En los últimos cinco años del milenio pasado los cordobeses vimos impotentes
cómo el remolino de la violencia era conducido por los vientos de la guerra
hacia la parte sur del departamento y ubicó el epicentro en el Nudo del
Paramillo.
Las consecuencias sociales del conflicto han llamado la atención del
periodismo, organizaciones de ayuda humanitaria, algunos académicos y
analistas políticos, sin embargo, los impactos ambientales poco se han
tenido en cuenta.
Recurriendo a la historia reciente encontramos que durante el período
colonial, desde finales del siglo XVI hasta la segunda mitad del siglo
XIX, las tierras montañosas del sur de Córdoba sirvieron de refugio a
reductos de las etnias Zenú que se asentaron en la quebrada Nain en el
alto Sinú y a negros fugados de las minas de oro del bajo Cauca antioqueño
que fundaron los palenques de Cintura y Carate en las ciénagas del mismo
nombre en el bajo San Jorge y a Uré en la parte alta.
Vecino a Uré, los indígenas Embera Katíos procedentes del Chocó, fundaron
el pueblo de San Cipriano situado donde la quebrada con este nombre desemboca
en el río San Jorge.
Estos grupos desarrollaron economías basados en la extracción de oro
y maderas, la caza de animales y agricultura en pequeña escala, dado lo
inhóspito del terreno y los débiles vínculos con la sociedad colonial.
A pesar de estas dificultades vivieron en armonía con el paisaje natural.
A finales del siglo XIX la denominada fiebre de la raicilla recorrió
la zona. Se trataba de campesinos que buscaban la planta llamada raicilla
o ipecacuana cuyas raíces contenían propiedades medicinales requeridas
en Europa y Estados Unidos. También recolectaban semillas del árbol llamado
tagua y resina de los árboles caucho y canime. Estas
incursiones recolectoras mantuvieron la estructura y funcionamiento del
bosque.
Después vino la oleada de la extracción maderera; para el caso del Caribe
colombiano esta actividad fue ejercida por compañías extranjeras para
abastecer los mercados de Estados Unidos y Europa. La llevaron a cabo
en dos períodos: el primero entre 1883 y 1915. En este último año el
estallido de la primera guerra mundial paralizó las exportaciones de madera.
Después de un receso la compañía maderera D. Emery Company de Boston,
Estados Unidos, la que más extrajo maderas de esta región, abrió un segundo
período de exportaciones entre 1926 y 1942. En este período cayeron
las selvas de las serranías de Las Palomas en la margen izquierda del
río Sinú, la de los ríos Mulatos y San Juan, las aledañas al golfo de
Urabá y las de la parte alta de los ríos Sinú y San Jorge.
Las colonizaciones se dieron en distintos momentos y por razones diferentes.
Las principales fueron las siguientes:
La colonización más antigua de los antioqueños entró por el San Jorge
y tuvo como factores estimulantes la búsqueda de oro con base en mapas
e información de las autoridades coloniales que mandaban a guaqueros
aventureros a internarse montaña adentro con la esperanza de ubicar
minas del codiciado metal.
Las guerras civiles trajeron a militares antioqueños a los campos
de batalla del Caribe colombiano, muchos de los cuales se quedaron como
colonos y otros regresaron interesados en las haciendas ganaderas.
La colonia penal de Antadó, ubicada en el municipio antioqueño de
Ituango a orillas del río San Jorge, en tierras pertenecientes en el
día de hoy al Parque Nacional Natural Paramillo (PNNP) fue construida
para presos de alta peligrosidad y funcionó desde 1920 hasta 1950.
La colonia se convirtió en aportante de colonizadores antioqueños de
las cuencas altas de los ríos San Jorge y Sinú.
Para esta época ya no estaban los indígenas Zenúes asentados en la quebrada
Nain y las montañas aledañas al palenque de Uré en el alto San Jorge sufrían
los efectos de la colonización agrícola.
La mezcla colonizadora a mediados del siglo XX en las tierras que hoy
corresponden al PNNP estaba formada por los indígenas Embera y colonos
costeños y antioqueños.
En el Sinú surgieron centros madereros y agrícolas como Tierralta, fundado
por don Santiago Canabal en 1909 y Tucurá, fundada por colonizadores costeños,
100 kilómetros río arriba de Tierralta. Tucurá sirvió como centro de
acopio de las madera extraídas de las amplías llanuras del río Manso,
uno de los afluentes del Sinú en su parte alta.
Esta oleada afectó profundamente al bosque primario, con ello la estructura
del paisaje natural y abonó el terreno al siguiente paso:
Según el antropólogo Miguel Campos[12],
estudioso del tema, las primeras haciendas ganaderas en las llanuras del
Manso, surgieron en la década de los 40 en forma simultánea con la de
las vegas del río San Jorge al suroriente del hoy departamento de Córdoba.
En ambos casos los comerciantes de ganado del mercado de Medellín tenían
la oportunidad de acortar el trayecto para el abastecimiento que venían
haciendo desde tierras más lejanas como la depresión Momposina y las sabanas
que hoy se encuentran en los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba.
Con la actividad ganadera llegó la colonización costeña a las tierras
que hoy pertenecen al PNNP. Así empezó el proceso que trajo consigo la
reducción de la cobertura boscosa del Parque
Con esta mezcla colonizadora (indios, negros, antioqueños y costeños)
estaban las tierras montañosas del PNNP en la década de los 50 cuando
fue estremecido por la oleada violenta que recorrió todo el país con la
confrontación de los partidos liberal y conservador.
Sus consecuencias aún no han sido evaluadas con suficiencia. Lo que
sí sabemos con exactitud es que de ahí en adelante las selvas del alto
Sinú y San Jorge se han convertido en escenarios de guerra en donde fuerzas
externas llegan, se instalan, desalojan a los colonizadores y moradores
anteriores y hacen su propio repoblamiento.
Así ocurrió en 1967 cuando el Ejército Popular de Liberación (EPL) escogió
las montañas del Nudo del Paramillo como epicentro de sus actividades
armadas, desalojando a los hacendados de las vegas del río Manso. Estas
tierras fueron dominadas por completo por este grupo armado que conformó
haciendas para la seba del ganado que sustraían de otras zonas.
Uno de los factores que hacen estratégica la zona del PNNP es la vecindad
con el Urabá y el canal interoceánico por el istmo de Panamá.
Por esta vecindad con el Urabá la colonización más reciente de los antioqueños
provino de esa zona, poblando el asentamiento de Saiza, ubicado dentro
de los terrenos del Parque.
Como quiera que desde la instalación del EPL en el área se convirtió
en un factor de presión para la zona bananera, durante la década de los
años 70 surgió en Saiza una junta encargada de contener la presión de
la guerrilla sobre la zona bananera[13]. Esta junta se convirtió en
el primer antecedente de la aparición de las Autodefensas Campesinas de
Córdoba y Urabá (ACCU) que aparecieron en la segunda mitad de la década
de los 80.
Por acuerdo número 24 de mayo de 1977 el Instituto Nacional de los Recursos
Naturales (INDERENA) creó el PNNP, con una extensión de 460.000 hectáreas.
De las cuales 300 están ubicadas en el departamento de Córdoba en los
municipios de Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador y 160.000 en
el departamento de Antioquia[14].
Creado el PNNP el Ejército Nacional desalojó los colonos y adelantó
una campaña de cerco y aniquilamiento contra la guerrilla del EPL. Uno
de los resultados obtenidos fue la desocupación de colonos pero, una vez
retirado el Ejército, empezaron a regresar.
Al finalizar la década del 80 la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica
(Corelca) calculó en 14.236 personas[15] la población residente en el PNNP.
Los Emberas y Zenúes tienen dos resguardos en el área del PNNP: el Cañaveral
en el alto San Jorge con 2.815 hectáreas y el Karagabí-Iwagadó en el
alto Sinú con 103.517 hectáreas.
En el área del PNNP había una población perteneciente a la etnia Zenú
que estaba dispersa en distintas poblaciones. Por los conflictos sociales
varias familias fueron reubicadas en 948 hectáreas adquiridas por el Incora
en el año 2000[16] en los municipios de Puerto
Libertador y Montelíbano.
Una de las características de las poblaciones del PNNP es que donde habitan
indígenas hay vegetación; donde habitan los colonos costeños la vegetación
es dispersa o ralita y donde habita el colono antioqueño el paisaje es
completamente deforestado[17].
En cuanto a los entornos, el colono antioqueño prefirió las tierras altas,
propias de los ecosistemas de laderas; el costeño lo hizo en los ecosistemas
de llanuras y en las orillas de ríos y quebradas y los indígenas, presionados
por los colonos, se han visto obligados a ocupar cualquier ecosistema
hasta llegar al límite de las tierras habitables
Según Miguel Campos, en estos momentos el Parque está desocupado de colonos
e indígenas. Quedan cinco o seis familias conformadas por viudas desprotegidas
que, por su situación, no han podido salir.
Debido a la intensidad que ha alcanzado el conflicto armado en el PNNP
han quedado en el territorio tres ejércitos: el de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), el de las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC) y el de la Brigada XI con sede en Montería que mantiene una fuerza
de 4.000 hombres.
La deforestación indiscriminada, las prácticas inadecuadas en la actividad
agrícola como las quemas y la potrerización de la selva y el conflicto
armado son los factores históricos que más han influido en el deterioro
de la biodiversidad del Parque.
Para los estudiosos del tema, en la década de los 80 otro factor sirvió
de acelerador de este proceso. En efecto, en 1984 las FARC, introdujeron
las semillas para los primeros cultivos de coca sembrados en el piedemonte
y de aquí se han ido extendiendo hasta llegar a las orillas de ríos y
quebradas.
Los cultivos ilícitos han ocasionado la deforestación en sitios donde
no había llegado antes. El bosque primario escasea cada vez más.
Los herbicidas y plaguicidas que se usan en el cultivo de la coca matan
la meso (lombriz de tierra, escarabajos) y microfauna (bacterias, hongos),
contaminan las aguas que fluyen río abajo y junto con la deforestación
dañan la estructura de los suelos acelerando los procesos erosivos en
los ecosistemas de laderas.
Todo lo anterior ha traído un enorme deterioro de la biodiversidad, sobre
todo en los nacederos de las fuentes de aguas.
Para entender la complejidad del conflicto recordemos que en 1991 se
desmovilizó el EPL, siendo ocupadas sus zonas de influencias por las FARC
a partir de 1994 y que en la segunda mitad de la década del 90 se establecieron
en el PNNP las ACCU.
Estos dos actores han polarizado y profundizado la lucha armada en el
territorio hasta el punto de mantener la presencia de la fuerza pública
y la salida de los colonos.
Está en disputa el control del PNNP y la zona del Urabá por su carácter
de zona geográfica de importancia geopolítica y la producción de cultivos
ilícitos. Lo que no sabemos es el daño ambiental que nos ocasionará
esta disputa
Gloria Fernández es una zootecnista que desde hace cuatro años dirige
un zoocriadero de guartinajas con 150 ejemplares, cercano al sitio de
los reasentamientos de colonos, ubicados aguas abajo de la represa de
Urrá en cercanías a la antigua hacienda Pasacaballo. Es la única experiencia
conocida en la zona de preservación de fauna silvestre.
Existe también un arboreto (sitio de preservación de flora silvestre)
con una extensión de 6 hectáreas donde están sembradas 1.800 plantas
del bosque nativo del alto Sinú. Está localizado en cercanías al zoocriadero
cercano a la cabecera municipal de Tierralta.
Según Gloria este arboreto puede convertirse en un jardín Botánico con
una reclasificación de las plantas.
Según ella es necesario adelantar un inventario de fauna y flora que
permita tener una visión global de la realidad del Parque.
Hoy en día la cacería de fauna silvestre está prohibida y en las zonas
de amortiguamiento ya no existen estas especies. Por esta razón los
cazadores penetran al PNNP a sustraer animales que luego venden en los
mercados clandestinos de fauna silvestre. Allí comercializan ejemplares
de pericos ligeros, loros, guacamayas, venados y guartinajas, entre otras.
En las zonas de amortiguamiento hay personas que viven de esta actividad
y se sabe de la existencia de un cartel bien organizado que comercializa
la fauna silvestre en todo el continente suramericano, desde la Guajira
hasta Argentina.
En Córdoba hay 16.287 familias desplazadas con un total de 83.296 personas.
En los tres municipios del sur de Córdoba que tienen terrenos en el PNNP
(Puerto Libertador, Montelíbano, Tierralta) y Montería está concentrada
el 77.9% de las familias o el 84% de las personas (Negrete, 2002) mientras
en los restantes, según la Red de Solidaridad Social, está localizado
el resto.
Ahora que los colonos con sus economías campesinas y extractivas han
sido expulsados por el conflicto armado de las tierras montañosas del
PNNP, cabe la pregunta ¿por qué nuestros colonos han vivido un proceso
continuo de expansión de la frontera agropecuaria a costa de la selva
tropical?
El investigador social Orlando Fals Borda en su libro Capitalismo,
hacienda y poblamiento en la Costa Atlántica plantea tres elementos
que sirven para evaluar el carácter inadecuado y nocivo de formas productivas
usadas tradicionalmente.
En lo que él llama el primer paso de la colonización, el campesino tumba
la selva, quema el monte y hace dos ó tres cosechas. De aquí para adelante
las condiciones de producción se hacen más difíciles por el empobrecimiento
de los suelos y aumento de los costos.
Generalmente este paso lo hace solo, en lugares apartados de los centros
urbanos sin ayuda del Estado o de la empresa privada.
En el segundo paso el campesino vende las mejoras a los interesado en
implantar la actividad ganadera, ya que las gramíneas que le sirven de
alimento al ganado son más agresivas, resistentes y se adaptan a los deterioros
del suelo, causados en el paso anterior.
En el tercer paso el colono sigue monte adentro y abre otro claro. Y
así sucesivamente. De esta forma se ha acabado con la selva desde el
golfo de Morrosquillo hasta el de Urabá. Los colonos, sin territorio
ni trabajo, regresan a sus pueblos de origen como desplazados por la violencia.
Como el departamento de Córdoba ha sido un gran receptor de desplazados
bien vale la pena discutir dos temas:
1. La óptica con la cual el gobierno nacional
ha concebido la política para la conservación de los parques naturales.
Según la legislación vigente ninguna persona puede habitar en estas zonas
de conservación.
Esta concepción ha permitido canalizar los flujos de inversión del capital
internacional y del presupuesto nacional para la conservación de zonas
deshabitadas, olvidándose de hacer gestión ambiental en las zonas de amortiguamiento,
amenazadas por la presencia de población campesina empobrecida que seguirá
deteriorándola y después, cuando las condiciones lo permitan, penetrarán
de nuevo a las áreas protegidas.
En la búsqueda de flexibilizar la legislación vigente los indígenas Embera
del alto Sinú llevan casi tres años discutiendo con la Unidad de Parques
Nacionales una reglamentación para el manejo de los dos resguardo que
tienen en el alto Sinú y San Jorge, deshabitados en la actualidad.
Ojalá que este ejercicio arroje luces para construir una política de
conservación con participación comunitaria, acercándonos de paso a otros
conceptos, como el de la Unidad de Paisajes que ha venido impulsando el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi para la construcción de los Planes
de Ordenamiento Territorial con una visión integral que concibe a la especie
humana como integrante del paisaje natural.
2. Deben cuestionarse las alternativas productivas
que se proponen a la población desplazada ya que ellos, en su retorno,
encuentran una naturaleza destrozada y una agricultura en crisis.
Según el Incora en los últimos años se han adquirido aproximadamente
4.000 hectáreas para ubicar 358 familias desplazadas con un valor de diez
mil millones de pesos aproximadamente[18].
La experiencia que hay en el Incora tanto en la ubicación de los guerrilleros
desmovilizados del EPL como de población desplazada es que en algunos
casos ha comprado fincas cuyos terrenos están muy cansados, como la finca
Rusia en el municipio de Valencia, El Quindío en el corregimiento de Nueva
Lucía, municipio de Montería y La Lucha en el corregimiento de Uré, municipio
de Montelíbano.
Estos terrenos pueden recuperar niveles sostenibles de productividad
para lo cual se requiere de un tiempo mínimo de unos cinco años haciendo
reconversión productiva con los principios de la agricultura ecológica.
Pero ¿qué estamos viendo en los acompañamientos a las reubicaciones de
población desplazadas? En aquellas experiencias en donde hay procesos
de reconversión de sistemas agrícolas es porque algunas ONG las vienen
realizando por cuenta propia.
Hay fundaciones de ayuda humanitaria que atienden la parte productiva
con el mismo esquema de la revolución verde: usando maquinaria agrícola
con arado tradicional que han compactado los suelos del trópico y acabado
con su capa vegetal; usando agroquímicos que empobrecen los suelos y contaminan
las fuentes de agua. Este sistema simplifica al máximo la biodiversidad,
implantando una sola variedad de cultivo.
Según la gobernación de Córdoba la producción agrícola del año 2001 tuvo
una caída de 2.4% del producto interno bruto.
Lo más grave de la situación es que pensamos en seguir produciendo bajo
el esquema de la revolución verde y el estudio e implementación de los
principios de la agricultura sostenible no se vislumbran para un diseño
de la política estatal.
Por ahora quienes sienten la necesidad de la agricultura ecológica deben
impulsar la gestión ambiental para lograr la restauración de la llamada
biodiversidad funcional, o sea, aquel mínimo del paisaje natural necesario
para suministrar los servicios ambientales que requiere la actividad agrícola.
Hay que seguir alentando el aumento en la productividad en los predios
mediante la diversificación de actividades productivas, la reforestación
para la habilitación productiva de suelos degradados y la promoción de
la producción limpia.
Afortunadamente en los últimos años a nivel escolar han tomado fuerza
las granjas experimentales, como la de El Pindo en Tierralta, la de Punta
Verde en Planeta Rica, la del colegio San Bernardo en Montelíbano y la
Santa Teresita en el corregimiento de Juan José, municipio de Puerto Libertador.
Son como rayos de luces que asoman en el panorama a ver si las nuevas
generaciones logran la sostenibilidad productiva y conservan las zonas
protectoras de la biodiversidad natural.
[11] Investigador social. Fundación del
Sinú. Miembro directivo de la Unidad Sabanagrande y del Caribe de la
Corporación Ecofondo.
[12] Intervención hecha en la mesa de trabajo
ambiental convocada por el Nodo de Córdoba de la Corporación Ecofondo
en la sede del Taller Prodesal. Montería, febrero del 2002.
[16] Centro de Estudios Sociales y Políticos
de la Corporación Universitaria del Sinú y otros. Desarrollo agropecuario
y reforma agraria. Montería, 2000.
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