrenta, a través de talleres de desarrollo personal. Este tipo de estrategias previene o permite manejar oportunamente los conflictos.

    En este sentido y teniendo en cuenta el conjunto de aprendizajes que la experiencia nos ha aportado, afirmamos     que no es posible producir transformaciones orientadas a la construcción de un desarrollo rural sostenible si no se construyen  y/o producen transformaciones en la institucionalidad rural y no es posible el desarrollo de la institucionalidad rural si no se trabaja al tiempo el desarrollo personal de las y los sujetos que integran las organizaciones sociales y construyen dicha institucionalidad.  Estas transformaciones son interdependientes, deben abordarse como un proceso y trabajarse de manera simultánea.

    Recomendaciones

    • Mantener la acción coordinada de las ONG y las entidades del Estado y garantizar la facilitación y el apoyo al proceso de Valle Encantado por un mediano plazo, a través de proyectos de desarrollo social que incluyan, frente a las propuestas agropecuarias y a las iniciativas agroempresariales, estudios de factibilidad que contemplen la gestión ambiental de los agroecosistemas y de las agroempresas.
    • Superar en lo posible, considerando la violencia política como un factor que limita la participación comunitaria y las construcciones sociales, el modelo de desarrollo hacia adentro que hasta ahora se ha experimentado en el proceso, mediante estrategias que sitúen y aticulen a la comunidad de Valle Encantado en el ámbito local de la vereda La Puente y del corregimiento de Las Palomas, como la posibilidad de trascender la dinámica de los conflictos internos y de hacer más viables las propuestas de desarrollo contenidas en la visión recientemente formulada.
    • Desarrollar un significativo proceso de fortalecimiento institucional y organizacional   tanto del grupo de mujeres como del juvenil, entendiendo lo institucional como la construcción y validación de los principios, enfoques, valores, fines y capacidades cognitivas de las organizaciones y lo organizacional como la infraestructura, los recursos, el sistema  de relaciones y los procedimientos e instrumentos operativos.
    • Que cada una de las instancias de la comunidad, organizaciones sociales, la cooperativa y familias, realicen su planificación especifica, definiendo con claridad y responsabilidad y de acuerdo a su perfil, los resultados y las estrategias que, con respecto a la visión de largo plazo que concertadamente se formuló, adoptarán y/o asumirán, precisando y explicitando el contenido y el rumbo específico de cada uno de los proyectos institucionales de estas organizaciones.
    • Mantener el trabajo de desarrollo personal con las mujeres y hacerlo extensivo a los hombres adultos y a las y los jóvenes, abriendo también espacios de reflexión y elaboración en torno a las relaciones entre los géneros, la subordinación de las mujeres, la crisis de la masculinidad y sobre lo que implica, en la propia experiencia, las construcciones sociales intergénero con equidad.

    7.  Hacer del Sistema nacional de atención a los desplazados un organismo dinámico y eficiente

    Sobre el particular algunos funcionarios del Incora consideran:

    • El Sistema nacional de atención a la población desplazada por la violencia debe tener una coordinación efectiva, con capacidad de convocatoria y facultades para exigir a los organismos del Estado que la integran el cumplimiento de las obligaciones que les competen.  A su vez, las instituciones estatales adscritas al Sistema deben disponer de rubros presupuestales y recursos para atención a la población desplazada en sus áreas misionales.
    • Los procesos de reubicación de población desplazada en predios adquiridos por el INCORA deben ser planificados y coordinados por los Comités municipales y departamental de desplazados, asignando responsabilidades a las instituciones, convocando el apoyo de las organizaciones no gubernamentales y contemplando en todas las fases del proceso la participación de los beneficiarios del proyecto.
    • Las instituciones del Estado deben asignar a los programas de atención a población desplazada a funcionarios sensibilizados con el problema, conocedores de la naturaleza del conflicto que afecta al país, sus causas y consecuencias, capacitados en metodologías de trabajo participativas con perspectiva de género, en función a la construcción de la comunidad, de su tejido social y el desarrollo humano sostenible.
    • Las instituciones deben ser acompañantes y facilitadoras de los procesos y en consecuencia los proyectos que se formulen deben ser concertados con la comunidad, respondiendo a sus necesidades y expectativas.   Es necesario hacer claridad desde el comienzo sobre los derechos y las responsabilidades de los actores involucrados en los mismos.  La comunidad debe adoptar sus normas de convivencia, prever las sanciones sin menoscabo de la aplicación de las disposiciones legales que orientan la intervención de las instituciones estatales.
    • Las instancias responsables del Registro de población desplazada por la violencia deben aplicar mecanismos de control y verificación a fin de evitar que se involucren en los programas personas que no tengan esa condición.
    • El Estado debe ejecutar programas de atención integral dirigidos a las poblaciones nativas, aledañas a los predios destinados a reubicación de desplazados.
    • La intervención de instituciones del Estado y organizaciones no gubernamentales no puede estar animada por el protagonismo, celos o rivalidades. Se debe compartir experiencias, metodologías, conceptualización del problema con miras a formar un equipo de trabajo con las organizaciones comunitarias.  

    8.   El estado de la situación del desplazamiento

    La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Oficina de las Naciones Unidas para la coordinación de asuntos humanitarios (OCHA) expresaron en el libro Estado de situación del desplazamiento, agosto 2001, lo siguiente:

    • La prevención del desplazamiento forzado de personas sigue suponiendo un desafío para la respuesta del Estado.  En su último informe, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos solicitó al Estado colombiano asumir su responsabilidad frente a la prevención de manera prioritaria, integral y eficaz.  En particular, se solicitó la puesta en práctica de mecanismos diseñados por el Estado para dar respuesta a este tema, la implementación plena de la política CONPES y de los mecanismos previstos en la ley 387, en concordancia con los Principios Rectores del Desplazamiento.
    • Uno de los aspectos de mayor preocupación es la escasez de programas que sirvan de puente entre la situación de emergencia y la búsqueda de soluciones a medio y largo plazo para la población desplazada.  Esta situación es aún más grave considerando la lentitud de los mecanismos para generar e implementar  los proyectos de restablecimiento socioeconómico.
    • El retorno, sin duda la opción más deseable para los desplazados, es una de las menos factibles en este momento.  Asegurar que los retornos se den en condiciones de voluntariedad, dignidad y seguridad como lo establecen los Principios Rectores (Principio 28) supone uno de los retos más fuertes en la atención a la población desplazada.  La voluntariedad del retorno ha de ser garantizada mediante entrevistas con la población desplazada, asegurando que no sólo se entreviste a los hombres jefes de hogar, sino también a las compañeras o esposas.  Las condiciones de seguridad en el retorno están directamente vinculadas a las condiciones de orden público en los lugares de expulsión, normalmente precarias ante la intensificación de conflicto armado y con escasas garantías por parte de la fuerza pública.
    • Una de las piedras angulares del Sistema Nacional de Atención es la puesta en marcha y el funcionamiento de los Comités  municipales, distritales y departamentales que apoyan localmente la respuesta estatal al desplazamiento.  Sin embargo, su constitución y efectividad han sido muy irregulares, variando mucho de unas regiones a otras, incluso de unos municipios a otros.  El buen funcionamiento de los Comités depende, en gran medida, de la voluntad política de las autoridades locales, así como de la concurrencia y decida participación de   todas las entidades gubernamentales y no gubernamentales.  Se quiere destacar que las personerías en algunos municipios han jugado un papel muy importante en la conformación de los Comités.  En general, la participación de la población desplazada es aún muy escasa en los comités y debe ser promovida.

    ANOTACIONES FINALES

    Sobre el proceso de reubicación que he presentado tengo estas opiniones finales:

    • Desde hace años observo con preocupación que las organizaciones de servicio social o no gubernamentales que actuamos en el departamento no hayamos podido coordinar acciones y planear actividades a pesar de reconocer su necesidad y ventajas.  De los pocos casos que se han dado desconocemos los resultados.
    • En general ha faltado sistematizar y difundir las experiencias, exitosas o no, que se han llevado a cabo.  Por lo regular las evaluaciones que hacen las organizaciones quedan en su interior. Han publicado: Fundación del Sinú, Acción Contra el Hambre y con menos frecuencia Benposta, María Cano y Fundación Revivir.
    • No hay intercambios de experiencias entre las ONG sobre temas específicos o generales que tengan que ver con las reubicaciones.  Nos falta celebrar eventos para dar a conocer los programas comunitarios que han cambiado de manera significativa la vida de varios grupos de desplazados.
    • El primer paso lo dio Acción Contra el Hambre al convocar, a principio de diciembre, el Encuentro de experiencias de desarrollo comunitario, logradas por el trabajo conjunto de organismos de cooperación y comunidades organizadas de desplazados.
    • La capacitación en el proceso es fundamental.  Debe ser bien planeada, con objetivos precisos y verificables, permanente, didáctica, agradable, creativa y participativa, con evaluaciones y seguimientos que afiancen los propósitos.  Hay que revisar las capacitaciones de algunas instituciones oficiales por ineficientes y otras que se suministran sin mucho sentido de aplicación o utilidad.
    • Ha faltado iniciativa en las formas de organización que han adoptado las comunidades.  Siguen empleándose las tradicionales como junta de acción comunal, cooperativa, juntas o comités de trabajo.  Deben ser menos gremialista o asistencialista y de mayores alcances sociales, ambientales, culturales y políticos en su sentido exacto, sin discriminación de ninguna especie.
    • Y tal aspiración es posible porque el proceso de desplazamiento ha creado, modificado o fortalecido distintas formas de organización que bien pueden ser un buen punto de partida, como las asociaciones o comités de desplazados, ollas comunitarias, asociaciones de mujeres, juntas de padres, docentes y estudiantes y grupos de jóvenes, entre las más conocidas.
    • Por meritorio o capaz que sea un líder o una líder no debe concentrar el poder de convocatoria y decisión.  Hay que capacitar y promover líderes en los distintos aspectos de la vida de la comunidad.
    • A los distintos grupos de las comunidades de los predios les hace falta desarrollar actividades artísticas, recreativas, lúdicas, deportivas, artesanales, folclóricas, productivas y tecnológicas.
    • Cada comunidad debe tener su proyecto de vida o su plan de desarrollo para uno, dos, tres o cinco años con revisiones y ajustes periódicos.
    • La educación, tan escasa y difícil, no puede ni debe ser la tradicional.   Hay que enfocarla de acuerdo con la vocación e identidad de la comunidad, sus intereses y perspectivas, o si se quiere, con las metas del proyecto de vida o el plan de desarrollo.
    • Necesitamos un tipo de educación que ayude a generar, estimular y encauzar la creatividad, la identidad, la convivencia pacifica y el bienestar.  Las organizaciones no gubernamentales y las universidades pueden contribuir a este logro.
    • Es interesante que dos de los tres predios, tengan ediles; permitiéndoles tener voceros permanentes ante el Concejo y la administración municipal.
    • Hace falta que coordinen la elaboración y presentación de proyectos con la gente de los predios de reubicación, los pueblos vecinos, las organizaciones de desplazados y los comités de atención a la población desplazada.
    • El acompañamiento de las ONG a las comunidades, si bien demanda varios años, en ningún momento hay que abandonar la idea de ayudar a prepararlas para que asuman en el tiempo debido, la responsabilidad total de su orientación y desarrollo.
    • Durante las primeras etapas del desplazamiento (llegada, instalación y acomodamiento) y de la reubicación (arribo, instalación y producción) el desplazado necesita apoyo de distinta naturaleza.  El de emergencia o asistencial en los momentos críticos, en especial para empezar procesos o aliviar calamidades o penurias.  No debe limitarse a la sola prestación de servicios o entregas de colaboraciones en condiciones y horarios establecidos.   Es recomendable dedicar cierto tiempo para conocer la comunidad, su proceso y proyección; su opinión sobre cómo mejorar la situación y coordinar con otras instituciones y organizaciones un plan de atención más completo y eficaz.  Los otros apoyos son para planear el desarrollo en sus diferentes aspectos, llevarlos a cabo y consolidarlos. 
    • Lo ideal es que halla relación estrecha entre quienes prestan estos apoyos.  Así como debe darse entre las organizaciones de asistencia y los grupos organizados de la comunidad, las ONG y las instituciones gubernamentales que se encuentren adelantando labores en el lugar.
    • Así, creemos, tendemos el puente que debe unir las actividades de emergencia, que son inmediatas, con las de mediano y largo plazo.
    • Las comunidades reubicadas son profundamente vulnerables.  Los actores armados pueden dañarlas en cualquier forma y momento.  Desde la llegada al predio deben saber de este riesgo y prepararse para enfrentarlo cuando se presente.  Por fortuna en el país las comunidades han practicado iniciativas importantes que han dado resultados, así sean coyunturales o temporales. 
    • Estas iniciativas son: las asambleas constituyentes de carácter veredal o municipal, las comunidades de paz, los territorios neutrales de paz, pueblos heridos del Cauca, el plebiscito por la paz de Aguachica y la Organización Femenina Popular de Barrancabermeja, entre otras formas de organización.
    • Las mujeres, por su interés en capacitarse, la asistencia a las reuniones, la responsabilidad con los hijos, el cumplimiento de los compromisos y su disposición al sacrificio, han demostrado, a través de sus organizaciones, la capacidad de sobreponerse a  las adversidades y salir avante con programas productivos y sociales.
    • La reubicación no sólo es tierra... es oportunidad de rehacer una vida digna, sana y con perspectiva; es trabajo, identidad, posibilidad de ser cada día mejores.
    • Las  reubicaciones, además, no deben ser vistas como asentamientos exóticos para mostrar como ejemplos positivos o negativos; deben sí, como otras comunidades, ser incluidas en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los respectivos municipios.
    • La economía de las reubicaciones (cultivos de pancoger, ganadería y algo de hortalizas y especies menores) es de sobrevivencia.  Y lo más probable es que continúe en este estado si no hay cambios significativos en estas comunidades.  ¿Cómo superar la sobrevivencia? es la inquietud que nos asalta a muchos.
    • El desplazado por la violencia cuando es reubicado y alcanza la estabilización socioeconómica ¿adquiere una nueva mentalidad o recupera la que tenía antes del desplazamiento?.

    Notas a Pie de Página

  • [1] Pilar Moreno de Ángel.  Antonio de la Torre y Miranda viajero y poblador.  Editorial Planeta, 1993.

    [2] Sobre este y los datos anteriores ver, entre otros, los siguientes autores: Pilar Moreno de Angel, Ibid  y Manuel Ezequiel Corrales.  Efemérides y Anales del Estado de Bolívar.  Segunda edición.  Bogotá, 1999.

    [3] Víctor Negrete Barrera, Desarrollo agropecuario y reforma agraria.   Memorias.  Montería, 2000,  pág. 7 a 18.  

    [4] Seminario La Nueva Ruralidad en América Latina, Pontificia Universidad Javeriana.   Bogotá, 2000.

    [5] Ibid.

    [6] Ibid.

    [7] Ibid.

    [8] Corporación Promotora del Sinú.  Información socioeconómica de los corregimientos de Tres Piedras, Tres Palmas, Santa Isabel y Las Palomas.  Fundación del Sinú.  Montería, 2000.

    [9] Entrevistas con ediles del corregimiento, parceleros de El Quindío y líderes de Nueva Lucía, 2000 y 2001.

    [10] Entrevista con Bernardo Romero Pestana, nacido en 1926, hijo de colono.   La Duda Los Llantos, junio 17 de 2001.

    [11] Víctor Negrete Barrera, Los Desplazados por la violencia en Colombia.   El caso de Córdoba.   Montería, 1994.

    [12] Entrevista a los líderes Raúl Ramos, Robinson Padilla, Marco González, Elis Isabel Pitalúa, Eduarda González, Daniel Yolis, Ana Celis Madera, Merly Simancas, Francisco Pérez, Sixto Martínez; a la trabajadora social Doris Mestra y al educador Malaquías Berrío.  Montería, septiembre 2001.   Víctor Negrete Barrera y Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Montería, 200.1

    [13] Comité municipal de Montería, Víctor Negrete Barrera y Plan de Desarrollo del municipio de Montería.  Montería, 2001.

    [14] Atención a población desplazada por la violencia en Córdoba 1997 – 2000.   Montería, octubre 2001

    [15] Ibid

    [16] Ibid.

    * Fuentes: Principales instituciones y organizaciones que apoyan a comunidades desplazadas por la violencia.   Esta recopilación fue adelantada por la Red de Solidaridad Social, el Centro de estudios sociales y políticos de la Corporación Universitaria del Sinú y la Fundación Acción Contra el Hambre.   

    [17] Susana Farfán y Claudia Mejía.  Propuesta para la intervención gubernamental desde la perspectiva de género en procesos de consolidación y estabilización socioeconómica de población desplazada por la violencia en el marco de la reubicación en zonas rurales (segunda versión).  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  Oficina Mujer Rural y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  Proyecto Col 94007.  Bogotá, 1998

    [18] Pese a que la ley 160 de 1994 establece la modalidad de adquisición directa de tierra para la población desplazada, en la práctica también se han hecho compras por el sistema del mercado de tierras.

    [19] Memorias del Laboratorio Experimental de Organización , Asociación de parceleros para el desarrollo integral de Nuevo Oriente (ASO2000).   Municipio de Valencia, diciembre de 1998.

    [20] Rodríguez y otros.  Encuentro con Tierralta.   Memorias.  Acción Contra el Hambre y Corporación Universitaria del Sinú.  Montería, 1999.

    [21] Centro de Estudios Sociales y Políticos y otros.  Encuentro con la Otra Montería.  Acción Contra el Hambre y Corporación Universitaria del Sinú.  Montería, 1999.

    [22] Encuentro regional de jóvenes rurales desplazados por la violencia reubicados en predios de reforma agraria en la zona rural del departamento de Córdoba.  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  Oficina   Mujer Rural. 5 a  7 de octubre de 1999.  Coveñas, Sucre.